.Las imperiosas necesidades del
Reformar, afrontando marasmo de nuestra realidad nacional -pasiva por 'alegre y confiada' ciudadanía, demagógica- decayente a la depresión, son manidas hasta la suciedad: más o menos 'estructurales' y aun constitucionales, cuando menos habrían de ser
en serio... y no cabría tampoco ese tocomocharlas al aburricie del fijársenos como únicos 'desiderata' indiscutibles maximizar cualesquier beneficios privadísimos a costa de hipotecas (e incluso auténticas ruinas) generalizadas para lo colectivo.
..
Es obvio pues que los males del lodazal económico presente traen causa desde
más empolvadas asignaturas pendientes que las referidas al 'mercado de trabajo', donde crece sin apenas trabas la ins@ciable avidez de aquellos empleadores impotentes para sumar otro valor añadido aparte de cuanto logren tan solo rapiñar como plusvalías directamente sustraídas a su mano de obra. Pero, con todo eso...
"Tras veinte años de reformas plagadas de atajos y absurdos (la reforma laboral de 2010 introdujo subsidios ¡a los despidos!, por ejemplo), España continúa teniendo el mercado laboral más disfuncional de los países desarrollados. Increíblemente, en esta crisis, se ha alcanzado -por 3ª vez en los últimos 25 años- el 20% de desempleo. Y la situación todavía puede empeorar más durante 2012, de acuerdo con las predicciones de la UE...
¿Qué reforma hace falta? Se tratará de... modificar profundamente, y de una vez por todas, ese presente diseño institucional que perjudica la competitividad de las empresas -creando graves obstáculos para la creación de nuevas empresas y para la viabilidad o el crecimiento de las Pymes- generando tanta desigualdad entre trabajadores y empresas de diferente tamaño.
En nuestra opinión, tal reforma debe guiarse por dos principios fundamentales. Primero, debe responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no a las de las empresas grandes y los trabajadores protegidos que son ahora quienes gozan del mayor reconocimiento institucional. Segundo, debe ser una reforma de calado, evitando más atajos y chapuzas para no perpetuar los privilegios de algunos en detrimento de otros:
La protección por desempleo y las políticas activas de empleo deben utilizarse para atender en mayor medida a los grupos más desfavorecidos. Un plan de empleo juvenil que, como en el pasado, tire de subvenciones sin mejorar las deficiencias de las políticas activas existentes, sería tan ineficaz como sus antecesores. Enfrentarse a la crítica situación actual requiere reorientar estas políticas activas hacia los parados de larga duración (casi dos millones y medio de personas), hacia los jóvenes con insuficiente formación, y aumentar los recursos destinados a tales fines, pese al ajuste fiscal en curso.
Parte de los recursos adicionales necesarios para mejorar radicalmente dichas políticas deben proceder a suprimir las subvenciones de la contratación indefinida y los despidos usando el FOGASA. La financiación también puede ampliarse permitiendo una mayor participación, con transparencia, de las agencias privadas en la intermediación y la formación laboral, mediante tarifas que discriminen en función del éxito en la colocación de los parados con más dificultades. Finalmente, como ya recoge la legislación, aunque hasta ahora sin consecuencias, las prestaciones deben estar rigurosamente condicionadas a la búsqueda efectiva de empleo o a la participación en programas de reinserción laboral o de reciclaje. De forma análoga, las empresas que abusen del sistema de protección por desempleo con una rotación excesiva de sus trabajadores deben contribuir en mayor medida a su financiación.
La negociación colectiva debe permitir que las empresas se adapten a las condiciones económicas. Por la forma en que se fijan en nuestro país, los salarios y otras condiciones de trabajo no responden ni a la situación cíclica de la economía, ni al paro, ni a la productividad de trabajadores y empresas. Así, las empresas pierden competitividad, respondiendo a cualquier perturbación negativa mediante despidos masivos. Facilitar la adaptación de las empresas requiere establecer la primacía de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, así como establecer umbrales reforzados de representatividad en las partes firmantes. Ahora, los convenios de ámbito supra-empresarial tienen eficacia de ley, aplicándose automáticamente a todos los trabajadores de un sector (normalmente a nivel provincial o autónomico). Esta situación, totalmente atípica en Europa, perjudica gravemente los intereses de los parados y de las posibles nuevas empresas.
Además, ningún acuerdo o convenio colectivo de ámbito superior debe tener la capacidad de vetar el descuelgue del convenio para las empresas, debiendo ampliarse las materias que pueden modificarse mediante acuerdos entre el empresario y los trabajadores al margen del convenio vigente, y aquellas que puede fijar libremente el empresario, siempre con algún control judicial posterior.
La reforma de la contratación laboral debe reducir drásticamente la dualidad. Desde finales de los años ochenta, un tercio de los asalariados son temporales (un cuarto ahora, en la crisis). Este nivel de temporalidad, excepcional en Europa, provoca una enorme inestabilidad del empleo y dificulta el crecimiento de la productividad. Reducir la dualidad subvencionando la contratación indefinida o alterando marginalmente los costes de despido se ha mostrado estéril.
Es necesario introducir un contrato único de carácter indefinido con indemnizaciones por despido crecientes para nuevas contrataciones. Además, debe suprimirse la autorización administrativa para los despidos colectivos, desconocida en el contexto europeo y con un importante efecto disuasorio para las decisiones de inversión en nuestro país.
Por otra parte, la reforma debe dotar de mayor flexibilidad horaria al contrato indefinido a tiempo parcial, de forma que sirva para cubrir empleos susceptibles de tener una distribución irregular de horas de trabajo a lo largo del año. También deben eliminarse restricciones que aún impiden a las empresas de trabajo temporal operar plenamente como agentes de intermediación laboral y acomodar las necesidades de empleo estacional de todo tipo de empresas. Y
de esta forma será posible eliminar los contratos temporales actualmente en vigor, dejando solo un contrato de sustitución o interinidad.
¡No existen soluciones mágicas para resolver el drama del paro insostenible cada vez que tiene lugar una recesión. Ahora bien, con una regulación laboral tan disfuncional como la existente, será imposible lograrlo. Tras casi tres décadas intentando cambiar marginalmente este mercado de trabajo tan ineficiente e injusto ha llegado el momento de hacerlo en forma decidida!"
Luis Garicano, catedrático en London School of Economics dirigiendo la cátedra McKinsey de FEDEA, Samuel Bentolila y Juan J. Dolado [aunque la propuesta descrita, 'Una reforma laboral de verdad', ha sido elaborada con los autores del artículo por otros varios profesores más, como J. Andrés, A. Cabrales, J. I. Conde-Ruiz S. de la Rica, F. Felgueroso, J. I. García Pérez, M. Güell, M. Jansen, S. Jiménez, J. Messina y P. Vázquez] Y para repasar lo argumentado por Jordi Sevilla en ese citado artículo -desde 'Mercados' de EL MUNDO anteayer- véase su texto, seguidamente:
"Uno de los efectos colaterales conocidos de las crisis económicas es el incremento en la desigualdad social: los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Aunque todos hayan sufrido pérdidas, los pobres pierden, en términos relativos, más que los ricos, siendo esta razón suficiente para justificar políticas económicas que redistribuyan los sacrificios de manera inversamente proporcional a la renta y a la riqueza.
Lo llamativo, sin embargo, de un reciente estudio hecho público por la OCDE, es que ese aumento en la desigualdad de la renta, medido por el indicador que se mida, se viene produciendo, incluso, durante los últimos 30 años anteriores a la actual crisis. De hecho, como he tenido ocasión de contar aquí, muchos interpretamos que el proceso de sobreendeudamiento, acompañado de burbuja especulativa de ciertos activos, que ha estado en el origen de la actual recesión mundial, fue un intento de mantener artificialmente la demanda efectiva creciente que necesita un sistema económico con capacidad productiva en permanente expansión, supliendo mediante la generalización del recurso al crédito a grupos sociales cada vez menos solventes, la ausencia de renta suficiente obtenida por los mismos mediante los mecanismos habituales del mercado o de las políticas sociales de los Estados.
Así, esta desigualdad creciente en la distribución de la renta estaría en el origen último de la actual crisis que, por otra parte, no ha hecho más que agudizar el fenómeno. Así en España, por ejemplo, según los datos de Contabilidad Nacional, el peso de la remuneración de asalariados en la Renta Nacional ha bajado un punto porcentual entre el 2000 y el 2010, del 49,9% al 48,91%, mientras que el excedente bruto de explotación ha visto incrementar su participación en casi tres puntos porcentuales...
Son muchos y muy complejos los elementos que debe analizarse para intentar explicar las causas de esta la desigualdad creciente. Entre ellas, la globalización, las innovaciones tecnológicas, los cambios en la estructura de la población etc. Pero lo más relevante del exhaustivo análisis de la OCDE es que hay dos cosas que sobresalen de forma clara como factores explicativos de la creciente desigualdad en la distribución de renta: los cambios normativos que debilitan la posición negociadora de los trabajadores respecto a las condiciones laborales, incluyendo los salarios y el retraimiento, sobre todo en impuestos y transferencias sociales, de las políticas públicas redistributivas.
Llama la atención que un fenómeno transversal y con tan fuerte impacto sobre la actividad económica como la casi total apertura de los mercados de productos, servicios y financieros que llamamos globalización, haya afectado al crecimiento de la desigualdad de rentas sufrida por los países de la OCDE en los últimos 30 años menos, que el empeño ideológico en aplanar la progresividad de los impuestos o en reducir derechos laborales. De ser esto así y hay suficientes elementos empíricos en el estudio como para hacerlo verosímil, si hoy vivimos en un mundo socialmente más injusto, incluso con independencia de la recesión, no es como consecuencia de fuerzas impersonales de la economía sino de decisiones políticas adoptadas al calor de una visión ideológica de la sociedad que tuvo en Reagan y en Thatcher a sus primeros apóstoles.
Fíjense que me centro en un aspecto, para mí relevante, como la desigualdad social, no explicada en función del mayor o menor esfuerzo o capacidad individual, sino por factores institucionales reversibles. Y que dejo de lado otros aspectos, como la eficiencia o la productividad, porque creo cuestionable unas normas sociales que nos permiten ganar en eficiencia si es a costa de perder tanto en equidad.
España sería uno de los pocos países de la OCDE en los que la desigualdad social se ha reducido desde mediados de 1980, con la excepción de los 2 últimos años... La potente actuación redistribuidora del Estado, mediante los impuestos y las prestaciones sociales, ha contribuido de manera decisiva a ello. Aún así, en 2008, el ingreso medio del 10% de nuestros ricos era once veces más que el del 10% con menores rentas...
Si todo esto es así, encontraremos argumentos tan sólidos como adicionales para oponernos al paradigma económico alemán que nuestras autoridades han asumido sin cuestionar. Considerando que 30 años es tiempo suficiente como para hablar de 'largo plazo', podemos decir que la obsesión por reformar el mercado laboral de una manera sesgada que no busca un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, sino debilitar la posición negociadora de los sindicatos a la hora de mejorar salarios y condiciones laborales, unido a una obsesión no menor por el equilibrio presupuestario acelerado mediante la reducción del papel redistribuidor del Estado solo posible con impuestos suficientes y progresivos junto a políticas sociales activas, son políticas que conducen a una sociedad más injusta, polarizada y desigual por favorecer a los más ricos.
Si las señales que envía el discurso y la acción pública son que se favorece mediante la tributación a las rentas no ganadas con esfuerzo (plusvalías, herencias y rentas de capital), frente a las rentas del trabajo, o que debemos sacrificar el presente y parte de nuestro futuro, con la aplicación de políticas de austeridad extrema, para satisfacer los intereses de aquellos rentistas que nos prestaron dinero en el pasado, como si no asumieran ningún riesgo con ello, la tendencia a la desigualdad creciente continuará. Y en la era del conocimiento en que nos movemos, una sociedad más desigual acabará generando una economía menos productiva porque el factor trabajo carecerá de una retribución que compensen la necesaria inversión formativa a lo largo de la vida, desincentivando el esfuerzo y provocando una descapitalización de talento, justo cuando más lo necesitaremos. Por ello, hasta el Foro Económico Mundial señala la enorme disparidad de ingresos como la principal amenaza de la década.
Crecimiento económico, creación de empleo estable, retribuciones dignas, impuestos progresivos y políticas sociales redistributivas son los cinco elementos fundamentales de una política pública que reduciendo la desigualdad social, nos conducirá, también, a un crecimiento inteligente, sostenido sobre el valor añadido del talento.
Otro paradigma, es posible."
