M. Chaves y J. A. Griñán, ex-presidentes del PSOE tanto como en la Comunidad andaluza, "desfilaron ante los jueces junto a otros 20 ex altos cargos: una “pieza política” (o procedimiento específico) analizaba el sistema con el que la Junta de Andalucía repartió durante una década -según escritos de la Fiscalía- hasta 741 millones de euros [o sea: 123.500 MILLONES DE PESETAS], en total. Por el juicio del caso ERE, la Audiencia de Sevilla ha hecho sentar en su banquillo a toda la cúpula política del Gobierno andaluz nada menos que durante unos 10 años...
El informe de la Intervención General del Estado (IGAE) con 8.000 folios y firmado por 4 peritos fue una demoledora piedra angular sobre la que avanzaría la jueza Mercedes Alaya, para “llegar arriba de la pirámide”, según metáfora que ella misma empleó... Consideraba que las “transferencias de financiación”, aquel mecanismo presupuestario elegido al nutrirse fondos para los ERE, sólo se utilizaron por hurtar así capacidades de fiscalizaciones previamente sobre las ayudas a toda Intervención de la Junta.
El juicio ponía en entredicho una década de gestión socialista en la Comunidad y la creación de un sistema “inadecuado” e “improcedente” para pagar estas ayudas con el objetivo intencionado, sostienen las acusaciones, del alimentarse un régimen político clientelar que habría permitido al PSOE mantenerse con todos los poderes locales o sin alternancia política durante más de 35 años. Y se sostiene que tales ayudas discrecionales se les dieron a ciertos afines al poder socialista. Esto es el fondo tanto del escrito de la Fiscalía, desde septiembre de 2016, como para el auto del juez Álvaro Martín que apuntala (igual a como también lo hizo el Tribunal Supremo) buena parte entre las tesis de Alaya en ese mismo sentido.
El juez Martín dejó escrito que el “procedimiento especial...” diseñado para repartir durante una década las ayudas sociolaborales en Andalucía contó con una cantidad no inferior a “854 millones de euros”. No todo ese dinero se malversó. Entre los miles de trabajadores que cobraron ayudas tan sólo 126 son imputados por la causa como “intrusos” en los ERE: el fraude se ceñiría a ese “intrusismo”, sobrecomisión de los intermediarios mercantiles (comisionistas o aseguradoras) y ayudas directas para diversas empresas pretendidamente consideradas en crisis que no pasaron ninguna oferta pública. La Junta reclamaba la devolución de 135 millones de euros, en varios expedientes de reintegro tras detectar irregularidades, y ha ingresado sólo 4,6 millones de euros.
La Fiscalía (...) pidió 10 años de inhabilitación para Chaves y hasta 6 de cárcel para Griñán. Ha denunciado la puesta en marcha de un sistema del pago -mediante transferencias de financiación- desviando los fondos de la famosa partida 31.L del Presupuesto andaluz al IFA y después a la Agencia IDEA, ambos entes públicos dependientes del Gobierno, para que fueran estos organismos los que efectuaran los pagos a prejubilados y empresas en crisis. Para su descargo, la Junta argumentó que se hizo así por acelerar los trámites ante un momento muy delicado con numerosas empresas en crisis. Anticorrupción, como señaló la Intervención General del Estado, apuntó a que el sistema se diseñó de dicho modo por eludir toda fiscalización previa de la Intervención en la Consejería del Empleo.
El ministerio público se pregunta por qué ni el expresidente Chaves, ni los ex consejeros de Presidencia o Hacienda -junto al resto de otro ex altos cargos- pusieron freno al sistema, pese a que hubo reparos desde los interventores (15 informes) y se aprobaron asimismo varias ampliaciones presupuestarias (hasta 22) para esa partida (...) “No pusieron freno” al procedimiento, avisa el fiscal, pese a la “gravedad” de la situación creada. Sostiene además que se debieron tratar como subvenciones ordinarias, y no excepcionales, al alargarse más de una década.
Por fin el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero [quien incluyó a su suegra en una póliza, fue acusado por su chófer de gastar “hasta 25.000 euros al mes” del dinero de los parados en adquirir cocaína u otorgar las ayudas en la barra de un bar y con un simple “post it” como memoria justificativa] también había dejado ya muy claro siempre (...) cómo sus superiores, incluyéndose los dos expresidentes, estaban al tanto del sistema..."
('Por qué la excúpula socialista... en un gran juicio por corrupción': 'El Confidencial', J. Caraballo)
Pese a ello los socialistas en Andalucía "comenzaron por negárnoslo todo cuando se iniciaron las investigaciones -“cosa de tres chorizos; este chicle no da más de sí...”- pero, al cabo del tiempo, no tuvieron más remedio que admitirlo cuando ya se hizo abrumadora la sucesión sonrojante de sinvergonzonerías. “No hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude”, admitió José Antonio Griñán, el exministro de la Nación, expresidente y exconsejero andaluz, cuando salía del declarar al Tribunal Supremo en abril de 2015 (...)
La estrategia socialista vuelve sobre sus pasos para intentar reducir lo delinquido en el escándalo de los ERE a sólo actuación fraudulenta por un grupo de personas, pero sin conexión política ninguna con el Gobierno, ni a intereses electorales clientelares del PSOE de Andalucía. Para este último paso era esencial, y así ocurre, que Francisco J. Guerrero -el ex director general de Trabajo- se desdiga de sus declaraciones anteriores y niegue ahora que por el Gobierno andaluz se tenía pleno conocimiento de cómo repartieron cientos y cientos de millones destinados a los ERE..."
Iqz. a der. y arrib a bajo, procesados por trama política de los ERE: Agustín Barberá Salvador, Antón Estepa Giménez, Antonio Fernández García, Antonio Vicente Lozano Peña, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Javier Guerrero, Francisco Vallejo Serrano, manuel Cháves, José Antonio Griñán, Jacinto Cañete Rolloso, Francisco del Río Muñoz, José Antonio Viera Chacón, Juan Márquez Contreras, Javier Aguado Hinojal, Gaspar Zarrías, José Salgueiro Carmona, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Magdalena Álvarez, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, y Jesús Mª. Rodríguez Román...
Aunque -como Javier Caraballo ya nos resumía en 'El Confidencial'...- ese nuevo testimonio no tiene fuerza para emborronar las pruebas. "Repasemos solo dos evidencias al respecto:
1º) Javier Guerrero era un mecenas en su entorno. A todo aquél que le parecía bien, por una causa u otra (porque fuera de la familia, pues perteneciese al PSOE o por ser un conocido que pasaba dificultades), le concedió alguna subvención o ayuda para terminar con sus problemas. Es lo que dijo, para disculparse, en una de las entrevistas que concedió: “Son criaturas necesitadas de ayuda socio-laboral que además están desempleadas”. En ese singular apartado de ‘criaturas’ lo mismo figura el churrero del pueblo de Javier Guerrero, al que conocía de la infancia, que un exalcalde socialista y la madre de su chófer. A todos ellos, como a tantos otros, les llegaba una subvención de 100.000 ó 200.000 euros, si no alguna prejubilación de 2.000 euros mensuales a cargo de cualquier empresa en la que nunca habían trabajado.
Es evidente que si Fco. Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo entre 1999 y 2008, pudo repartir dinero a su antojo durante tanto tiempo es porque había un sistema que se lo permitía. Como sostenía Mercedes Alaya con sus autos: “se ha estado prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo adecuado, que no es otro que el de la subvención excepcional, otorgándose además por una persona -el director general de Trabajo- que carece de competencia para ello”. El fraude de los ERE, en fin, no es el desfalco de quien mete un día la mano en la caja.
y 2º) existe un caso documentado en el sumario, muy significativo de cómo el fraude de los ERE es un escándalo de política clientelar. Se trata de la subvención que recibió una empresa en crisis, 'Bilore', en la provincia de Córdoba. El año 2004, en plena campaña electoral de Manuel Chaves para las elecciones andaluzas, se recibe por Presidencia de la Junta de Andalucía una carta desde los trabajadores de tal empresa conminándoles a que si no se soluciona su problema procurarán boicotear un mitin que tiene programado el PSOE en Lucena.
Lo que ocurre a continuación es que desde Presidencia de la Junta de Andalucía se envía un fax al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con instrucciones —“sería conveniente haberlo encauzado”— para que la subvención correspondiente se solventara antes del mitin en el que iba Chaves a intervenir. “Hacer lo necesario para ayudar a los extrabajadores y seguir realizando sus funciones para mantener la paz social, bien avalando un crédito con el que los extrabajadores adquirirían las instalaciones de Bilore o mediante prejubilaciones”. La Guardia Civil localizó ese fax y la importancia del mismo es que, según confesó Guerrero a los agentes de la investigación, sería el único caso en que recibió una instrucción por escrito.
"En las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, el PSOE escogió como eslogan electoral “100 años de honradez”, al que los militantes del partido comunista añadieron con cierta sorna e ironía “y 40 de vacaciones”, haciendo referencia a su escasa presencia durante la dictadura, en contraposición a la actuación del partido comunista (...)
No hay por qué dudar sobre tales 100 años de honradez del PSOE, pero no se puede decir lo mismo de los que vinieron después. El partido socialista tiene poco que reprochar al PP en materia de corrupción. En ambas formaciones políticas ha surgido con largueza cuando y allí donde gobernaban. La memoria de los ciudadanos es frágil y es posible que hayan olvidado lo que sucedió en los últimos años del felipismo, y cómo la corrupción se expandió de tal manera por todas las Administraciones que en 1996 hizo perder el gobierno al PSOE. Y con toda probabilidad muchos tampoco recordarán que fue en el Ayuntamiento de Madrid, a principio de los 1980 con un contrato de limpieza licitado por el gobierno municipal del PSOE, donde se ha ensayado por primera vez la financiación ilegal para un partido político.
Últimamente ha estado muy presente en la prensa la formación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra. Lo que le ha dado ese carácter de extraordinario es que lo presida una socialista, apoyada en un conglomerado político muy heterogéneo entre los que se encuentran incluso los herederos de ETA. Lógicamente, esta forma de actuar ha suscitado muchas críticas en contra del PSOE. No obstante, hay quienes han pretendido explicar la postura del partido socialista navarro por el 'mono' de poder, al llevar 23 años fuera del gobierno. Ningún medio sin embargo se ha preguntado por la razón de esta ausencia, que muy probablemente radica en el escándalo que protagonizaron los 2 últimos socialistas que ocuparon presidencia de la C.A, estuvieron procesados por corrupción. Uno de ellos incluso pasó varios años en la cárcel y el otro fue absuelto, pero tan solo porque había prescrito el delito.
Sánchez ha basado toda su oposición a Rajoy en el asunto de la corrupción. Incluso ha querido justificar la moción de censura ganada con el apoyo de los golpistas, con la excusa de una sentencia en la que se daba por probada la corrupción del PP (aun cuando, en realidad, la sentencia no afirmaba nada nuevo que no se conociese hace tiempo; pero sirvió de coartada). Pedro Sánchez se ha creído legitimado para adoptar esa postura puritana de inquisidor inexorable, ya que no se sentía vinculado por los escándalos pasados de su partido. Esta actitud hasta cierto punto era coherente en un personaje que ha pasado por encima de todos los órganos de su formación política, hasta el extremo de configurar un partido prácticamente nuevo. Pero entonces, ¿qué sentido tiene ahora recurrir a esos 140 años de 'historia'... sobre los que no queda nada sino las siglas?
(...) Pedro Sánchez quiere usar el pasado del partido para lavar sus escarceos con golpistas y herederos de terroristas, pero curiosamente... sin sentirse concernido con la parte oscura de la historia del partido, piensa que no le salpica la corrupción pasada y se cree legitimado para censurar duramente a la de los otros partidos.
Mas el hecho es que no queda confinada en el pasado la corrupción del PSOE: llegó al presente. Como cabría esperar, se ha mantenido, allí donde ha venido gobernando, principalmente en Andalucía. Pedro Sánchez se ha desentendido de la corrupción de la Junta de Andalucía como si no fuese con él, un asunto exclusivo de Susana Díaz. Pero lo quiera o no, esa Comunidad Autónoma proporciona una parte muy importante de los parlamentarios del grupo socialista y en los que Pedro Sánchez ha venido apoyándose tanto en su acción de oposición como de gobierno.
Él también se benefició del supuesto dopaje usado en Andalucía por el partido socialista. Pero es que, además, la corrupción de la Junta toca más directamente a Sánchez desde el momento en el que ha incorporado a su gobierno a altos cargos de esa Comunidad Autónoma; especialmente en el Ministerio de Hacienda, al que la ministra se ha traído a media Consejería, bloqueando e invadiendo múltiples cargos del Ministerio.
Hace pocos días surgió la noticia de que había dimitido el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al ser llamado a declarar como investigado en el caso del yacimiento minero de Aznalcóllar. Se le imputaba participar en la adjudicación de un contrato en el que, según la Audiencia provincial, podrían haberse producido "malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y exacciones ilegales". Es un proceso más de los que afectan a los pasados responsables de la Junta de Andalucía.
La relevancia del caso se encuentra en la imputación del presidente de la SEPI. Para los que no lo sepan, la SEPI es el holding propiedad del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda, que engloba a casi todas las sociedades estatales que han quedado sin privatizar. Resulta evidente la importancia del cargo, el poder económico que acumula y la cuantía de sus retribuciones. Haber designado para ese puesto a quien después ha resultado imputado no deja en muy buen lugar “in vigilando” a la ministra que lo ha traído de Andalucía.
Además, el dimitido por imputado ahora ocupó antes cargo de Interventor General en la Junta de Andalucía, es decir, "encargado de controlar la legalidad y correcta administración de los recursos públicos" en todos los organismos, entes y consejerías de la Junta. Se supone que fue nombrado también por la actual ministra de Hacienda, entonces consejera de la Junta en la misma área. La trascendencia de estos nombramientos surge de que la Audiencia provincial ha mandado investigar si hay un posible delito de cohecho, por “ascensos” que pudieran haberse dado a modo de recompensa a las personas relacionadas con el concurso.
Llueve sobre mojado, pues quien ocupaba también el cargo de Interventor General de la Junta entre 2000 y 2010 se encuentra procesado en la actualidad en el caso de los ERE, porque conociendo la irregularidad de las subvenciones que se estaban tramitando no las impidió.
Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder creyendo que cada gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías (¡qué papelón...!) Esto también son corrupciones, y de las más graves."
Desde 1993, Felipe Glez prefirió sumar Mayorías con Nacionalistas...
Aunque lo peor es la persistencia del mismo problema, sin variación aliviándose, una tras otra Legislatura... como ya denunciamos hace 4 años y aún ahora mismo cabe repetir:
¡Hasta 558 Representantes, recién elect@s para nuestras Cortes, largando -¿muy nueva mente?- lenguaraces planes ante las "Reformas Constitucionales" que tampoco en esta Legislatura llegaremos a ver!
Pero tanto "lo viejo" -l@s del PPSOERCCIUP... Y Demás- como Ciudadanos/Podemos/Vox/CUP (ahora emergentes) rechazan a su vez plantearse otras Medidas clave, que podían aprobar ya sin haber consensuado antes ningún difícil cambio respecto de la ley Suprema en vigor, para progreso contra corruptelar:
Postdata (19/11/2019):
La partida presupuestaria en Andalucía de los ERE, también conocida por ‘fondo de reptiles’, sumó 854.838.243 euros. Esa cifra lo posicionaría como el 'caso' de Corrupción más onerosa juzgado hasta hoy en la historia de España...
Y en 679.432.179 € calculaba este fraude su Sentencia, tal y como había terminado por exponerlo la Fiscalía Anticorrupción al finalizar conclusiones acusatorias en el juicio.
Totales defraudados por ejercicio anual:
2000- 6.977.751 euros, .
2001- 86.022.863 euros,
2002- 66.538.654 euros,
2003- 55.646.899 euros,
2004- 42.472.719 euros,
2005- 73.061.471 euros,
2006- 86.591.000 euros,
2007- 86.656.003 euros,
2008- 94.744.185 euros,
2009- 80.720.634 euros.
Tres ex-ministros condenados con Carmen Calvo, actual ministra de Igualdad,
ministra de la Presidencia y Vice-presidenta de Pedro Sánchez en el Gobierno.
