jueves, 16 de abril de 2020

Coronavirus: el Estado está desnudo


La del coronavirus, como toda crisis, dejará tras de sí secuelas y también enseñanzas. Pondrá al descubierto facetas de la realidad que quizás intuíamos, pero que no teníamos valor para confesarnos. Una está ya emergiendo. El Estado está desnudo. Nos estamos quedando sin Estado, se nos va de las manos. En los momentos de crisis es cuando se pone a prueba el músculo de la sociedad, de esa sociedad organizada políticamente que es el Estado. Ya en 2008 intuimos que este fallaba y era incapaz de dar solución a muchos de los problemas que se presentaban. Desde entonces, los indicios de su anemia se vienen repitiendo y esta crisis nos los está confirmando.

Habrá quien diga que lo que hace aguas no es el Estado, sino el Gobierno, los políticos. Acudir a los defectos de los políticos para explicar las cosas que van mal es siempre socorrido. El Gobierno de Zapatero en 2008 dejó muy claro que no era el más indicado para enfrentar aquella crisis, ni por supuesto el de Sánchez lo es para afrontar la de ahora. Todos los días lo comprobamos. Pero ahí no acaba todo.  

Montesquieu. al describir su sistema político, lo justificaba de la siguiente manera: No se puede confiar en que los gobernantes sean buenos; si lo son mejor, qué mejor. Pero es preciso construir algún sistema en el que los poderes públicos se controlen mutuamente, de modo que, aunque quieran, no puedan apartarse de las reglas y de la ley. Creo que esta aseveración continua siendo perfectamente válida en nuestros días. Nos quedaríamos en la superficie si detrás de la ineptitud de los respectivos gobiernos no vislumbrásemos un problema de mayor calado. Es más, ¿el mismo hecho de que personas tan incompetentes y mediocres hayan llegado a la cima del poder no se debe en parte a las profundas brechas que presenta nuestra organización política? (...)
  

El tema es de suma envergadura y también de una enorme gravedad. Se enmarca en un proceso en el que el Estado ha ido perdiendo competencias por arriba hacia la Unión Europea y por abajo hacia sus entes territoriales, y en ambos casos las cesiones no han sido satisfactorias; los resultados, nefastos. Hemos ido destruyendo el Estado sin que nada ni nadie fuese capaz de sustituirlo. Ahora bien, un problema tan complejo no se puede abarcar en un artículo de un diario, por mucha amplitud que tuviese. Me limitaré por tanto a resaltar, y de forma somera, algunos hechos que se han puesto de manifiesto en esta crisis, de los que muy posiblemente casi todos nos hayamos percatado.

Las sociedades cuando atraviesan por situaciones críticas, como en las guerras, para ganar en eficacia no tienen más remedio que prescindir de grados de libertad y configurarse políticamente alrededor de un mando único y fuerte. Nuestra Constitución, a pesar de los defectos que acumula en lo tocante al ámbito territorial, reconoce tres estados de anormalidad política, o estados de 'Alarma', o 'Excepción' y de 'Sitio', en los que los ciudadanos progresivamente pierden algunos de sus derechos y los órganos territoriales se ven forzados a devolver al gobierno central parte de sus competencias.

En los momentos actuales, todo el mundo habla de cómo 'estamos en una guerra' e incluso continuamente se emplea un lenguaje bélico, por lo que no tiene nada de extraña la declaración, al menos del estado de Alarma, y que el gobierno central haya asumido el control y la dirección en todo lo referente a la crisis. Es más, a la vista de lo que ha ocurrido después, no hay demasiadas dudas de que la declaración se pospuso indebidamente. Se estuvo mareando la perdiz con la coordinación, el buen talante y lo bien que se llevaban todos, gobierno central y autonómicos, pero, por lo que se ve, tal comportamiento resultó totalmente ineficaz.

El estado de Alarma debería haberse declarado mucho antes, porque una crisis como esta no se podía gestionar desde 17 Comunidades Autónomas cada una de ellas actuando por su cuenta. Ello no quiere decir que hubiese habido que adelantar también el confinamiento, al menos con idéntico rigor con el que se ha establecido. Si se han unido ambas realidades es porque la primera se decretó con mucho retraso. Lo normal es que con anterioridad al aislamiento se hubieran planificado todas las actuaciones de forma centralizada y se hubiese efectuado el aprovisionamiento de todo el material y de los equipos que previsiblemente se iban a necesitar. Desde luego, la situación que se avecinaba no era para que cada administración actuase por su cuenta.

       
Poca duda cabe de que el motivo del retraso hay que buscarlo en la pretensión del Gobierno de no enemistarse con sus socios, los secesionistas catalanes y vascos. No obstante, a pesar de la dilación, reaccionaron indignados afirmando que se trataba de 'un 155' encubierto. Pero, mirando una vez más al fondo de la cuestión y prescindiendo de la bondad o maldad de los políticos, la causa última se encuentra en la debilidad de un Estado que permite que su Gobierno pueda deber la investidura y el mantenerse en el poder a un partido que está claramente a favor de dar un golpe contra el propio Estado.

En la moción de censura de 2018, Aitor Esteban inició su intervención mofándose del 'gran Estado español' cuyo Gobierno estaba pendiente de los 5 diputados del PNV. El comentario era tremendamente humillante, pero cierto. Y no solo era respecto de los cinco diputados del PNV, sino también de los diputados del PDC y de los de Esquerra, que acababan de sublevarse en Cataluña. Además, esta situación insólita se volvió a repetir en enero de este año cuando Sánchez fue elegido presidente del gobierno con los votos de los independentistas y los golpistas. Habrá quien afirme que la responsabilidad es de Pedro Sánchez, que ha aceptado gobernar de esa manera. No diré que no, sin duda su culpabilidad es grande. Pero retornando a lo que se decía al principio del artículo sobre Montesquieu, el origen hay que situarlo en la indigencia política de un Estado cuya estructura legal lo permite.

Tal vez el descubrimiento más relevante, pero también el más lamentable, se haya producido después de decretar el estado de Alarma, pues al anunciar que se centralizaba todo el poder en el Gobierno, y más concretamente en el Ministerio de Sanidad, nos hemos quedado absurdamente sorprendidos (absurdamente, porque debíamos de haber sido conscientes de ello antes) al constatar cómo el Ministerio de Sanidad no existía, o 'el rey estaba desnudo'... Después de transferir Aznar, hace 25 años, toda la sanidad a las Comunidades Autónomas, el Ministerio es un cascarón sin contenido y, lo que es peor, sin instrumentos ni estructura para asumir el papel que en este momento se le asigna. Al mismo tiempo, el ministro de Sanidad, al que se nombra general con mando en plaza, es un profesor de Filosofía del PSC, amigo de Iceta, al que se había colocado en ese ministerio sin competencias únicamente para que estuviese en el Gobierno y pudiese participar en la famosa 'mesa de diálogo' con la Generalitat.

Los errores, las ineptitudes, los fallos, se han multiplicado por doquier, sobre todo en algo tan básico y al mismo tiempo tan necesario como la adquisición y el aprovisionamiento del material sanitario. Se han sucedido anécdotas propias de un vodevil, pero que se convertían inmediatamente en trágicas por los desenlaces lúgubres o situaciones dramáticas que las rodean. Cuando pase todo y se haga balance, se conocerá en qué grado de desconcierto nos hemos movido.

      

Al final, el resultado ha sido que en gran medida cada Comunidad ha debido apañarse por sí misma, lo que nos puede dar idea de las consecuencias. 17 pequeñas Comunidades (en este orden todas serían pequeñas...) compitiendo entre sí y contra su propio Gobierno incluso en un mercado totalmente tensionado, en el que también participan las primeras potencias mundiales. Además, se ha perdido un tiempo precioso porque el mercado se va enrareciendo cada vez más, especialmente ahora que entra en liza EE. UU.

La carencia de medios, de estructura y de experiencia práctica en el Ministerio ha forzado a que cada Comunidad haga la guerra por su cuenta, no solo en materia de aprovisionamiento, sino en casi todos los aspectos, creándose una situación un poco caótica. Incluso hemos escuchado al ministro de Sanidad pedir la solidaridad de unas Comunidades respecto a otras, en lugar de usar la autoridad y 'mando único' del que estaba investido adecuadamente para distribuir material.

No deja de ser significativo que haya sido el ejército la institución que se ha comportado sin fisuras, vertebrando todo el territorio nacional, dando una inmensa sensación de eficacia, y no es por casualidad que, como es sabido, esta área estatal haya permanecido al margen de cualquier transferencia a las Comunidades Autónomas. Incluso el mismo Torra, después de que en un principio la Generalitat hubiera rechazado con petulancia y desdén la colaboración del ejército, se ha tragado su orgullo y le ha tenido que pedir ayuda para desinfectar todas las residencias de mayores en Cataluña. ¿Qué dice ahora ese portento de alcaldesa que hay en Barcelona, cuando hará unos 2 años, al acercarse unos militares a saludarla cortésmente, les espetó con su mala educación que no eran bien venidos?

El hecho de que en esta crisis destaque el buen papel que está haciendo el ejército nos remite a otra crisis, la del golpe de Estado perpetrado en Cataluña, y a otra institución, la de la Justicia, que hoy por hoy tampoco está transferida a las Autonomías. En esa crisis también se mostraron las profundas carencias y goteras de nuestro Estado, creándose las situaciones más esperpénticas. Continúan gobernando en Cataluña los mismos partidos que emplearon el enorme poder que les concedía el control de la Generalitat para dar un golpe de Estado del que no se retractan. Todo lo contrario, afirman rotundamente que volverán a intentarlo. Y si no lo hacen, es precisamente por miedo a la Justicia.

No es el diálogo de Sánchez el que tiene paralizados sus propósitos, sino el Tribunal Supremo. Incluso en plena pandemia cuando desde la Generalitat una vez más se pretende dar un trato privilegiado a los golpistas permitiéndoles pasar el confinamiento en sus casas, la simple advertencia del Alto Tribunal ha frenado en seco sus intenciones. Podríamos preguntarnos qué hubiera pasado con el golpe de Estado en Cataluña si la competencia de Justicia, igual que la de prisiones, estuviese transferida, según los independentistas llevan reclamando.
     

Desde las instancias sanchistas, para disculpar la nefasta gestión que está haciendo el Gobierno, sitúan el origen de los problemas en los supuestos recortes de Rajoy. No seré yo el que niegue la insuficiencia del gasto en Sanidad. Solo hay que constatar las largas listas de espera, en mayor o menor medida, en todos los hospitales y Autonomías, pero esta limitación presupuestaria no es privativa de la Sanidad, sino que afecta a la mayoría de los capítulos del Gasto. No podría ser de otra manera cuando en España la Presión Fiscal es inferior a media europea, 6 puntos; e inferior en 5 puntos el porcentaje del Gasto público sobre PIB.

El reducido tamaño del sector público, dividido además en 17 Comunidades Autónomas, es una señal más de la precariedad de nuestro Estado. Pero estas carencias se remontan bastante más allá del Gobierno de Rajoy: hunden sus raíces al menos en la firma del Tratado de Maastricht, en los 'criterios de convergencia' y en la 'política de austeridad' implantada por toda la Unión Europea. Ciertamente, crisis del 2008 y pertenencia a la Unión Monetaria obligaron a precarizar aun más el sector público. Pero la culpa no fue en exclusiva de Rajoy, ni siquiera le corresponde la mayor parte. En 2011 la diferencia de Presión Fiscal con la media europea era de 8 puntos... Mayor responsabilidad tuvieron Aznar y Zapatero, antes, en cuyos gobiernos hay que situar el origen. En economía, los efectos se dilatan a veces mucho con respecto a las causas.

Pero acudamos una vez más a Montesquieu y, prescindiendo de los respectivos gobiernos, hemos de considerar que el origen último de esta depauperación de nuestro Estado se encuentra en el hecho de haber renunciado a múltiples competencias (principalmente el control de nuestra Moneda) para entregarlas a instituciones con profundos déficits democráticos y carentes de toda visión social o de cohesión al menos entre regiones. Algo de esto he tratado en La UE muestra de nuevo sus vergüenzas [el texto de la semana anterior] y más profusamente desde mi libro Contra el euro. En cualquier caso, esa problemática supera con mucho el alcance con este artículo. Si me he referido a ella es porque sus consecuencias se están haciendo presentes también en la crisis actual y se harán aún más visibles ante la recesión económica que se avecina.
   

                             Reconocemos por 
                             desgracia ya esta 
                             Desvergüenza tan 
                             abusona en TV del 
                             Interés General...
                             yugular contra -toda- 
                             disidencia: insometía
                             más en...chirona...ble.
                             Hace 45 años un "Presi
                             supremo 'el Carnicerito' 
                             de Málaga y Director de  
                             Únicos "Informativos" un
                             hijo del Jefe de 'Cadena
                             de Prensa del Movimient
                             llamado Juan_luí Cebrián
                             (tan precoz cual perenne;
                             esto nada parece cambiar,
                             manke Podemos ni huélalo:
                             hace 2 años RosaM.M... fue
                             por Sánchez "administradora
                             Única" ¿perpetua? decretada,
                             como en China, sólo su Tiranía 
                             podía reenvío a 1 ó 10 millones)
    


4 comentarios:

  1. SINSENTIDO DE ESTADO

    Ahora que lo mismo aparece un jabalí por la calle Balmes que vuelven los delfines a los canales de Venecia y una familia de patos se pasea por el centro de París, la repentina ausencia de gente en las ciudades provocada por el confinamiento del coronavirus podría causar confusión a quien vea lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Pero no. Aunque la naturaleza esté empezando a reclamar lo que era suyo y en la carrera de San Jerónimo se oigan muchos gruñidos, la vida animal no se ha apropiado aún de los escaños.

    Los que ocupan el Congreso parecen humanos porque, aunque no se entiendan entre ellos, hablar, hablan. Han de ser por tanto presumiblemente racionales, aunque esto último no sé cuándo lo podremos confirmar del todo. Y por más que se estén peleando todo el rato, tampoco pueden ser niños, porque a los menores hace más de un mes que no se los ve por ningún sitio. Así que aunque se comporten como críos, hay también que descartar que lo sean. Los de verdad tienen prohibido salir durante el estado de alarma.

    Si no valen la excusa animal, ni la infantil ni la irracional, habrá que deducir entonces que los encargados de dirigir este país y los que han de controlar a quienes lo dirigen se están limitando a dar este espectáculo porque es lo único que saben hacer. Se cruzan reproches, autocomplacencias y desprecios en el hemiciclo desplegando su pelaje más sectario. Antes del Covid-19 llevaban meses haciéndolo, pero ya no pega. Esta legislatura ha cambiado, pero ellos no.

    n medio de la peor crisis de nuestra historia democrática, la ceguera ideológica del que solo es capaz de darle la razón a su propia bancada se antoja aún más ridícula que de costumbre. No tiene sentido que el Gobierno presuma de gestión, porque nunca hay nada de lo que presumir en medio de una tragedia, y menos si está gestionada a base de improvisaciones y rectificaciones. Tampoco es de recibo que la oposición acuse al Ejecutivo de que no le importan los muertos y se desfogue en insultos al tiempo que pide altura de miras. En lo único que han estado de acuerdo el Gobierno y la oposición ha sido al afirmar, cada partido a su manera, que España no se merece al otro. Ya tienen ahí un denominador común.

    Es tan obvio que un país paralizado por esta terrible pandemia necesita más gestión y menos confrontación que más de la mitad de los españoles confía poco o nada en la gestión del Gobierno de Sánchez de la crisis del coronavirus, pero una gran mayoría (87,8%) cree que los demás partidos deberían apoyarle. Este pragmatismo podría deberse a que, al menos según el CIS, los encuestados creen que la oposición lo haría más o menos igual. Los españoles tienen mucho más presentes las limitaciones de sus políticos que ellos mismos.

    Pero ni este Gobierno ni esta oposición estaban preparados para que las inercias de toda esta gresca política estuvieran tan fuera de lugar. Unos fingen que quieren unidad y otros que ofrecen lealtad. Y como a esos animales salvajes que de pronto aparecen en el asfalto, se les nota a la legua que están fuera de su hábitat.

    El espectáculo que están dando sus señorías no puede estar más lejos del sentido de Estado que piden pero no ejercen. La política española es más bien un sinsentido. Una cosa absurda que no tiene explicación. Un jabalí en la calle Balmes.

    (Marta Gª Aller, en 'El Confidencial' hoy)

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  2. ESTADO DE HISTERIA (¿por qué aquí hoy están prohibiéndose cosas que la Ley NO prohíbe?)

    Un hombre de 62 años desterrado de Torrevieja por grabar un vídeo de broma diciendo que iba a contagiar de coronavirus a todo el pueblo. Personas que denuncian que la policía les impide hacer cosas que sí están permitidas. Récord de multas por saltarse el estado de alarma.

    ¿Qué está pasando? ¿Tenemos claro qué podemos hacer y qué no? ¿Lo tiene claro la policía? ¿Y los jueces? ¿Se está aplicando el estado de alarma con tanto celo que se está generando más alarma todavía? ¿Estado de alarma o estado de histeria?

    [Hablamos con Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III]


    - ¿Está habiendo una sobrerreacción de la ley al estado de alarma?

    -- Sobre praxis extendidas puedo hacer una valoración. Me refiero a praxis como: vigilar y prohibir el acceso a terrazas o zonas comunitarias de uso no público; elaboración de listados de alimentos admisibles por ser de primera necesidad; delimitación de la distancia en metros a la que se puede llevar un perro; prohibición de ceremonias religiosas y asistencia a lugares de culto (conductas expresamente permitidas por el Real Decreto del estado de alarma).

    Se trata de actuaciones policiales dirigidas a prohibir lo que la ley no prohíbe. El decreto NO impone un 'confinamiento en tu piso' sino una "prohibición de circular por vías y espacios de uso público". En ese sentido, visitar la azotea no es una conducta prohibida (por supuesto, no son 'espacios de uso público': tal concepto existe en el derecho español desde hace décadas y no abarca las azoteas, que son de acceso privado para los comuneros). ¿Que, en opinión de las autoridades policiales, lo razonable es que se hubiera prohibido el acceso a zonas de acceso privado de los comuneros? Es irrelevante. La acción policial debe limitarse a hacer cumplir lo que está prohibido.

    Y respecto al listado de productos del super: el propio Ministerio desautorizó su elaboración y uso [hace unos días se viralizó una lista de productos básicos, los únicos que supuestamente uno podía comprar en los supermercados. Estaba elaborada por la Guardia Civil de Jávea. No es ninguna guía oficial de Interior].


    - ¿Ha habido más casos?

    -- La interrupción de ceremonias religiosas con 20 feligreses en la catedral de Granada. El artículo 11 del R. Decreto del estado de alarma permite acudir a los lugares de culto y ceremonias religiosas siempre que se implanten medidas para que los asistentes estén a no menos de un metro de distancia.

    Todas estas son praxis en las que la actuación policial se excede de su función del hacer cumplir las prohibiciones fijadas por el Decreto, y en las que ha ido más allá, prohibiendo e impidiendo la realización de conductas que, sin estar prohibidas, ellos consideraban que deberían estarlo.


    [continuará]

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    1. [es continuación]


      - ¿Qué opina del auto sobre el bromista desterrado en Torrevieja?

      -- Incurrió en 3 errores esenciales. Primero: bajo ningún concepto cabe hablar de un delito de incitación al odio, la violencia, la hostilidad o a la discriminación. No se da ni uno de sus elementos constitutivos. ¿Cuál es el grupo vulnerable? ¿Y el motivo racista, antisemita, ideológico o xenófobo? ¿Y el acto que promueve la violencia, discriminación, hostilidad u odio de terceros a un grupo vulnerable y que lo pone en peligro? Los delitos de incitación al odio solo se pueden cometer contra grupos vulnerables. Lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas ocasiones. Pero según el auto, el 'grupo-diana' o colectivo vulnerable es la población de Torrevieja. Esto es incorrecto. Hablar en Torrevieja contra los de Torrevieja no es un delito de incitación al odio.

      Pero, además, ¿cuál es el motivo racista, antisemita, ideológico, de odio a una religión o sistema de creencias, de odio por pertenencia a una etnia, raza, sexo, orientación/identidad sexual, etc.? Tampoco se da.

      Y tampoco se da una conducta que pueda mover a terceros a emprender conductas contra un "colectivo-diana".

      En resumen: es evidente que no hablamos de un delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación.


      - ¿Y los otros errores?

      -- El derecho vigente no permite adoptar en este caso la medida cautelar de expulsión de un municipio. Este error consta de 2 partes. Primero: el juez dice que como hay riesgo de a) fuga; y b) que reitere la conducta, va a adoptar una medida cautelar. Subraya que el ministerio fiscal no pide prisión provisional, pero el juez entiende que se dan ambos riesgos, así que: Expulsa al investigado de Torrevieja y le dice que comparezca ante el órgano judicial más cercano a donde esté cuando le llamen. Esto no se sostiene. Una medida cautelar es una medida coactiva que limita los derechos de un inocente; por eso, debe pasar un triple juicio: debe ser necesaria para prevenir un riesgo, debe ser idónea para prevenirlo y debe ser la que suponga una injerencia menor en los derechos del sujeto (proporcionalidad en sentido estricto).
      La pregunta es: ¿cómo sirve la expulsión para evitar que repita esa conducta, o para evitar la fuga? ¿Para evitar que se fugue se le echa de la ciudad? Esto no tiene sentido.

      Segundo: las medidas cautelares de prohibir residir en un lugar no son aplicables a delitos de este tipo. Se regulan en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a) soólo para un listado de delitos donde no están los de incitación al odio y b) solo cuando sea estrictamente necesario al fin de protección de la víctima. El listado está en el artículo 57 del Código Penal.


      - Pues ya estaría.

      -- Respecto de lo de Torrevieja, permíteme solamente añadir que parece un tanto sorprendente hablar de riesgo de fuga en pleno confinamiento (y que, además, resulta que es muy alto en Torrevieja, pero muy bajo en el lugar donde se vaya a ir este señor).


      Carlos Prieto [en 'El Confidencial', 16.4.2020]

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  3. El fiasco de la autoridad única.

    Ni autoridad, porque carece de capacidades técnicas para serlo, ni única, porque colisiona con las facultades que de forma abierta o subrepticia siguen desempeñando las autonomías y, en particular, los gobiernos de Catalunya, Madrid y País Vasco. Un estado de alarma basado en una ley orgánica de 1981 está provocando una constante fricción entre los ministerios y las CC.AA que gestionan desde hace décadas y de forma exclusiva las competencias en sanidad y educación, así como otras en materia económica, cultural y asistencial, afectadas por la gestión de la alarma sanitaria.

    Por otra parte, la escasa densidad del Ministerio de Sanidad hace que la autoridad única que desempeña con Defensa, Interior y Transportes dependa de una colaboración completa de las administraciones territoriales.

    Mientras los estados federales mantienen la capacidad de decisión de las autoridades de los territorios, limitándose los gobiernos centrales a ofrecer pautas comunes y emplearse en el  ejercicio de sus competencias, la autoridad única de la alarma en España impone pero no acuerda el contenido de sus determinaciones.

    Lo cual resultaría más asumible si lo hiciera con una competencia que hasta el momento no ha demostrado: la metodología que ha establecido no permite conocer el alcance de la tragedia en fallecidos y contagiados; tampoco se ha demostrado capaz de establecer una central de compras de material sanitario en los mercados internacionales; la función de las Fuerzas Armadas –además de generar roces entre Defensa e Interior– es rechazada (caso de Catalunya) o aceptada con renuencia (caso de Euskadi) y la cooperación entre CC.AA (traslado de enfermos a hospitales de otras vecinas, por ejemplo) no funciona. Ni el reparto de mascarillas o la disposición masiva de tests para detectar la infección.

    Después de más de un mes de vigencia del estado de alarma –que se prolongará hasta el 11 de mayo– la autoridad única a través del muy desgastado Fernando Simón fue incapaz de ofrecer datos ciertos de la pandemia, y el Ministerio de Sanidad tuvo que dictar una orden para que las CC.AA reformulen, conforme a nuevos criterios y retroactivamente desde enero, el recuento de muertos por el coronavirus.

    En paralelo, la cascada de decisiones gubernamentales ha colapsado la Administración General del Estado y se están invadiendo materias autonómicas, lo que amenaza con un conflicto institucional a plazo fijo (...) El disenso en materia educativa es profundo y de difícil resolución...

    En este cuadro de enorme confusión se han colado con precipitación y potencial riesgo de mayor conflictividad las conversaciones de Sánchez con los partidos para crear una "mesa de reconstrucción" de difícil viabilidad precisamente por la mala gestión de la autoridad única de la que quieren distanciarse todos. Y, además, el urgente planteamiento del la aprobar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) planteó al Ejecutivo 3 graves problemas: su financiación, el censo de beneficiarios y solapamiento con labor asistencial que corresponde a las CC.AA, como la dependencia.

    Se transparenta una dura y rasa pugna entre la prisa descontrolada de Pablo Iglesias para pronta entrada en vigor de dicha prestación –UP necesita estampar su impronta en este tiempo de angustia social– y requerimientos técnicos de una medida que ha de pasar por varios ministerios bajo la responsabilidad última del de Seguridad Social.

    Ante tal pandemonio político que no sabe ordenar el Gobierno, los nacionalistas e independentistas se alejan de Sánchez, que cede a presiones de su vicepresidente segundo para que no le plantee una crisis en el Consejo de Ministros.

    Al tiempo, el ministro Campo es ya consciente del colapso en Justicia y prepara un proyecto para que juzgados y tribunales no entren en un largo período de 'shock' ante la evidencia de que nuestro país controla la crisis mucho peor que otros. Se avizora una gran crisis política...

    J.A Zarzalejos, en 'El Periódico'

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