jueves, 23 de abril de 2020

¿Por qué nos ha tenido que tocar en España lo peor de todo el Mundo con este coronavirus...?

  
¡En algunas otras partes por nuestra misma Europa se andan haciendo estos días, entre previsoras medidas cívicas responsables, hasta diferentes manifestaciones callejeras y multitudinarias...!
  
   



  
La pandemia del coronavirus está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los Gobiernos de cada país ante esta emergencia sanitaria. En este contexto cabe plantearse quiénes están respondiendo mejor. Y según un estudio independiente, el Ejecutivo español ha sido el peor del mundo..en responder a la Covid-19. 


En concreto, el Institute of Certified Management Accountants de Australia encargó un estudio de investigación con el fin del evaluar todas las respuestas mostradas por distintos gobiernos ante la crisis, desarrollando un índice de Respuesta Global a Enfermedades Infecciosas (GRID, en inglés)

  
Dicho índice puntúa la capacidad de liderazgo de cada país para enfrentar la pandemia, así como el grado de preparación de su sistema de salud. 




Pues bien, España ocupa el último lugar del total de 32 países..que componen el rankingPara elaborar este índice se ha tenido en cuenta el nivel de transparencia de cada país, para lo que se utilizó el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (Índice CP) publicado por Transparencia Internacional. 


El estudio..entiende que los países que ocupan un lugar destacado en el índice CP son menos corruptos y más transparentes, por lo que la información que proporcionan sobre la Covid-19 es mas fiable.

Al construir este índice se desarrolló un algoritmo que incorpora el número de tests por millón de habitantes, los números de las muertes por total de casos y millón de habitantes, el número de contagios por millón de habitantes más dicha Transparencia.

¡Habría que prescindir de cualquier respeto por toda verdad en los hechos, bien probados, para seguir aun culpando a los 'niveles del gastos (recortables)...' y sin reconocer la pésima gestión según sus resultados finales!


Resulta pues VITAL YA RECTIFICAR AQUÍ ASÍ, COMO POR AHÍ está inventado desde hace tiempo, haciéndolo mejor...

Este confinar como sola medida real, sin fin (tras pasarse la 'cuarentena' tasable), a todo un Pueblo es grave disparate; que nos decreta el "Mando único" una y otras veces aquí hoy. Encerrar -sin distinción- a todos es lo que se ha denominado “la cuarentena medieval; y tiene tres inconvenientes:

  I- No evita contagios (es más, los aviva dentro del grupo en el que se ha confinado).

 II- Castiga (en general) al conjunto de toda la ciudadanía y transgrede, sin justificación real, sus derechos humanos.

III- Destruye o arruina su economía y el tejido productivo que debería pagar toda la salud.

Este tipo de actuaciones (¿mientras van ganando tiempo con esperanza de que al fin pase algo?) denota una impotencia de ciertos gobernantes para desempeñar su trabajo, y es peligroso tanto para la vida como riqueza de las naciones. Hacerlo mejor pasa por invertir en tests masivos y algunas 'arcas' temporales. Pero el ahorro (sanitario, de vidas humanas y en las producciones económicas precisas) muy sobradamente justifica su ejecución. Una pandemia de tamaña categoría nunca se podrá evitar, a lo más retrasarla; pero cuanto más se haga peor para las economías: La gestión eficiente pasa por planificarse los pasos entre la población de una forma menos lesiva.


Para empezar, debemos clasificar 4 situaciones diferenciadas de personas que deben permanecer identificadas en todo momento:
   A) Personas de -más...- Alto Riesgo
   B) Personas aun Sanas
   C) Infectadas
   D) Contagiadas pasadas a ser -ya...- Inmunes

El crítico es el grupo A, por ser el que tiene un riesgo de muerte y que más recursos demandará... Debería mantenérsele separado de la comunidad durante todo el episodio, entre protocolos muy estrictos de comunicación con el exterior; y evitar que se contagie.



La dinámica con el resto consistiría en manejar el paso del grupo B al C... y por ultimo al D (o sea, la persona sana se infecta y cura luego). Al principio, el B más numeroso es, y puede contagiarse, pero... sólo los del grupo C lo podrán hacer. Por evitarlo, inicialmente, será confinado éste...

Deben establecerse unas 'arcas', donde se confine a toda persona del grupo B que pase a dar positivo en test (esto es, al C)... Y mantenerlos vigilados, monitorizando su estado de salud. Sólo en caso de gravedad se echa mano de recursos sanitarios. Mientras tanto, no para la economía. Las gentes del grupo B sigue trabajando, esperando dar positivo y entrar en un 'arca' temporalmente... Las personas del grupo C ya curadas pasan al D... y tienen una completa libertand de movimientos, pueden trabajar sin limitaciones y así son aptas para poder ocuparse de los grupos A y C.


Una vez que todos los del B hayan pasado -por el grupo C- hasta el D, ¡al haberse curado!, el nivel de inmunidad social suficientemente alto es ya para que los del grupo A puedan salir; por haberse pasado la pandemia.



jueves, 16 de abril de 2020

Coronavirus: el Estado está desnudo


La del coronavirus, como toda crisis, dejará tras de sí secuelas y también enseñanzas. Pondrá al descubierto facetas de la realidad que quizás intuíamos, pero que no teníamos valor para confesarnos. Una está ya emergiendo. El Estado está desnudo. Nos estamos quedando sin Estado, se nos va de las manos. En los momentos de crisis es cuando se pone a prueba el músculo de la sociedad, de esa sociedad organizada políticamente que es el Estado. Ya en 2008 intuimos que este fallaba y era incapaz de dar solución a muchos de los problemas que se presentaban. Desde entonces, los indicios de su anemia se vienen repitiendo y esta crisis nos los está confirmando.

Habrá quien diga que lo que hace aguas no es el Estado, sino el Gobierno, los políticos. Acudir a los defectos de los políticos para explicar las cosas que van mal es siempre socorrido. El Gobierno de Zapatero en 2008 dejó muy claro que no era el más indicado para enfrentar aquella crisis, ni por supuesto el de Sánchez lo es para afrontar la de ahora. Todos los días lo comprobamos. Pero ahí no acaba todo.  

Montesquieu. al describir su sistema político, lo justificaba de la siguiente manera: No se puede confiar en que los gobernantes sean buenos; si lo son mejor, qué mejor. Pero es preciso construir algún sistema en el que los poderes públicos se controlen mutuamente, de modo que, aunque quieran, no puedan apartarse de las reglas y de la ley. Creo que esta aseveración continua siendo perfectamente válida en nuestros días. Nos quedaríamos en la superficie si detrás de la ineptitud de los respectivos gobiernos no vislumbrásemos un problema de mayor calado. Es más, ¿el mismo hecho de que personas tan incompetentes y mediocres hayan llegado a la cima del poder no se debe en parte a las profundas brechas que presenta nuestra organización política? (...)
  

El tema es de suma envergadura y también de una enorme gravedad. Se enmarca en un proceso en el que el Estado ha ido perdiendo competencias por arriba hacia la Unión Europea y por abajo hacia sus entes territoriales, y en ambos casos las cesiones no han sido satisfactorias; los resultados, nefastos. Hemos ido destruyendo el Estado sin que nada ni nadie fuese capaz de sustituirlo. Ahora bien, un problema tan complejo no se puede abarcar en un artículo de un diario, por mucha amplitud que tuviese. Me limitaré por tanto a resaltar, y de forma somera, algunos hechos que se han puesto de manifiesto en esta crisis, de los que muy posiblemente casi todos nos hayamos percatado.

Las sociedades cuando atraviesan por situaciones críticas, como en las guerras, para ganar en eficacia no tienen más remedio que prescindir de grados de libertad y configurarse políticamente alrededor de un mando único y fuerte. Nuestra Constitución, a pesar de los defectos que acumula en lo tocante al ámbito territorial, reconoce tres estados de anormalidad política, o estados de 'Alarma', o 'Excepción' y de 'Sitio', en los que los ciudadanos progresivamente pierden algunos de sus derechos y los órganos territoriales se ven forzados a devolver al gobierno central parte de sus competencias.

En los momentos actuales, todo el mundo habla de cómo 'estamos en una guerra' e incluso continuamente se emplea un lenguaje bélico, por lo que no tiene nada de extraña la declaración, al menos del estado de Alarma, y que el gobierno central haya asumido el control y la dirección en todo lo referente a la crisis. Es más, a la vista de lo que ha ocurrido después, no hay demasiadas dudas de que la declaración se pospuso indebidamente. Se estuvo mareando la perdiz con la coordinación, el buen talante y lo bien que se llevaban todos, gobierno central y autonómicos, pero, por lo que se ve, tal comportamiento resultó totalmente ineficaz.

El estado de Alarma debería haberse declarado mucho antes, porque una crisis como esta no se podía gestionar desde 17 Comunidades Autónomas cada una de ellas actuando por su cuenta. Ello no quiere decir que hubiese habido que adelantar también el confinamiento, al menos con idéntico rigor con el que se ha establecido. Si se han unido ambas realidades es porque la primera se decretó con mucho retraso. Lo normal es que con anterioridad al aislamiento se hubieran planificado todas las actuaciones de forma centralizada y se hubiese efectuado el aprovisionamiento de todo el material y de los equipos que previsiblemente se iban a necesitar. Desde luego, la situación que se avecinaba no era para que cada administración actuase por su cuenta.

       
Poca duda cabe de que el motivo del retraso hay que buscarlo en la pretensión del Gobierno de no enemistarse con sus socios, los secesionistas catalanes y vascos. No obstante, a pesar de la dilación, reaccionaron indignados afirmando que se trataba de 'un 155' encubierto. Pero, mirando una vez más al fondo de la cuestión y prescindiendo de la bondad o maldad de los políticos, la causa última se encuentra en la debilidad de un Estado que permite que su Gobierno pueda deber la investidura y el mantenerse en el poder a un partido que está claramente a favor de dar un golpe contra el propio Estado.

En la moción de censura de 2018, Aitor Esteban inició su intervención mofándose del 'gran Estado español' cuyo Gobierno estaba pendiente de los 5 diputados del PNV. El comentario era tremendamente humillante, pero cierto. Y no solo era respecto de los cinco diputados del PNV, sino también de los diputados del PDC y de los de Esquerra, que acababan de sublevarse en Cataluña. Además, esta situación insólita se volvió a repetir en enero de este año cuando Sánchez fue elegido presidente del gobierno con los votos de los independentistas y los golpistas. Habrá quien afirme que la responsabilidad es de Pedro Sánchez, que ha aceptado gobernar de esa manera. No diré que no, sin duda su culpabilidad es grande. Pero retornando a lo que se decía al principio del artículo sobre Montesquieu, el origen hay que situarlo en la indigencia política de un Estado cuya estructura legal lo permite.

Tal vez el descubrimiento más relevante, pero también el más lamentable, se haya producido después de decretar el estado de Alarma, pues al anunciar que se centralizaba todo el poder en el Gobierno, y más concretamente en el Ministerio de Sanidad, nos hemos quedado absurdamente sorprendidos (absurdamente, porque debíamos de haber sido conscientes de ello antes) al constatar cómo el Ministerio de Sanidad no existía, o 'el rey estaba desnudo'... Después de transferir Aznar, hace 25 años, toda la sanidad a las Comunidades Autónomas, el Ministerio es un cascarón sin contenido y, lo que es peor, sin instrumentos ni estructura para asumir el papel que en este momento se le asigna. Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad, al que se nombra general con mando en plaza, es un profesor de Filosofía del PSC, amigo de Iceta, al que se había colocado en ese ministerio sin competencias únicamente para que estuviese en el Gobierno y pudiese participar en la famosa 'mesa de diálogo' con la Generalitat.

Los errores, las ineptitudes, los fallos, se han multiplicado por doquier, sobre todo en algo tan básico y al mismo tiempo tan necesario como la adquisición y el aprovisionamiento del material sanitario. Se han sucedido anécdotas propias de un vodevil, pero que se convertían inmediatamente en trágicas por los desenlaces lúgubres o situaciones dramáticas que las rodean. Cuando pase todo y se haga balance, se conocerá en qué grado de desconcierto nos hemos movido.

      

Al final, el resultado ha sido que en gran medida cada Comunidad ha debido apañarse por sí misma, lo que nos puede dar idea de las consecuencias. 17 pequeñas Comunidades (en este orden todas serían pequeñas...) compitiendo entre sí y contra su propio Gobierno incluso en un mercado totalmente tensionado, en el que también participan las primeras potencias mundiales. Además, se ha perdido un tiempo precioso porque el mercado se va enrareciendo cada vez más, especialmente ahora que entra en liza EE. UU.

La carencia de medios, de estructura y de experiencia práctica en el Ministerio ha forzado a que cada Comunidad haga la guerra por su cuenta, no solo en materia de aprovisionamiento, sino en casi todos los aspectos, creándose una situación un poco caótica. Incluso hemos escuchado al ministro de Sanidad pedir la solidaridad de unas Comunidades respecto a otras, en lugar de usar la autoridad y 'mando único' del que estaba investido adecuadamente para distribuir material.

No deja de ser significativo que haya sido el ejército la institución que se ha comportado sin fisuras, vertebrando todo el territorio nacional, dando una inmensa sensación de eficacia, y no es por casualidad que, como es sabido, esta área estatal haya permanecido al margen de cualquier transferencia a las Comunidades Autónomas. Incluso el mismo Torra, después de que en un principio la Generalitat hubiera rechazado con petulancia y desdén la colaboración del ejército, se ha tragado su orgullo y le ha tenido que pedir ayuda para desinfectar todas las residencias de mayores en Cataluña. ¿Qué dice ahora ese portento de alcaldesa que hay en Barcelona, cuando hará unos 2 años, al acercarse unos militares a saludarla cortésmente, les espetó con su mala educación que no eran bien venidos?

El hecho de que en esta crisis destaque el buen papel que está haciendo el ejército nos remite a otra crisis, la del golpe de Estado perpetrado en Cataluña, y a otra institución, la de la Justicia, que hoy por hoy tampoco está transferida a las Autonomías. En esa crisis también se mostraron las profundas carencias y goteras de nuestro Estado, creándose las situaciones más esperpénticas. Continúan gobernando en Cataluña los mismos partidos que emplearon el enorme poder que les concedía el control de la Generalitat para dar un golpe de Estado del que no se retractan. Todo lo contrario, afirman rotundamente que volverán a intentarlo. Y si no lo hacen, es precisamente por miedo a la Justicia.

No es el diálogo de Sánchez el que tiene paralizados sus propósitos, sino el Tribunal Supremo. Incluso en plena pandemia cuando desde la Generalitat una vez más se pretende dar un trato privilegiado a los golpistas permitiéndoles pasar el confinamiento en sus casas, la simple advertencia del Alto Tribunal ha frenado en seco sus intenciones. Podríamos preguntarnos qué hubiera pasado con el golpe de Estado en Cataluña si la competencia de Justicia, igual que la de prisiones, estuviese transferida, según los independentistas llevan reclamando.
     

Desde las instancias sanchistas, para disculpar la nefasta gestión que está haciendo el Gobierno, sitúan el origen de los problemas en los supuestos recortes de Rajoy. No seré yo el que niegue la insuficiencia del gasto en Sanidad. Solo hay que constatar las largas listas de espera, en mayor o menor medida, en todos los hospitales y Autonomías, pero esta limitación presupuestaria no es privativa de la Sanidad, sino que afecta a la mayoría de los capítulos del Gasto. No podría ser de otra manera cuando en España la Presión Fiscal es inferior a media europea, 6 puntos; e inferior en 5 puntos el porcentaje del Gasto público sobre PIB.

El reducido tamaño del sector público, dividido además en 17 Comunidades Autónomas, es una señal más de la precariedad de nuestro Estado. Pero estas carencias se remontan bastante más allá del Gobierno de Rajoy: hunden sus raíces al menos en la firma del Tratado de Maastricht, en los 'criterios de convergencia' y en la 'política de austeridad' implantada por toda la Unión Europea. Ciertamente, crisis del 2008 y pertenencia a la Unión Monetaria obligaron a precarizar aun más el sector público. Pero la culpa no fue en exclusiva de Rajoy, ni siquiera le corresponde la mayor parte. En 2011 la diferencia de Presión Fiscal con la media europea era de 8 puntos... Mayor responsabilidad tuvieron Aznar y Zapatero, antes, en cuyos gobiernos hay que situar el origen. En economía, los efectos se dilatan a veces mucho con respecto a las causas.

Pero acudamos una vez más a Montesquieu y, prescindiendo de los respectivos gobiernos, hemos de considerar que el origen último de esta depauperación de nuestro Estado se encuentra en el hecho de haber renunciado a múltiples competencias (principalmente el control de nuestra Moneda) para entregarlas a instituciones con profundos déficits democráticos y carentes de toda visión social o de cohesión al menos entre regiones. Algo de esto he tratado en La UE muestra de nuevo sus vergüenzas [el texto de la semana anterior] y más profusamente desde mi libro Contra el euro. En cualquier caso, esa problemática supera con mucho el alcance con este artículo. Si me he referido a ella es porque sus consecuencias se están haciendo presentes también en la crisis actual y se harán aún más visibles ante la recesión económica que se avecina.
   

                             Reconocemos por 
                             desgracia ya esta 
                             Desvergüenza tan 
                             abusona en TV del 
                             Interés General...
                             yugular contra -toda- 
                             disidencia: insometía
                             más en...chirona...ble.
                             Hace 45 años un "Presi
                             supremo 'el Carnicerito' 
                             de Málaga y Director de  
                             Únicos "Informativos" un
                             hijo del Jefe de 'Cadena
                             de Prensa del Movimient
                             llamado Juan_luí Cebrián
                             (tan precoz cual perenne;
                             esto nada parece cambiar,
                             manke Podemos ni huélalo:
                             hace 2 años RosaM.M... fue
                             por Sánchez "administradora
                             Única" ¿perpetua? decretada,
                             como en China, sólo su Tiranía 
                             podía reenvío a 1 ó 10 millones)
    


viernes, 10 de abril de 2020

¡A ver, Sánchez e Iglesias, "hay que tomarse la Constitución en serio..."! ¿No está bien clar@?

  
En estos días desgraciados, en los que estamos sufriendo una horrorosa pandemia, con sus inevitables y muy graves consecuencias personales, sanitarias, sociales y económicas, creo que se está descuidando algo por completo fundamental, como es el (in)exacto cumplimiento de la Constitución. No me refiero solo al mal ejemplo que se ha venido dando de un formato de ruedas de prensa presidenciales o ministeriales difícilmente concebible de cualquier país democrático, problema que ya parece, afortunadamente, resuelto... 
  

  
Ni tampoco al inadecuado lenguaje del presidente del Gobierno en sus últimas comparecencias televisadas, utilizando un tuteo paternalista al dirigirse a los ciudadanos y proclamándose, literalmente, de manera poco conciliable con la realidad de nuestro sistema institucional, como “el representante” o “el máximo representante” de “la nación en su conjunto”, cuando resulta que a la nación la representan únicamente las Cortes Generales, como bien dice la Constitución, y al Estado, como también la Constitución manda, solo lo representa el Rey. Representa el presidente del Gobierno al poder ejecutivo, solo, y nada más. Este “presidencialismo”, incompatible con nuestra monarquía parlamentaria, y que va calando, quizás por inercia o ignorancia, se corresponde con la deriva cesarista en los partidos y en el mismo poder ejecutivo que desde hace años estamos experimentando, lamentablemente.

   
A lo que sí me refiero, de manera principal, porque me parece que tiene mayor gravedad, es a la exorbitante utilización del estado de alarma... En primer lugar, la declaración del estado de alarma no puede legitimar la anulación del control parlamentario del Gobierno, como parece que está sucediendo, porque la Constitución establece que el funcionamiento de las Cámaras no podrá interrumpirse durante la vigencia de cualquiera de los estados excepcionales, y porque la ausencia de previsiones en los reglamentos del Congreso y el Senado para circunstancias como la presente no es obstáculo para que las presidencias de las respectivas Cámaras usen el poder que tienen para suplir esos reglamentos en casos de omisión y adaptar el funcionamiento parlamentario a las limitaciones sobre las reuniones o incluso sus modalidades no presenciales que la situación exige. Parece que ya se anuncia una futura rectificación de esa criticable ausencia de control, pero para juzgarla habrá que esperar a ver su alcance.


En segundo lugar, la declaración del estado de alarma no permite, a su amparo, decretar, como se ha hecho, la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida que solo puede adoptarse en el estado de excepción, como determina el artículo 55.1 de la Constitución. Nuestra Norma Fundamental, en ese sentido, es perfectamente clara. Y también la Ley Orgánica 4/1981, al permitir, en su artículo 11. a), en el estado de alarma, “limitar la circulación o permanencia de personas” en “horas o lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”.

Sin la Salud no hay Libertades... ¡ni, tampoco, viceversa...!

Ordenar una especie de arresto domiciliario de la inmensa mayoría de los españoles, que es lo que realmente se ha hecho, no es limitar el derecho, sino suspenderlo, y esa conclusión resulta difícilmente rebatible desde un entendimiento jurídico correcto, y en tal sentido la medida adoptada creo que es bien distinta de la normativamente estipulada para el estado de alarma. Sí se corresponde con el estado de excepción, que tiene prevista esa posibilidad de suspensión en el artículo 55.1 de la Constitución y el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/1981. La protección de la salud es una finalidad que legitima la actuación de los poderes públicos, por supuesto, y más aún, es una obligación que les viene impuesta, pero ese objetivo tan solo puede llevarse a cabo a través de reglas del Estado de derecho. Ambas obligaciones son, y deben ser, perfectamente compatibles. El confinamiento general, salvo determinadas excepciones, de las personas en sus domicilios ha sido, probablemente, una decisión necesaria para intentar atajar la pandemia, y debemos aceptarla y sufrirla resignadamente, pero siempre que se haya respetado escrupulosamente la forma que la Constitución exige, algo que, a mi juicio, no se ha hecho, por lo que acabo de decir.
Por no hablar de la escasa adecuación a la Constitución de algunas de las medidas económicas que al amparo del estado de alarma se están adoptando, cuyo examen habrá que dejarlo para otra ocasión, pues el espacio de un artículo de prensa es limitado. De todos modos, sí parece pertinente adelantar al menos que, frente al intento de un alto cargo del Gobierno para legitimar algunas de las medidas económicas y sociales adoptadas y que en el futuro pudieran adoptarse apelando a lo previsto en artículo 128 de la Constitución, hay que dejar bien claro que dicho precepto no dota de poderes omnímodos al Estado, ni siquiera en situaciones de excepción, por la sencilla razón de que está inserto en una Constitución democrática que impide cualquier despotismo. La proclamación por aquel precepto de que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” no puede entenderse ni aplicarse al margen de las demás prescripciones constitucionales que garantizan los derechos de los ciudadanos, la libertad de empresa en una economía de mercado, la seguridad jurídica y la proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Incluso en casos de emergencia nacional, nuestra Constitución pone límites al derecho de excepción, estableciendo, en su artículo 116, los supuestos habilitantes, las medidas a adoptar, sus límites y su control, político y jurisdiccional. Por ello, en España, ante las situaciones de "excepción" no permite ninguna dictadura constitucional, para nada que se intente resolver, sino solo un reforzamiento de los poderes del Estado que no autoriza, sin embargo, la derogación completa de las garantías constitucionales.
  
  
La Constitución forma una unidad: no cabe sólo elegir a capricho cualquiera de sus partes (ya sean, por ejemplo, los artículos 116 ó 128), desconociendo el resto. Del mismo modo que el Estado social, garantizado por la Constitución, no permite dejar sin garantías al Estado democrático, que es lo mismo que decir que la consecución de la igualdad no permite la abolición de la libertad, sino que obliga al equilibrio entre ambos valores. Parece mentira que haya que recordar a ciertos políticos algo tan elemental. España es, por fortuna, un Estado democrático que impone, en toda circunstancia, el control político del poder, y un Estado de derecho, que exige, sin excepción, su protección por jueces y tribunales independientes. Y también, ha de esperarse, su salvaguarda por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que, al socaire de una enorme desgracia sanitaria, no deben permitir que se debilite la democracia conseguida hace ya más de 4 décadas. Creo que igualmente cabe confiar en que esa protección la otorguen aquellos partidos, incluido el socialista, que hemos de considerar como sostenedores del sistema político que los españoles nos dimos ya 42 años atrás. Y, por supuesto, también ha de esperarse que esa protección provenga del Gobierno, siempre que, corrigiendo los errores cometidos, algo que, al parecer, ya ha comenzado a hacer, actúe de aquí en adelante con la convicción de que a la Constitución hay que tomársela completamente en serio.





viernes, 3 de abril de 2020

CONTRA ESTE, TAN SOLO, CONFINARNOS


 Los abajo firmantes tenemos 60 años o más (algunos rondamos los 80), categoría demográfica en la que se han registrado hasta la fecha un 96% de fallecimientos por la Covid-19 en España. Y sucede que si nosotros hemos vivido hasta edades relativamente avanzadas es porque durante la juventud, tanto nuestros padres como nosotros, entendimos que los contagios forman parte naturalmente de la vida en sociedad al potenciar la inmunidad del grupo. Lo cual no excluirá estimular el avance de la ciencia en vacunas.

 Ahora, en nuestro nombre se han tomado medidas de confinamiento estigmatizando a las personas mayores haciéndolas responsables, ante los jóvenes, del desastre económico que ya está en marcha; por no hablar de lo que seguido nos espera. Y tanto es así que partidos políticos anti-constitucionalistas e independentistas propugnan medidas de confinamiento extremosas, descontando una crisis peor que la del 2008, en aras de abonar el terreno a sus nefastas y nunca ocultadas pretensiones. 

 Los abajo firmantes nos oponemos a estos confinamientos, por ser humillantes, destructivos, traumatizantes e ineficacesapelamos a la responsabilidad individual; adoptando personalmente medidas de protección en orden al distanciamiento social, aunque aconsejamos aplicar el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas o guantes fuera del hogar. 

    
 Asimismo, solapando cálculos sobre 2 años y teniendo en cuenta que quizás vuelva estacionalmente la enfermedad incluso poco después del ponerse fin al confinamiento, consideramos que -si bien sería preferible no infectarse nunca- la infección en parte de la población (digamos el 70%) propulsa una forma de 'Herd immunity' o inmunización para el grupo. La cual protegerá el próximo invierno a los mayores, habida cuenta de que muchas personas son reacias a vacunarse y desconocemos los efectos secundarios por cualquier eventual vacuna.

 De todas formas, el contagio ha sido imparable, y seguirá. La tasa de letalidad real posiblemente sea baja, doble para hombres que a mujeres, siendo la incidencia igual en ambos sexos pero con subida en general a partir de los 60 años; y en especial entre varones mayores de 80 con patologías previas, los cuales representan un 50% de fallecimientos. En España, ciertamente, salimos perjudicados respecto a Corea del Sur por un factor 1,4 (al tener 14% de la población con más de 70 años aquí frente a sólo 10% Corea) pero la gran diferencia del número de fallecidos entre ambos países radica en la utilización de mascarillas fuera del hogar: inmediatamente obligatorias para Corea del Sur con los primeros focos.

 Al no haber medicación milagrosa contra la Covid-19 en manos de un solo país, los sistemas de salud para nuestros países occidentales cuentan más o menos con una igual eficiencia, prácticamente; pero no en cuanto al día a día de otras enfermedades. Están muriendo personas en España por causas distintas a la Covid-19 al crearse plétoras y cuellos de botella en las urgencias. Es un mito que se salven muchas vidas por “el aplanamiento” -de la curva epidémica- tras del confinamiento a la población. Y las pocas que pudiesen salvarse relativamente, en el corto plazo, lo serían a costa de multiplicar los fallecimientos para medios y largos plazos.

 El aplanamiento de la curva evita, quizás, tropeles en urgencias; pero no frena los contagios a medio y largo plazo. Pocas vidas por sí solo salva la descongestión de urgencias: lo que salva vidas es la prevención -o sea, utilización masiva de mascarillas- cuando aún no se han alcanzado umbrales criticos del contagio y amparando, desde un principio, a los ancianos que difícilmente pueden asumir su propia protección en residencias u otros lugares. 

 No obstante habrá que relanzar nuestras economías, e inmediatamente, para que jóvenes y trabajadores en general no sufran las consecuencias de la voladura del entramado económico. Un Estado endeudado por el desmoronamiento económico carecerá de medios para mantener sistemas de salud eficientes capaces de salvar vidas en el futuro. El aplanamiento de la curva epidémica, en el corto plazo, solo se consiguiría eventualmente con unos inasumibles costes económicos; resultando, en el medio/largo plazo, peor ese remedio que la enfermedad. 

 La tasa de letalidad en trabajadores es muy baja, con menos del 0,4% (inferior, por ejemplo, a la de la gripe o influenza que cursa en estos momentos: 0,8%)... No se puede cerrar una fabrica de automóviles por una gripe; mucho menos, toda la economía: hay que volver a poner el país a producir. Si en las guerras se pide a los jóvenes que den un paso al frente para defender la Patria, en la situación actual somos las personas mayores de 60 años las que decidimos asumir el sacrificio moral, y eventualmente vital; por los jóvenes y el resto de la población.

 Pese a todo, ello no justifica que las personas con baja esperanza de vida sean relegadas en urgencias: la persona sintomática grave que llega debe ser atendida antes que la siguiente. Incoherentemente, la discriminación contradice de lleno la finalidad del confinamiento: no se confinó a la población para evitar el contagio a personas con menos de 60 años, y baja tasa de letalidad, sino con más de 60; quienes, por definición, tienen menor esperanza de vida. Ni cabe posponer las atenciones a una persona de 95 años, con baja esperanza de vida, en favor de otra de 65 y esperanza superior por su estado general de salud. La dignidad de la persona, de cualquier persona, no debe jerarquizarse por aplicación de criterios muy discutubles para discriminatoria eficacia utilitarista ninguna.
  
  
 En una joya del profesionalismo científico, John P. A. Ioannidis -Professor of medicine, of epidemiology & population health, of biomedical data science, and of statistics at Stanford University- argumenta solventemente (A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, 17/03, STAT) que los datos suministrados por distintos gobiernos y la OMS son un completo fiasco en cuanto a la confianza que podemos depositar en ellos. La principal laguna es que no sabemos cuántas personas han sido infectadas realmente hasta hoy por el virus Sars-CoV-2.

 Sin información fiable es arriesgado tomar decisiones, difícil corregir el impacto de la pandemia y probable cometer monumentales dislates. Como ejemplo canónico del dislate: el estado de alarma impuesto en España (no así para países que confían más en la responsabilidad y autonomía personal respetando cierto distanciamiento social).

 Guantes y mascarillas, incluso de buena fabricación casera, son en realidad las únicas medidas de protección eficaces relativamente. Y quienes deseen confinarse voluntariamente son libres de hacerlo. Esto es lo importante. Posicionarse contra el confinamiento obligatorio no excluye que las personas con riesgo se confinen y tomen voluntariamente todas las medidas de prevención o seguridad necesarias, recabando protección del Estado, que debe ser la misma en toda España.

 Pero lo del “aplanar la curva” o “el dilema entre mitigar y suprimir” son pamplinas, dado el desconocimiento general sobre la verdadera tasa de letalidad del virus emergido en noviembre 2019. Ni el intimidatorio modelo matemático del Imperial College of London se sostiene con sólidos datos, tampoco, y de ahí que dispare hacia todas direcciones esperando acertar en alguna: tal modelo anticipa el número de muertos en ausencia de medidas del distanciamiento social, sin conocer la tasa real de letalidad, pero los modelistas evitan estimar precisamente los fallecimientos si se aplican las susodichas medidas.

 Dicen que las medidas adoptadas ya han salvado vidas. ¿Cómo lo podrían saber comparativamente si no se han aplicado medidas alternativas, verbigracia, concentrando los esfuerzos en evitar el contagio de personas con patología? Obviamente, desconoceremos la capacidad predictiva del modelo: sorprende la visión cortoplacista de medida draconiana, en España tomada, todos cuyos impactos (económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc.) debidos al obligatorio confinamiento serán sin duda devastadores.

 Esas medidas, confinamiento y distanciamiento social, no garantizan una disipación estacional de la pandemia; ni evitarán su vuelta, en el otoño próximo. Por no hablar de nuestras economías, a las que se les planta literalmente fuego con el señuelo de cientos de miles de millones de euros que van a dejar caer desde celestiales helicópteros. Es lamentable si países latinos europeos que han pulverizado sus economías, consecuencia de las exageradas medidas impuestas, piden a Holanda y Alemania que las deban ahora salvar emitiendo sus "eurobonos".

 Más razonablemente -para contraejemplo de tal miopía decisoria impuesta irracionalmente (a una sociedad absolutamente desinformada, aterrorizada y sin los datos fiables en que apoyarse)...- algunos países calculan integrando los efectos de la pandemia este año y el próximo con la estructura productiva funcionando, en la medida de lo posible, para evitar el colapso económico susceptible del debilitar sistemas nacionales de salud en el futuro.

 La situación es tan grave desde un punto de vista científico que ningún país dispone de datos en los que se pueda confiar suficientemente, esto es, nadie conoce la prevalencia real del virus para ningunas muestras aleatorias no sesgadas representativas de la población general. A medida que hospitales e improvisados centros se vean desbordados tan sólo harán pruebas a los casos más severos, de mayor riesgo aparente, con lo cual aumentará la letalidad artificialmente empeorando el sesgo de selectividad.

 Incluso el primer fallecido de la Covid-19, en España, fue diagnosticado post mortem: o sea, llegó hasta morir sin estar en la lista de infectados reportados. Suponiendo que ya en ese momento hubiese 100 personas contagiadas, con un R0 cercano a 3 para el Sars-CoV-2, pueden estimarse alrededor de 500.000/800.000 infectados en pocas fechas días. Con crecimiento exponencial, si el número de infectados dobla en 6 jornadas, la mitad del total hoy desde un principio de la infección se habría infectado los 6 últimos días.

 En cualquier caso, el número de infectados reales es entre 12 ó 15 veces superior a lo reportado por el Gobierno. Con esos datos, no sorprendería que ahora el sacrificio económico resultase inútil al ser inevitable contagio en gran parte de la población sin haberse previsto ni actuado a favor de quienes no pueden protegerse por sí mismos.

 Es vergonzoso, casi criminal, el desamparo de personas mayores residenciadas. Por estimaciones tales –tomadas con toda minuciosa precaución- los aplanamientos de la curva epidémica quizás carezcan de sentido.

 Se debe salvar la economía y el futuro de los jóvenes, al menos.

 Este confinamiento, desde puntos de vista de administración judicial, constituye “arresto domiciliario”; sin que para el caso previamente hayan habido juicios ni sentencias. Y es, por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e irracionalmente: sin ningún tipo de base científica, pretextando proteger la vida de las personas mayores; que, muy en realidad, quedan estigmatizadas ante la sociedad.

 Pronto los jóvenes nos podrán ver como responsables de tamañas hecatombes económicas, culpándonos por haberles bloqueado el futuro. España no podrá encajar dos crisis tan seguidas. Primero, epidémica; después, económica.

 El país amenaza quedar así abatido hasta la melancolía enfermiza, noqueado por falta de perspectivas, hundido en el pesimismo nihilista. Todo ello será encauzado por los enemigos de la nación para inventarse una sarta de nuevos agravios comparativos que pueden resultar fatales a la democracia y los españoles de bien.

 Ya que no fueron capaces del evitarnos la primera, evitemos esta segunda crisis al menos, ahora. 

 Juan José R. Calaza (Economista y matemático)
 Andrés Fdez. Díaz (Catedrático emérito Política económica UAM)
 Joaquín Leguina (Estadístico Superior del Estado) 
 Guillermo de la Dehesa (Economista del Estado)