Aquí el Poder Público nunca contesta, nunca se corrige y rara vez rinde cuentas a los españoles: se comporta sólo como 'Autoridades', ¡no como 'Servidor@s Públic@s'...!
Lo acaba de sintetizar, Carlos Conde Solares en 'El Español', y muy clara mente como en sus anteriores manifestaciones:
"España encabeza, con diferencia y de forma absolutamente desproporcionada con respecto a su población, el número de peticiones presentadas ante las instituciones europeas por vulneraciones al Estado de Derecho percibidas; los datos del Parlamento Europeo son demoledores. Los ciudadanos españoles presentan hasta 5 veces más protestas que los franceses, 3 veces más que los italianos y aún muchas más que los alemanes, que nos doblan en población.
Las quejas están denunciando todo tipo de abusos por parte de un poder público no ya distante, sino directamente inalcanzable.
En España se vulneran, de manera cotidiana, los derechos lingüísticos consagrados en la Constitución y ratificados por los tribunales, mientras instituciones presumen de tal desacato. Tenemos hasta ciertas estructuras fundamentales del Estado que operan al margen de resoluciones firmes del mismo Tribunal Supremo.
Pero no es que seamos ninguna raza dada especialmente a las quejas o a la exageración. En general, el español suele ser estoico, senequista y católico (se conforma con poco). Ni tampoco es que creamos, como el Ortega y Gasset más acomplejado, que sea el problema España con Europa como solución... La realidad es bastante peor: los españoles acudimos directamente a Europa no porque sigamos siendo los entusiastas europeístas de los años 1990... sino porque en la propia España, aquí ya, "no hay nadie al teléfono".
El poder público nunca contesta; nunca se corrige; rara vez nos rinde cuentas. Y si lo hace, se le adivina esa displicencia de quien aún autoridad, antes que servidor público, se considera. En primera persona lo comprobé durante mi etapa al frente de esa quijotada académica y patriótica que viene siendo el 'Foro de Profesores': escribir a las instituciones españolas para defender lo obvio era, sencillamente, perder el tiempo. Redactamos cartas, elaboramos informes de expertos, enviamos solicitudes formales firmadas por cientos y recibimos siempre como respuesta "el silencio de Dios".
No ese silencio que invite a las íntimas reflexiones, como ejercicio de la esperanza y la fe, sino aquel otro silencio de quienes a ciudadan@s miran por encima del hombro burocrático e insalvable. Como mayor concesión, coincidiendo casi siempre con procesos electorales, se nos remitió alguna respuesta formalmente cordial alegando problemas crónicos e irresolubles de agenda; ni mañana, ni la semana, ni el mes, ni el año, ni el siglo que vienen: nunca.
Ni una interlocución ni responsabilidad o consecuencia; silencio. Sólo el ruido lejano de una pesada maquinaria y alguna música de ascensor: "Su llamada es importante para nosotros". En dicho contexto, pasar directamente a Europa es un salto lógico. Nosotros mismos terminamos haciéndolo: las instituciones europeas siempre respondían, aunque fuera para remitirnos a la soberanía española de vuelta.
En alguna ocasión, los ayudantes de algún Comisario llegaron a dejarnos entrever su simpatía por las causas propias de la "sociedad civil" que se le planteaban desde España. Lo hacían con ese cuidadoso lenguaje bruselense que a nada les compromete pero sirve, cuando menos, para escuchado sí sentirte. Hay alguien allá en Bélgica que sabe de tus plegarias.
Se acude, por fin, a Bruselas como quien recurre desesperado a un último árbitro neutral, sabiendo a ciencia cierta ya cómo los partidos domésticos están muy bien amañados por el estructural Negreirato de la política patria.
¿Desde cuándo aceptamos que el poder, cuya legitimidad emana del ciudadano, se permita ignorar a los depositarios de su autoridad? En España, el problema de fondo no es tanto el abuso como su falta de consecuencias: desde aquel inspector de Hacienda que pierde un juicio en el Supremo pero no tiene que devolver el bonus que cobró por arruinar a unos ciudadanos, hasta el club de fútbol que le pagó al vicepresidente arbitral durante décadas y sigue compitiendo como si nada.
Nadie responde, nadie corrige, nadie paga. Y dad las gracias, por cierto, a quien, siendo "la mujer más poderosa de la historia...", se rebaja a volver al pueblo para tratar con "cazurros" (¡como acaban de comunicarnos!)... Si esa es la actitud del poder español, ¿cómo no vamos a ir a Europa?
En estas condiciones, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y ya no espera justicia. Se resigna, simplemente, a que le dejen vivir medio en paz, querencia natural del español. En anterior artículo [del 19 de Marzo pasado] se analizó {*} el estímulo de los incentivos perversos: expedientes con sanciones y castigos incentivados van conformando un Estado punitivo que se ceba en el débil porque sabe que puede ignorar sus lamentos, por legítimos que sean.
Ese modelo se sostiene sobre la impunidad funcional de quien lo ejerce sin consecuencias, negándote el saludo y la palabra mientras te obliga al cumplir con "tus deberes" a ti. En España ya, el poder aspira abiertamente a actuar sin controles efectivos. Europa funciona como válvula de escape, aunque nos recuerda, como aquellas campañas de Tráfico, que "no podemos conducir por ti".
Mas no es que sea Europa más eficaz, más justa o más democrática: esa ilusión también se nos esfumó. Es que, al menos, Europa conserva las formas y usos que se obvian ya en España. Con Europa existe la posibilidad, por remota que sea, de que alguien escuche o examine y conteste... aunque sea para sólo recordar que no pueden salvarnos de nosotros mismos.
Lo preocupante, entonces, no es que haya muchas quejas (esto esperanzador es, de hecho). Lo peor es cómo somos un país en donde sistemáticamente se necesita el acudir a instancias exteriores por paliar y validar nuestras propias disfunciones.
Se trata de un problema que va más allá de lo político adentrándose hasta en lo cultural. Las democracias no suelen desaparecer de golpe, sino que se limitan a desplazar progresivamente los mecanismos de poder hacia espacios donde ya no es necesario justificar, explicar ni rectificar.
El fin de la historia no era la democracia liberal, sino este lugar donde los Decretos dejan de ser una excepción para convertírsenos en herramienta cotidiana; y donde ya no hacen falta Presupuestos para gobernar a pierna suelta. Donde algunos, en definitiva, pueden hacer de su capa un sayo sin rendir cuentas ante la ciudadanía."
('La España donde nadie responde por nada', C. Conde, 20/04/2026)
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"Pedro Sánchez quiere encontrar un filón movilizador en su enfrentamiento, esencialmente retórico, con Donald Trump en torno a las bases militares, la guerra en Irán y el gasto en defensa. Sánchez y Trump representan dos perfiles aparentemente antagónicos, pero comparten algo más profundo: una intuición similar sobre el ejercicio del poder en democracias desgastadas.
Esta coincidencia se entiende mejor a la luz de una historia recogida hace unos días por The Guardian: la de Karen Newton, turista británica de 65 años con visado y sin antecedentes penales, que pasó seis semanas retenida en un centro de detención del temido 'Immigration and Customs Enforcement' (ICE) de los Estados Unidos.
Junto a su marido Bill, de 66 años, estaba cumpliendo el sueño de recorrer la costa oeste americana, desde California hasta Canadá. Al intentar cruzar la frontera, un problema con los papeles del coche les obligó a regresar a territorio estadounidense: para entonces, el visado de Bill había caducado. Sin haber cometido otra infracción, ni en este viaje ni durante el resto de sus vidas, a los recién jubilados les esperaban 6 semanas durmiendo en el suelo de un calabozo, esposados y encadenados.
Durante ese tiempo, según su relato, los guardias les explicaron que los agentes de ICE recibían sustanciales premios económicos por cada persona detenida. Aunque el ICE niega oficialmente que sus agentes reciban un bonus directo e individual por cada arresto, parece evidente por su desempeño que sus prioridades poco tienen que ver con la amabilidad en el trato al ciudadano.
Lo más interesante de esta historia es el mecanismo de incentivo. En España conocemos de primera mano los rigores de una burocracia coercitiva que recibe premios por sancionar a ciudadanos inermes. Se trata de una forma de poder más eficaz y discreta que el autoritarismo clásico: llamémosle Estado Punitivo Incentivado.
Para alcanzar tal mutación, los gobiernos no necesitan aparatosos decretos, ni siquiera reformas constitucionales. Se imponen con la fuerza de los hechos, engrasados por la discreta alteración de premios, castigos e intereses. Cuando una carrera profesional depende de cuántos expedientes se abren, de cuántas sanciones se imponen o de cuántos incautos se detienen, el aparato del Estado empieza a responder a estímulos creados por objetivos cuantitativos. Alimentado además por algoritmos, y por la vigilancia incansable de la IA, se vuelca naturalmente en las presas más fáciles, con lógica depredadora.
Por esas gateras se cuelan cada vez más monstruos. Así, en la Agencia Tributaria llevan décadas funcionando bonificaciones vinculadas a procedimientos abiertos y dinero recaudado. El resultado lo conocen miles de pequeños empresarios, autónomos y trabajadores, generalmente humildes: incautaciones preventivas, procesos interminables, arbitrarios, kafkianos, imposibles. Estamos ante una relación profundamente asimétrica entre administración y administrado.
Mientras este deterioro se va produciendo, las instituciones democráticas siguen aparentemente intactas: mal que bien, tribunales y agencias gubernamentales continúan ejerciendo sus funciones. Las democracias no necesitan, al menos de momento, encarcelar disidentes y cerrar periódicos para imponer la disciplina mediante el miedo. Pero en la práctica se va envenenando la relación entre el ciudadano y la autoridad. Este fenómeno recuerda a lo que el jurista alemán Ernst Fraenkel llamó un "Estado dual", bajo el que conviven un Estado normativo y otro discrecional.
En el primero, las normas siguen en vigor, las instituciones funcionan, y la ley prevalece. En el segundo, el gobierno se reserva el ejercicio arbitrario del poder sin contrapesos democráticos, bien mediante la captura partidista de estos mecanismos (un bien transferible entre administraciones cuando hay cambios de gobierno), bien mediante usos de incentivos perversos. España ofrece, día a día, inquietantes ejemplos de tales dinámicas.
Hace unos días hemos visto cómo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que venía funcionando de forma ejemplar, ha sido la última víctima de una depredación voraz que comenzó por el CIS, siguió por la Fiscalía, y amenaza con extenderse por toda la administración. La presidenta saliente, Cristina Herrero, mantuvo un perfil rigurosamente técnico, emitiendo informes incómodos para el ejecutivo. La sustituye, como se temía, una alta funcionaria del propio Ministerio de Hacienda que, según diversas informaciones, habría afirmado en reuniones internas que "en caso de duda vale la opinión del Ministerio".
Entre sus funciones, por cierto, estará la de evaluar, de manera "independiente", su propio trabajo en torno a la fiscalidad a la carta para Cataluña. La institución permanece como sombra platónica de la idea inicial. Tampoco conviene suprimir los organismos independientes: es mejor convertirlos en agencias de colocación de entusiastas y obedientes.
Esta deriva no es exclusiva de una ideología, sino que va permeando la práctica totalidad de las democracias otrora liberales. Se ve tanto en gobiernos de derecha estatista e identitaria que hacen bandera de la antiinmigración como en los epígonos del progresismo de principios de siglo, entre los que sobrevive el anacrónico Gobierno español, apoyado en todo tipo de fuerzas disgregadoras e igual de obscenamente identitarias. Gobiernos de distinto pelaje practican una forma de control expansivo que no depende tanto de las leyes y las mayorías como de los hechos consumados mediante incentivos y desincentivos. Proceden además al sometimiento estratégico de las instituciones, cuando no a su vaciado.
Cuando se premian comportamientos hostiles al ciudadano de a pie, el Estado discrecional se expande mientras mengua el normativo. La democracia decae. El poder real va abandonando su vocación de servicio para servirse solo a sí mismo. Es la lógica del Estado dual: aunque la ley siga existiendo, el poder está aprendiendo a esquivarla o desvirtuarla. La Constitución y la Justicia sobreviven, sobre todo porque legitiman, pero cada vez tienen menos poder para evitar que un ciudadano inocente termine esposado y encadenado en una celda."
('¿Sigue siendo España realmente un Estado de derecho?', C. Conde, 19/03/2026)
Y 'CERO' A LA IZQUIERDA ...
