lunes, 14 de noviembre de 2011

Ahora que Súper Banqueros gobiernan, hay que aclararlo aquí: ¿prevaricaron MAFO y Caruana?

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Ya en mayo de 2006 la Asociación de Inspectores del Banco de España envió una carta alertando al Vicepresidente Económico del gobierno, Solbes, en la que -un año antes de que estallara la crisis financiera mundial- se denunciaban situaciones de riesgo inadmisibles.

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Ante el abismo al que se enfrenta la zona euro, el nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha empezado a enmendar a su antecesor recortando ligeramente los tipos de interés. En nuestro país, en cambio, no se observa ninguna autocrítica en el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su responsabilidad en relación a la crisis financiera que padecemos.

Ese nuestro Banco Central tiene encomendado legalmente preservar un importante bien público, fundamental para el bienestar social y económico de nuestro país: la estabilidad del sistema bancario. Función que no ejerció correctamente, como pone de manifiesto el actual colapso financiero que padecemos empresas y ciudadanos. Para su cumplimiento, los órganos rectores del Banco de España, con sus gobernadores a la cabeza, tienen –según las leyes 13/1994 y 28/1988– capacidades legales y competencias específicas, con amplios recursos inspectores para incoar expedientes sancionadores, propuestas de intervención o de sustitución de las administraciones en relación con las entidades bancarias españolas. Por lo que no resulta exagerado considerar que el Banco de España es la “policía financiera” del Estado español.

Por ello merece la pena hacerse dos preguntas: ¿inició expedientes sancionadores a alguna entidad bancaria, por excesos de endeudamiento y préstamo a promotores inmobiliarios? ¿Ha ejercido de forma completa sus competencias policiales en materia financiera? La respuesta a la primera es sencilla: no existen noticias de que fuera iniciado ningún expediente sancionador contra ninguna entidad bancaria. La segunda requiere un mayor análisis.

En mayo de 2006, un año antes de que estallara la crisis financiera mundial, la Asociación de Inspectores del Banco de España envió una carta al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, en la que reflejaban literalmente: “Nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador (…) y obvia una de sus causas más evidentes: la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España (…) por la voluntad de su máximo responsable, el gobernador”. El gobernador entonces era Jaime Caruana, pero ni él, ni la persona que fue nombrada un mes y medio después como gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pusieron en marcha ninguno de los “medios normativos necesarios para poner freno a los crecimientos del crédito con los que cuenta el Banco de España”, en palabras de los propios inspectores.

Los gobernadores alertaron en repetidas ocasiones, incluso en el Congreso, contra el excesivo endeudamiento inmobiliario, en apologéticos discursos neoliberales en los que aprovechaban para cargar contra los derechos laborales, contra la regulación protectora del trabajo, a favor del “capital libre y liberador” que ellos ven como santo grial de su mundo ideal neoclásico. Estos avisos son prueba evidente de que disponían de información fehaciente y precisa de cada entidad bancaria, elaborada por sus diligentes equipos inspectores, sobre los excesos de endeudamiento en los que habían incurrido varias de ellas. Pero se limitaron a alertar a los gestores de las entidades, a los políticos, a la sociedad de los riesgos que se acumulaban detrás de esa borrachera de endeudamiento.

¿Se imaginan ustedes que la Policía Nacional, ante la acumulación de evidencias de conductas delictivas de mafias o delincuencia internacional, se limitase a alertar a esos presuntos delincuentes de que sus conductas atentan contra el bienestar y la propiedad de los ciudadanos, pero sin atender sus elementales obligaciones para que se les investigase ni detuviera?

Consideraríamos que está incumpliendo con su deber profesional de servicio público y que presuntamente sería responsable de un delito de “prevaricación por omisión” de las responsabilidades legales que se le tienen encomendadas. Tal como el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, puso de manifiesto en una sentencia condenatoria que dictó como ponente (sentencia 674/1998 de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo).

Así, el interés general ha sido triturado y saqueado por conducta irresponsable de las entidades bancarias, que desde 2008 han cerrado el crédito, han saqueado las cuentas públicas, y han conseguido los "recortes en el bienestar social" más sangrantes de la historia contemporánea: reducciones en salarios públicos, en pensiones, en personal de empresas públicas y en la misma sanidad y educación públicas.

Creemos que, por salud democrática, se precisa la persecución de las supuestas responsabilidades de orden penal. Por eso entendemos que el fiscal general del Estado debería investigar si la conducta dilatoria de los gobernadores del Banco de España en corregir las conductas irresponsables de varias entidades bancarias, durante los años de borrachera de endeudamiento inmobiliario, podrían suponer un presunto delito de “prevaricación por omisión” por haber ocultado la situación de endeudamiento insostenible de varias entidades financieras, poniendo en peligro al conjunto del sistema bancario español y el empleo y bienestar de millones de españoles.
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(Firman Eduardo Gutiérrez, Daniel Albarracín, Ignacio Álvarez, Bruno Estrada y Manuel Garí , más Bibiana Medialdea, hoy)

2 comentarios:

  1. "Después de lo que le pasó en la última cumbre de la UE donde devaluaron la deuda de España en casi un 3% y obligaron a la banca española -la que era “la mejor del mundo”, según Zapatero- a recapitalizarse con 26.000 millones antes de julio de 2012, todavía el presidente (prácticamente en funciones) del Gobierno se dedica a presumir, después de la cumbre del G-20, que España está mejor que Grecia e Italia y no va a ser rescatada por la UE, antes de que él abandone la Moncloa, lo que todavía está por ver después de lo ocurrido ayer con la prima de riesgo de España en los 430 puntos.

    España ya está siendo rescatada por el BCE tanto a nivel de deuda estatal como en el plano de la deuda de la banca española. Y si no nos dejan caer y no nos la obligan a pedir el rescate se debe a que nuestra dramática situación, paralela con la de Italia y con niveles de paro escandalosos es demasiado rescate para la UE, máxime cuando no ha entrado en funcionamiento el fondo de estabilidad financiera, y se está pendiente de un gesto de apoyo al euro de los países emergentes.

    España, como Italia, está con “respiración asistida” del BCE y no para tirar ni un solo cohete. Y Zapatero -que es tan aficionado a seguir las evoluciones del índice Nikei según su confesión- eso lo sabe y vive sumido en una espiral de terror por la herencia que nos deja a los españoles -y al PP de Rajoy- y por los destrozos que va a causar en el PSOE a nivel nacional, después de los que ha causado el pasado 22 de mayo en el ámbito regional y local y los que le esperan en Andalucía en marzo de 2012..."

    (en 'El Manantial', del diario 'República', también hoy)

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  2. Grave CRISIS interna en el seno de la cúpula rectora del Banco de España (BdE) = El subgobernador, Francisco Javier Aríztegui, y el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, se tiran los trastos a la cabeza achacándose mutuamente la responsabilidad de la grave crisis por la que atraviesa el sector financiero español, particularmente de la situación de unas Cajas de Ahorro llamadas a desaparecer en su mayoría.

    Los nervios se han adueñado del caserón de la plaza de Cibeles desde que la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzara el pasado 5 de octubre una sonora andanada contra el funcionamiento del antiguo banco emisor, asegurando que su formación promoverá una “profunda reforma” del Banco para garantizar la transparencia y el buen gobierno de las entidades financieras. “El gobernador no puede limitarse a decir que la situación de la CAM es lo peor de lo peor”, denunció la diputada popular, porque “si ha pasado eso, es su responsabilidad”.

    De acuerdo con fuentes de la institución consultadas por este diario, “perplejidad es el calificativo que mejor le cabe al clima que ahora mismo se vive el Banco. Perplejidad porque un sistema financiero descrito en su día por el presidente Rodríguez Zapatero como el más sólido del mundo, se haya derrumbado de esta forma. “¿Quién podía imaginar que fuera a ocurrir esta catástrofe…?” Es una pregunta que, según las fuentes, se escucha con frecuencia por los pasillos de Cibeles.

    Perplejos y paralizados por el estupor, cuando no simplemente asustados, ya que “el Banco se ha gastado del orden de 20.000 millones de euros en ayudas y socorros varios y el sistema financiero sigue igual de mal”. Con un gobernador, Miguel Ángel Fernandez Ordoñez (MAFO), que ni está ni se le espera, porque se halla completamente 'missing', la guerra ha estallado entre Aríztegui, auténtico hombre fuerte de la institución como número dos de Ordóñez, y el responsable de Supervisión, jefe del antaño temido y prestigioso cuerpo de inspectores del BdE. Se busca culpable.

    Aríztegui, que antes de ser nombrado subgobernador por su amigo Ordóñez se ocupó precisamente de la dirección general de Supervisión (2006-2009), apunta con el dedo a Martínez Tello como el responsable del desaguisado. Y Tello le responde: “Tú me dijiste que esto era muy fácil, y también me contaste que a los inspectores se les manejaba con facilidad”.

    Lo ocurrido con la Inspección podría de hecho llevar a algún alto directivo del BdE ante los tribunales de Justicia, bien por la llamada 'culpa in vigilando', bien por simple y vulgar manipulación de los informes de los inspectores, que a menudo iban a parar a un cajón. “Como al PP le dé por investigar, aquí va a salir de todo y por su orden, porque puede que la primera vez no te dieras cuenta, pero no es posible que a la décima no te enteraras de lo que estaba ocurriendo…”

    A lo anterior hay que añadir el escándalo provocado en la casa por las millonarias indemnizaciones que no pocos altos ejecutivos de Cajas en situación de quiebra técnica se han repartido, con el regulador mirando hacia otro lado. Al respecto, Sáenz de Santamaría señaló el pasado 5 de octubre que el nuevo Gobierno controlará el “comportamiento ético” de los directivos de aquellas instituciones donde se aporten recursos públicos, para evitar remuneraciones e indemnizaciones “inadmisibles” a consejeros de entidades intervenidas.

    La dirigente popular añadió, además, que es “responsabilidad” de Fernández Ordóñez y del propio Ministerio de Economía buscar los mecanismos para impedir que se cobren esas indemnizaciones e incluso, “en la medida de lo posible, se restituyan” los fondos cobrados, en lugar de actuar como meros “comentaristas” de lo ocurrido. Según Santamaría, Ordóñez “ha actuado tarde y mal” y no ha estado “nada fino ni explícito en la vigilancia de los emolumentos que podían recibir los altos cargos”.

    (JC, vozpopuli.com)

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