viernes, 24 de agosto de 2018

El 'agujero' en España por la Obra pública (con 'aproximacion a las geografias del Despilfarro')


No se trataría sólo del último "socavón" en Paseo marítimo vigués, temerario, u otras citas a (lejana) Italia por reciente crimen masivo con un Viaducto sin mantener. Ni hablamos de soflama partidista indocumentable, o sobre más 'chocolate del loro' reconcentrado -única mente...- hacia minuciosos ridicula vitae para "la Casta", omnipresente; no.


  
Aquí se trata cierto tema -que determina recortes, dizque "irremediables", a Pensiones y más (224 víctimas en el siniestro del tren AV de Angrois lanzado a 191 km/h sin la debida seguridad, más las 90 del Metro valenciano, entre otros ejemplos)...- desde solventes análisis nada baladís, publicados con todas las garantías académicas, como bien lo glosa este claro artículo por un ex Interventor General del Estado:
 

  
"La prensa se ha hecho eco recientemente de dos informes que, aunque diferentes, tienen un punto en común, el despilfarro en obras públicas. El primero ha sido elaborado por la 'Asociación española de geógrafos' y estudia el grado de ineficacia en el que han estado incurriendo las distintas administraciones públicas con obras acometidas durante 2 últimas décadas. Como es lógico, su contenido se ha limitado a nuestro país, pero con extensión en casi todos los tipos de la inversión pública. 
El otro está elaborado por auditores del Tribunal de Cuentas europeo y se orienta exclusivamente al analizarse la inversión realizada en trenes de alta velocidad -como el AVE- desde el año 2000, pero centrado en 6 países miembros: Francia, España, Italia, Alemania, Portugal y Austria. Es curioso (...) como parecía que iba únicamente referido a España y era nuestro país al que se dedicaban todos los reproches y las críticas. Si bien es verdad que nos correspondía una cuota importante de todo, por ser los que invertimos más en este medio de transporte y recursos mayores habíamos obtenido de la UE para este fin.  
(...) Cuando hablamos aquí ahora del despilfarro pensamos, automáticamente, en la corrupción. Sin duda, se trata de la forma más inmediata y radical en que se muestra el derroche de los recursos públicos, pero no es única; ni quizá más importante desde puntos de vista cuantitativo y económico (otra cosa será el ético). Por corrupción entendemos habitualmente algunas formas de ilegal actuación adoptadas conscientemente contra el patrimonio del Estado y en una mayoría de los casos persiguiendo el beneficio -de terceros o propio- por quienes haya interés y a los que se pretenda beneficiar. Suele girar alrededor de la apropiación indebida o del tráfico de influencias.
Toda corrupción se traduce de una u otra forma en despilfarro, un mal uso para medios públicos bien mediante apropiación directa, o en modos indirectos a través de la contratación pública; quizás lo más generalizado y aquello que sería contemplado por los informes comentados. Es verdad que aparentemente son recursos de una empresa (no públicos) los que directamente al corrupto le retribuyen, pero esta comisión es el precio siempre de algo; lo cual pueden ser unas adjudicaciones a favor de quien no la merezca, que irán en detrimento para calidades de la obra, o bien admisión de un sobrecoste injustificado sobre los inicialmente previstos que redundará como es lógico en perjuicio al erario público. A través de los procesos penales nos enteramos en tales despilfarros y también es como pueden cuantificarse, siempre conscientes del cuánto muy posible será el que asuntos y cantidades conocidas representen solo una pequeña parte sobre toda la real.

Hay otras formas de dilapidarse recursos con las obras públicas que no tienen por qué presuponer forzosa corruptela, sino malas administraciones o/y una deficiente gestión. Una es el sobrecoste ya citado. Ambos informes se centran mucho en tal tipo de malversación; motivados quizá porque resulta fácil del detectar y, por lo tanto, para ser cuantificable. Solo se precisa comparar el precio al que la obra fue adjudicada con el que resulta finalmente  de su liquidación.
Los datos pueden resultar escandalosos: por ejemplo, desviación en la línea del AVE Madrid-Barcelona que presenta un sobrecoste de 38,5%; y en algunas fases, como accesos a Barcelona, alcanza el 230% . Si bien hay desviaciones que pueden estar plenamente justificadas y por esos casos no se puede ver malversación, dispendio ni falta de la debida eficacia...
A menudo aquellos que desconocen el sistema de contratación administrativa tienen tentación del considerar corrupciones, o administración sin rigor, a todo sobrecoste que aparezca. Ese caso se produce cuando un ministro de Fomento, con desconocimiento total del cómo funcionan tanto el presupuesto como procesos de contratación administrativa, critica escandalizado totalmente al Gobierno anterior porque los créditos en 2017 para inversiones por su departamento solo eran ejecutados hasta el 70% (lo cierto es que resulta casi totalmente imposible la ejecución del 100% porque pocas obras tienen una duración inferior al año, y el crédito debería estar retenido, desde inicio de cada obra): ejecuciones al 70% son algo totalmente normal; y ojalá que no retornemos a los tiempos de antaño cuando las autoridades de dicho Ministerio colocaron por objetivo central el incrementar como fuese porcentajes ejecutados en los créditos, incluso empleando mecanismos ilegales al anticipar recursos a sus contratas por acopio de materiales que realmente no habrían existido.
La inversión pública, pese a cómo se llama, está realizada casi toda por privados interesados en que la obra sea liquidable con los precios más elevados posibles respecto de su adjudicación. Tienden por tanto a propiciar algún 'modificado'. Si los responsables administrativos y políticos entran en cierta complicidad con las empresas adjudicatarias o por negligencias y apatías no realizan controles adecuados, pueden producirse desviaciones no justificadas con el consiguiente perjuicio al erario público. El hecho es tanto más probable en cuanto se contraten por empresas terceras también los proyectos (que a menudo son elaborados con importantes deficiencias) y hasta la dirección de obra. Y aún más aumenta el riesgo cuando no se controlan adecuadamente las ausencias de intereses comunes entre tales empresas que suscriben proyectos o asumen su dirección de obra y la encargada para realizarla; la capacidad al presionarse por las grandes constructoras es notable, encontrándose siempre mecanismos para inflar los precios.
 

  
El despilfarro en recursos públicos es producido también por mala planificación y graves errores de cálculo que conducen a ejecutar inversiones innecesarias, poco viables o no suficientemente ordenadas. El informe del Tribunal de Cuentas señala como uno de los defectos más graves en el trazado para los AVE al nivel europeo una falta de coordinación entre los países miembros y su incapacidad para imponer pautas coherentes a los Estados, que han actuado cada uno según su criterio, en la mayoría de los casos motivado por rentabilidad política y electoral cortoplacista. 
En el caso español, el informe por los geógrafos confirma la existencia de múltiples inversiones que nunca se deberían haber realizado. Tramos del AVE desechados, líneas con un rendimiento totalmente ruinoso, aeropuertos que jamás han entrado a funcionar ni lo harán aún, desaladoras paradas pues el precio al que se obtiene su agua es absolutamente prohibitivo, autopistas en las que se ha duplicado el recorrido y han terminado quebradas, etc. En muchos de dichos casos, el hecho del haberse acometido estas obras mediante concesiones y asociaciones público-privadas por condiciones muy ventajosas para las iniciativas privadas hace que su pérdida fundamentalmente recaiga sobre algún erario público.
Además (...) en  nuestro país la existencia de Comunidades Autónomas ha conducido a una pugna entre las mismas y el Estado, de manera que su decisión sobre inversiones era tomada no según fuese lo más lógico y eficaz, sino por mayores o menores presiones que pudiesen realizar las respectivas Administraciones. Caso típico y evidente es lo que se ha producido con el AVE. Su trazado está muy lejos de haber obedecido al buen criterio de oportunidad, más bien se debió a las exigencias desde diversas Autonomías. Todas querrían su línea y que además terminase pasando por todas las provincias. Tal como cita el mismo informe de los geógrafos, si se accede a la página web 'Marca España' se puede leer 'El país de las altas velocidades' (2017) como titular del apartado en infraestructuras.
Ciertamente, nuestro país se ha colocado a la cabeza de toda Europa por sus líneas en alta velocidad. A tal objetivo se destinan ingentes fondos públicos. Pero hay que preguntarse si son lo más adecuado esas opciones tomadas. Resulta evidente que se precisaba modernizar las estructuras ferroviarias, pero ¿de verdad se precisaba en todos los recorridos el AVE? ¿No hubiesen sido suficientes en muchos de ellos otros tendidos de velocidad media? Tal vez con menos recursos se podrían haber abarcado un mayor número de líneas.
Pero en el tema de las Obras públicas hay una pregunta más radical: ¿No nos hemos pasado asignando recursos a las infraestructuras en detrimento de capítulos dedicados para otros cometidos, y especialmente aquellos con más contenido social, los que componen la economía del bienestar?
 

Frente a la cuantía cada vez más reducida de las Pensiones, ante una menor cobertura del Seguro por desempleo que condena un número elevado de hogares al carecer de cualquier ingreso, ante las carencias en Sanidad y Educación públicas u otra indigencia en Administraciones de Justicia, presentamos nivel para Equipamiento e Infraestructuras que ha llegado a ser la 'envidia' de muchos Países con ingresos bastante más elevados que lo nuestro. 
Desde los AVE a equipamientos en algunos de nuestros pueblos más pequeñitos, casi todas las Administraciones Públicas han venido dedicando cuantiosos recursos a Obra pública.
¿Cuál es la razón para este comportamiento posiblemente tan anómalo? La respuesta quizá la encontremos una vez más derivada de nuestra pertenencia en la Unión Europea (...)  
En España se habrían creado unos auténticos Cmantras por cuanto a 'las enormes cantidades de recursos que se han recibido desde Europa'. Tal mito se ha mantenido en base a una política sin duda inteligente por 'Bruselas' obligando el publicitársenos la marca ”Europa” en todas aquellas obras o actividades financiadas, aun cuando fuese parcialmente, por sus Fondos, y a propaganda interior empeñada en cantarnos las excelencias de la UE y lo mucho que nos estábamos aprovechando de nuestro pertenecer a ella.


Nadie, por el contrario, se ha preocupado en explicarnos que buena parte de tal recurso habría salido antes de aquí mismo: los fondos Euro-Comunitarios no caen del cielo, sino de las contribuciones por todos los Estados miembros, entre los que se incluye a España.
Y dichos Fondos, además, eran ayudas finalistas que debían ser invertidas entre determinados objetivos; principalmente para infraestructuras, forzando a los Estados miembros a dedicar una parte de sus presupuestos a dichas finalidades: no sólo por contribuciones realizadas a la UE, sino también mediante las partes de inversión o actividades que deberían cofinanciar las Haciendas públicas estatales, incluyendo el sobrecoste que se pudiere producir en la Obra pública. 
La finalidad de no perder los Fondos, unido a una creencia un tanto ingenua del que gratuitos eran, ha hecho que demasiadas Administraciones nos lanzasen al acometer tanta obra no demasiado acertada. Ello puede ser una explicación para el enorme desarrollo que han experimentado las infraestructuras, algunas hasta incluso sin justificación, en detrimento de gastos para protección social.
Ante toda esta perspectiva, no parece lo más acertado que lo primero anunciado por el nuevo ministro de Fomento sea su intención de anular los peajes en importante número de autopistas, cuando vayan terminándose sus concesiones. Muy seguro es que hay otros muchos objetivos bastante más perentorios (claro que, a lo mejor, lo que se trataría es de premiar al secesionismo catalán por haber montado un Cgolpe de Estado o, más bien, haber llevado a P. Sánchez hasta la Moncloa) en los cuales emplear dichos recursos públicos."