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Nuestros políticos alternan su etapa en el Gobierno, de uno u otro signo, con sentarse sobre sillones para Consejo de Administración en las grandes Empresas y los Bancos centrales o Multinacionales... Véanse a Monti en Italia, a Papademos en Grecia... y a los otros como Rato, Solbes o MAFO, hasta hoy, más esos Glez. Páramo que vendrán... aquí.
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Nuestros políticos alternan su etapa en el Gobierno, de uno u otro signo, con sentarse sobre sillones para Consejo de Administración en las grandes Empresas y los Bancos centrales o Multinacionales... Véanse a Monti en Italia, a Papademos en Grecia... y a los otros como Rato, Solbes o MAFO, hasta hoy, más esos Glez. Páramo que vendrán... aquí.
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'Frozen Assets', de Diego Rivera, en el MOMA
Hace siglo y medio que Marx definió al Estado como "el consejo de administración de las fuerzas económicas". Con ello no hacía más que describir la situación del sistema político y económico de su tiempo. Más tarde, las cosas, sin duda, fueron cambiando... Por un lado, el deterioro de las condiciones laborales y sociales había llegado a tal extremo que las protestas, revueltas e incluso revoluciones se extendieron por todas las latitudes, constituyendo una amenaza real para las oligarquías dominantes.
Por otro, la libertad absoluta del capital introduciría la anarquía económica y financiera y, tal como la crisis del 29 había puesto de manifiesto, existía el peligro de que las contradicciones terminasen por derribar el sistema. A resultas de ello, poco a poco y principalmente tras la II Guerra Mundial se impuso un concepto de Estado diferente y opuesto al liberal, el Estado social.
En el imaginario popular el Estado social se identifica con la existencia de los derechos laborales y sociales e incluso con un sistema fiscal progresivo con fuerte capacidad redistributiva, pero todos estos elementos son tan solo la consecuencia o los efectos de una realidad más profunda que constituye su auténtica esencia: la necesidad de que el poder económico se sometiere al político. Alguien tan poco sospechoso como Karl R. Popper lo afirmaba tajantemente en su obra, 'La sociedad abierta y sus enemigos': “…el poder político es fundamental y debe controlar al poder económico… No podemos permitir que el poder económico domine al político; y si es necesario, deberá combatirse hasta ponerlo bajo el control del poder político”.
La doctrina del Estado social parte del principio de que la desigualdad económica genera también la política y jurídica, y puede llegar a falsear el juego democrático.
El iuspublicista Hermann Heller supo expresarlo claramente: “… Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical desigualdad, y la democracia formal, dictadura de la clase dominante. La superioridad económica y de educación pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar la democracia política en su auténtico opuesto. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción”.
Ante este peligro, Popper ofrecía claramente la solución “… La naturaleza del remedio salta a la vista, deberá ser un remedio político, semejante al que usamos contra la violencia física… eso significa que el principio de la no intervención, del sistema económico sin trabas, debe ser abandonado… deberemos exigir que la política de la libertad económica ilimitada sea sustituida por la intervención económica reguladora del Estado. Debemos exigir que el capitalismo sin trabas dé lugar al intervencionismo económico”.
Fueron estos presupuestos del Estado social los que se impusieron de manera hegemónica durante muchos años, al menos en Europa (no en España que sobrevivía en medio de una dictadura), y proporcionaron, aunque con sus claroscuros, la época social, política y económica para el Bienestar más floreciente de los países.
La situación, sin embargo, ha vuelto a cambiar. La aceptación por los gobiernos de la libre circulación de capitales ha significado la abdicación de sus funciones de control, por lo que ahora son ellos los controlados por los poderes financieros y económicos. Hace tiempo que las señales eran evidentes, pero se han hecho presentes con toda su fuerza en la crisis actual y más concretamente en la Unión Monetaria. Hoy, todos los gobiernos afirman que practican -por cierto, con poco éxito- la 'única política económica posible', la que dictaminan 'los mercados' o 'Europa'. ¿Para qué votar, entonces?
En el imaginario popular el Estado social se identifica con la existencia de los derechos laborales y sociales e incluso con un sistema fiscal progresivo con fuerte capacidad redistributiva, pero todos estos elementos son tan solo la consecuencia o los efectos de una realidad más profunda que constituye su auténtica esencia: la necesidad de que el poder económico se sometiere al político. Alguien tan poco sospechoso como Karl R. Popper lo afirmaba tajantemente en su obra, 'La sociedad abierta y sus enemigos': “…el poder político es fundamental y debe controlar al poder económico… No podemos permitir que el poder económico domine al político; y si es necesario, deberá combatirse hasta ponerlo bajo el control del poder político”.
La doctrina del Estado social parte del principio de que la desigualdad económica genera también la política y jurídica, y puede llegar a falsear el juego democrático.
El iuspublicista Hermann Heller supo expresarlo claramente: “… Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical desigualdad, y la democracia formal, dictadura de la clase dominante. La superioridad económica y de educación pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar la democracia política en su auténtico opuesto. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción”.
Ante este peligro, Popper ofrecía claramente la solución “… La naturaleza del remedio salta a la vista, deberá ser un remedio político, semejante al que usamos contra la violencia física… eso significa que el principio de la no intervención, del sistema económico sin trabas, debe ser abandonado… deberemos exigir que la política de la libertad económica ilimitada sea sustituida por la intervención económica reguladora del Estado. Debemos exigir que el capitalismo sin trabas dé lugar al intervencionismo económico”.
Fueron estos presupuestos del Estado social los que se impusieron de manera hegemónica durante muchos años, al menos en Europa (no en España que sobrevivía en medio de una dictadura), y proporcionaron, aunque con sus claroscuros, la época social, política y económica para el Bienestar más floreciente de los países.
La situación, sin embargo, ha vuelto a cambiar. La aceptación por los gobiernos de la libre circulación de capitales ha significado la abdicación de sus funciones de control, por lo que ahora son ellos los controlados por los poderes financieros y económicos. Hace tiempo que las señales eran evidentes, pero se han hecho presentes con toda su fuerza en la crisis actual y más concretamente en la Unión Monetaria. Hoy, todos los gobiernos afirman que practican -por cierto, con poco éxito- la 'única política económica posible', la que dictaminan 'los mercados' o 'Europa'. ¿Para qué votar, entonces?
Qué más da que sea una formación u otra la que gobierne si cualquier partido va a aplicar las mismas recetas. Rubalcaba no ha dejado de repetir a lo largo de toda la campaña que PP y PSOE no son la misma cosa. Es evidente que los ciudadanos no le creen y es que, desde luego, resulta difícil de creer después de examinar la actuación de los distintos gobiernos de Zapatero y las medidas adoptadas por ellos. No debe extrañarnos que haya quien piense que "el PSOE solo es de izquierdas cuando está fuera del poder y, por esa razón, lo más conveniente es que esté en la oposición".
En España, a lo anterior viene a sumarse la ley electoral que nos encasilla en el estrecho margen del bipartidismo. La forma de repartir los escaños por provincias, la Ley d´Hondt y el sistema de financiación de los partidos hace inviable el protagonismo de cualquier partido minoritario político (tanto más si es de izquierdas) como no sea nacionalista o regionalista. El resultado es que sólo tienen posibilidades de gobernar 2 formaciones. La única disyuntiva que se presenta es que lo hagan con mayoría absoluta, lo que sin duda es bastante malo, o con el apoyo de aquellos partidos llamados nacionalistas, lo que aún es peor, ya que la política aplicada será la misma con la única diferencia de que se producirán además las mordidas a favor de unos determinados territorios y en contra del interés general.
Votar ¿para qué? si se trata de un juego trucado, que ninguno de los partidos mayoritarios quiere modificar. Rubalcaba ha introducido en su campaña con afán propagandístico la promesa de caminar hacia listas abiertas, pero ni una palabra de implantar un sistema verdaderamente proporcional en el que todos los votos tengan el mismo valor; más bien al contrario, las dos grandes formaciones políticas modificaron la ley electoral para dificultar aún más la posibilidad de que participen los partidos minoritarios.
Marx describía a los gobernantes de su tiempo como el consejo de administración de los poderes económicos. En él era una metáfora. En los momentos presentes es además una realidad: los políticos alternan sus etapas en el Gobierno, de uno u otro signo, con su sentarse físicamente en los sillones para consejos de administración sobre las grandes empresas [y... -¡aun más!- con los Bancos centrales]... o multinacionales. Votar ¿para qué?
En España, a lo anterior viene a sumarse la ley electoral que nos encasilla en el estrecho margen del bipartidismo. La forma de repartir los escaños por provincias, la Ley d´Hondt y el sistema de financiación de los partidos hace inviable el protagonismo de cualquier partido minoritario político (tanto más si es de izquierdas) como no sea nacionalista o regionalista. El resultado es que sólo tienen posibilidades de gobernar 2 formaciones. La única disyuntiva que se presenta es que lo hagan con mayoría absoluta, lo que sin duda es bastante malo, o con el apoyo de aquellos partidos llamados nacionalistas, lo que aún es peor, ya que la política aplicada será la misma con la única diferencia de que se producirán además las mordidas a favor de unos determinados territorios y en contra del interés general.
Votar ¿para qué? si se trata de un juego trucado, que ninguno de los partidos mayoritarios quiere modificar. Rubalcaba ha introducido en su campaña con afán propagandístico la promesa de caminar hacia listas abiertas, pero ni una palabra de implantar un sistema verdaderamente proporcional en el que todos los votos tengan el mismo valor; más bien al contrario, las dos grandes formaciones políticas modificaron la ley electoral para dificultar aún más la posibilidad de que participen los partidos minoritarios.
Marx describía a los gobernantes de su tiempo como el consejo de administración de los poderes económicos. En él era una metáfora. En los momentos presentes es además una realidad: los políticos alternan sus etapas en el Gobierno, de uno u otro signo, con su sentarse físicamente en los sillones para consejos de administración sobre las grandes empresas [y... -¡aun más!- con los Bancos centrales]... o multinacionales. Votar ¿para qué?
(J. F. Martín Seco, en 'República de las ideas', hoy)
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¡Es claro el argumento!: "sobre la NECESIDAD DE ELIMINAR LA DUALIDAD EN EL ACTUAL SISTEMA DE CONTRATOS LABORALES. Esta se explica por la gran brecha de indemnizaciones por despido entre indefinidos y temporales, responsable tanto de la fuerte creación de empleo temporal en las expansiones como de su masiva destrucción en las recesiones. Ha ocurrido ahora y en 1994, con una tasa de paro similar a la actual (22%). Entonces tardamos 13 años en converger a la media europea (8% en 2007).
ResponderEliminarNo existe ningún otro país europeo con mercado laboral tan bulímico. Debido a dicha brecha, la tasa media de conversión de temporales en indefinidos es muy baja, alrededor del 5%, con independencia del rendimiento del trabajador temporal. El resultado es una exagerada e ineficiente rotación entre empleo y desempleo, que redunda en una tasa de paro media muy alta y volátil, baja productividad, escasa movilidad geográfica y la imposibilidad de un horizonte de carrera profesional para los jóvenes.
Tras el fracaso de las reformas a dos velocidades implementadas desde 1984, la introducción del contrato indefinido único parece inaplazable. Las indemnizaciones de dicho contrato deberían crecer lentamente con la antigüedad (por ejemplo, de 8 a 12 días de salario al principio hasta un máximo de 33 a 36, con aumentos anuales de 2 o 3 días). La razón es que la diferencia entre el coste social del despido (capital humano específico perdido, prestaciones por desempleo sufragadas por los cotizantes, etcétera) y el privado aumenta con la antigüedad del trabajador despedido.
Con este perfil, el coste adicional para la empresa de prorrogar los contratos se reduciría radicalmente, mientras que la indemnización media por despido percibida por el trabajador seguramente aumentaría pues, pese a recibir una menor cuantía anual que la actual del despido improcedente, la duración de su contrato crecería más que proporcionalmente. Dicho contrato sería además compatible con una mínima gama de contratos temporales (por ejemplo, por sustitución en bajas por maternidad o enfermedad) y con el recurso legal frente al despido discriminatorio.
Nuestra investigación analiza cuánto habría aumentado la tasa de paro en España durante la Gran Recesión de haber tenido la brecha de costes de despido de Francia. Allí la tasa de paro también era del 8% en 2007 y sus instituciones laborales son parecidas a las nuestras, incluyendo el coste medio del despido, pero su brecha es la mitad de la nuestra (...) Es la tercera vez en 35 años que superamos una tasa de paro del 20%, sin que las otras veces se culpara al “ladrillo”. Su conclusión ignora nuestro argumento de que la dualidad del mercado laboral afecta a la especialización productiva, siendo una de las principales causas de la burbuja inmobiliaria.
Tras la fuerte caída de los tipos de interés reales durante el acceso al euro, las nuevas inversiones se centraron en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada con contratos flexibles, como la construcción, en vez de en sectores con alto valor añadido pero mayor riesgo, como los de alta tecnología, incompatibles con el uso de rígidos contratos indefinidos (...) Con la brecha francesa, el aumento del paro habría sido bastante menor: del 8% al 15,5% en vez de al 21,5%.
El mismo razonamiento sirve para rebatir que la regulación laboral no pueda ser responsable del alto paro, por la enorme diversidad de tasas entre comunidades sujetas a igual regulación -digamos Andalucía y Navarra-. En efecto, mientras que en 1995 el peso del empleo en la construcción era muy similar en ambas, alrededor del 10%, el boom inversor amplió la diferencia a más de 3 puntos en 2007.
¿Por qué? Posiblemente porque en 1995 la tasa de jóvenes que abandonaba la ESO en Andalucía era del 42% frente al 19% en Navarra y la temporalidad andaluza superaba en casi 20 puntos a la navarra. El exceso de trabajo no cualificado y el acceso a la temporalidad fomentaron en parte una especialización productiva diferente.
Samuel Bentolila y Juan J. Dolado, 'El País', hoy
¿Por qué está el Banco Central Europeo (BCE) dejando que nos cozamos a fuego rápido en el agua hirviendo de los mercados? España es indudablemente solvente con tipos del 4%, pero no lo es si debe financiarse, de forma sostenida, al 7%. Podemos aguantar semanas, quizá meses, pero no años. Tampoco puede nuestro sistema financiero ni nuestras empresas hacer frente a tal encarecimiento de la financiación.
ResponderEliminar¿Por qué está esto sucediendo? La atención de los españoles está centrada en los malvados especuladores. Desgraciadamente, no es necesario imaginar una intención maligna de nadie para explicar el pánico. El correr hacia la puerta del cine y chocarse y estrujarse en ella es racional cuando alguien grita: ¡fuego! El que decida quedarse puede morir sofocado. En un momento en el que el mercado está en pleno pánico, bancos, fondos de pensiones y otros inversores prefieren asegurar su dinero que enfrentarse al pánico por unos pocos puntos adicionales de interés. Y una vez que el pánico se pone en marcha, los tipos suben. Pero cuando los tipos suben, la sostenibilidad de las finanzas del país se vuelve dudosa, el pánico se acelera, y… ahí estamos ahora. Al borde del precipicio.
La paradoja es que un inversor que estaría encantado de invertir en el país si los tipos fueran del 3% o del 4% no quiere hacerlo cuando estos son el 7%, simplemente porque al 7% sabe que la deuda no será sostenible. Pero, y es importante insistir, al 7% no sería sostenible ninguna deuda. Ni la de EE UU, ni la de Japón, ni la de Reino Unido, ni la de Alemania, todos ellos bastante más endeudados que España. Desgraciadamente, al contrario que los países de esta lista, nosotros nos hemos endeudado en una moneda que no es la propia, o mejor dicho, controlada por un banco central que no controlamos, y es por tanto vulnerable a estos pánicos. Si la deuda estuviera en nuestra moneda, el pánico generaría depreciación de la peseta, lo que corregiría el pánico en sí al devaluar nuestras deudas.
¿Y cómo paramos el pánico? ¿Quién puede hacerlo? Solo una institución, el Banco Central Europeo, tiene los recursos ilimitados requeridos para parar esto. Simplemente debe anunciar (...) que, para países cumpliendo ciertas condiciones, los tipos de interés de su deuda no superarán en ningún caso el 4%. Con alta probabilidad, no será necesario ni siquiera comprar mucha deuda: una vez que el objetivo exista, los mercados saben que poco podrán frente la capacidad ilimitada del BCE. No olvidemos que la Reserva Federal ha hecho compras de bonos por un valor mayor que las deudas conjuntas del sur de Europa.
Y sin embargo, el BCE se niega a hacer esto. ¿Por qué?
(...) La alternativa es que el BCE esté jugando una peligrosa, pero racional, partida de cartas. Sabe que, en los buenos tiempos, las economías del sur de Europa no hicieron ningún esfuerzo por modernizarse. Y que, si los tipos cayeran, los políticos de estos países volverían a sus andadas, negándose a hacer reformas que son necesarias para salir del subdesarrollo institucional en el que se encuentran, con enormes economías sumergidas, mercados brutalmente ineficientes, justicia de-sesperantemente lenta, falta de seguridad jurídica, etcétera. O que, sin estas reformas, el jugar con la misma moneda seguirá generando desequilibrios insostenibles. Bajo esta hipótesis, el BCE sabe lo que hace, que es asegurarse que los problemas estructurales de fondo se atacan y resuelven, aunque, eso sí, juega con fuego.
(...) Mientras, a nosotros no quédanos más que una opción: seguir trabajando con urgencia en nuestras reformas, en hacer la modernización económica necesaria para adaptarnos a la moneda única que nunca hicimos anestesiados por el boom. Y, con nuestros socios, trabajar con urgencia en el rediseño de la zona euro, incluyendo un fondo de garantía de depósitos a escala europea, un sistema de resolución de entidades y una forma de avanzar hacia el endeudamiento conjunto. Cruzando los dedos, porque, desgraciadamente, nuestro futuro está fuera de nuestras manos.
(Luis Garicano, 20.11.2011)
Nada que objetar tendrían los argumentos del par de comentarios anteriores. Pero ello no me impide reconocer la exactitud en una tesis del artículo de Luis Martinez Noval al que ambos objetaban razonadamente diversas afirmaciones: en efecto, "ES EVIDENTE QUE LOS COSTES POR DESPIDO NO DETERMINAN LA TASA DEL DESEMPLEO".
ResponderEliminarEn la entrada de este mismo blog del pasado 17 de agosto citábamos otro artículo anterior al respecto ('Contra Paro, aquí hoy: ¿rebajar finiquito en Despido céntimos del euro/día? ¡De gilipuertas e insaciables!'):
'...en España una tercera parte de las ocupaciones laborales corresponden a "trabajos temporales", o con término predeterminado del contrato al fin de su pactada duración; y aun para otros restantes casos, en contrataciones 'indefinidas', los costes por todo el que fuese reconocido en la Magistratura como "despido procedente del trabajador" al fin serán nulos.
Sólamente algunos pocos entre todos aquellos 'improcedentes' -esto es, no disciplinariamente justificados aunque opcionales para el empleador, como no se permitiría por otros Estados comunitarios...- pero que se terminaren admitiendo "debidos a causas necesarias u objetivas de la producción", y juzgados con motivaciones para poder amparar algún E.R.E (Expediente de regulación del Empleo), tendrán su coste tasado en los "20 días por año trabajado".
Este finiquito actual -que "por no resultar disuasorio (más creación en puestos de trabajo) debería ser abaratado", según pretenden convencernos- apenas representa hoy aquí coste alrededor de "1 €/día" para esas mayorías de la población activa que se ocupen trabajando por salarios totales cada mes del 'SMI con Jornada Completa' [624 €] o próximos a él. Y en cualquier caso siempre supondrá mera "carga salarial" aplazada -como, por otro ejemplo, las vacaciones también lo son- con importe, sólo, en torno a unos "1'5 días cada mes trabajado".
Por tanto, si lo que piden es "reducir gastos del despido", se apunta sólo hacia minoración de un coste salarial nunca evaluable por más de -aproximadamente- "unos céntimos cada día" para situaciones mayoritarias; ni, en todo caso, a "1 día/mes" del sueldo. ¿Y alguien puede sostener con fingida seriedad que cualquier resolución a las empresas para impactos por la Crisis podría depender, como 'REFORMAS ESTRUCTURALES', de QUITAR NO MÁS DE 1 € POR JORNADA en los empleos predominantes? ¿O más exactamente, de que alguna nómina pueda contabilizar sólo 1 DÍA MENOS PAGADO -es decir 30 en vez de 31- AL MES?
¿Tan bajo estará ese 'Valor añadido' que a la "productividad", en sus plantillas, serían capaces de aportarle ciertos gestores empresariales como para preferir empeñarse con un 'regateo' por semejante mezquindad: los 'inventos del neo'... trabajar "fijo, con despido libre y gratuito"?...'