La peor Corrupción -Institucional...- no es cuestionada en la Casta, nunca jamás, aún

Por fin -con apoyo de PP, Ciudadanos, CC, PNV y PdeCAT- se aprobó un Real Decreto para corregir Monopolio legal de Compañías [Estibadoras] vigente aún en España, pese a reiterada condena e incluso multa desde la UE, por vulnerar otras reglas generales aplicadas para los demás mercados laborales; tanto PSOE como UP lo rechazaron... al no lograr consenso por estibadores y sus Empresas.

     

Costará unos 2.000 millones más de Gasto Público y en 3 años no se suprime monopolística Sociedad para la Estiba todavía; pero sí les garantizan al 100% empleo a quienes disfrutan privilegio comparativo, tal (sumando casi 6.200 beneficiarios entre todo el Estado, sólo), sin aplicarse ningún ERE ni tampoco nada similar por recortárselo.

  

     
Aquí hoy en definitiva, "la expresión afortunada de capitalismo políticamente garantizado –que acuñó Max Weber, como alternativa posible al ‘clientelar’- sería muy aplicable sobre buena parte del actual sistema económico español. Por este marco institucional, el Estado y quienes ejercen poder político de hecho protegen a un determinado número de [Grandes] Empresas, utilizándose distintas vías: asumen los riesgos para las mismas, promulgan regulaciones que les benefician, hacen la vista gorda ante sus incumplimientos de normativas u otros abusos y las favorecen en concursos o adjudicaciones, etc.

  

Las consecuencias por tamañas prácticas sobre (in)eficiencia productiva, en calidades del emprendimiento y para distribución de renta son bastante obvias.

  

Viene a cuenta esta reflexión por las noticias del cómo el Estado deberá compensar al operador ABERTIS porque los tráficos en la Concesión de AP-7 han sido menores que lo previsto. Tamaño asumirse los riesgos empresariales por parte del Estado es la consecuencia de cierto convenio que suscribió un Gobierno de ZP en 2006 (PSOE), según cuyas disposiciones dicha Empresa Concesionaria realizaba una inversión y el Estado garantizaría contractualmente su cash-flow...
 

  
Este potente Grupo de Concesiones en autopistas ha visto cómo era favorecido con la ‘garantía’ del Estado –por utilizar el término weberiano- antes de su creación. El antecedente, ACESA (pues ABERTIS había surgido ya con fusión de aquélla más ÁUREA), incumplió diversos términos regulatorios para las Concesiones originales al no reinvertir los excesos de beneficios obtenidos: primero desoyó los requerimientos del Ministerio de Fomento cuando J. Borrell (PSOE) era ministro en 1993, pese a perder sucesivos recursos contra la correspondiente resolución.

   

Y en 1998 llegó a unos acuerdos -con tanto el Gobierno Aznar (PP) cuanto la Generalitat (CiU)- por los cuales eran dados como buenos diversos incumplimientos anteriores más, como premio, se veía prorrogado su periodo concesionado a cambio de unas muy reducidas rebajas tarifarias.

   

Por fin en 2006 ABERTIS, amparado por otro Gobierno del PSOE, firmaba ese citado convenio con el ministerio que regía ya Magdalena Álvarez obligando al Estado a pagarle –ahora- unos 1.500 millones de euros. El compromiso resultó cerrado de forma tan conveniente para los intereses de ABERTIS que nuestro Estado debe pagar; así lo acaba de confirmar el TSJ para Madrid.

   

Además no podríamos evitar retener otros dos ‘casos –Castor… y Ferro…’- en los cuales Empresas del grupo ACS vieron cómo el Estado finalmente asumiría (todo) riesgo de las inversiones privadas, gracias a contratos técnicamente inmaculados.

   

Resulta llamativo cuando el Consejo de Estado –tan sólo 6 días antes del Decreto 454/2006 que sancionaba, en Consejo de Ministros, este convenio entre ABERTIS y el Ministerio de Fomento competente- advertía “incluirse con éste una peligrosa cláusula de compensación, implicando 'desaparición de los riesgos' para la Empresa Concesionaria, muy apartado del 'principio rector' por el cual se regulaban las concesiones en autopistas desde 1972”.

       

   

Ese caso tan evidente del ‘capitalismo políticamente garantizado’ dista mucho de ser un hecho aislado. Durante varios años las Compañías Eléctricas se han beneficiado del que las autoridades hayan mirado hacia otro lado cuando estaban recibiendo una financiación superior a lo que les correspondía por la regla implícita con los ‘costes de transición a competencia’ [no debían ser compensados cuando el precio resultara superior a 36 € /Megavatio-hora, pero lo fueron]…

   

E igualmente con falta de rigor en la gestión sobre las concesiones hidroeléctricas, tanto mediante determinación del canon como en su (ausencia de) subasta pública cuando se terminaba el periodo de concesión. O también con los términos del decreto de 2015 estableciendo un llamado 'impuesto al sol' que conseguía eliminar la competencia sobre instalaciones fotovoltaicas, especialmente para horas en las cuales el precio es mayor y otros márgenes ganados por sus Compañías eléctricas resultan más elevados.

    

Y qué decir de los Bancos: por ejemplo, se han beneficiado con una reforma ‘de ida y vuelta’ en la libertad del cliente para cambiar sus hipotecas [fue facilitada el año 1994 cuando querían entrar de lleno en el mercado hipotecario dominado por las Cajas y, una vez que la Banca estaba muy presente ya en ese mercado crediticio, se ha restringido notablemente desde 2007]; o ven cómo las reclamaciones ante nuestro Banco de España por cualquier cliente, aunque le hubiera dado la razón aquél al particular, carecen aún de todo efecto…

     

       

Pero este ‘capitalismo políticamente garantizado’ tampoco se ha limitado a la protección por el Estado para las [más] Grandes Compañías del IBEX ni, por cierto, es consecuencia del que no pocas entre dichas Empresas tengan consejeros con pasado político. Sociedades medianas, coticen o no en un mercado de acciones, reciben tratos favorables en los concursos y la tramitación de normativas o permisos variados por distintos niveles entre Administraciones Públicas; viéndose rehenes éstas, en múltiples casos, de Formaciones políticas.
 
Hay muchas anécdotas, más o menos públicas, pero sería necesario un gran esfuerzo compilatorio para revelar con plena nitidez esta realidad ‘clientelar’. Sus consecuencias sobre la competencia e (in)eficiencia son enormes. Por ejemplo, nuestra CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estimó que las malas prácticas en contratación pública generan un sobrecoste del 25%; pero el coste (4,7% de PIB) real puede ser aun mayor, por todo su gran efecto sobre la [in]eficiencia productiva.

    

La existencia de ‘puerta giratoria’ explica solo algunas partes en esa práctica de garantía política para sus Empresas, y pequeña si limitamos tal expresión al existir entre las Compañías del IBEX consejeros con pasados políticos; mas mayor si lo extendemos a las actividades profesionales para los ex altos cargos que, como ponía bien manifiesto un reciente estudio por la 'fundación Hay Derecho', están indebidamente supervisadas desde una Oficina sobre Conflictos de Intereses: el hecho del que antiguos altos cargos creen consultoras asesorando a las grandes y medianas Empresas es más frecuente de lo debido.

    

 

Y otra ‘puerta giratoria’ menos intensa, pero relevante, sería la de aquellos abogados del Estado que asesoran a Grandes Empresas en su relación con las Administraciones o sobre los conflictos al respecto.

   

Ahora la financiación de los Partidos Políticos comporta otro ingrediente para este puzle, pero no sé si el conjunto formado por distintas ‘puertas giratorias’ más las aportaciones a sus correspondientes formaciones partidistas constituiría una razón fundamental ante aquella realidad institucional resumida por la expresión de Weber. Lo cual tampoco quiere decir que no haya de ponerse coto a estas prácticas.”

   

(Carlos Sebastián, 27/4/2017: 'Capitalismo políticamente garantizado')
 

 
Pero aun hay mucho más:
 
- Ha perdido ya España su primer laudo internacional respecto a una insostenible normativa de las energías renovables -con 'barras libres...' para el beneficio por los inversores- que ha debido ser finalmente revisada.

- A nuestro Estado le cayó condena de hasta 128 millones para resarcir, según lo contratado en su día, unos 'lucros cesantes' privados; y quedaban todavía otros 26 arbitrajes más pendientes, con varias reclamaciones análogas...

- En conjunto éste representa un importantísimo capítulo adicional, pues; cuya repercusión total podría sumar en torno a 5.000 millones de euros.

- Además, aparte deben añadirse alrededor de 10.000 millones para el operador ABENGOA, del agujero contable resultante con todo ello...