[Leemos la impagable obra siguiente ***, ay, con tanto interés y admiración como pesar]
No es ningún secreto ya cuánto esta Democracia española padece por serios problemas, desde la década de los años 80 del pasado siglo, bien conocidos {Manuel Aragón et al: 'España, democracia menguante', Colegio Libre de Eméritos}: y recientemente incluso el informe de 'Transparency International' del 2024 calificó a España como una «democracia defectuosa», por la corrupción más el descrédito de las instituciones.
Causas de la presente crisis política puede que sean muy numerosas, procediendo algunas del ámbito internacional. Pero su responsabilidad recae sobre todo en ausencia de lealtad constitucional por los Partidos [pues habría bastado un acuerdo tan sólo entre los dos más votados para no ceder en temas esenciales por votos independentistas del parlamento] y ambición desmedida de concentración del poder desde 1977 con todos los Presidentes del Gobierno; éstos, en lugar del respetar esencias de cualesquier monarquías parlamentarias, han preferido constituir -mediante leyes varias, orgánicas u ordinarias...- una suerte de presidencialismo autoritario caracterizado por gran preponderancia para su ejecutivo e invasión y neutralización del conjunto de las restantes instituciones.
Las dos principales crisis del régimen del 78 acontecieron contra el sistema, frente a su Parlamento y al Gobierno: en 1981 con el golpe de Estado del general Armada y durante 2017 por la ruptura independentista catalana. La presente, desde julio de 2023, es más compleja por operar dentro del propio sistema; o sea, desde el mismo Gobierno y su mayoría parlamentaria.
Los anteriores presidentes del Gobierno [con la excepción, quizás, en una efímera precariedad protagonizada por Calvo-Sotelo tras del 23-F] disfrutaron de un cierto caudillismo. Habiendo podido elegir otros cumplimientos de la Carta Magna, prefirieron un camino de ampliación del poder en detrimento del equilibrio de poderes y procedimientos legales para control del Ejecutivo. Es lo que se denomina el "cesarismo presidencial": autoritarismo interno de las organizaciones partidarias y dominio en sus manos para todos los resortes del Estado.
Lo grave de la legislatura última es cómo en España hemos llegado a situaciones tan paradójicas: un presidente del Gobierno que pretende ser todopoderoso mas, a la vez, sometido a unos pocos votos de independentismo periférico... cuando esos nacionalistas no admiten la más mínima intromisión del Gobierno de la Nación en sus regiones; pero sin embargo ellos, con apenas 7 ó 5 escaños para el Congreso sólo, determinan sus vidas a otros más de 40 millones entre los desafectos compatriotas.
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Ya en diciembre del 1976 Alfonso Osorio -ministro de la Presidencia y Secretario del Consejo de Ministros- conoció que Suárez pretendía trasladar su sede, para presidir Gobierno, del centro de la capital a Palacio en la Moncloa. Lo consideró un error y le dijo: "¿Qué buscas con La Moncloa, estatus? Un presidente del gobierno para monarquía parlamentaria no es ningún Jefe de Estado, ni caudillo, sino un primum inter pares. Es evidentemente importante, pero no ha de sobresalir en exceso sobre los demás miembros del Gobierno, deberá estar siempre dispuesto a dejar posición preeminente..."
Pero en 1977 mudó la presidencia del Gobierno, hasta el Palacio; con lo cual (en ese simbólico y efectivo «complejo» -¡de 20 Has!- donde debería fundarse un poder presidencial predominante sobre todo el resto de instituciones) iba iniciándose una suerte de monarquía «presidencial». Y en la Constitución de 1978 decayó el título de "primer ministro", más adecuado, apelando al ser ya una tradición nombrársele como "presidente del Gobierno"...
Desde entonces los presidentes de Gobierno sucesivos han hecho lo posible por ampliar y consolidar poderes efectivos en sus partidos políticos, el Gabinete, las Cámaras Representativas del Congreso de Diputados o Senado, la Justicia y demás Instituciones. En monarquía parlamentaria la centralidad política pertenece al Parlamento; pero con respecto a esta nuestra -ya «presidencial», realmente...- surge desde la sede del ejecutivo en La Moncloa, y una colonización sobre las instituciones de adeptos del Gobierno ha sido aceptada por todos.
Mas novedoso desde 2024 es que tal invasión partidista haya devenido tema del debate público. Además, hay algunas muy evidentes dependencias del "presidente..." respecto a nacionalistas para cualquier iniciativa legislativa, comprando votos de partidos periféricos a costa de los impuestos y cesiones en soberanía para quienes tienen el objetivo del derribar la Constitución: humillaciones del Gobierno ante un líder del golpe separatista de 2017, en Suiza o Waterloo, son su muestra clara.
Todo ello en un marco de ansiedad intensa: un día cesa en la Moncloa el presidente de Telefónica (evidenciando cuánto manda más el BOE que cualquier IBEX) y al siguiente hay propuesta legislativa para designar jueces o fiscales «entre abogados de reconocido prestigio», a poder ser, simpatizantes con gobierno de turno. De modo que la opinión pública se ve a diario anegada en casos de corrupción escandalosos con sus juicios, etc.
El cesarismo presidencial conduce a crecimiento desmesurado del conjunto de las Administraciones Públicas; su resultado es el aumento de la presión fiscal y deuda pública con sometimiento para la sociedad española por un 'faraónico' Estado que incapaz se ve del garantizar derecho de todo ciudadano a educar sus hijos en una lengua oficial; y que tampoco aparece cuando haría más falta, como en la catástrofe con Dana del 4/11/24.
Por si fuera poco, cultura woke ha determinado innumerables decisiones políticas estos últimos años de modo que -sin resolverse problemas estructurales de la energía, las aguas o el paro- los gobiernos se han dedicado a la histeria climática, determinar identidad sexual, contratar traducción innecesaria para parlamentos, etc.
Ahora cabe constatar cómo el origen de tanta deficiencia en esta democracia se remontó a su inicio, antes incluso del convocarse las elecciones del 1977. La Ley Orgánica de 1967 que permitiría luego la reforma política en 1976, ya señalaba: «El sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones» [artº 2]. Así resulta, paradójicamente, que la herencia de aquel concepto franquista -sobre «unidad de poder...»- es lo que han pretendido y ejercido todos los presidentes del gobierno desde Suárez.
Y luego de dicho primer paso, la mayor parte de cambios legislativos en dirección al presidencialismo fueron durante 14 años con gobiernos -desde mayorías, incluso absolutas...- para Felipe González; entre todos los cuales destaca una ['reformada'] Ley del Consejo General de Poder Judicial que ningún gobierno posterior ha querido cambiar.
Aun cuando la Constitución consagra su "división de poderes", los presidentes de gobierno han hecho lo posible legalmente por intervenir sobre instituciones para beneficio de su propio poder. Un cesarismo llevado a efecto en organización interna de partidos políticos, también, sobradamente financiados con impuestos de los contribuyentes: incumpliendo la vigente ley, todo dirigente político repite modelo centralista consistiendo en imponerse -desde Madrid o la capital autónoma- los respectivos presidentes a sus organizaciones partidarias. Dominar así es base de poder del líder, en la oposición o el gobierno.
Sondeos del Eurobarómetro de 2017 situaban a España con última posición entre miembros de la UE por cuanto a confianza desde los ciudadanos en sus políticos, Parlamento e instituciones. Después de medio siglo los españoles somos conscientes del que algo no funciona, o salió fuera de control. Y la corrupción (casi una cleptomanía) es un síntoma más evidente sobre cierta enfermedad que precisa diagnosticarse si queremos aplicar terapias para rectificar.
Una causa profunda de nuestra deficiente democracia es la natural tendencia del poder al eliminar controles, y acrecentar adhesiones, para prolongarse lo más posible disfrute de los beneficios por su administrar Presupuestos; mas la singularidad española consiste en que su presidencialismo no ha sido frenado jamás y todos los presidentes han continuado aprovechando abusos por preponderancia del poder de los precedentes.
Hasta hoy no se ha conocido ningún liderazgo político reformista o partido nuevo con proyecto claro hacia reducir el tamaño e intervencionismo de su Administración ni regresar al espíritu constitucional sobre divisiones de poderes apropiadas en cualquier monarquía parlamentaria. Padecemos, desde hace décadas, presidencialismo con irrefrenable vocación al poder absoluto. Se conocen los fallos de nuestro sistema; si bien falta emersión del liderazgo con proyecto reformador, en sentido contrario a sus dependencias respecto de los nacionalismos periféricos, recuperando equilibrios de poderes o reduciendo impuestos y tamaño del Estado elefantiásico...
Resulta llamativo que otras monarquías parlamentarias y repúblicas acosadas en grandes tensiones de seguridad no han alterado su sede del Gobierno, porque hacerlo hubiera supuesto aceptar una derrota frente al terrorismo. En 1940, ni la familia real británica ni Churchill cambiaron su residencia siquiera durante bombardeo sobre Londres; el IRA, más sanguinario que la ETA, no echó a Thatcher, Major ni Blair del Downing St #10 (poco más que un típico chalecito adosado inglés: residencia y despacho del Premier de turno desde hace 3 siglos). ¿Cuál entonces fue la razón del traslado a La Moncloa? El tamaño: Suárez y sucesivos presidentes han precisado desde un principio su enorme aparato de Gobierno, impropio en monarquía parlamentaria...
Mientras al Primer Ministro británico apenas le asisten 70 empleados, hay en la Moncloa 2.500 funcionarios, asesores y políticos. La Thatcher, en sus Memorias, señaló que disponía de 2 asistentes en asuntos de prensa o comunicación; para lo mismo -más control de medios- "la Moncloa" cuenta con 150 empleados. En Europa no hay otro 'Premier' disfrutando montaje tal, con 58.000 m2 para oficinas y sobre un lugar privilegiado, más ostentosa incluso que la residencia real de Zarzuela.
Aun cuando en el régímen parlamentario la Corona es representación permanente del conjunto de la nación -mientras que su presidente del Gobierno funge solo cabeza temporal para 1 de los 3 poderes del Estado- las tendencias a un constante aumento de políticos, funcionarios y asesores en La Moncloa han crecido exponencialmente desde 1977 (cuando con UCD apenas medio centenar de los entonces llamados "fontaneros", ocupando el 'pabellón de Semillas' junto a la Vicepresidencia de Abril Martorell, asesoraron al gobierno de Adolfo Suárez). El actual líder gubernamental español acumula 444 'asesores' -a dedo nombrados- para su servicio y el del Ministerio de la Presidencia, 4 veces más que todo el Gobierno del Reino Unido [con sólo 117]: un país donde viven 20 millones de personas más y cuyo PIB es doble del nuestro.
Por fin, la cifra del Gobierno de Sánchez incluyendo todas las carteras ministeriales suma 795, es decir hasta 7 veces más de asesores que una potencia mundial como Reino Unido; pero sólo él con su ministro de Presidencia da empleo a 10 veces más asesores de los que requieren el 'Premier' británico y su viceprimer ministro. Además, por transparencia efectiva, desde allí no sólo informan del número... sino que se publican sus identificaciones así como el coste por salarios.
También la Presidencia francesa brinda en una web los nombres de sus asesores. Macron cuenta con 59; lo cual son otras 7 veces menos que los empleados por Sánchez, pese a estar al frente de otro país con el doble que nuestro PIB y 20 millones más de habitantes...
Muy autorizada voz de Manuel García-Pelayo, 1er. presidente del Tribunal Constitucional, más otros numerosos escritores y politólogos nos advirtieron ya desde 1986 sobre cómo nuestro régimen democrático estaba evolucionando hacia una concentración del poder en el Ejecutivo: invasión y neutralización de todas las instituciones; hacia un Estado presidencialista y partitocrático, en detrimento de la libertad, calidad democrática y representación...
El presidente del Gobierno es aquí sólo líder de un partido, por definición; y el Monarca, en cambio, lo es para todos los españoles. Esa superioridad de representación real, fundada en la Constitución, muchas veces fue tapada expresamente o/y suplantada por el presidente de turno con menoscabo a dignidad del Rey; por no hablar sobre algunas esposas de los presidentes del Gobierno con ínfulas como «Primeras Damas»...
{Tal actitud se ilustra mediante anécdotas como lo acaecido durante presencia de J. L. Rguez. Zapatero en una presentación del libro de cuentos por su profesor -J.M. Otero- 'Las nubes pueden ser gemelas', que se prolongó desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche; el Presidente tenía ese día una cena con el Rey mas, cuando empleados del protocolo urgieron para finalizar su acto, Zapatero dijo: «Yo sé cuándo me tengo que ir» y pidió servírseles otra copa más...}
Es interesante resaltar cómo una pretendida "diarquía" de los presidentes del gobierno se ha instalado en la opinión: el prof. José A. Redondo, con un manual sobre 'Historia de las instituciones', compara el poder superior en la Nación mediante los 'consulados' ejerciendo gobierno del Imperio romano; y expresa que tal diarquía recuerda la que hoy es ejercida en España, por cuanto «había en Roma 2 cónsules y la monarquía constitucional española también tiene un Rey más el presidente del Gobierno. Uno elegido, hereditario el otro»...
La Constitución dispone que podrá el Rey hacer 3 cosas: «arbitrar o moderar el funcionamiento regular de las instituciones» y «ser informado sobre los asuntos del Estado». Las dos primeras (arbitrar y moderar) son atribuciones u obligaciones del monarca. «Ser informado» (dársele cuentas) es una obligación constitucional inequívoca del presidente de Gobierno, y para ello estableciose su audiencia Real a la semana. Pero desde 2017, el presidente de Gobierno ha ido reduciendo esos despachos -tan claramente preceptivos- con el Rey y cada vez son más esporádicos los encuentros personales; e, incluso, se sustituyen por conversaciones telefónicas o mensajes.
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Nuestra Constitución del 1978 está inclinada más al conceder derechos que a limitar el poder del gobierno. A cambio de libertades y derechos, los presidentes de Gobierno han podido establecer un desarrollo legislativo limitador para la representación o sobre controles parlamentarios [y judiciales] de su Ejecutivo, resultando unos protagonismos abusivos del «Gobierno de España» (cuando lo propio habría sido decir "Reino..."). El hecho del que hasta hoy sus presidentes hayan elegido además a las dos presidencias del Congreso de los Diputados y del Consejo General del Poder Judicial les confiere una superioridad, objetiva y subjetiva, que nada se compadece con la división y el equilibrio de poderes proclamados desde nuestra Constitución.
Desde hace varias décadas, en España, el 'presidente' {del Gobierno y de su partido} ejerce poder muy superior al de cualquier otro 'Primer Ministro' europeo: [tal "Presidente" del PP o "Secretario General" en el PSOE] nombra el gobierno, elabora leyes o decretos {que, incluso del abusivo carácter 'ómnibus' proliferaron desde los Estados de Alarma -fallados, a posteriori, ya como "nulos por inconstitucionales"- en sustitución gubernativa de las primeras, tramitables parlamentariamente sólo} así como listas de diputados en su partido y hace los nombramientos para infinidades de instancias relativas a los poderes gubernamental, parlamentario, judicial, económico e incluso respecto medios de comunicación.
En la práctica, nuestra Presidencia del Gobierno, aunque tenga mayorías minoritarias dentro del Congreso (o incluso una minoría compensada con alianza de nacionalistas periféricos, como es el caso actual), ha evolucionado en lo peor de un sistema presidencialista (sin sus aspectos positivos); pues no está mediatizada por elecciones independientes para el Congreso y Senado que pudieran equilibrarla, como -para ejemplo- sí pasa cada 2 años en el caso de los EE.UU.
Nada nuevo bajo el sol. El sofista Trasímaco (citado en 'La república' de Platón) le dijo a Sócrates «cada gobierno dicta las leyes en su propio provecho: la democracia leyes democráticas, la tiranía tiránicas e igualmente todos los demás»... Y el año 1994 Javier Pradera Gortázar señalaba en su libro 'Corrupción y política: los costes de la democracia' cómo «los partidos ya no son representantes de la sociedad, o dedicados a defender unos intereses para sus electores, sino instituciones autónomas que protegen ante todo lo propio»...
Es una ironía de la historia que la verdadera herencia de Franco termina siendo una suerte de caudillismo con «unidad de poder» en los presidentes de gobierno: la Ley Electoral, el Reglamento del Congreso, la Ley de Partidos, la Ley General del Poder Judicial, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la ley que rige al Tribunal de Cuentas y otras más que siguen a continuación han deteriorado en tal modo las calidades para nuestra presente democracia.
La Ley Orgánica Electoral del 1985, elaborada por una nueva mayoría socialista, lo que hizo fue consolidar lo que desde 1977 hasta ese momento era un decreto-ley de la UCD: las elecciones se transforman en una suerte de plebiscito a nombre del líder bajo siglas de su partido. Una circunscripción provincial reduce al mínimo la representación de los ciudadanos, maximizando el poder del aparato partidista con su designación a candidatos en las listas cerradas y bloqueadas.
Hemos comprobado una cierta emersión de nuevos tipos del caciquismo mucho más caros (para los contribuyentes) a la hora de atender las clientelas con numerosos asistidos; y, lo que aun es peor, se ha ya establecido una carrera entre los partidos por oferta de subvenciones al electorado cuyo fin es pura y simplemente la compra de votos. En el siglo XIX y principios del XX parte del coste caciquil lo arrostraban particulares. Desde 1982, en España, el coste mucho mayor del neo-caciquismo se paga completo por los contribuyentes; mientras que se benefician elites políticas extractivas (nacionales, regionales y locales)...
La Constitución consagra una independencia del Poder Judicial pero el problema prácticamente reside ahora en que, desde su creación, el Consejo General para regirlo se ha parlamentarizado. Y salvo excepciones coyunturales, el partido político en el Gobierno del Estado controla una mayoría de los miembros del Consejo utilizada para (con cierta colaboración del principal en su oposición) ir -entre ambos dos- repartiéndose puestos relevantes de la Magistratura, en particular del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia. Es bien sabido por los magistrados y fiscales españoles que su acceso a las más altas responsabilidades judiciales exige adscripción con relevancia en alguna de las asociaciones de la Magistratura...
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de Rumasa en 1983 y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 fueron demostraciones del sometimiento de los tribunales a las dirigencias políticas gubernativas. Así pudo declarar el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra entonces lo del que «Montesquieu ha muerto». Y los 3 siguientes presidentes del Gobierno no han hecho nada por cambiar tal ley, ni la posición de dominio del partido mayoritario en el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
Los medios de comunicación han sido también fuertemente mediatizados por el Gobierno, siempre, pero desde la mayoría absoluta del 'Cambio' en el 1982 ha llegado hasta niveles impropios de una democracia la influencia del partido gubernamental: éste propone nombres al Consejo y elige director general para RTVE, empresa ruinosa donde las haya pues compite con televisiones y radios privadas gracias a dineral de contribuyentes, que aportamos más de 1.000.000.000 € (mil millones de euros) cada año.
Por supuesto, los medios públicos, con dependencia directa del Gobierno, han actuado de modo sistemático como propagandistas de acciones del Gobierno, de todos los gobiernos... Mas también los medios privados están sometidos a, no menos, procedimientos para mediatizarlos: el palo y la zanahoria...
Definitivamente, Moncloa impuso centralizar ya total de 'su' publicidad institucional y ahora pretende aprobar una nueva ley en la que incluso incorpora un control, desde su Secretaría de Estado para Comunicación, sobre contrataciones publicitarias de las empresas estatales en las cuales el Estado tiene más del 51% de propiedad. Se trata de los mayores anunciantes: Renfe, ADIF, Lotería Nacional, Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, Agencia EFE, TRAGSA, etcétera, etc.
Basta la mera sugerencia del Secretario de Estado a los directores de comunicación en las empresas del IBEX para que sus contratos de publicidad no lleguen a medios «non gratos». Una práctica que a la década de los años 80 se remonta y ha ejercido todo Secretario de Comunicación en La Moncloa. Hay testimonios directos de famosos periodistas vetados por las autoridades gubernativas para que no sean invitados a tertulias en TV o radios privadas. Y de manera similar con medios de comunicación inferiores (regionales, provinciales o locales) todo ello se reproduce.
También, y es muy eficaz, una promesa sobre nuevos canales televisivos o frecuencias de radio hace ser muy «comprensivos» a ciertos medios, desde 1982 hasta nuestros días. Sospechosamente, se inician concursos públicos para las nuevas adjudicaciones... ¡tan sólo el año anterior a cada convocatoria electoral! De modo que las empresas peticionarias concurrentes cuidan mucho la «calidad en su información», por no molestar al concesionario político nacional o regional. Y una vez que se conceden las nuevas licencias administrativas habrá otro reguero de agraviados, mas ya no les queda casi tiempo para reaccionar antes de las elecciones pasando facturas. Los ganadores pasan a ser muchas veces aliados permanentes del partido político amigo que les ha concedido mientras que no pierda otras elecciones posteriores; ocasión esa en la cual, empresas que controlan medios de comunicación proceden hábilmente a tener buenas relaciones con sus nuevas autoridades.
Otro penúltimo ejemplo de intervención gubernamental en un grupo de comunicación es la maniobra del Gobierno para inaugurar otra nueva TV digital en abierto: Sánchez cesó al presidente de una empresa importante empresa del IBEX (Telefónica Nacional de España), con publicidad -¡en La Moncloa!- entre presiones hacia los accionistas del grupo PRISA, para terminar alterando las mayorías accionariales hasta nombrarse un gestor afín que garantice continua parcialidad por 'El País' y la cadena radiofónica SER a su favor (tanto cuando retenga el gobierno como desde la oposición).
El modelo más acabado sobre cómo someterse los medios de comunicación al poder político es el que ha protagonizado CiU en Cataluña. Pero durante los últimos tiempos han surgido imitadores por otras zonas de España, que sin llegar a tanta eficacia goebbelsiana del difundir consignas 'únicas' como con el 'oasis informativo' de la Generalitat en Barcelona, han conseguido doblegar medios de comunicación tradicionalmente hostiles contra los partidos gubernamentales.
En 1982 el PSOE se encontró con la oportunidad para ocupar una enorme parte de las empresas públicas, tanto estatales como en ámbito territorial menor: algunas procedían de los antiguos monopolios creados por Primo de Rivera, como CAMPSA o Telefónica; y otras muchas eran sociedades mineras, agrícolas e industriales dependientes del INI o la banca pública, como el Banco Exterior de España, el Instituto de Crédito Industrial u otros.
Las vetustas cajas de ahorro, gestionadas por antiguas fundaciones y convenios municipales o provinciales, se resistían al desembarco masivo de los nuevos políticos... pero una 'colonización social' por poderes públicos en todos los ámbitos de nuestra vida civil se volvió el fenómeno general: algunas extensiones de las prácticas más viciosas (desde su nivel superior, estatal, hacia los ámbitos autonómicos y locales...) han ido produciendo este desmesurado incremento de presencia y poder para la 'clase política', voraz, en una realidad cada vez más extensa e intensa. La Ley de Cajas de Ahorro del 1985 posibilitó una ocupación de las Cajas por los partidos políticos aras de «la plena democratización para sus órganos rectores». Unas instituciones crediticias y sociales con más de 300 años a sus espaldas que habían superado la invasión de Napoleón, guerras carlistas del siglo XIX y la Guerra Civil de 1936 no han sobrevivido en 2015 a estos gestores (con alguna excepción, como Unicaja o La Caixa); ¡y gracias a esa «plena democratización» han desaparecido en medio de grandes escándalos por «preferentes», gastos suntuarios u otros «derivados» financieros.
La ley electoral; la circunscripción provincial; el reglamento del Congreso; una Justicia influida en los niveles que interesan a los dirigentes; financiaciones para los partidos políticos más que generosas y fuera de todo control; unos medios de comunicación en muchos casos cómplices o sometidos; una economía en parte regulada y con grandes empresarios más atentos a la política que al mercado; antiguas o nuevas empresas públicas; así como todos los nombramientos y leyes que se derivan de una mayoría parlamentaria en el Congreso de Diputados: ¿qué más quedaría para el poder omnímodo del líder? Sometimiento pleno de los dirigentes y militantes en su partido.
Tanto una primera Ley de Partidos Políticos desde 1978 como la nueva Ley Orgánica del año 2002 establecieron que «la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos». Pero como nunca se legisló qué considerar «democracia en los partidos» aquí sus dirigentes han estado dedicándose, durante las 4 últimas décadas, a reducir procedimientos del control y muchas veces hasta impedir elección democrática para el liderazgo...
Esa tendencia es ya general en todo partido. Hace 5 décadas los congresos de del PSOE aún eran bianuales; y medio siglo después han pasado a celebrarse cada cuatrienio, coincidiendo con el plazo constitucionalmente previsto para renovarse las elecciones de nuevas Legislaturas. En el caso de AP todo congreso del partido, durante los años 70, fue anual; mas ahora para el PP en teoría sólo debe ser cada 3 años. Y lo mismo puede decirse sobre las masivas Juntas Directivas del PP: tendrían que celebrarse cada 4 meses pero Mariano Rajoy esperó demorando -¡hasta 4 veces más [que lo preceptivo]!- su convocatoria, para una "máxima reunión periódica interna ordinaria" primera tal, 16 meses después del 'caso Bárcenas'.
También en el PSOE la configuración del Comité Federal está concebida, por su composición, de modo que controle lo menos posible al secretario general. La disposición de la Mesa de dirección, tanto en el citado Comité Federal como para las Juntas Directivas del PP, es cual otros precedentes del viejo Politburó soviético: arriba, en estrado, los que mandan; y abajo quienes deberán asentir aplaudiendo.
El deterioro en los mecanismos de control es clamoroso. El Comité Ejecutivo del PP se ha convertido desde mediados de los años 90 en un órgano de propaganda y comunicación más que para el debate o control previsto según sus estatutos. Y por si fuera poco, incluso el presidente puede reglamentariamente cesar a cualesquier miembros de dicho Ejecutivo sin dar explicación alguna.
El principal instrumento para dominio del presidente o líder en los partidos sobre sus militantes es al determinar candidatos incluidos por toda lista electoral, tanto a las Cortes como respecto concejales, alcaldías y gobiernos autónomos. Para el PP cada nuevo presidente ha venido siendo designado tradicionalmente por su anterior, cuando aquél salía (Fraga escogió al J. Mª Aznar que después eligió a Rajoy), con sonoros aplausos por los militantes y compromisarios votando «a la búlgara» un candidato único. Y desde su Congreso último en Valencia el año 2011, que variaba los estatutos del PP, además ostenta condición automática de candidato a la Presidencia del gobierno.
El PP se ha llevado ya 7 años sin convocar un Congreso, lo cual es un índice sobre las ausencias del debate o la renovación en el partido. Y hay dirigentes de primer nivel que llevan sin decaer desde 1990. ¿Cómo explicarse que una sociedad anónima sí esté obligada legalmente a convocar su junta general de accionistas, al menos una vez al año, y partidos políticos -que reciben decenas de millones desde contribuyentes- puedan seguir dejando pasar sin hacer ni un congreso todos esos años?
En 2017 Sánchez era elegido en primarias, pero tal elección plebiscitaria (que nunca se volvió a convocar) le ha permitido laminar cualquier oposición dentro del PSOE. Al inicio del 2025, ya colocó sus peones en las presidencias regionales, proponiendo para candidaturas oficiales hasta 6 de sus ministros; es el procedimiento del eliminar cualesquier atisbos de debate sobre las «excelencias» en la Secretaría General.
Y lo mismo se puede igualmente decir -por sólo poner otro ejemplo- de Vox, laminando cualquier sugerencia de primarias en su interior; o sobre la presidenta regional de Madrid en el PP, quien ha renovado todas las presidencias de distrito madrileñas, garantizándose lealtad al «gran elector» que su persona funge. Si bien cada partido debería ser correa de trasmisión desde la sociedad a su política, pero acá los caminos al revés van ahora: cooptación, elecciones desde arriba y ausencia del debate interior en absoluto.
El principal interés para cualquier presidente del PP o secretario general del PSOE es el control de su partido. Dominado éste, después ya en los grupos parlamentarios no puede moverse nadie. Si se gana, está la paz garantizada; y si se pierde, tal dominio del partido permite la permanencia, aunque los electorados hayan votado por lo contrario.
En el Estado de partidos la lucha política se libra secretamente, dentro del partidismo propio, mucho más que por debates abiertos de interés general ante la opinión pública. Una muestra de todo ello son las ausencias de políticos en debates por TV, lo cual es otra singularidad para nuestro sistema político comparado con los demás europeos; en España, parecería que los políticos de partidos mayoritarios prefiriesen alguna clandestinidad antes del exponernos las posiciones políticas y debates en público. Debido al reglamento del Congreso, el Parlamento decae con lecturas cansinas y cronometradas por los portavoces de sus grupos. Lo cierto es que un debate político que interese a la ciudadanía se ha trasladado a las tertulias de radio y TV; en sus debates unas inmensas mayorías de participantes están formadas ya por periodistas, algunos pocos independientes y otros meros «terminales», o sea portavoces no declarados de los partidos.
* * *
En 1975 el peso del Estado relativo al PIB (con que, meses después de morir Franco, arrancaría Suárez su 1ª presidencia del Gobierno) fue aún del 25%... González aumentó hasta 42,9% en 1996; Aznar luego nos redujo el gasto público al 38,8% del PIB en 2004. Parecería como si tal proyecto thatcheriano del «menos Estado y más sociedad civil» hubiera entrado en una 'senda virtuosa' (que hasta el ministro Miguel Sebastián -dizque socialista, con Zapatero- igual defendía: «Bajar impuestos, ¡es de izquierdas!»)... Mas no fue así: los gobiernos posteriores retomaron la invasión al conjunto de la economía española y en 2020 ya (cuando gobernó Sánchez con los últimos Presupuestos Generales del Estado elaborados por Rajoy, a los que desde su oposición antes había enfatizado otro "¡No es No!"...- prorrogados durante varios años), el gasto del Estado ascendió al 51% de todo nuestro PIB.
Cabe llamar la atención sobre un cambio sustancial que se ha operado para la sociedad española en el plazo de nuestros últimos 50 años. Aun sin posible nostalgia ninguna sobre la época superada gracias al gran acuerdo por la Transición en 1978, se trata de constatar cierta realidad: hace medio siglo la sociedad civil española era más viva e independiente, o activa, que durante la presente década tras del 2020.
Entonces, hace 5 décadas, los Colegios profesionales raro era el día que no se manifestaban en defensa del Derecho; y sus opiniones, sobre diversos aspectos de la vida política y cultural, estaban presentes entre los debates públicos. En 2023, la proposición de ley de Amnistía ha levantado una amplia oposición en el Consejo General de la abogacía y las Asociaciones de procuradores, jueces o fiscales; pero el Gobierno invariadamente puede hacer casos omisos.
La Universidad fue un ámbito de protestas o movilizaciones en favor de la libertad, y muchos de sus catedráticos tenían reconocimiento como prestigiosos maestros cuyas opiniones eran escuchabas con respeto. Mas ampliación desmesurada de las universidades, algunas poco más que sin alumnos pero plagadas de profesores vitalicios colocados por los políticos autonómicos, ha hecho decaer el prestigio de la institución. Ejemplos: el escándalo de los masters vendidos en la Universidad Juan Carlos I, más currículos falsos y doctorados regalados a políticos gobernantes varios o la dirección de alguna cátedra en la Universidad Complutense, por quien -acreditando cercanías con la presidencia del Gobierno- es carente de títulos universitarios preceptivos.
Las Reales Academias actuales están ahora por lo general ausentes del debate político nacional, cosa que no pasaba 50 años atrás; muchos políticos y periodistas viven tan separados de la sociedad que hablan un lenguaje nada compartible por los españoles; puede comprobarse cómo han desaparecido del panorama público español cualesquier intelectuales influyentes. Y rara vez se aprecian ya debates desde las tribunas de opinión en la prensa. Muchas entre las asociaciones o/y ONG's actuales representan más -tan solamente- subvencionados apéndices de algún partido político que una expresión espontánea de la sociedad. Desde hace años, abogados del estado y fiscales emergen como celosos defensores de los desmanes del político que manda en el gobierno, ya sea Rajoy o Sánchez.
Pregunta clave aquí sería: ¿por qué nuestra democracia terminó produciendo esta involución, con tal debilitamiento de la sociedad civil? Y una respuesta parece apuntar al que lo más reforzado durante la vigente democracia ha sido el poder del Estado: los presidentes de Gobierno, sobre todo, y el resto de las Administraciones han generado burocracias mastodónticas. Así pues, en España hoy lo que hay son demasiadas 'administraciones' y escasa capacidad política estatal protegiendo derechos a su ciudadanía; te vigilan y sancionan si sobrepasas en carretera la velocidad 10 km/h pero no hay un poder político efectivo para garantizarte ni derecho al que, por ejemplo, tus hijos estudien español en las escuelas de algunas Comunidades Autónomas.
El mejor instrumento para someterse toda la sociedad a los políticos burocráticos viene siendo su asfixiante 'regulación' (por ejemplo: el BOE para 31 de diciembre del 2020 tuvo la friolera de 2.835 págs. En ellas 775 desgranaban los Presupuestos Generales del Estado, más un ministerio desplegaba su resolución sobre Transportes de mercancías peligrosas por vías aéreas con otras 995 páginas... ¡si cualquier piloto tenía que hacer comprobación -real, y no sólo teórica o ficticiamente- cumplimientos de lo dispuesto con última disposición normativa, su aeronave tardaría horas en despegar!).
Y esta hiper-regulación crece año tras año: en 2024 se aprobaron o modificaron 1.253 normas que afectaban al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo: hasta 163% más que durante 2019, año anterior a la pandemia; eso supuso más de 3 normas -nuevas o modificadas- al día, tan sólo para el comercio. Lo cual es casi cómico: miles de burócratas regulando la venta de agua mineral o papel higiénico y el comerciante no conoce, ni se imaginaría, la enorme cantidad de reglas cambiantes que debe atender cada día
El joven temerario sin estudios conocido como "pequeño Nicolás", a base de relaciones e imposturas, llegó a protagonizar un episodio para la picaresca hispana en su camino del ascenso político y social durante gobierno de Rajoy. Con seguridad si no hubiera sido descubierto por un exceso de activismo, dicho "pequeño" bien pudo haberse colocado en algún algún importante puesto de responsabilidad política, llegando así «a reinar». El tal Nicolás tenía todas las «virtudes» que algunos políticos exigen a sus colaboradores: prodigar halagos, asistir y llevarse amigos a los actos de sus jefes, tomar selfis con famosos, utilizar las RR.SS. para exhibir sus relaciones políticas y sociales, etc. Por supuesto, ni una mención a un libro, ¡no, eso sería innecesario para trepar en el escalafón de cargos del partido! Y sobre todo, saber usar los codos por situarse de algún modo preferente "saliendo en las fotos" con los jefes. Uno entre los elementos más llamativos con respecto a nuestro sistema de partidos viene siendo su ínfima calidad de las 'clases políticas'...
Incluso, el incorporarse a la política está dejando de ser una opción apetecible para funcionarios en la Administración del Estado. Todos los presidentes con gobiernos de las CC.AA. del PP (salvo la única excepción, en Extremadura) proceden de sus juventudes partidistas, las 'Nuevas Generaciones'. De los políticos, tanto en una derecha como para otra izquierda, la mayoría tan sólo son profesionales de su respectiva organización y no han hecho ninguna cosa más que progresar desde las filas juveniles.
Dado que la política es consustancial a cualquier existencia del Estado, se infiere que más libre y próspera podrá ser toda sociedad organizada por una nación cuanto mejores sean sus políticos. En general, entre éstos mismos habría dos perfiles: el profesional, con vocación de permanencia y el coyuntural o transitorio. Son ambos necesarios. El vocacional acumula conocimientos y experiencias; el circunstancial aporta frescura (conoce las demandas reales en el entorno social del que procede), formación y experiencia profesional pero adolece de las complejas artes para supervivencia y triunfo entre luchas internas competitivas por puestos de responsabilidad sobre su organización partidaria; más expertos ahí son miembros de las juventudes del partido. En este sistema español actual, dentro de cada formación política, no hay competencia por ningún refrendo del electorado. La vigente ley electoral determina cómo el único favor que se precisa ganar es el de algún presidente o secretario general partidista, y no en cambio por los electores. Lo cual supone anomalía notoria comparando regímenes democráticos de nuestro entorno.
En este siglo XXI, a diferencia de aquellos años del parlamentarismo cuando un buen discurso -según se decía- podría derribar algún gobierno, asistimos a cierta depreciación y desconsideración de los «políticos». Sin duda toda generalización, juzgándolos por el mismo rasero no discriminado, es injusta (e interesada, pues en su desprestigio suelen haber intentos para una sustitución no democrática de los vigentes por otros: así ocurrió con el caso clarísimo del régimen dictatorial de Primo de Rivera, que se fundamentó por ataque a los políticos de la Restauración para colocar digitalmente a sus amigos y correligionarios); pero desde nuestro sistema político democrático parece que no se generan mecanismos de selección adecuados para -mínima mente- acercarnos a la calidad de los líderes europeos paralelos.
El modelo español para elegirse sus elites políticas es grave anormalidad dentro del panorama de la Unión Europea. Y nada sugiere que haya siquiera conciencia sobre la gravedad que supone entregar cuantiosos recursos o responsabilidades a políticos profesionales procedentes de algunas juventudes de los partidos, cuyas únicas experiencias han sido entre adulación hacia jefes y conspiración contra sus pares. Nos encontramos en una suerte de círculo infernal por el cual los líderes prefieren sumisos alevines y éstos, por su parte, sólo se van a preocupar del proseguir cortocircuitando cualesquier posibilidades de renovación mediante férreas defensas absolutas de tal statu quo.
Para el Reino Unido, EE.UU. y otras democracias más avanzadas, en cambio, los distritos electorales uninominales determinan apego, vinculación de los políticos a sus electorados y alguna mejor criba precedente al llegar hasta candidato [sin mediar como definitiva razón última el «dedo divino» de Rajoy, un «cuaderno azul» de Aznar ni las «primarias» falseadas o inexistentes de Sánchez]; en Francia el filtro desde la experiencia siendo alcaldes de grandes ciudades permite aspiración política de mayor envergadura y, por si fuera poco, una elitista École Nationale d'Administration (ENA) impide que alguien sin saber qué cosa sea el acido acetilsalicílico llegue a ministra de Sanidad.
Isabel Durán hizo un retrato del "Z[apatero] P[residente]", por el año 2006, que se contrapone a los rasgos foráneos de mejor preparación ya señalados antes pero es modélica para demasiados casos: «Tiene una enorme, fantástica, capacidad de adaptaciones. Primero fue de Alfonso Guerra, después de González, más tarde hablaba bien sobre Borrell; pero se pasó con armas y bagajes a su contrincante, Almunia. O sea, donde pueda estar el poder, allí no faltará él...».
La corrupción política en España es un síntoma. Su enfermedad estaría en el cesarismo interno de los partidos y una deficiente representación política, que posibilitan concentración del poder con ausencia de controles. Por el año 2017 había ya más de 1.000 políticos imputados en casos de corrupción y, según sondeo demoscópico del CIS, después del paro, la corrupción era el problema más preocupante para los españoles. Pero en sondeos del 2024, el nº 2 entre todas las respuestas de preocupación pasaron a ser «los problemas políticos», cajón de sastre donde también cabe la corrupción, que ha proseguido incrementándose cada vez más. Ni las denuncias en medios de comunicación ni acciones de la justicia son capaces de frenar ese reguero de casos que deteriora nuestro sistema democrático globalmente.
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En el estallido de los diversos escándalos por corrupción durante las décadas del presidente González, se producían dimisiones o ceses de inmediato. Mas después del 2011 se da otro nuevo paradigma: el poder sirve para mantenerse sin asumir responsabilidades presidenciales, [Rajoy o/y Sánchez] han utilizado aparatos del Estado contra sus enemigos o posibles denunciadores, para borrar huellas del delito, usando recursos institucionales.
La malversación es el delito cometido por autoridades y funcionarios que sustraen, o consienten a un tercero sustraer, tanto caudales como efectos públicos tenidos a su cargo. Pues bien, un gobierno del último presidente socialista ha legislado que si dicha malversación "no se hizo con ánimo de lucro personal"... entonces tampoco es delictiva. ¡Para funcionarios o políticos corruptos, nada más fácil, pues, que tal... hacer enriquecerse a terceros y «cobrar por fuera» el favor!
El volumen inmenso del presupuesto nacional se ha convertido en una invitación al despilfarrarse o tentación del aprovechar «oportunidades». De
La reiteración con casos de corrupción desde los años iniciales del felipismo en 1982, pasando por todos y cada uno de los gobiernos del PP o el PSOE así como de otras autoridades tanto regionales (Convergencia i Unió, PNV) cuanto municipales, sugiere que se trataría de algún mal extendido sistémico; y requerirá una reflexión también -seria mente...- sistemática, yéndose más allá de tantos casos concretos conocidos, a reprimir.
Por mucho que la corrupción perjudique al partido mayoritario en la opinión pública y con el resultado electoral, sus líderes -los 5 presidentes del Gobierno desde 1982- no han sido jamás capaces para erradicarla. O quizás, aunque quisieran, no pueden; porque su presidencialismo -en el Estado de partidos que han creado, donde la división de poderes brilla por su ausencia- genera posibilidades amplias para enriquecimientos fuera de todo control. Y hasta la fecha ninguno se ha visto obligado a reducir sus amplísimas atribuciones ni han tenido voluntad alguna, tampoco, de rectificación.
Cuando en 1994 un editorialista en 'El País' y gurú tolstoyano de la izquierda política española [Javier Pradera] escribió su antes citada espléndida obra -"Corrupción y política..." (solamente publicada el año 2013 post mortem, tal como célebres 'Memorias' de Chateaubriand, quizá para sentirse más libre sin recibir las quejas de sus numerosos amigos), ya retrataba todos y cada uno de los elementos que gravitaron sobre aquel fenómeno por el autor percibido como insufribles "costes para la democracia" inaugurada desde 1977. Lo fundamental según él era que «los partidos ya no son representantes de la sociedad y dedicados a defender los intereses de su electorado, sino instituciones autónomas que protegen ante todo sus propios intereses».
Su diagnóstico básico acerca de lo que nos acontecería después, ad nauseam, se ha cumplido y ampliado. Él insistió sobre que un problema medular residía en cuánto la centralidad política del Parlamento «ha sido desplazada por los partidos, como sede para toma de las decisiones relacionadas con el poder». El presidente del Gobierno tiene capacidad para designar a los miembros de nuestros principales órganos constitucionales: los Tribunales [de Cuentas y el Constitucional]; el Defensor del Pueblo; los Consejos [General del Poder Judicial, de Universidades, de Seguridad Nuclear y RTVE]... Asimismo «este poder de los partidos se ha extendido en similar o superior grado desde los centros del Estado hacia más abajo, por sus ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas»...
Si bien la Constitución establece claramente cierta división de poderes e idealiza el papel de los partidos, como canalizadores para una participación ciudadana, lo cierto es que aquí el presidente del partido que gobierne acumula y concentra un poder definitivo sobre todos... Por decisión de los presidentes del Gobierno, desde 1982 el Parlamento no controla ya más a nuestro Gobierno; sino que todo control es en el sentido contrario (e incumpliendo básico mandato expreso de la Constitución, esta última década nuestro Parlamento ha llegado al extremo incluso del pasar sin discutir, enmendar y aprobar unos PP.GG.E anuales ante cada nuevo ejercicio; en su defecto tan solamente [durante los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025, 2026... y 2027 según desde ahora mismo está ya previsto] la vigencia de otras cuentas con los Presupuestos Generales del Estado elaborados para periodos anteriores ha sido prorrogada por el Gobierno, mediante Decreto, caso a caso). De ahí se deriva el resto de la concentración del poder. Y si a ello le sumamos la hegemonía gubernativa sobre Poder Judicial y Tribunal Constitucional queda un muy defectuoso sistema democrático.
En la ciudadanía se votan siglas porque no hay personalización de los "representantes"... Y si la prerrogativa del elaborar las listas continúa en la dirigencia de cada partido llegamos hasta el extremo actual del titularse a un senador o diputado por aquel partido al cual, en lugar de a su circunscripción electoral, se debe (mientras que según la tradición parlamentaria española antes del 1931, así como con las monarquías parlamentarias europeas, el diputado lo es por su distrito; es decir, de los electores que le hayan elegido)...
El grito «¡NO NOS REPRESENTAN!», del "Movimiento 15.M" de 2011, reflejaba una realidad mucho más generalizada y transversal en la sociedad española de lo que interpretaron las direcciones de su clase política ya instalada. La ley electoral requiere su debate para una solución. Y aun cuando ésta pudiere resultar compleja, no es en absoluto de recibo que hasta un 85% de los españoles quedemos todavía sometidos por otro 15% -apenas- de nacionalistas periféricos, tan abiertamente desleales ya con la Constitución.
El consenso del PSOE con una tambaleante y endeudada UCD diseñó un sistema para la onerosa financiación pública de Partidos a costa de todos los contribuyentes que no tiene parangón en ninguna democracia occidental ni ha dejado de incrementarse desde 1978, alcanzando los 60 millones de euros al año. A todo lo cual hay que añadir cuantiosas subvenciones que reciben los grupos parlamentarios de las Cortes y parlamentos regionales así como municipales en ayuntamientos; pero además las campañas electorales tienen otra financiación pública extraordinaria.
E igualmente perversa ha sido la práctica en concesión de indultos a políticos con condena firme por corrupción, o los hasta casi 10.000 aforamientos [tan inverosímiles entre nuestro entorno UE] que constituyen una suerte de protección y sentimiento de impunidad para muchos implicados en casos delictivos al respecto. Se impone, pues, acabar con ello reduciendo drásticamente tantísimas "inmunidades".
La vigente ausencia de democracia interior en los partidos es clave para el tema de la corrupción; padecemos una suerte de «centralismo leninista» en las organizaciones que hace muy difícil el control interno sobre sus dirigentes. Mas otro modelo bien contrario podría ser el dado por Angela Merkel: conocedora de una financiación electoral ilícita del Canciller Kohl no le tembló la mano en su denuncia y con ello se pudo encaramar a lo alto de la CDU alemana... Aunque hasta hoy eso resultaría impensable en esta España: nadie denuncia nada dentro del propio partidismo, y todo se tapa en aras de la carrera secreta dentro por puestos de responsabilidad, a fin de situarse lo mejor posible ante alguna sucesión del líder.
Ya sea por Ley Electoral o debido al poso de las fuertes tradiciones caudillistas (con Primo de Rivera y Franco...), el hecho es que nuestros partidos tienden hoy a una personalización en sucesivos liderazgos fuertes; felipismo, aznarismo sanchismo. Es muy llamativo el cómo aquellos recientemente surgidos, después de la decadencia en los más tradicionales, también demostraron análogos componentes personalistas (en torno a Rosa Díez, Albert Rivera, Santiago Abascal o Pablo Iglesias)... Y otra paradoja entre las dirigencias de dichos nuevos grupos políticos es que ninguno hizo propuesta (salvo acaso Ciudadanos, cuando se negó por lo menos al participar en algún reparto sobre los vocales para el Consejo General del Poder Judicial) a fin de reformar fallos principales de funcionamiento democrático.
Se vuelve ironía de la Historia que al final quien haya marcado premonitoriamente con más exactitud la situación fuera Gonzalo Fernández de la Mora, ideólogo de Leyes Fundamentales franquistas: «Creo que los pueblos no han gobernado nunca. Y tampoco lo harán jamás... Sólo hay una forma institucional, la oligarquía renovada por cooptación. Lo que en esta edad contemporánea se denomina democracia es aquel sistema en que 2 ó más oligarquías aspirantes recurren -cada 3 ó más años- a votaciones censitarias o relativamente universales para que, sólo entre sus manipulaciones publicitarias, se resuelva quiénes van a detentar el poder».
La estabilidad partidista en España se ha reforzado por fin de tal manera que resulta prácticamente imposible ni tan siquiera plantearse una cuestión de confianza para el Congreso, ¡pues el iniciarla es una "competencia exclusiva" del Gobierno! En 1982 fue aprobado un Reglamento del Congreso crucial con intención de proteger al presidente del Gobierno, favoreciendo su poder ejecutivo, sobre toda otra capacidad para control o debate por el Parlamento (que se mantiene vigente todavía). Una dirección sobre cada grupo parlamentario es nombrada por la del partido: no convino que los diputados eligieren al portavoz o a miembros de su mesa, como habría ocurrido en la UCD hasta entonces... Y después todos los partidos, empezando por Alianza Popular, han tenido buen cuidado en que los nombramientos de portavocías fueran hechos mediante alguna cooptación desde arriba; tan solo intervienen ellos, y se limitan a leer su discurso, cualquiera que sea la naturaleza del debate.
Su resultado ha sido, desde aquel inicio, controlar el uso de la palabra reduciéndose todo papel a los diputados rasos; pese al que, según una tradición parlamentaria española desde 1812 hasta 1936, completamente olvidada después de 40 años con Dictadura, los representantes por distritos tenían en cada Pleno capacidades de iniciativa e intervención libres y directas. Pero ni PP ni PSOE han querido reformar ese vigente Reglamento porque facilita preponderancia del Ejecutivo frente a las Cámaras parlamentarias y es un instrumento para el dominio del grupo sobre sus respectivos diputados. Los partidos nacionalistas, por su parte, enmendaron sólo para introducir una cooficialidad in situ con sus respectivas lenguas propias. Y por fin, el último rasgo terminando de hacernos este presidencialismo nacional aun más insufrible viene por otro hecho añadido del que todos sus defectos caudillistas van exportándose reproducidos hasta el resto de comunidades autónomas, diputaciones o municipios...
Desde inicios del siglo XXI todo concepto de responsabilidad política brilla por su ausencia, tanto con PSOE como para el rival PP. En marzo de 2004 (por únicamente aludirse tan sólo al más dramático y sangrante de otros varios episodios reseñables gravísimos como las víctimas durante los estados de Alarma por la pandemia, las riadas por Gota fría en Valencia, el descarrilamiento del Ave de Adamuz, las parálisis circulatorias en Madrid tras del temporal Filomena, el prolongado apagón total en la Red Eléctrica nacional, etcétera) unos atentados a trenes cercanías de Madrid produjeron 200 muertos y 2.000 heridos, lo propio habría sido unas dimisiones inmediatas del ministro de Interior junto con sus Jefes en el Servicio para Inteligencia (CNI); pero ni dimitieron ni fueron cesados.
El día 1 de agosto de 2013 en un pleno del Congreso para tratarse del "caso Bárcenas", todo el grupo parlamentario del PP cerró filas con Rajoy, quien a la sazón lo habría nombrado tesorero nacional; llovía sobre mojado después del "caso Gürtel", tan próximo a su responsabilidad como director de las campañas electorales. Pero en el partido no hubo tampoco entonces ni un solo diputado pidiendo responsabilidades internas o tan siquiera sugiriendo alguna dimisión. Y otro tanto puede afirmarse del PSOE: la responsable de la «Ley del sí es sí», que produjo efectos contrarios a lo pretendido, se mantenía con su responsabilidad en el Gobierno como si nunca hubiera pasado nada; o la designación de un n°2 del partido y en el ejecutivo, Sr. Ábalos, no pasa facturas al líder que lo había nombrado y mantuvo como diputado.
Muy últimamente, debido a la desinhibición y debilidades políticas de nuestro último primer ministro hasta hoy, por fin la opinión pública se ha percatado sobre los defectos y ausencia de límites para el poder: un presidente del Gobierno puede retorcer las leyes, promulgar normas -como la de Amnistía- que le faciliten mayoría parlamentara o someter la Constitución a su antojo gracias al nombramiento del presidente más la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional; por ello contamos con una justicia paralela que se permite anularle al Supremo sentencias firmes (una muestra más de fraude institucional, pues aquél nunca se ha concebido como un Tribunal de Casación respecto a lo sentenciado por el segundo).
Y otra clara expresión respecto a la vocación caudillista de Moncloa es el hecho del que un solo ministro acumule hasta tres carteras (de Justicia, Presidencia del Gobierno y Relaciones con las Cortes); ¡difícilmente se podría expresar mejor tal concentración -«de [la unidad del] poder» en Moncloa- sobre todo el conjunto de nuestro actual sistema político!
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Según hace un año concluía el reputado académico Félix de Azúa, «a estas alturas es sensato decir que ya no hay partido político [...] en España, sino sólo alguna organización mafiosa dedicándose al desprestigio de la democracia en el beneficio personal del caudillo, parasitante bajo las siglas de un partido histórico [...]. Es decir, que ya en una real Autocracia S.A estamos.»
La experiencia desde 1982 es que todos los sucesivos presidentes de Gobierno han mantenido, cuando no ampliado, los crecientes ámbitos de poder del antecesor... Y si esto ha sido así, hasta hoy, cabe preguntarnos: ¿el próximo presidente de Gobierno procederá, por primera vez, a perder voluntariamente cuotas del poder o también se limitará igualmente al, sólo, sustituir algunos nombramientos con otros para más adeptos?
. (Guillermo Gortázar: "El cesarismo presidencial. La irresistible atracción del poder absoluto", edit. Renacimiento, 2025)
P.S.- Nota final tras de la transcripción
Ya en 1995 nos advirtió el bueno de José Ramón Recalde ('Crisis y descomposición de la política') que la Corrupción no debe ser vista únicamente como un 'vicio ético' de algunos individuos determinados, tan sólo; sino que habrá de ser considerada “en su sentido más propio y derivado de una descomposición biológica”, o sea, como eventual “proceso degenerativo” de los instrumentos e instituciones precisas fundamentales para la democracia...
Y al margen de cualesquier otras consideraciones particulares de carácter más discutible u opinativo también contenidas en el texto aquí anteriormente reseñado [desde citas literales, entresacadas, que sólo resumían ciertas partes], lo nuclear con sus vivisecciones detalladas para diagnosticar nuestro estado de la nación destaca por unas inéditas dosis de claridad rigurosa desentrañándolo sustancialmente.
Con su singular autor -Guillermo Gortazar- no habíamos vuelto a coincidir desde militancias clandestinas, contra vieja Dictadura, hace más de medio siglo salvo por las noticias mantenidas a través del buen amigo común Ramón Saldaña Yrazusta que apareció ahora reflejado entre listados en los Agradecimientos de ayudas para el libro; mas respecto a su bonhomía, proverbial, cabe finalmente añadir dos apuntes.
· En primer lugar sorprende quizás que, habiéndose repasado minuciosamente tantos actores o intervinientes en la 'deriva' presente, ni se nos menciona para nada un papel -clave- de sindicatos: ¡ninguno! Sin duda la piedad demasiado generosa del cronista prefiere obviar recuento sobre cómo y cuánto se prodigó tanta "unión sindical" apesebrada, por sucesivos gobiernos, para cobrarse interesadamente su muy traidora complicidad en los ninguneos de las gentes trabajadoras cada vez más precarizadas...
· Y por último, en cuanto a esa pregunta conclusiva de la obra sobre qué se podría suponer estará dispuesto a enmendar un futuro Presidente del Gobierno asimismo súrgenos añadirle su correlato lógico, nunca menos decisorio para todo el asunto. ¿Continuaremos todavía con estas mismísimas "tolerancias" {"pastueñas mentes lanares", Anguita dixit...} siempre como sociedad civil requetepasiva frente a cuanto puedan seguir decidiendo las elites desde nuestras dizque "clases políticas nacionales" [que les conviniese, o no]...? ¿De verdad, serán inevitables nuestras condenas para un insistir -perpetuo- en mansos "¡Vivan las caenas!", tan sólo mesmerizados por cuáles pinten los diferentes colorines del collar presidencial de turno con el que irían a seguir haciéndonos iguales perrerías?
[Cuando durante años en torno a la Transición planteábamos cuestiones colectivas pendientes para nuestro país, a nadie que no estuviera chocho se le ocurría partir rememorándonos las consecuencias derivadas por 'el desastre del 1898' con 'los últimos de Filipinas' o todo 'lo que se perdió en Cuba', pues eran batallas ya pasadas tres cuartos de siglo antes... Y tampoco ahora nos valdría para nada más -como válidos programas 'democráticos', ni progresista ni liberal- seguir desempolvando aún los antagonismos entre las trincheras de aquellas "2 españas" enfrentadas tan cainitamente, que hace hoy 9 décadas ya se denotaron.
Por ello deberíamos rechazar toda -supuesta- "corrección política" del seguir (andándonos en las ramas y cogiendo los rábanos por sus hojitas, para debatir sobre chocolates del loro, discutiendo sólo que si GALgos o PPodencos...) toreados hacia t@nto capotazo del aburricie partidista estupefaciente, que nos pretende fidelizar con acríticas adhesiones inquebrantables a sus "Redes, Cadenas y nichos" dicotómicos (burdamente simplificados hasta unas meras fes carpetovetónicas del carbonero, demonizando cualquier libre disentirse relativo a "divina palabrería" de unos principios inapelables -"republicanos, antifascistas, verdes, feministas, inclusivos & etc."- pero sin repercusión práctica) en vez del acometer concretas reformas estructurales urgentes...]
