CONTRA ESTE, TAN SOLO, CONFINARNOS

 Los abajo firmantes tenemos 60 años o más (algunos rondamos los 80), categoría demográfica en la que se han registrado hasta la fecha un 96% de fallecimientos por la Covid-19 en España. Y sucede que si nosotros hemos vivido hasta edades relativamente avanzadas es porque durante la juventud, tanto nuestros padres como nosotros, entendimos que los contagios forman parte naturalmente de la vida en sociedad al potenciar la inmunidad del grupo. Lo cual no excluirá estimular el avance de la ciencia en vacunas.

 Ahora, en nuestro nombre se han tomado medidas de confinamiento estigmatizando a las personas mayores haciéndolas responsables, ante los jóvenes, del desastre económico que ya está en marcha; por no hablar de lo que seguido nos espera. Y tanto es así que partidos políticos anti-constitucionalistas e independentistas propugnan medidas de confinamiento extremosas, descontando una crisis peor que la del 2008, en aras de abonar el terreno a sus nefastas y nunca ocultadas pretensiones. 

 Los abajo firmantes nos oponemos a estos confinamientos, por ser humillantes, destructivos, traumatizantes e ineficaces, y apelamos a la responsabilidad individual; adoptando personalmente medidas de protección en orden al distanciamiento social, aunque aconsejamos aplicar el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas o guantes fuera del hogar. 

    

 Asimismo, solapando cálculos sobre 2 años y teniendo en cuenta que quizás vuelva estacionalmente la enfermedad incluso poco después del ponerse fin al confinamiento, consideramos que -si bien sería preferible no infectarse nunca- la infección en parte de la población (digamos el 70%) propulsa una forma de 'Herd immunity' o inmunización para el grupo. La cual protegerá el próximo invierno a los mayores, habida cuenta de que muchas personas son reacias a vacunarse y desconocemos los efectos secundarios por cualquier eventual vacuna.

 De todas formas, el contagio ha sido imparable, y seguirá. La tasa de letalidad real posiblemente sea baja, doble para hombres que a mujeres, siendo la incidencia igual en ambos sexos pero con subida en general a partir de los 60 años; y en especial entre varones mayores de 80 con patologías previas, los cuales representan un 50% de fallecimientos. En España, ciertamente, salimos perjudicados respecto a Corea del Sur por un factor 1,4 (al tener 14% de la población con más de 70 años aquí frente a sólo 10% Corea) pero la gran diferencia del número de fallecidos entre ambos países radica en la utilización de mascarillas fuera del hogar: inmediatamente obligatorias para Corea del Sur con los primeros focos.

 Al no haber medicación milagrosa contra la Covid-19 en manos de un solo país, los sistemas de salud para nuestros países occidentales cuentan más o menos con una igual eficiencia, prácticamente; pero no en cuanto al día a día de otras enfermedades. Están muriendo personas en España por causas distintas a la Covid-19 al crearse plétoras y cuellos de botella en las urgencias. Es un mito que se salven muchas vidas por “el aplanamiento” -de la curva epidémica- tras del confinamiento a la población. Y las pocas que pudiesen salvarse relativamente, en el corto plazo, lo serían a costa de multiplicar los fallecimientos para medios y largos plazos.

 El aplanamiento de la curva evita, quizás, tropeles en urgencias; pero no frena los contagios a medio y largo plazo. Pocas vidas por sí solo salva la descongestión de urgencias: lo que salva vidas es la prevención -o sea, utilización masiva de mascarillas- cuando aún no se han alcanzado umbrales criticos del contagio y amparando, desde un principio, a los ancianos que difícilmente pueden asumir su propia protección en residencias u otros lugares. 

 No obstante habrá que relanzar nuestras economías, e inmediatamente, para que jóvenes y trabajadores en general no sufran las consecuencias de la voladura del entramado económico. Un Estado endeudado por el desmoronamiento económico carecerá de medios para mantener sistemas de salud eficientes capaces de salvar vidas en el futuro. El aplanamiento de la curva epidémica, en el corto plazo, solo se consiguiría eventualmente con unos inasumibles costes económicos; resultando, en el medio/largo plazo, peor ese remedio que la enfermedad. 

 La tasa de letalidad en trabajadores es muy baja, con menos del 0,4% (inferior, por ejemplo, a la de la gripe o influenza que cursa en estos momentos: 0,8%)... No se puede cerrar una fabrica de automóviles por una gripe; mucho menos, toda la economía: hay que volver a poner el país a producir. Si en las guerras se pide a los jóvenes que den un paso al frente para defender la Patria, en la situación actual somos las personas mayores de 60 años las que decidimos asumir el sacrificio moral, y eventualmente vital; por los jóvenes y el resto de la población.

 Pese a todo, ello no justifica que las personas con baja esperanza de vida sean relegadas en urgencias: la persona sintomática grave que llega debe ser atendida antes que la siguiente. Incoherentemente, la discriminación contradice de lleno la finalidad del confinamiento: no se confinó a la población para evitar el contagio a personas con menos de 60 años, y baja tasa de letalidad, sino con más de 60; quienes, por definición, tienen menor esperanza de vida. Ni cabe posponer las atenciones a una persona de 95 años, con baja esperanza de vida, en favor de otra de 65 y esperanza superior por su estado general de salud. La dignidad de la persona, de cualquier persona, no debe jerarquizarse por aplicación de criterios muy discutubles para discriminatoria eficacia utilitarista ninguna.

  

  
 En una joya del profesionalismo científico, John P. A. Ioannidis -Professor of medicine, of epidemiology & population health, of biomedical data science, and of statistics at Stanford University- argumenta solventemente (“A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”, 17/03, STAT) que los datos suministrados por distintos gobiernos y la OMS son un completo fiasco en cuanto a la confianza que podemos depositar en ellos. La principal laguna es que no sabemos cuántas personas han sido infectadas realmente hasta hoy por el virus Sars-CoV-2.

 Sin información fiable es arriesgado tomar decisiones, difícil corregir el impacto de la pandemia y probable cometer monumentales dislates. Como ejemplo canónico del dislate: el estado de alarma impuesto en España (no así para países que confían más en la responsabilidad y autonomía personal respetando cierto distanciamiento social).

 Guantes y mascarillas, incluso de buena fabricación casera, son en realidad las únicas medidas de protección eficaces relativamente. Y quienes deseen confinarse voluntariamente son libres de hacerlo. Esto es lo importante. Posicionarse contra el confinamiento obligatorio no excluye que las personas con riesgo se confinen y tomen voluntariamente todas las medidas de prevención o seguridad necesarias, recabando protección del Estado, que debe ser la misma en toda España.

 Pero lo del “aplanar la curva” o “el dilema entre mitigar y suprimir” son pamplinas, dado el desconocimiento general sobre la verdadera tasa de letalidad del virus emergido en noviembre 2019. Ni el intimidatorio modelo matemático del Imperial College of London se sostiene con sólidos datos, tampoco, y de ahí que dispare hacia todas direcciones esperando acertar en alguna: tal modelo anticipa el número de muertos en ausencia de medidas del distanciamiento social, sin conocer la tasa real de letalidad, pero los modelistas evitan estimar precisamente los fallecimientos si se aplican las susodichas medidas.

 Dicen que las medidas adoptadas ya han salvado vidas. ¿Cómo lo podrían saber comparativamente si no se han aplicado medidas alternativas, verbigracia, concentrando los esfuerzos en evitar el contagio de personas con patología? Obviamente, desconoceremos la capacidad predictiva del modelo: sorprende la visión cortoplacista de medida draconiana, en España tomada, todos cuyos impactos (económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, síquicos, etc.) debidos al obligatorio confinamiento serán sin duda devastadores.

 Esas medidas, confinamiento y distanciamiento social, no garantizan una disipación estacional de la pandemia; ni evitarán su vuelta, en el otoño próximo. Por no hablar de nuestras economías, a las que se les planta literalmente fuego con el señuelo de cientos de miles de millones de euros que van a dejar caer desde celestiales helicópteros. Es lamentable si países latinos europeos que han pulverizado sus economías, consecuencia de las exageradas medidas impuestas, piden a Holanda y Alemania que las deban ahora salvar emitiendo sus "eurobonos".

 Más razonablemente -para contraejemplo de tal miopía decisoria impuesta irracionalmente (a una sociedad absolutamente desinformada, aterrorizada y sin los datos fiables en que apoyarse)...- algunos países calculan integrando los efectos de la pandemia este año y el próximo con la estructura productiva funcionando, en la medida de lo posible, para evitar el colapso económico susceptible del debilitar sistemas nacionales de salud en el futuro.

 La situación es tan grave desde un punto de vista científico que ningún país dispone de datos en los que se pueda confiar suficientemente, esto es, nadie conoce la prevalencia real del virus para ningunas muestras aleatorias no sesgadas representativas de la población general. A medida que hospitales e improvisados centros se vean desbordados tan sólo harán pruebas a los casos más severos, de mayor riesgo aparente, con lo cual aumentará la letalidad artificialmente empeorando el sesgo de selectividad.

 Incluso el primer fallecido de la Covid-19, en España, fue diagnosticado post mortem: o sea, llegó hasta morir sin estar en la lista de infectados reportados. Suponiendo que ya en ese momento hubiese 100 personas contagiadas, con un R0 cercano a 3 para el Sars-CoV-2, pueden estimarse alrededor de 500.000/800.000 infectados en pocas fechas días. Con crecimiento exponencial, si el número de infectados dobla en 6 jornadas, la mitad del total hoy desde un principio de la infección se habría infectado los 6 últimos días.

 En cualquier caso, el número de infectados reales es entre 12 ó 15 veces superior a lo reportado por el Gobierno. Con esos datos, no sorprendería que ahora el sacrificio económico resultase inútil al ser inevitable contagio en gran parte de la población sin haberse previsto ni actuado a favor de quienes no pueden protegerse por sí mismos.

 Es vergonzoso, casi criminal, el desamparo de personas mayores residenciadas. Por estimaciones tales –tomadas con toda minuciosa precaución- los aplanamientos de la curva epidémica quizás carezcan de sentido.

 Se debe salvar la economía y el futuro de los jóvenes, al menos.

 Este confinamiento, desde puntos de vista de administración judicial, constituye “arresto domiciliario”; sin que para el caso previamente hayan habido juicios ni sentencias. Y es, por ende, una medida de dudosa legalidad adoptada brutal e irracionalmente: sin ningún tipo de base científica, pretextando proteger la vida de las personas mayores; que, muy en realidad, quedan estigmatizadas ante la sociedad.

 Pronto los jóvenes nos podrán ver como responsables de tamañas hecatombes económicas, culpándonos por haberles bloqueado el futuro. España no podrá encajar dos crisis tan seguidas. Primero, epidémica; después, económica.

 El país amenaza quedar así abatido hasta la melancolía enfermiza, noqueado por falta de perspectivas, hundido en el pesimismo nihilista. Todo ello será encauzado por los enemigos de la nación para inventarse una sarta de nuevos agravios comparativos que pueden resultar fatales a la democracia y los españoles de bien.

 Ya que no fueron capaces del evitarnos la primera, evitemos esta segunda crisis al menos, ahora. 

 Juan José R. Calaza (Economista y matemático)

 Andrés Fdez. Díaz (Catedrático emérito Política económica UAM)

 Joaquín Leguina (Estadístico Superior del Estado) 

 Guillermo de la Dehesa (Economista del Estado)

  

[Manifiesto "CONTRA EL CONFINAMIENTO DE LA POBLACIÓN"]