Acá sólo cabe añorar ya nuestros Legislativos democráticos de [48, 95 ó/y 152] años atrás...

   

Hace ahora ya sólo un lustro menos que 1 siglo, cierto 14 de Abril del 1931 se proclamó nuestra 2ª República para la cual luego el Congreso de Diputados aprobaría seguidamente su Constitución, cuyos inicios declararon "España, en uso de su soberanía representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona:

- España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.

- Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

- La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones..."

  

     

Y hace ya casi medio siglo, las Cortes elaboraron la Constitución de 1978 vigente (aún, y de pleno, en teoría...) cuyo preámbulo arrancaba rezándonos "La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.

- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

- Establecer una sociedad democrática avanzada, y

- Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra..."

  

     

Mas cerca de otro siglo antes ya, en 1873 vetusto Parlamento había llegado a debatir el renovador Proyecto de una inédita Constitución para nuestra Primera República Española que significaba compromiso pionero hacia conseguirse al fin:

- "Democracia, descentralización, cultura cívica frente a la militar, laicismo, aspiraciones de reforma social para las clases populares frente al dominio de las medias y altas, religación entre política y ética frente al pragmatismo e imposición del orden por los modelos moderados..."

  

 

Pero, no obstante todos esos dichos {y tan adelantados} hitos mejores precedentes, a estas alturas del Siglo XXI llevamos ya demasiados años regidos por inconstitucionales gobiernos que -proclamándose "los más progresistas de la Historia..."- evitan presentar Proyectos de Leyes al Legislativo para discutirse su posible aprobación [¡ni aun, siquiera, sobre los preceptivos "Presupuestos Generales del Estado anuales"!]... mientras nos ordenan su política desde Decretos que después apenas resultan sometidos a "convalidación" por Sus Señorías en el Parlamento sin poder rectificarlos entonces con enmiendas ninguna...

 

     

Aunque lo más asombroso sería el cómo est@s mism@s Congresistas actuales que -tan tolerantes mentes...- vienen dimitiendo desde sus Responsabilidades para desempeñar Dos Funciones 'Constitucionales' Básicas asumibles -en cuanto al protagonizar una depuración de las Leyes y a Controlar, Corregir o Sancionar Acciones del Gobierno...- son también sin embargo quienes muchos más medios, remuneraciones, privilegios e inmunidades han acumulado en toda la historia de nuestras Cámaras Legislativas:

"En nuestro país, el último grito en corrupción -por ahora- consiste en valorar entre los medios y tertulias qué puede resultar más grave: si la corrupción institucional del PP que pone de manifiesto el llamado caso Kitchen o la corrupción grosera del ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de su escudero, el inefable Koldo García, cobrando -supuestamente- mordidas a cambio de contratos públicos y colocando a amigas y amantes en empresas públicas. Lo que conviene subrayar desde el principio es lo que ambos casos tienen en común: la utilización de recursos públicos para fines particulares, ya sean del partido o de personajes concretos. Puede que sea oportuno recordarlo en este momento en que se abre el plazo para liquidar el IRPF y desde las instancias políticas nos hablan de la importancia de lo público y de la magia de nuestros impuestos.

En efecto, la corrupción estructural en España se resume perfectamente en estos dos procedimientos judiciales. Se trata de que los políticos consideran como patrimonio propio los recursos humanos y materiales de las Administraciones Públicas, es decir, el dinero de los contribuyentes. Por tanto, lo usan para alcanzar fines particulares -ya sean los relativos al partido o bien a los propios dirigentes políticos- con total desenvoltura y, por lo que parece, con igual sensación de impunidad.  

La simple lectura del párrafo anterior ya debería ponerle los pelos de punta a cualquier ciudadano: no hablamos del comportamiento ilegal de un funcionario -lo que ya sería grave-; hablamos de policías nacionales, es decir, de los funcionarios encargados precisamente de velar por nuestra seguridad y de impedir la comisión de delitos. Y, sin embargo, ni los responsables políticos tuvieron problemas en encomendarles actos presuntamente delictivos ni, por lo que se ve, los policías acusados pusieron muchos reparos. Realmente parece complicado encontrar un caso similar en una democracia avanzada de nuestro entorno.

Quizá lo más preocupante es que todo esto pueda seguir pasando. Estamos ante un ejemplo perfecto de corrupción institucional de una gravedad enorme que es posible porque tanto la politización de la dirección de la Policía como la connivencia o, al menos, el silencio de muchos funcionarios, algunos muy cualificados, lo permite. La razón es muy sencilla: los incentivos que favorecen este tipo de comportamientos no han cambiado en absoluto desde la Kitchen hasta ahora. No están en ninguna estrategia anticorrupción y no están en ningún anteproyecto de ley de integridad pública. Hablamos de la utilización sistemática de las instituciones por parte de los partidos políticos en beneficio propio. Empezando por las Administraciones Públicas.

El caso Ábalos/ Koldo/Aldama, quizá por sus similitudes con la exitosa saga de Santiago Segura, parece más gracioso, si es que tiene gracia tener que escuchar a amigas y novias varias explicar cómo las enchufaron en empresas públicas para cobrar un sueldo a cambio de no hacer nada, mediante una oportuna llamada del siempre servicial Koldo al directivo político de turno.

Todavía tiene menos gracia si pensamos en todos los aspirantes a ocupar plazas en el sector público que no tienen un padrino. O si simplemente recordamos que, según la Constitución española, para ocupar un empleo público hay que demostrar que se cumplen los requisitos de mérito y capacidad. Requisitos que, por otra parte, sabemos que se interpretan de forma muy laxa en el sector público -tanto estatal como regional o local-; en él abundan los enchufados de distintos partidos que no se sabe muy bien qué hacen, más allá de cobrar unas cantidades con las que no podrían soñar en el sector privado teniendo en cuenta su cualificación y su experiencia. Y desde luego, no parece nada gracioso que todo esto lo paguemos los contribuyentes.

Este caso presenta también, para que no falte de nada, presuntas mordidas a cambio de contratos públicos: otro clásico de la corrupción española. Es tan clásico que, más que recordar, reproduce la corrupción de los años 90. Aunque en algo sí hemos empeorado: donde antes había directores generales ladrones como Luis Roldán cuyos jefes políticos dimitían asumiendo responsabilidades políticas por la culpa in eligendo o in vigilando -como Antoni Asunción-, ahora tenemos a ministros y secretarios de Organización (dos, para ser exactos) cuyo jefe político, el presidente del Gobierno, ni se plantea algo parecido. Al contrario, se presenta como la víctima de sus subalternos.

Así las cosas, los políticos y sus altavoces mediáticos nos plantean un bonito dilema: ¿qué corrupción es peor, la de los unos o la de los otros? La respuesta, como es evidente, depende de las simpatías de cada uno. Lo que parece que nadie entiende es que este tipo de debates es de lo más corrosivo para las instituciones y la democracia o cualquier [im]posible confianza en ellas. ¿Por qué tenemos que elegir entre José Manuel Villarejo, Jorge Fernández Díaz, José Luis Ábalos, Koldo García o quien sea? ¿Cómo es posible que los máximos líderes políticos puedan simular que la selección adversa de sus cargos de confianza no tiene nada que ver con ellos? ¿De verdad hay tantos ciudadanos dispuestos a perdonar siempre la corrupción de los suyos? ¿Este es el tipo de sociedad que queremos?

Sinceramente, no creo que tengamos que resignarnos a elegir entre los corruptos de unos partidos y de otros, ni entre un clientelismo de derechas y uno de izquierdas, ni entre el estatal o el autonómico. Lo que tenemos que hacer es exigir de una vez que se cambien los incentivos que permiten la corrupción o la fomentan. La insoportable patrimonialización de lo público ya está provocando serios riesgos en la gestión de los intereses generales, y no me refiero solo a los económicos. 

Conviene no engañarse: la falta de planificación y previsión que hemos visto en catástrofes como la DANA, el accidente ferroviario de Adamuz o el gran apagón no es una casualidad o un fenómeno natural e imprevisible, como se nos pretende hacer creer, sino que responde a un deterioro institucional creciente, a la falta de profesionalidad y a la inexistencia de una mínima rendición de cuentas.

Lo que ocurre es que las Jésicas, los Koldos, los Aldamas, los Villarejos, los Ábalos, los Fernández Díaz de turno no son excepciones ni manzanas podridas. Al contrario, son el fiel reflejo de cómo funcionan las cosas en España y ponen de manifiesto una profunda corrupción política que es estructural y no puntual. Es una corrupción que lleva décadas arraigando y extendiéndose cada vez más, también en el sector privado, que conoce perfectamente cuáles son las reglas del juego para ganar contratos, subvenciones y una regulación más favorable o alcanzar la presidencia de una empresa cotizada.

Se trata, en definitiva, de una corrupción que ninguno de nuestros dirigentes parece tener especial empeño en combatir, por muchos 'planes, estrategias, sistemas de integridad, normas y códigos deontológicos' que acumulemos, y les aseguro que hemos acumulado toneladas de papel. Tampoco parece que los organismos internacionales y europeos, con sus evaluaciones y recomendaciones, sean muy efectivos: nuestros políticos y sus juristas cortesanos son auténticos expertos en prometer reformas que nunca se llevan a cabo o en el maquillaje jurídico de lo que desde el punto de vista ético es sencillamente impresentable.

El problema es que el coste de la corrupción no se mide sólo en el dinero que perdemos o malgastamos, sino también -muy especialmente...- en términos de DESLEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA."

(Elisa de la Nuez, secretar. gral. de Fundac. 'Hay Derecho' y abogada del Estado en excedencia)

  

     

  

Inconstitucional, en España, hoy: el Ejecutivo legisla... y el Parlamento luego se lo convalida

Muy similares -y perversas- degeneraciones entre sistemas dizque 'parlamentarios' de variopintas ideologías, en teoría mantenidos para garantizar un democrático 'imperio de la ley' aprobada por el 'contrato social' libre que sancionen o debatan mayoritariamente [las cámaras legislativas de] l@s representantes populares elegibles mediante sufragio universal, se repiten con desesperantes mecanismos de dominio totalitario como si fueran sin posibles remedios.

Cualesquier colectividades de afect@s con "adhesiones inquebrantables" -¡como irredent@s "yonquis"...!- a sus partidistas (que suponen siempre tan sólo benéfic@s e indiscutibles frente al reparo, crítica o enmienda de no importa qué oposiciones) consienten con la mayor tolerancia sustituir las leyes discutidas y acordadas entre tod@s por cuanto sólo decidiere arbitrar en forma -exclusiva mente...- unilateral su Gobierno...   

 

"Desde hace tiempo, aquí ya, nuestro Parlamento está dejando de legislar. El Ejecutivo decide; las Cortes convalidan. Y cuando la ley deja de ser deliberada para ser ratificada, el sistema constitucional empieza a operar en términos distintos a los que lo legitiman.

Las democracias constitucionales no suelen deteriorarse mediante rupturas abruptas. Su degradación es, casi siempre, silenciosa. No llega con estrépito, sino a través de pequeñas alteraciones que, repetidas en el tiempo, acaban por modificar el equilibrio del sistema: primero se relativizan los procedimientos; después se banalizan los límites; y finalmente, se acepta lo excepcional ya devenido en método.

 

 

Ese proceso tiene hoy una manifestación particularmente visible en nuestro sistema constitucional. La práctica reciente -cada vez más habitual en las agendas legislativas- sitúa sobre centros de debates el uso del decreto-ley para instrumento no extraordinario de gobierno (¡y además, en su versión más intensa, del llamado decreto ómnibus!).

Conviene recordar su naturaleza. El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes en casos de una “extraordinaria y urgente necesidad” únicamente. No se trata de alternativa ninguna frente al procedimiento legislativo ordinario, sino de una precisa excepción estrictamente delimitada.

El diseño constitucional es prudente: permite una reacción normativa inmediata, pero preserva el control democrático mediante la convalidación parlamentaria en un plazo breve. Las urgencias justifican rapidez, pero no desplazan la imprescindible centralidad del Parlamento en la función legislativa.

Sin embargo, esa lógica comenzó a erosionarse cuando la excepción dejaba de ser excepcional y se convertía en argumento recurrente. En los últimos años, el recurso al decreto-ley ha dejado de responder exclusivamente a situaciones imprevistas para convertirse en un cauce habitual de producción normativa. No sólo se emplea para responder a emergencias, sino también para aprobar reformas de amplio alcance, regulaciones complejas y decisiones de carácter estructural.

Ya no es coyuntural el problema, sino estructural; y, en rigor, también cultural. Porque cuando un instrumento excepcional se normaliza, deja de percibirse como tal. Se diluye su carácter extraordinario y se instala en la práctica institucional como un mecanismo más, ya desprovisto de la cautela que antes habría servido para justificar su existencia. No tan sólo es una simple alteración técnica del procedimiento; sino una mutación en la comprensión misma de los límites del poder.

 

 

Y sus efectos son profundamente cualitativos. Este decreto-ley comprime el procedimiento legislativo: reduce el debate parlamentario, elimina la fase de enmiendas y transforma la intervención de las Cortes en un acto de convalidación: la norma llega cerrada, sin recorrido deliberativo. Mas la diferencia no es menor.

La Constitución no determina ese sistema, en el cual un Gobierno legisla y el Parlamento sólo ratifica, sino justamente lo contrario: un Parlamento que legisla y otro Gobierno que gobierna. El decreto-ley fue concebido como una excepción funcional a ese principio, no como su sustituto. Y a esta deriva se añade otra distorsión adicional: el decreto ómnibus.

Bajo esta técnica, el decreto-ley ha dejado de ser sólo instrumento excepcional para convertirse en un vehículo de agregación normativa heterogénea. En un mismo texto se incorporan disposiciones de distinta naturaleza, sin conexión funcional clara y difícilmente reconducibles a una única situación de urgencia. No es todo ello, pues, ninguna simplificación... sino una alteración estructural de lo constitucional. 

Porque legislar no es acumular. Legislar exige separar, deliberar, ponderar. Y sobre todo someter cada decisión a debate. El llamado decreto ómnibus hace lo contrario: agrupa, compacta y fuerza decisiones conjuntas sobre materias que deberían tratarse de forma independiente. El Parlamento queda así atrapado en una disyuntiva artificial: aceptar o rechazar en bloque un conjunto heterogéneo de medidas, sin margen para enmiendas ni deliberación real. No hay, en sentido propio, función legislativa.

Además, esta técnica introduce una presión política añadida: aprobar el conjunto implica asumir medidas discutibles; rechazarlo puede bloquear otras necesarias. Se sustituye al juicio legislativo por otra lógica, de adhesiones forzadas [al 'TRÁGALA']: no hay deliberación, sino agregación.

  

 

Esta práctica no sólo altera un procedimiento, sino el equilibrio institucional. Así, el decreto-ley desplaza el Parlamento a una función de control limitada. Y si además es decreto ómnibus, intensifica ese desplazamiento consolidando una lógica en la cual el centro de gravedad del sistema se desplazó hacia el Ejecutivo. Todo ello bajo cobertura formal de constitucionalidades, pero mediante cierta utilización materialmente desviada de la norma constitucional.

Porque lo problemático nunca es la existencia del decreto-ley (ningún sistema constitucional puede prescindir de mecanismos de reacción inmediata); sino que comienza cuando éste deja de ser excepcional, reconvirtiéndose ya en un cauce ordinario, y se agrava cuando se usa como atajo... para introducir reformas múltiples bajo una única invocación de urgencia. 

Llegado a ese punto, el deterioro ya no es meramente procedimental, sino institucional. Las constituciones no solo distribuyen poder: también distribuyen tiempos. Los del debate, la deliberación y el control forman partes esenciales de cualquier arquitectura democrática. Gobernar bajo alguna lógica de urgencia constante equivaldría, en la práctica, a realizarlo sin esos tiempos. Y sin ellos, ya, esta democracia pierde una entre las condiciones básicas para sus funcionamientos: la precisa formación racional de la voluntad legislativa.

El Tribunal Constitucional ha tratado de fijar límites, exigiendo una justificación real de la extraordinaria y urgente necesidad. Pero ese control tiene un alcance necesariamente limitado. No puede sustituir al propio sistema político en cuanto a la contención del abuso. Cuando la urgencia se invoca de forma sistemática, en la práctica, el límite jurídico se vuelve inoperante.

La cuestión deja entonces de ser sólo jurídica entonces para convertirse ya en un problema de cultura constitucional. Porque lo más preocupante no es el uso puntual del instrumento, sino su 'normalización'. Lo que ayer exigía justificación hoy se acepta como rutina. Lo que antes se concebía como límite ha empezado a interpretarse como un obstáculo. Y lo que debería ser sólo la excepción se consolida como técnica de gobierno ahora ordinaria.

 

 

Esto es el verdadero punto de inflexión. No desde que se vulnera la Constitución abiertamente, sino cuando se la bordea en modo sistemático hasta vaciarla de contenido material. Por ese desplazamiento se debilita un principio esencial del Estado de Derecho: que sea el poder no sólo eficaz, sino jurídicamente limitado y políticamente controlado.

La utilización recurrente del decreto-ley (y, en particular, con el decreto ómnibus) no sólo es una técnica discutible. Sino síntoma de una forma del gobernar que percibe los procedimientos como una traba y la deliberación innecesaria demora supone. Pero no para facilitar el poder está el Derecho constitucional. Sino a fin de limitarlo. Mas cuando la excepción ha llegado a devenir en método y tal método en atajo, lo que se debilita no sólo es un procedimiento legislativo; sino hasta la propia arquitectura del Estado.

Porque cuando el Parlamento deja de legislar, la cuestión ya no es cómo se hacen las leyes. Sino si ese desplazamiento -en el que un Ejecutivo decide y las Cortes convalidan- puede seguir considerándose compatible con aquel sistema para el cual la ley debe ser fruto resultante de la deliberación parlamentaria. O si, en realidad, ya sea lo que persiste no un poder legislativo; sino sólo su forma."

(Ricardo Rodríguez Fernández, Doctor en Derecho y Magistrado: iustel.com 1/4/26)

 

Presidentes de USA llevan décadas ordenando ejecutar a miles 'asesinato extrajudicial en paz'

   

Persisten aquí hoy ciertas realidades merecedoras de todo máximo escándalo que, sin embargo, nunca se suelen mencionar ni parecerían en absoluto verosímiles; mas a pesar de todo ello...

 

 

"Al inicio de 2026, durante una larga entrevista con el presidente Donald TRUMP en el New York Times, uno de los reporteros del periódico le preguntó si veía algún freno a su poder en el escenario mundial. Y respondió: «Sí. Hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme, y eso es muy bueno». Otro reportero le preguntó sobre el derecho internacional. «No necesito el derecho internacional», explicó. «No busco hacer daño a la gente. No busco matar gente». Esa actitud —salvo las dos últimas frases— se ha puesto de manifiesto dramáticamente en los últimos meses. Incluso antes del declararse las últimas 'guerras' -en Gaza e Irán- con su habitual secuela de innumerables víctimas 'colaterales' civiles, ya ha servido de base para la ejecución extrajudicial de hasta más de 150 personas (presuntamente transportando drogas) en alta mar y a continuación para la muerte de al menos otro centenar de personas, durante la invasión ilegal de Venezuela (buscando detener al presidente Nicolás Maduro, provocar un cambio de régimen y obtener acceso al petróleo del país)...

 

Tras de los atentados terroristas del 11 de septiembre, George W. BUSH declaró una "guerra contra el terrorismo" amorfa, global y preventiva, ampliando el concepto de guerra preventiva más allá de cualquier límite significativo (...) Bajo esa teoría, Bush se atribuyó el derecho a atacar a cualquier organización terrorista internacional en cualquier parte del mundo, declarando así una guerra global. Las medidas "preventivas" de la administración incluyeron la desaparición de sospechosos en centros clandestinos de la CIA, donde fueron sometidos a torturas, incluyendo el ahogamiento simulado. También detuvo a más de 700 musulmanes árabes en EE.UU con cargos migratorios como pretexto y sólo entonces los investigó para determinar si tenían vínculos terroristas. Entre todas esas víctimas, ninguna víctima fue antes acusada de ningún delito relacionado con el terrorismo...

 

 

El presidente Barack Obama hizo campaña para poner fin a la guerra en Irak y anunció la conclusión de una larga retirada de tropas en 2011. Sin embargo, no abandonó el concepto de guerra preventiva ni buscó responsabilizar a los funcionarios de la administración Bush por los crímenes que cometieron en su nombre. Uno de los legados más perdurables de OBAMA es el uso de asesinatos a distancia mediante ataques con drones. Para cuando dejó el cargo, había autorizado unos 542 ataques con drones para ejecutar a personas que las agencias de seguridad habían incluido en "listas de asesinatos" basándose en acusaciones secretas de terrorismo. Se estima que esos ataques mataron a 3.797 personas. Dado que la inclusión en la lista de asesinatos no requería juicio ni condena, todas las personas asesinadas por el programa de drones eran, al menos, presuntamente inocentes. Muchas de las víctimas, además, ni siquiera figuraban en la lista; simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando se produjo un ataque con drones...

 

 

Desafortunadamente, existe una conexión directa entre la lista de asesinatos de Obama y las ejecuciones ilegales de narcotraficantes por parte de Trump. En ambos casos el respectivo Presidente afirmaría, sin juicio público ni tan siquiera rendición de cuentas ninguna, que cual[es]quier persona[s] representa[n] una amenaza futura[!] para EE.UU ordenando que alguien pulse botones... acabando con su[s] vida[s], así como con la de quienes lo rodean..."

(David Cole, ex Director Jurídico Nacional de la ACLU y "Honorable Prof. George J. Mitchell de Derecho y Políticas Públicas", para el Centro del Derecho de la Georgetown University: THE LIE OF 'PREVENTIVE' WAR-26/03/06-'The_New_York_Review')

 

 

Empeñad@s en arrastrarnos a otra Carnicería Global no inferior a las 1ª y 2ª del último siglo

  

En esta tierra nuestra y por todo su entorno el verdadero poder decisorio ultimísimo continúa sosteniéndose desde la OTAN que, con sus todavía inigualables armamentos [de y para la destrucción masiva], comandan sin cortapisas los EE.UU de Norteamérica. Pero no se debe olvidar que su incontestada hegemonía presente hasta hoy sólo ha llegado a terminar resultándole posible, tras recuperarse de aquella profunda crisis económica que supuso la 'Gran Depresión' (hace ahora -precisa mente...- 100 años), gracias al imponer fuerza superior en Otra Guerra Mundial mediante Bombas Atómicas... arrojadas contra varios cientos de miles del dizque "personal enemigo".

 

 

Pero después las posteriores 8 décadas transcurridas durante dinámicas de "la Paz" (o/y "en Guerras -tan sólo...- Frías"...) desembocarían, actualmente, en esta novedosa perspectiva muy espectacular generalizada sobre tantos imparables ascensos relativos de la China frente a tales conspicuos liderazgos Nor-Occidentales del siglo XX. Y otra vez retumban crecientes los tambores redoblando marchas de guerra, que nos apremian a diestra o siniestra, con trágica eficacia; e incluso en la bien poco decisiva España [que antes había conseguido librarse de -las otras 2- previas locuras apocalípticas planetarias], ¡ay!, parece que amenazáramos adolecer realmente ya de vacunas definitivas contra sus metástasis mortíferas...

  

  

Esta GUERRA tan largamente preparada comenzó –y es la segunda vez desde junio pasado– en medio de algunas negociaciones juzgadas 'exitosas'[¿!] por aqueilos mismos personajes (los prominentes socios inmobiliarios judíos de Trump, Witkof y Kushner) que están negociando con los rusos el fin del conflicto de Ucrania. ¿Quién puede confiar en tales “negociadores”? “Las garantías y los documentos firmados por este Presidente, no tienen valor alguno”, ha dicho en Moscú el analista Dmitri Trenin sobre Trump. E, igual mente, “No se puede mantener negociaciones con este gobierno de los Estados Unidos”, ha coincidido desde Nueva York el destacado economista Jefrey Sachs.

 

En noviembre de 2023 el vicesecretario de Estado para Europa y Eurasia en la primera administración Trump, Aaron Wess Mitchell, dijo que Estados Unidos podría perder una guerra si tuviese que actuar en 3 frentes simultáneamente, porque en tal caso, “Estados Unidos tendría que ser fuerte en cada uno de los 3 escenarios bélicos, mientras que sus 3 adversarios -China, Rusia e Irán- sólo tienen que ser fuertes en su propia región para alcanzar sus objetivos”. Así que optaron por transferir parcialmente a los europeos el 'marrón' de Ucrania, concentrarse en Irán, el más débil de los 3, y continuar preparándose para lidiar con China más tarde.

 

Dupla exultante declarando "su" GUERRA sin votarse por parlamentos...

  

Y en 2015 se había llegado hasta tener todo un Acuerdo ya [¡firmado!] con Irán, el 'Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés)' por el que Teherán accedía a limitar su enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones y de las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de sus instalaciones. Luego todo se quedó en nada: Trump retiró del acuerdo años después a Estados Unidos, los europeos no hicieron nada y las inspecciones de la OIEA sirvieron para afinar los objetivos de sucesivas bombas israelís contra las instalaciones o domicilios privados de los responsables del programa nuclear, algunos de ellos asesinados con su familia en junio.

Como ahora, aquel ataque se produjo en medio de una negociación. Lo decisivo no es la bomba sino el viejo plan de 2002 desvelado por el General Wesley Clark en el que se decía, “vamos a deshacernos de 7 países en pocos años, empezando con Irak, luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y acabando con Irán” 

 

 

Ese trío Calavera para Europa se pronuncia con infame solicitud en defensa de (la Dupla, formada durante otro previo exterminio genocida sobre Gaza, por ambos dizque) 'agresores preventivos' recordando al otro 'trío de las Azores' (que también se destacó -junto al Bush invasor- en Irak)...

 

¡Lo han cumplido todo! Llevan más de 4 millones de muertos y 40 millones de desplazados. Solo les falta Irán. Quieren crear en ese país un "agujero negro".

Para el Estado judío -potencia que detenta un monopolio actual sobre poder de destrucción total, incluso con bombas atómicas, del Oriente Medio y Próximo...- en particular se trata de acabar con aquel único país de la zona capaz para impedir su loco proyecto colonial del “Gran Israel, sin fronteras”, desde el Nilo al Éufrates. Como ha dicho el embajador americano en Israel, Mike Huckabee, Israel goza de un “derecho bíblico” a expandirse por toda la región. E Israel, como se sabe, tiene una gran influencia en la política de Estados Unidos... 

  

Este muy reciente Informe tan escandaloso no es 'anti-sionista' sino que se acaba de publicar al fin por el diario "Haaretz", israelita, de Tel Aviv ...

 

Todo este pandemonio nos lo disecciona bien Nathalie Tocci, profesora honoraria de la Universidad de Tübingen, adjunta del Instituto Universitario Europeo y miembro del Instituto de Ciencias Humanas:

Desde el verano pasado se esperaba ampliamente una renovada campaña estadounidense-israelí contra Irán. Los defensores de la diplomacia y el derecho internacional depositaban sus esperanzas en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Omán y Suiza, aunque pocos creían realmente que fueran algo más que una cortina de humo. Tras un año en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó ataques contra Irak, Irán, Nigeria, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen, todos sin un amplio apoyo internacional, se requiere un esfuerzo concertado para no inmutarse ante su uso depredador del poder estadounidense. En este contexto, la noticia de otra guerra ilegal contra Irán, incluso mientras la diplomacia seguía en curso, generó tristeza, pero no sorpresa.

Más impactante, sin embargo, fue la reacción europea. Si un extraterrestre hubiera aterrizado en Europa y recurrido a sus líderes para obtener una explicación de los acontecimientos en Oriente Medio, no se habría enterado de que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. En cambio, habría concluido que Irán inició la guerra.

La ausencia de una condena oficial europea al ataque estadounidense e israelí no fue sorprendente, reflejo de la continua dependencia geopolítica del continente respecto a Washington. Sin embargo, lo que llamó la atención fue hasta qué punto la reacción oficial distorsionó la realidad para evitar siquiera reconocer la tensión entre la respuesta de Europa y sus valores.

  

 

En redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo referencia a las sanciones de la Unión Europea contra el "régimen asesino" de Irán. A continuación, condenó los "ataques imprudentes e indiscriminados" de Irán contra sus vecinos y países soberanos y, finalmente, apoyó un cambio de régimen en Teherán. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, hizo un llamado a poner fin a la "era de dictadores en Irán", mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró: "Compartimos el interés de Estados Unidos e Israel en ver el fin del terrorismo de este régimen y su peligroso armamento nuclear y balístico". Añadió, aún más alarmante: "Este no es el momento de dar sermones a nuestros socios y aliados".

El E3 (Francia, Alemania y el Reino Unido) emitió una declaración conjunta condenando con la mayor firmeza los {contra}"ataques" iraníes contra países de la región. Un día después, emitieron otra declaración que decía: «Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente habilitando acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen».

Como siempre, no todos los países europeos siguieron el mismo ejemplo. España, Noruega, Dinamarca y algunos otros tuvieron la valentía de llamar a las cosas por su nombre, denunciando —e incluso condenando, en algunos casos— el ataque por lo que fue. Otros países, como Italia, se inclinaron en la dirección opuesta, apoyando explícitamente el ataque estadounidense-israelí a pesar de que Washington ni siquiera advirtió al ministro de Defensa italiano, quien se encontraba de vacaciones en Dubái y se vio obligado a valerse por sí mismo. La mayoría de los demás gobiernos europeos coincidieron con la postura del E3.

¿Cómo debe interpretarse la deprimente respuesta de Europa? Tradicionalmente, los europeos han sido campeones mundiales de la grandilocuencia normativa, enmarcando su política exterior como impulsada por valores durante décadas. A medida que el entorno de seguridad se deterioraba y la fuerza bruta recobraba vigencia, los europeos se acostumbraron a hablar el lenguaje del poder, aunque nunca abandonaron por completo su retórica tradicional basada en valores. Algunos incluso intentaron conceptualizar este equilibrio, acuñando términos como «pragmatismo basado en principios» y «realismo basado en valores».

La grandilocuencia normativa inevitablemente invita a la hipocresía. El ejercicio del poder rara vez se alinea con las aspiraciones normativas, especialmente en regiones como Oriente Medio, donde los legados coloniales, el sesgo proisraelí y el apoyo a Estados Unidos hacen a los europeos particularmente vulnerables a tales acusaciones. Esta acusación resurgió con especial fuerza durante la guerra de Israel en Gaza, ya que toda la -sólo- complicidad de Europa contrasta marcadamente con su continua retórica de derechos y leyes.

 

 

  

Hay tres maneras de acabar con la hipocresía. La primera, y la más difícil, es cerrar la brecha acatando los ideales normativos. Europa lo ha hecho, aunque de forma imperfecta, en Ucrania, no solo por moralidad, sino porque sus intereses de seguridad estaban en juego. Aun así, lo hizo. Una segunda vía es abandonar las normas por completo. Trump puede ser acusado de muchas cosas, pero la hipocresía no es una de ellas. No se pretende respetar el derecho internacional, ni se intenta, por muy poco sincero que sea, buscar la aprobación de las Naciones Unidas o incluso del Congreso para sus aventuras militares. No hay un barniz normativo que cubra el crudo ejercicio del poder. El camino de Trump para acabar con la hipocresía es descartar las normas y abrazar una política de poder impenitente.

Europa no puede seguir ese camino. Si bien puede violar las normas, no puede desconocerlas públicamente como lo hace Estados Unidos. No hay un ejercicio efectivo del poder duro europeo sin reivindicaciones normativas. Los europeos simplemente carecen del poder militar necesario para hacerlo. Un mundo sin ningún atisbo de normas es un mundo en el que Europa es más vulnerable y se ve más debilitada.

Así, los europeos han optado por una tercera vía: reconciliar sus valores y creencias inventando una realidad paralela. Siguen profesando normas, pero las aplican a un mundo imaginario en el que Irán se despertó una mañana y atacó a Israel y a sus vecinos del Golfo, y por lo tanto merece ser condenado. Peor aún, este enfoque solo es posible porque la reacción de Europa a la guerra en Oriente Medio es en gran medida irrelevante. Al no haber participado en la elaboración de la política estadounidense, Europa puede fingir con mayor facilidad que no responde a la agresión iraní. El E3 ha acordado colaborar con Estados Unidos e Israel para interceptar y destruir misiles iraníes, y el Reino Unido ha permitido el uso de sus bases militares para tal fin. Esto pone a Europa del lado de los agresores, pero sin la influencia que esto podría suponer.

Hay algo particularmente trágico en todo lo que está sucediendo en torno a Irán. Después de todo, la cuestión nuclear iraní fue uno de los pocos casos en que los europeos lograron un resultado basado en principios y realista. Hace poco más de una década, las principales potencias del continente utilizaron su influencia económica y diplomática para negociar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), abordando así una grave amenaza estratégica sin violar sus valores.

Trump acabó destruyendo ese éxito. Pero los líderes europeos aún podrían haber seguido una línea más ética y eficaz. Podrían haber declarado que esta es una guerra elegida por Estados Unidos e Israel, violando la Carta de la ONU, y haber defendido su postura en el Consejo de Seguridad de la ONU. Podrían haber rechazado ser arrastrados a las hostilidades por Washington y, en su lugar, haber formado una coalición de los dispuestos con los actores regionales para buscar una solución diplomática. Por improbables que fueran las posibilidades de éxito, esta política habría, en el peor de los casos, preservado la integridad de Europa y, en el mejor, promovido sus intereses.

 

   

Post-data (6/3/26):

 

Ya tanto Starmer [UK] como, sobre todo, Macron [Francia] han precisado 'rectificar', marcando progresivamente distancias con Trump... "No estamos en combate y tampoco vamos a involucrarnos”, subrayó el Presidente Francés, que consideraba esta intervención "... al margen del Derecho Internacional". Parece, así, que aún habría quien tiene muy claras las diferencias entre DEFENDERSE y un volver a coaligarse en "ataques preventivos" (para otra -definitiva- Guerra Global) como los desencadenados por el actual EJE del Internacional-Sionismo desde Washington - London - Tel Aviv - Bonn...
 
"¡NO NOS DEJEMOS ARRASTRAR A GUERRA CON IRÁN!

Si la indignación moral hacia una dictadura brutal es legítima (...) no nos exime de considerar las consecuencias de esta intervención, tan brutal como unilateral. Debemos hacerlo para evitar repetir los mismos errores.

La historia contemporánea es de una coherencia desarmante: una democracia no se construye con ataques aéreos, por muy potentes que sean. Desde 1945, los cambios de régimen impuestos principalmente por fuerzas externas rara vez han producido otra cosa que destrucción del Estado existente, seguida por un largo período de inestabilidad, si no de caos (...)

Irak sigue siendo el precedente más impactante (...) Libia ofrece otra dura lección (...) En cuanto a Afganistán, 20 años de intervención no han impedido el regreso de los talibanes. Los ejemplos convergen.

(...) Irán no es un castillo de naipes a punto de derrumbarse a la primera sacudida. Es un país de casi 90 millones de habitantes, con una historia milenaria y un estado centralizado (...) La historia demuestra que cuando el Estado se derrumba abruptamente, son las fuerzas mejor armadas y organizadas las que se imponen, rara vez las más moderadas.

Sería considerable el coste humano y estratégico de un colapso iraní (...) tendría repercusiones en Irak, Líbano, Siria y el Golfo (...) Nuestros numerosos intereses en la región no saldrían indemnes.

(...) En un escenario de fragmentación del poder, ciertas facciones podrían verse tentadas a recurrir a actos terroristas contra los intereses occidentales (...) condenar un régimen, por aborrecible que sea, no puede ni debe sustituir a la estrategia. La historia reciente exige cautela. Demuestra que la destrucción es más fácil que la transformación y que las promesas de una transición rápida a menudo dan paso a prolongados ciclos de violencia. Es imperativo que no nos dejemos arrastrar a una guerra con Irán.

Invocamos con razón el derecho internacional ante la agresión rusa en Ucrania, y más recientemente en Groenlandia, y reiteramos la soberanía de los Estados como principio cardinal del orden internacional. No podemos relativizar ese principio... según para qué circunstancias. El multilateralismo se ha debilitado, las Naciones Unidas se ven cuestionadas, pero el marco jurídico internacional sigue siendo la única arquitectura común capaz de limitar la ley del más fuerte. Esto es también lo que sustenta la posición única de Europa en un mundo que se ha vuelto brutal una vez más.

Francia y Europa tienen intereses, responsabilidades y principios. Deben evitar cualquier escalada que las conduzca a una lógica de confrontación descontrolada. Deben mantener su compromiso con la desescalada y reiterar constantemente el Estado de derecho. Esta es precisamente la línea que el presidente Emmanuel Macron reafirmó acertadamente en su discurso televisado del martes 3 de marzo. En un orden internacional fracturado, abandonar esta brújula equivaldría a alinearnos con la lógica de las dinámicas de poder que pretendemos restringir... Sería ceder ante los depredadores, legitimar el derecho del más fuerte, es decir, la ley de la selva. Y sería, más allá de Irán, un debilitamiento duradero de quienes somos. O de lo que queda de nosotros."

(K. Amellal, embajador de Francia en el Mediterráneo hasta 2025, 'LE MONDE')