Con la memoria todavía fresca de una DANA que dejó pueblos bajo el agua y bajo el barro, llegan los incendios que arrasan con vidas y bienes. Cada episodio se presenta con su propio origen técnico -un cable caído, una gota fría, un cauce urbanizado- y con sus propios rituales: rescate, luto, comparecencias, promesas. Y cada episodio, también, con la misma pregunta aplazada: ¿por qué no pudimos prevenir los desastres?
Cuando ocurren estas cosas conviene recordar un contraste que la literatura sobre gestión de catástrofes cita una y otra vez. En 2005, el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans y mató a cerca de 1.800 personas; la respuesta federal, tardía y descoordinada, se convirtió en el símbolo internacional de un fracaso institucional. Un año antes, el huracán Iván había azotado Cuba con idéntica categoría máxima, y la evacuación de más de un millón de personas -organizada casa por casa- se saldó sin una sola víctima; el Dennis, en 2005, dejó apenas una quincena de muertos en toda la isla. El coordinador de emergencias de Naciones Unidas explicó entonces, con una franqueza inhabitual, por qué apenas se hablaba de ese éxito cubano: la prevención no da titulares.
Conviene no sacar las lecciones indebidas. Cuba logra esos resultados gracias, entre otras cosas, a un aparato de movilización forzosa -comités para la vigilancia vecinal, desplazamientos obligatorios, un control social que en cualquier otro terreno constituye una violación sistemática de libertades básicas-, que debería resultar antipático para cualquier persona con una mínima sensibilidad liberal. La lección no es que el autoritarismo prevenga mejor porque sea autoritario, sino algo más incómodo: las instituciones democráticas, tal y como están actualmente diseñadas, padecen una estructural miopía política -pan para hoy, hambre para mañana- de la que un poder ajeno a las tribulaciones de los ciclos electorales está exento.
El problema tiene nombre en la teoría económica. En un mercado de coches usados, escribió George Akerlof en el artículo que le valió el Nobel, el comprador no puede distinguir un vehículo fiable de un cacharro -un lemon-, y esa asimetría informativa termina expulsando del mercado a los buenos coches: si nadie puede verificar la calidad, nadie paga por ella, y los vendedores honestos se retiran. Algo parecido ocurre en el mercado electoral de la prevención. El votante no puede observar el incendio que no se produjo, la epidemia que se quedó en nada gracias a un almacén de mascarillas que nadie vio nunca vaciarse, el cauce que no se desbordó porque alguien lo limpió en marzo. Solo observa lo que sí ocurre: la ambulancia, el titular, el rescate en directo. La buena gestión preventiva es, por definición, invisible, y lo invisible no se puede votar ni premiar.
El resultado es una selección adversa que opera sobre los propios gobernantes. Igual que el mercado de coches usados termina lleno de cacharros porque los buenos no encuentran comprador dispuesto a pagar su valor real, la esfera pública tiende a llenarse de gestión reactiva y fotogénica, porque la preventiva no encuentra reconocimiento electoral. No es que los políticos sean necesariamente cortos de miras; es que el sistema de incentivos de la democracia recompensa lo visible sobre lo eficaz. Como resumía hace poco Julie Pavlin, una reputada epidemióloga con experiencia en salud global: en salud pública, si haces bien tu trabajo, te recortan el presupuesto, porque nadie está enfermando. Literalmente, un castigo al éxito.
El fenómeno tiene, además, un pariente cercano: la «victoria fantasma», el éxito medible que en realidad oculta un fracaso -o, peor, que tampoco demuestra nada-. Los jefes de policía norteamericanos que en los años 90 se atribuyeron el mérito de la disminución de los delitos, cada uno con su «teoría», cada uno convertido después en consultor de éxito, no repararon en que la criminalidad bajaba en todas las ciudades del país por igual, aplicaran la gestión que aplicaran. Cuando el éxito es difuso, cualquiera puede reclamarlo; cuando el fracaso evitado -el incendio, la riada, la pandemia contenida- tampoco se manifiesta nunca, sencillamente no hay nada que reclamar, ni para bien ni para mal.
Nassim Taleb llevó la idea un paso más allá, y su característica mala uva, en 'Antifrágil': el legislador que logra, con una reforma anónima, que una enfermedad no se propague recibe menos honores que el médico que trata con éxito a los enfermos una vez estallada la epidemia, porque el éxito del primero consiste, precisamente, en que no ha pasado nada digno de ser contado. Rescataba para esto el viejo término de Erasmo, ingratitudo vulgi, la ingratitud del vulgo: no se puede agradecer lo que no deja rastro. En román paladino, hay diferencia entre inaugurar la línea del AVE y mantenerla. Solo se pueden hacer fotos de lo primero.
A esto se suman otros obstáculos más domésticos, casi de manual de gestión, que asoman recurrentemente en las diversas administraciones: la inercia de naturalizar lo evitable, como si algún monte o cauce sin despejar decisiones aplazadas no fueran -sino parte del paisaje- y no; la dilución de la responsabilidad entre tantas administraciones y legislaturas que, al final, nadie es exactamente el encargado de anticiparse al problema; y la tiranía de lo urgente sobre lo importante, que hace que el presupuesto disponible se lo lleve siempre la crisis de esta semana y nunca la discreta tarea, invisible y poco vistosa, de evitar la del año que viene.
Si esto es así ya para incendios y riadas, la magnitud del problema se dispara cuando se trata de riesgos de escala mayor: el cambio climático, cuyos costes se pagan dentro de 30 años y cuyas medidas hay que financiar hoy; una pandemia futura, para la que hoy mismo se están desmontando reservas y capacidades; los riesgos sistémicos de una inteligencia artificial que avanza más rápido que su regulación; una nueva crisis financiera, para la que ningún regulador ganará jamás un premio por impedirla. Cuanto más lejano y más difuso es el desastre potencial, peor funciona el mecanismo de rendición de cuentas democrática, porque peor se puede vincular la culpa de no haber actuado con el nombre de quien no actuó. Y aquí, de nuevo, conviene mirar hacia sistemas capaces de planificar a horizontes que ningún ciclo electoral occidental tolera: China lleva décadas fijando objetivos industriales y tecnológicos a 15 y 20 años vista -del despliegue de renovables al liderazgo en inteligencia artificial-, precisamente porque su legitimidad no depende de un veredicto cada cuatro años, sino de resultados agregados que puede permitirse perseguir con paciencia mineral.
Con un dato desazonador. Encuestas independientes -de Harvard, de la Alianza de Democracias- llevan años registrando que los ciudadanos chinos manifiestan una satisfacción con su gobierno central que ronda el 90%, muy por encima de la que expresan los estadounidenses con el suyo, y que una amplia mayoría de chinos, en torno al 83%, describe su propio país como una democracia, frente a una mayoría de estadounidenses que hoy duda de que el suyo lo sea. Se puede desconfiar, con razón, de encuestas hechas bajo un régimen que castiga la disidencia. Pero incluso descontando ese sesgo, el dato apunta a algo que no deberíamos despachar con displicencia: las gentes tienden a valorar institución si resuelve sus problemas, no porque garantice procedimientos.
Tenemos la suerte -o eso nos contamos a nosotros mismos, cada vez con menos convicción- de vivir en democracia y en libertad, con casi toda la información pública, la prensa razonablemente libre y el escrutinio que ningún régimen conocido nos puede ofrecer sin control social de por medio. Todo eso es cierto, aunque cada vez en dosis más homeopáticas. Pero no podemos olvidar que las instituciones se justifican, en última instancia, en la medida en que nos hacen la vida más llevadera. No podemos resignarnos a que nuestro mundo de libertades quede reducido a un parque temático bien decorado, entretenido, cómodo para pasar el rato con los amigos, mientras que la vida verdadera y más importante discurre por otro lado. De otro modo, los ciudadanos se sentirán tentados de responder de la peor manera a la ingrata pregunta atribuida -por más que nada documentada mente...- a Lenin: "¿libertad, para qué?"
