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'Parecería lógico que las políticas redistributivas se debatieran en su globalidad y no que, como se hace con el recorte de las Pensiones, simplemente se le obligue a un colectivo solo al cargar con todo -en mayor medida, o sin más- el "ajuste"... Ello es injustificado especialmente para España, país que pese a tener unas partes en su población con Mayores de 65 años algo superiores a medias entre los países de la OCDE (25%, frente al 24%) dedicó 3 puntos porcentuales menos del PIB a Pensiones (9,2% frente a 12,3%), lo que supondrá que un porcentaje mayor entre su ciudadanía deba repartirse alguna porción relativa menor proporcionalmente de las rentas totales...’ [Albert Recio: "Contra el reduccionismo neoliberal: envejecimiento, Pensiones" en Mientras Tanto]
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Pacto 'Social' CCOO-UGT-PSOE de Retraso: jubilarnos a los 67.
Está ya dicho de sobra, o con rotundidad sobrada [desde, por ejemplo, "Recontando lo viejo: sobre ‘tasa de sustitución’ (entre las miserias) del Salario y sus Pensiones" aquí mismo hace justamente un año; y aun mediante "La estafa pública con los Fondos -de Pensiones privadas- bancarios en este Reino de España", varios meses antes]... Mas, como siguen mintiéndonos a bocas llenas, habrá que seguir repitiéndolo cada vez. Como acaba de hacer Juan Torres, tan bien, de nuevo:
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"El argumento demográfico que se viene dando para justificar la reforma de las Pensiones lo puso en marcha el Banco Mundial hace casi tres décadas cuando se comprobó que la propuesta de privatizar completamente los sistemas públicos que deseaban las entidades financieras era demasiado cara y que podía acarrear gran rechazo y conflictos sociales. Se empezó a decir que la población envejece mucho y... va a llegar a ser insoportable el Gasto público en Pensiones.
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En España, un puñado de economistas financiados siempre por la Banca han hecho un buen número de "predicciones" -con resultados muy alarmistas- que anunciaban déficits en las cuentas de la Seguridad Social en 1995, 2000, 2005, 2010 y hasta 2050: nunca han acertado, ni siquiera en éste último ejercicio, en el que a pesar de que hay más de 4 millones de parados, el sistema ha tenido un mínimo déficit de 278 millones de euros pero compensado sobradamente por el ingreso de los intereses del Fondo [para Reservas], obteniéndose finalmente superávit de 2.383 millones de euros en 2010.
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Es verdad que el gasto público en Pensiones aumenta normalmente a medida que envejece la población porque depende de dos factores: del número de pensionistas, que suele ser mayor cuanto mayor sea la longevidad en su población, y de la cuantía en las Pensiones que reciban (así mismo, puede aumentar el envejecimiento y no su Gasto si al mismo tiempo hacen bajar cuantías de la jubilación, que es lo que se busca)...
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Por tanto, es lógico que, a medida que un país se desarrolla y dispone de un mejor sistema sanitario y de condiciones de vida más saludables, aumenten los años de vida de su población; y que eso suponga que haya un mayor número de personas que queden al margen de la vida laboral a partir de un determinado momento. También es lógico -aunque esto se lo están callando...- cómo, a medida que se va ya dando este proceso de desarrollo, aumenta la Productividad; de modo que cada vez un menor número de personas empleadas pueden sostener con su actividad a mayor número de personas inactivas.
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En lugar de presentarnos estas dos circunstancias de manera conjunta, insisten en la primera como el origen de un futuro desastre financiero, afirmando que el envejecimiento continuado de la población haría que llegase un momento (¡ahora dicen que en torno a 2050!) en el que (dado el gran número de pensionistas... y la "generosidad" de nuestras jubilaciones) el Gasto público en Pensiones fuera insoportable. De ahí deducen que no queda más remedio que empezar a 'Rebajar -¡ya!- las Pensiones'... tanto en sus cuantías (ampliando el periodo de cálculo) como por el número de pensionistas (aumentando la edad de jubilación).
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Puesto que esto implica lógicamente que serán las jubilaciones más tardías y de menor cuantía, al mismo tiempo se recomienda a la población que suscriba sus Pensiones privadas. Así lo hizo expresamente hace unos meses el anterior Ministro de Trabajo: Corbacho -informó la prensa- recomienda contratar un Plan Privado para completar la Pensión (Cinco Días 10-3-2010)... Todo eso parece muy lógico. Tanto, que la población está asustada y tiene la convicción de que eso será lo que ocurra: "nos hacemos demasiado viejos y el Estado ya no podrá garantizarnos la pensión que ahora reciben los actuales pensionistas cuando nosotros nos jubilemos. Convendrá, pues, que suscribamos algún Fondo de Pensiones privado".
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Mas es importante saber que detrás de estos argumentos hay otro ENGAÑO monumental: según las predicciones más alarmistas (de esos que nunca han acertado lo que iba a ocurrir ni en los 5 años próximos) el Gasto "insoportable" al que llevaría el envejecimiento previsto de la población española supondría gastar en 2050 un 17% o un 15% de nuestro PIB (parece mucho, pero Italia gasta en estos momentos alrededor del 14%, incluso, ya)... y es tan irreal decir que ese porcentaje sería insostenible en 2050 que incluso alguno de los economistas que han firmado el manifiesto de los 100 solicitando reformas liberales de las Pensiones públicas ha reconocido que "ese NO es el auténtico problema" del sistema.
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Pero lo más grave es que a la hora de sacar conclusiones sobre consecuencias de ese mayor gasto público en jubilaciones no se tienen en cuenta otros factores o simplemente se minimizan. Si de verdad se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema de las Pensiones públicas, que depende de sus gastos e ingresos, no se deberían poner sobre la mesa solo propuestas para la reducción de los gastos sino también otras dirigidas a incrementar los ingresos del sistema. Tal y como se está haciendo, simplemente proponiendo recortar gastos, solo se logra empeorar condiciones de vida en las poblaciones pensionistas, ahora y en el futuro, una forma bastante torticera de resolver los problemas del sistema.
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Lo correcto, por el contrario, sería hablar también de los factores de los que dependen sus ingresos. A saber: cómo aumentar el empleo y sobre todo el de la población femenina, cómo aumentar el peso de los salarios en la renta total para que así haya más capacidad de aportar cotizaciones sociales, o cómo incrementar la Productividad. O incluso, aunque es un mecanismo de financiación de las Pensiones públicas a mi juicio menos adecuado, cómo mejorar el sistema fiscal para incrementar ingresos al sistema por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras no se hable de todo esto sino solo de aumentar la edad de jubilación y alargar el periodo de cotización se estará planteando un debate injusto y falso que no beneficia al futuro de la Seguridad Social sino que lo debilita..
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Y lo importante es saber que ese debate no se está haciendo así por casualidad. Se hace, como he dicho, para incentivar la suscripción de los llamados Planes de Pensiones privados. Es lógico que las personas que una y otra vez oyen que cuando llegue su jubilación no van a tener suficiente pensión pública traten de ahorrar para tener una privada. Pero ahí también hay dos trampas. La primera es obvia: no todos tienen las posibilidades de ahorrar. De hecho, es imposible que lo haga casi el 60% de las familias españolas; pues afirman que no llegan a fin de mes.
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La segunda trampa es la que se está ocultando a los incautos que suscriben Pensiones privadas: su rentabilidad es mínima, negativa en términos reales casi siempre, al tener en cuenta la subida de precios. La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) hizo públicos el pasado 31 de diciembre los datos sobre rentabilidades medias anuales ponderadas de los Planes de Pensiones del Sistema Individual, en función de una muestra de 1.229 Planes que representa aproximadamente el 99% de su patrimonio total: confirman los resultados de un estudio de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los Fondos Privados de Pensiones (Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009) que mostraba cómo en los últimos 10 años, un 93% de los Fondos del sistema individual obtuvo rentabilidades inferiores a la inflación y... el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior incluso que aquéllas de los bonos del Estado a 10 años.
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Es evidente, pues, que estos Planes Privados de Pensiones que quieren convertirse en sustitutos de las jubilaciones públicas son una verdadera ENGAÑIFA FINANCIERA... La inversión que se hace en ellos solo se puede llegar a compensar, si acaso, con la desgravación fiscal tremendamente injusta (porque la disfrutan solo los contribuyentes de rentas más altas) que llevan consigo, y que supuso en 2010 un gasto fiscal de 1.443 millones de euros, casi la misma cantidad del "recorte" en las Pensiones (1.500 millones de euros) que sufrieron, sobre todo, las clases de menos ingresos.
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Los Bancos crean primero ese alarmismo sobre la solvencia de las Pensiones -públicas- financiando 'estudios' que realizan economistas con muy poca capacidad predictiva, y difundiendo luego sus conclusiones por todos los medios, además de 'obligar' a los Gobiernos a "recortar" derechos de los pensionistas. Así atraen miles de millones de los que pueden ahorrar algo de sus sueldos. Colocan esos recursos en los mercados financieros con altas ganancias pero no devuelven esa rentabilidad a los clientes. Y eso, si es que tratando de ganar lo máximo posible no llevan a la quiebra a los Fondos, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, y convencen a los Gobiernos, como recientemente se ha visto, a fin de que que gasten cientos de miles de millones para su "rescate": negocio redondo para la Banca [¡que nos arruina pero es luego, en cambio, puesta -por nuestros erarios, colectivamente- siempre a salvo!]...
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Y así, a base de mentiras y medias verdades, es como se llevan a cabo las reformas de las Pensiones públicas." [en La reforma de las pensiones y el engaño, 'Diario Crítico' -11/3/11]
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¡Aunque lo más increible acaso puedan ser esas complicidades por parte de quienes hoy aquí monopolizan su poltrona como Sindicatos Interlocutores del Diálogo mal llamado 'Social', lucrándose también al promocionar [imponer] Planes Privados de Pensiones en el Convenio -Colectivo- negociado..., representando a todos los trabajadores!
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Dice bien Benigno Pendás (en su claro 'Concurso de arbitristas', hoy):
ResponderEliminar"Casi nadie ha reparado a estas alturas sobre la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (...) No quiero aburrir al lector con tecnicismos, pero no me resisto a denunciar la más flagrante contradicción que ha conocido el ordenamiento jurídico español desde el Fuero Juzgo —por decir algo— a nuestros días. Veamos por qué. La Ley referida proclama con toda naturalidad que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Buenos propósitos, sin duda. Por cierto, dos de ellos aparecen en la Constitución y convendría tratarlos con un mínimo respeto. Nos enteramos poco después de cuál es el gran objetivo: crear un «marco normativo estable y predecible», esto es, un «entorno de certidumbre» que facilite la actuación de ciudadanos y empresas. Más adelante, el legislador promete que será «sencillo, claro y poco disperso(sic)». Sabia disposición, parece, expresada con profunda humildad…
Ahora, los resultados. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, ocupa nada más que 200 (socientas) páginas del BOE (ahora, impreso). Sencillez ejemplar. ¿Coherencia? Pues miren ustedes: se regulan, entre otras cosas, los organismos reguladores, los mercados financieros, los contratos del sector público, la ciencia y innovación o —faltaría más— el modelo energético. Tampoco se libran las universidades, la formación profesional, los transportes y las viviendas. En Derecho Fiscal, cambian casi todas las leyes tributarias. En Derecho Mercantil, no se libra de los retoques ningún capítulo de los manuales. En Derecho Administrativo, más vale que los expertos se olviden de identificar todas las modificaciones. Como pasaba por allí la «ley Sinde», también aparecen por algún sitio las reformas sobre propiedad intelectual y sociedad de la información, con su correspondiente secuela procesal. Prefiero no seguir, pero resulta imposible eludir este último dato: la Ley termina con ¡hasta sus 60 (sesenta)! disposiciones finales. Si no he contado mal, afectan como mínimo a un centenar -unas 100- de leyes vigentes. Muchas de ellas, añado, han sido objeto hace poco de diversas modificaciones. Ya saben: «Sencillo, claro y poco disperso…».
No son minucias propias del prurito profesional de los juristas. En efecto, la seguridad jurídica exige «saber a qué atenerse», es fuente de confianza social y económica y es garantía de certeza en la aplicación del Derecho. Confianza, precisamente, es la necesidad más urgente de la economía española para crear condiciones objetivas que permitan atisbar la luz al final del túnel, esa que siempre nos anuncian y no llega nunca. Si le añadimos la pluralidad de normas autonómicas que complican seriamente la unidad de mercado, la conclusión es muy preocupante: a día de hoy, el ordenamiento jurídico es un obstáculo adicional para la inversión productiva y la creación de empleo. El concurso de arbitristas en busca de un titular en los medios supone una dificultad objetiva para cambiar el rumbo de la economía española..."