La pregonada "Nueva Normalidad" era esto: ¡gobernarnos por Decreto y Sin Parlamento!

 

  

  

Llegando ya al final de este vertiginoso mes de abril que ha sometido el mundo a los vaivenes de las decisiones vía decretos presidenciales del presidente Don Trump –libre de cualquier tipo de control institucional, político, económico y hasta personal, lo que da mucho que pensar sobre el funcionamiento de los checks and balances norteamericanos– toca volver la mirada hacia los problemas de nuestra democracia. Que tampoco son pequeños, aunque podamos consolarnos pensando que estamos todavía lejos de un caudillismo populista que desprecia los límites al poder, carga contra los jueces a los que nadie ha elegido y que gobierna rodeado de un grupo de aduladores serviles y sin contar demasiado con el Parlamento.

Quería detenerme precisamente en este último punto, a propósito de la renuncia –que ya se nos presentaría como prácticamente definitiva, y no temporal...– del Gobierno a presentar la Ley General de Presupuestos al Congreso, por la sencilla razón de que no cuenta con una mayoría suficiente para aprobarlos. Pues bien, siendo esto comprensible en términos políticos, resulta profundamente antidemocrático, además de claramente inconstitucional. No deja de llamar la atención que, después de haber criticado, con razón, la negativa del PP a renovar durante años el órgano de gobierno de los jueces como un incumplimiento constitucional –otro tema es el cómo, pero esa es otra cuestión–, se asuma ahora con tanta desenvoltura el incumplimiento de una obligación constitucional tan trascedente como es la de presentar unos Presupuestos anualmente y, a ser posible, en plazo. Además, llueve sobre mojado ya, porque en 2024 tampoco hubo presupuestos, aunque aquella vez la excusa era la convocatoria de las elecciones catalanas.

 

 

Como se ha repetido hasta la saciedad, la presentación de los Presupuestos es una obligación constitucional del Gobierno, establecida con claridad en su artículo 134.3, que también prevé que se presenten tres meses antes de que termine el ejercicio en curso, es decir, el día 1º de octubre. Y solo excepcionalmente se prevé la prórroga automática de los Presupuestos anteriores de forma temporal. Sin embargo, en España cada vez más la excepción se está convirtiendo en la regla general, tanto en el ámbito del Gobierno estatal como en de los gobiernos autonómicos, con especial mención al catalán. Sucede igual con la excepción del legislarse por decreto–ley: también se ha convertido en aquella «nueva normalidad», por utilizar la recordada frase de nuestro presidente del Gobierno. Una nueva normalidad, insistimos, contraria a la Constitución y a los principios básicos de una democracia parlamentaria.

La razón última -como hemos dicho- es, sencillamente, la falta de una mayoría parlamentaria suficiente: el PSOE consiguió una mayoría para su investidura –a un precio muy alto, como es bien sabido–, pero, ciertamente, no tiene nada parecido a una mayoría de legislatura, ni mucho menos un acuerdo digno de este nombre. De ahí el sufrimiento constante, dentro y fuera del Parlamento, para aprobar leyes o incluso decretos–leyes. Los ejercicios de contorsionismo político de este Gobierno son bien conocidos, y no es cuestión de enumerarlos otra vez aquí. Pero lo que sí es evidente es que la coalición negativa existente, que considera preferible un Gobierno débil y extorsionable de Pedro Sánchez a una alternativa del PP y Vox con mayoría absoluta, sencillamente no es suficiente para gobernar. O al menos para gobernar con el Parlamento, que es lo que se supone que se hace en toda una democracia parlamentaria.

 

 

Recordemos que la legitimidad del Gobierno y la de su presidente se fundamentan precisamente en la confianza del Parlamento: a nuestro presidente no le elegimos los ciudadanos directamente, le elige el parlamento. Y si no tiene la confianza del Parlamento para algo tan esencial como aprobar unos Presupuestos durante una legislatura –porque esa es la pinta que tiene–, lo que hay que hacer es convocar elecciones. Esta era la antigua normalidad: de hecho, así lo entendió el propio Pedro Sánchez en 2019. La cultura política democrática asumía, correctamente, que el rechazarse unos Presupuestos Generales del Estado suponía un rechazo al proyecto político del Gobierno, que tendría que sacar las conclusiones pertinentes. Y es lo que se hacía.

Ya no. En la nueva normalidad, la pedestre realidad de que no hay mayoría suficiente para aprobar unos Presupuestos, que debería llevar a unas elecciones –que pueden perderse, pese a los esfuerzos combinados del CIS y del PP– se disfraza como se puede. De entrada, con la inédita decisión –al menos, a nivel del Gobierno nacional– de no presentarlos durante dos años consecutivos para que no se constate o se visibilice esa falta de apoyos. Que no se enteren los ciudadanos de que este Gobierno no tiene mayoría. Pero sigue con declaraciones muy preocupantes desde el punto de vista del Estado democrático de derecho por parte de algunos representantes políticos. Declaraciones que ya empiezan a recordar demasiado a las de un Trump o por cualquier otro populista al uso.

 

 

Recordemos algunas. Por ejemplo, afirmar que «habrá que gobernar por decreto–ley» –como si fuera una opción más, y no una excepción limitada constitucionalmente– o «habrá que gobernar sin el Parlamento» –luego rectificada ante el pequeño escándalo mediático–, sin olvidar las asombrosas declaraciones del inefable ministro Óscar Puente, afirmando nada más y nada menos que los Presupuestos son una herramienta útil, pero no imprescindible. Asegura que no sólo se puede gobernar sin Presupuestos sino que siempre ha «relativizado este tema». Que es tanto como decir que siempre ha relativizado el Parlamento, la Constitución o, ya puestos, la democracia representativa. ¿De verdad estamos tan lejos de Trump y sus decretos ejecutivos o estados de excepción como [aquí hoy a todo el mundo...] nos gustaría creer?

Como hemos apuntado, esta anomalía democrática no sólo afecta al Gobierno nacional. Hay varias comunidades autónomas gobernadas por el PP que tampoco han presentado proyecto de Presupuestos. El mal se extiende, como es previsible, pues el ejemplo del Gobierno nacional en minoría es muy inspirador para otros gobiernos regionales en minoría, una vez que se ha roto el acuerdo entre PP y Vox. Mención especial merecen algunos comentarios de políticos –en este caso, del Gobierno de Salvador Illa–, que señalan que les hubiera «gustado» tener Presupuestos, como si fuera algo así como slolo un ideal al que aspirar, y no una obligación constitucional.

 

 

Lo cierto es que la no presentación de Presupuestos menoscaba los principios fundamentales de una democracia parlamentaria, al privar al Parlamento de una de sus funciones primordiales: no en vano, el inicio histórico del parlamentarismo se encuentra íntimamente enlazado con el famoso principio «no taxes without representation», es decir, la exigencia de que para imponer impuestos a una ciudadanía se requiere voto favorable de parlamentarios representativos. Pero, y además, nos encontramos en un momento histórico, en el que se están comprometiendo subidas importantes del Presupuesto en Defensa al margen del Parlamento, la sede de la soberanía popular. Las triquiñuelas técnicas a las que se va a recurrir para hacerlo no son de recibo en un Estado democrático de derecho. Gobernar sin el Parlamento no puede ser una opción, al menos democrática.

(Elisa de la Nuez: 'La nueva normalidad: gobernar sin Parlamento')

  

      

Sánchez 'el innovador' o cómo reinterpretar

el sistema constitucional a base de ficciones 

  

Yuval Noah Harari explica en su excepcional Sapiens que la razón principal por la que los seres humanos hemos pasado de animales a dioses radica en nuestra capacidad para colaborar mediante la construcción de ficciones: entidades imaginarias en las que creemos, como las religiones, las naciones, el dinero o los derechos humanos.

En un sentido similar, el gran constitucionalista Karl Loewenstein señaló en su magistral Teoría de la Constitución que la ficción de la representación política constituye la base de la democracia parlamentaria moderna, un invento tan decisivo para el desarrollo de la humanidad como "la máquina de vapor, la electricidad o la energía atómica".

Cuando pasen los años y los especialistas analicen el período en que Pedro Sánchez ha sido presidente del Gobierno, se le reconocerá su extraordinaria habilidad para crear ficciones que lo han mantenido en la cúspide del poder político.

La primera fue el uso que le dio en junio de 2018 a la moción de censura, que, estando diseñada para construir un Gobierno, él supo usarla (o al menos así lo formuló desde el ambón del Congreso) como mecanismo para disolver las Cortes y convocar elecciones.

Desde entonces, ha seguido por esa senda innovadora, tejiendo ficciones tan singulares como considerar que, desde el verano de 2018, España vive una situación de tan "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica convertir el decreto-ley en la fuente principal del Derecho, por encima de la ley ordinaria y la orgánica.

Otras ficciones memorables son la idea de que España penalizaba excesivamente el delito de sedición, lo que condujo a su despenalización. O que el presidente podía alterar unilateralmente la política de descolonización del Sáhara sin atenerse a las resoluciones del Congreso ni requerir un acuerdo formal del Consejo de Ministros.

Estas ficciones, que han redefinido la relación entre las Cortes y el presidente, no han sido bien comprendidas por los académicos. Algunos han hablado de una minusvaloración del Parlamento. Yo mismo he argumentado que hemos pasado de un parlamentarismo racionalizado a uno difuminado.

Nos falta, tal vez, perspectiva histórica. Igual les ocurre a los tribunales, que de vez en cuando contradicen al presidente y le anulan algún decreto, como la sentencia del Tribunal Supremo que sostuvo que solo las Cortes pueden ceder competencias estatales a las Comunidades Autónomas, y anuló el Real Decreto 252/2023, de traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra.

La antepenúltima de estas ficciones creativas se presentó el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que Sánchez anunció el "Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa". Según afirmó, el Gobierno tenía la obligación de desarrollar capacidades para proteger a Europa de las amenazas actuales, y "este Plan, que hemos aprobado hoy, nos ayudará a cumplirlo en un tiempo récord".

Sin embargo, la nota de prensa oficial revela que tal plan fue no aprobado sino, simplemente, "abordado"... Con un lenguaje más burocrático, la referencia del Consejo de Ministros indica que "se tomó conocimiento del Informe sobre el Plan" elaborado por el Ministerio de Defensa.

Es probable que el presidente no perciba gran diferencia entre "aprobar" un plan y "tomar conocimiento" de él. Pero para los juristas, que nos detenemos en los detalles y consultamos la Ley del Gobierno, la distinción es crucial. Si no se ha aprobado, el plan no vincula al Ejecutivo ni a otras instituciones públicas, no genera derechos ni obligaciones, no puede ser recurrido ante los tribunales y ni siquiera debe publicarse en el BOE.

El propio Gobierno lo admite, a contrario sensu, al señalar que "se publicará en la web de La Moncloa". Algo que, por cierto, todavía no ha ocurrido.

En la misma comparecencia, Sánchez afirmó que este plan y sus inversiones no requieren aprobación parlamentaria "porque no implican un mayor esfuerzo presupuestario".

  

 

Esta interpretación, criticada por la oposición y algunos medios, constituye una innovación teórica que reinterpreta varios artículos de la Constitución: el sistema parlamentario como "forma política del Estado español" (art. 1), el principio de legalidad como base del Estado de Derecho (art. 9), la potestad legislativa de las Cortes y su función de aprobar los Presupuestos (art. 66), y el carácter anual de estos últimos (art. 134).

Requiere, sin duda, una gran dosis de imaginación jurídica argumentar que enviar el Plan del Ministerio de Defensa a la OTAN "para que sus fundamentos técnicos y presupuestarios sean evaluados", en lugar de someterlo al Parlamento, no vulnera la Ley Orgánica de Defensa Nacional (LODN).

Esta norma establece taxativamente que las Cortes deben "aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes" y "debatir las líneas generales de la política de defensa, para lo cual el Gobierno debe presentar las iniciativas correspondientes, singularmente los planes de modernización".

Asimismo, resulta difícil aceptar que sea constitucional utilizar "reasignaciones presupuestarias" de unos Presupuestos aprobados por las Cortes de la anterior legislatura para financiar el mayor incremento de gasto en Defensa de la historia, que, según los cálculos del presidente, pasará de 22.652 millones de euros a 33.123 millones, un aumento del 46 %.

No se trata ya sólo de una anomalía política que estas Cortes elegidas en julio de 2023 no hayan aprobado una ley presupuestaria y la de 2023 se haya prorrogado dos veces, sino un incumplimiento jurídico.

El Gobierno ha recurrido de forma masiva a las habilitaciones ordinarias de la Ley General Presupuestaria y a las excepcionales del artículo 9 de la Ley de Presupuestos de 2023 para realizar "transferencias de crédito", "suplementos de crédito" y otras técnicas de ingeniería presupuestaria. Como en la paradoja del barco de Teseo, cabe preguntarse si queda algo de las partidas originales aprobadas en diciembre de 2022.

Llegados a este punto, hay que analizar si el ordenamiento jurídico español ofrece algún remedio jurisdiccional frente a estas innovaciones. O si todo debe resolverse en el ámbito político, mientras constatamos que la mayoría de los Estados miembros de la OTAN han adoptado decisiones parlamentarias para superar el 2 % del PIB en gasto militar.

En mi opinión, sí existen vías jurídicas.

La primera sería que el Congreso o el Senado promovieran un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la actitud del presidente supone que estas cámaras ni pueden cumplir con su función de aprobar, en general, los presupuestos del Estado que le atribuye la Constitución, ni en concreto los créditos militares, que le atribuye la LODN.

Individualmente, los parlamentarios podrían interponer recursos de amparo, reclamando su derecho a participar en los asuntos públicos, lo cual incluye la aprobación de los presupuestos.

Además, la mencionada sentencia del Tribunal Supremo 696/2024, que anuló el decreto de traspaso de competencias a Navarra, demuestra que existe otra vía: recurrir los acuerdos de transferencia de créditos que apruebe el Gobierno, argumentando que estas modificaciones presupuestarias carecen de mandato expreso al no existir una ley presupuestaria aprobada por las Cortes de la XV Legislatura y las habilitaciones de la Ley de Presupuestos de 2023 son insuficientes.

Mientras pienso en otras soluciones, me viene a la memoria el cuento de "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", del libro Ficciones de Jorge Luis Borges, en el que este y su amigo Bioy Casares se sumergen en un laberinto de espejos donde la realidad y la literatura se confunden.

¿No será mejor dejar que las ficciones presidenciales desplacen a las realidades constitucionales y pueda desarrollar su innovadora teoría de gobernar "con o sin apoyo del poder legislativo"?

(Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Granada)

 

 

800 organizaciones por un Manifiesto “No nos resignamos al rearme y a la Guerra en Europa”

    

[Igual que hace más de medio siglo, ahora mismo tenemos que seguir clamando como lo hacíamos entonces con Raimon: y con Joan Manuel Serrat: "Ahora que estamos juntos diré lo que tú y yo sabemos pero a menudo olvidamos. Hemos visto el miedo ser ley para todos, hemos visto la sangre que sólo trae sangre ser ley del mundo... No, yo digo No, digamos que No, nosotros No somos de ese mundo [...] De un tiempo que será el nuestro, de un país que nunca hemos hecho, canto las esperanzas y lloro la poca fe. No creamos en las pistolas: para la vida se hizo al hombre, y No para la muerte. No creamos en la miseria; esa necesaria, según dicen, de tanta gente. Lejos estamos de recuerdos inútiles y de viejas pasiones, No iremos detrás de antiguos tambores. De un tiempo que ya es un poco nuestro, de un país que vamos haciendo, canto las esperanzas y lloro la poca fe..."]

 

 

"¿Hay alguien, en Europa o en cualquier otra parte del mundo, que no quiera defender a sus seres queridos de una posible amenaza? ¿Que no desee alejar la sombra terrible de la violencia de su vida y la de los suyos? ¿Que no sueñe con un futuro en el que sus hijos e hijas, los de sus amigos y vecinas puedan realmente vivir en paz, desarrollarse como personas, tener trabajos dignos, habitar un planeta habitable, tener un techo sobre sus cabezas, disfrutar de la cultura o de las relaciones sociales enriquecedoras y constructivas y vivir vidas libres de todo tipo de violencias? La sociedad necesita la seguridad que da una sanidad y educación públicas de calidad para todas las personas, la juventud necesita una casa donde vivir, nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra.

¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia ni detalle y con urgencia? ¿Qué parte de esos miles de millones va destinada a mejorar la educación, la sanidad, la terrible situación de la vivienda, la precariedad en la cultura, la armonía medioambiental o la solidaridad internacional? ¿No sería más necesario invertir en mayores esfuerzos políticos y diplomáticos que ante las amenazas de agresión busquen caminos de diálogo todavía no explorados? ¿Es estúpido, simplista o naif desear esto, defender la paz y la justicia social? ¿Es quizá más inteligente, elaborado y maduro creer que los vientos de guerra, el lenguaje belicista y la apuesta por las armas traerán un futuro mejor? 

 

  

No, no nos resignaremos a su Guerra: en Europa el rearme no traerá la paz ni contribuirá a la distensión... sino que nos acercará aún más a la guerra. Los contextos militaristas suelen ir acompañados, además, de retrocesos en derechos, libertades y políticas sociales, originan miedo y alarma social, escenario idóneo para normalizar mecanismos de represión y de autoritarismo, como ya se está empezando a ver.  Nos preocupa que esta estrategia lleve a una larga guerra con Rusia, que sabemos que no es para defender el Derecho Internacional Humanitario, la libertad, los derechos humanos o para proteger a los más débiles. De ser así, la actitud frente a Netanyahu sería la misma que frente a Putin. Esta Europa que calla o, peor aún, apoya a Israel en su genocidio en Gaza y Cisjordarnia e incluso persigue a quienes lo denuncian, necesita redefinir claramente cuáles son esos valores comunes cuya defensa se plantea como justificación para el rearme.

La ciudadanía de nuestro país ha demostrado sobradamente en el pasado su compromiso con la paz y con las políticas antibelicistas. Forman parte de nuestra memoria colectiva reciente las multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra de Irak impulsada de manera ilegal por el Gobierno de José María Aznar, el movimiento de rechazo a la permanencia de nuestro país en la OTAN que llegó a movilizar más del 43% del voto emitido en aquel lejano referéndum, o el movimiento de lucha contra el servicio militar obligatorio hasta su eliminación en el año 2001. El aumento del gasto militar europeo -hasta 800.000 millones de euros en cuatro años- anunciado por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, se va a realizar a través de algún mecanismo de 'excepcionalidad' que evitará debatir en los parlamentos y, en general, la información clara y detallada a la ciudadanía europea.

No podemos ni queremos aceptar que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras Universidades públicas, nuestro sistema de atención a la dependencia, nuestras políticas de protección y de cobertura social para los momentos de dificultad, de lucha contra el cambio climático, la violencia machista, el racismo o de protección frente a emergencias, de cooperación, vaya a ser destinado a un comprar tanques, fusiles, cazas y misiles para la guerra, porque así lo hayan decidido élites belicistas que gobiernan actualmente Europa y los EEUU. 

 

 

Es la verdadera seguridad que necesitamos la seguridad vital -¡y no ninguna bélica...!- que nos aportan con su sola existencia nuestras pensiones públicas, nuestros médicos y médicas de atención primaria, nuestros tratamientos gratuitos en hospitales públicos contra cualquier dolencia o enfermedad que nos afecte, nuestra formación garantizada en escuelas y Universidades públicas que nos dotan de igualdad, nuestro sistema de becas, nuestras prestaciones por desempleo en caso de necesidad, el Ingreso Mínimo Vital, nuestros bomberos y bomberas apagando incendios en nuestros montes o rescatando gente en nuestros pueblos y ciudades cuando se desata una emergencia, o el desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas feministas que avancen en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y en la lucha por la erradicación de las violencias machistas. 

Los climas bélicos se diseñan en cómodos despachos, pero son los pueblos quienes pagan las consecuencias... Por ello, este momento es de extrema importancia para disipar la tensión creciente y defender un modelo de paz, de bienestar social y de ampliación de derechos para todos. El momento presente requiere de responsabilidad, políticas audaces, altura de miras y cultura de paz. 

No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es militar, sino político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz, se lo exigimos."

  

https://forms.komun.org/manifiesto-contra-el-rearme-y-la-guerra-en-europa

Yo acuso al Tribunal Constitucional, y 'Régimen del 78...', por abolir la 'presunción de inocencia'

                                             

 

Publicaba hace unos pocos días Juan Soto Ivars un resonante y valeroso artículo de reminiscencias zolescas en 'El Confidencial', donde denunciaba una ignominiosa trapisonda jurídica perpetrada por el llamado Tribunal Constitucional. El caso, en verdad escandaloso, encoge el ánimo; aquí no desgranaremos sus vicisitudes, pero en resumidas cuentas ampara el secuestro de los hijos por parte de una madre que había interpuesto denuncia por «violencia de género» contra el padre; denuncia que falsa se había probado, antes de que el llamado Tribunal Constitucional fallase concediendo amparo a la mujer, (si bien el tribunal que tendría que haber procedido contra la denunciante se había limitado a sobreseerla). El llamado Tribunal Constitucional, sin embargo, finge desconocer este hecho crucial, otorgando valor probatorio a una denuncia rocambolesca que, de este modo, se erige en verdad irrefutable. «Es el mismo mecanismo –escribe Soto Ivars– que vemos a diario en la prensa, el 'yo sí... te creo', sólo que disfrazado con togas y larguísimos retruécanos jurídicos»; o la imposición de la ideología feminista sobre la realidad.

 

 

Hacia el final de su gallardo artículo, Soto Ivars lanza una batería de acusaciones: «Yo acuso, primero, a los legisladores que introdujeron la disparidad penal y la alimentaron con nuevos leños; y acuso a la prensa que no ha investigado sus consecuencias; y acuso también a los jueces que no deducen testimonio ni siquiera cuando tienen la certeza de que una denuncia es espuria y malintencionada; y acuso al Tribunal Constitucional [...], no ya por abolir la presunción de inocencia del varón, sino por incluso abolir la inocencia probada, con este amparo». Son muchas acusaciones que podrían resumirse en una: bajo el Régimen del 78, el Derecho ha dejado de ser determinación de la justicia, para convertirse en un barrizal positivista nacido del puro arbitrio del poder, que utiliza las leyes y las sentencias judiciales para imponer su voluntad. En el caso que nos ocupa, el arbitrio del poder consiste en imponer la ideología feminista como verdad incoercible; y para imponerla se recurre a todo tipo de iniquidades y aberraciones jurídicas. 

Primeramente, se aprueban en el Parlamento por unanimidad (importa resaltar este hecho) unas aberrantes leyes que permiten elevar las penas en casos del varón agresor y la mujer víctima, en flagrante conculcación del principio de igualdad ante la ley; leyes aberrantes que, además, invierten la carga de la prueba, conculcando también la presunción de inocencia. A continuación, los miembros 'y miembras' del llamado Tribunal Constitucional reciben –en palabras de Alfonso Guerra, que nos reveló esta enormidad hace algunos años, después de que esos miembros 'y miembras' le fuesen a llorar lágrimas de cocodrilo– «fuertes presiones» para establecer la constitucionalidad de la ley aberrante (o sea, que prevaricaron a sabiendas). 

 

  

Una vez conseguido que una ley aberrante se vuelva inatacable, se siembra el terror entre jueces y fiscales, para que ninguno ose rechistarla y apliquen sañudamente una presunción de culpabilidad al varón, a la vez que hacen la vista gorda frente a un alud de denuncias falsas que esta ley aberrante propicia y fomenta. Y, por si aún se colara algún atisbo de justicia entre tal maraña de enjuagues inicuos, el llamado Tribunal Constitucional emerge de nuevo, para garantizar que las conductas delictivas de cualquier mujer queden impunes y que los hombres, por el mero hecho de serlo, sean castigados, aunque se haya probado que son inocentes.

Esta acción del llamado Tribunal Constitucional no es sino un aderezo hediondo –otro más– del pastel cocinado en los hornos del Régimen del 78, que ha convertido el Derecho en un mero acto de voluntad del poder que puede albergar en su seno los fines más injustos; entre ellos, por supuesto, dar satisfacción a las ansias sórdidamente vindicativas de la ideología feminista. Bajo el Régimen del 78, el poder político tiene una capacidad demiúrgica para crear aquellas leyes que respondan a la[s] ideología[s] reinante[s] en cada momento determinando arbitrariamente lo que es justo. El Estado se convierte así en un creador caprichoso de justicia, una «Gorgona del poder», según la célebre expresión de Kelsen, que –¡por supuesto!– garantiza que la interpretación de las leyes se haga a gusto del poder político, mediante la creación del llamado Tribunal Constitucional y mediante la intervención del poder político en la actuación de jueces y tribunales: bien de forma material (mediante nombramientos de magistrados que sean jenízaros de la ideología reinante, a través del llamado CGPJ, o sea, otro órgano político), bien de forma «espiritual», aterrorizando y amenazando a los jueces que no pueden controlar materialmente con ordalías mediáticas, si osan desafiar la ideología reinante.

 

 
El Régimen del 78, en fin, consagra la forma más monstruosa de totalitarismo, en la que el poder político configura el Derecho arbitrariamente y sin relación alguna con una idea de justicia (nihilismo jurídico), para estrangular el horizonte vital de las personas sometidas a su dominio, a las que impone la destrucción de los vínculos y la disolución de las instituciones que las defienden, empezando naturalmente por la familia (nihilismo existencial). Debemos denunciar este Régimen oprobioso, que ampara la conversión del Derecho en puro ejercicio de la fuerza al servicio de la ideología reinante.

(Juan Manuel de Prada, 22/03/2025: "Yo denuncio el Régimen del 78")

Nosotros y Ucrania... de Propagandas al Delirio [del Rearme: 'para defendernos ante la 3ª GM']

  

 

"Esta Edad de Oro de la propaganda que andamos viviendo facilita toda creación y propagación de las histerias colectivas —como lo fue la pandemia—. ¿Estamos ante una de ellas con la guerra de Ucrania?

El primer indicio de una histeria colectiva es una antinatural unanimidad de las opiniones consecuencia de un previo bombardeo mediático destinado a ablandar los sesos y encender los ánimos. Todo el mundo piensa igual, lo que suele indicar que nadie está pensando en absoluto.

El segundo indicio es un maniqueísmo simplista que presenta todo como una lucha entre buenos (nosotros) y malos (ellos). Irónicamente, los yonquis del poder, tan campeones del relativismo, no dudan en apelar al bien y al mal ―conceptos en los que no creen― con tal de que les sirva a sus propósitos.

El tercer indicio es una población teledirigida presa de pasiones desbocadas (miedo e ira) que extinguen cualquier intento de apelar a la razón, a la serenidad o al diálogo. El pensamiento único se convierte en dogma y la heterodoxia no se tolera, lo que da lugar a sobrerreacciones emocionales ante cualquier opinión contraria. Las críticas argumentativas son sustituidas por críticas ad hominem (negacionista, quintacolumnista, manipuladores, etc.) y se justifica la falta de respeto o incluso la violencia —no necesariamente física— para acallar al disidente.

La histeria colectiva transforma al individuo racional en individuo-masa. El individuo racional piensa y pondera argumentos y se une a otros como decisión individual, por convencimiento. El individuo-masa, por el contrario, se mueve por impulsos y emociones primitivas y se funde con la masa en grupo, por simple contagio. El individuo racional muy raras veces es capaz de linchar a nadie; el individuo-masa es capaz de linchar a disidentes entre griterío de júbilo.

 
La «conversación» en el Despacho Oval

Último acto. Escena primera. «No está usted en muy buena posición... Ni está ganando esta guerra. Juega con vidas de millones de personas. Está jugando con la Tercera Guerra Mundial».

Es difícil encontrar una sola mentira en esta frase que Trump le espetó al presidente ucraniano en el penoso espectáculo que protagonizaron en el Despacho Oval. En efecto, Zelenski lleva tres años intentando arrastrarnos a una Tercera Guerra Mundial, como cuando mintió -según se ha documentado en las hemerotecas luego...- al culpar a Rusia de disparar un misil cuyos restos cayeron sobre Polonia (territorio OTAN) matando a dos personas: El misil había sido disparado por los propios ucranianos.

No obstante, la reacción mediática a eso ocurrido en la Casa Blanca sólo ha consistido en en echar espumarajos por la boca, fundamentalmente, actitud que no es muy útil para analizar la realidad. Así, el odio un poco enfermizo que nuestra clase periodística siente por Trump (y ahora también por Vance, tras su discurso en Múnich) le llevó a repetir la consigna oficial que tildaba el incidente de «encerrona».

 

 

Y sin embargo, dado que el encuentro fue televisado de principio a fin, sabemos que los hechos (y la lógica) no sustentan tal relato. A pesar de la actitud hosca y en ocasiones provocadora del ucraniano, los primeros cuarenta minutos de conversación en el Despacho Oval transcurrieron sin incidentes, y estaba programado un almuerzo privado entre los dos presidentes y la firma del acuerdo comercial en el ceremonial East Room, la sala más amplia de la Casa Blanca.

El desastre diplomático, por tanto, fue un error de Zelenski, que perdió el sentido de la realidad y perdió también los papeles: chulesco e impertinente, se dirigió con innecesaria hostilidad a Vance tras contestar éste a un periodista polaco que había que dar una oportunidad «a la diplomacia». Vance no se había dirigido a él, pero el desubicado presidente ucraniano se encaró con el vicepresidente, le tuteó con desdén («JD») mientras éste le trataba educadamente de «Sr. presidente», y luego entró en barrena con Trump, su anfitrión y financiador.

¿Qué le pasa a Europa?

Sin embargo, el incidente no pasa de ser una anécdota. Más relevante es el nerviosismo del contubernio político-periodístico europeo. La impostada «cumbre» en Reino Unido nos hace preguntarnos por qué Europa no ha tenido ni una sola iniciativa de paz en tres años de guerra, y escenifica lo que resumió acertadamente Orbán hace unas semanas: el mundo ha cambiado y la única que no se ha enterado aún es Europa. Se aproxima un baño de realidad.

¿No es extraño que una iniciativa de paz para Ucrania haya sido recibida en Europa con recelo e indignación? Sin duda, el carácter perdonavidas de Trump no le gana adeptos, pero Obama y Biden eran también enormemente arrogantes. ¿Por qué surge entonces este visceral rechazo? ¿Acaso no es preferible la paz a la guerra? ¿No vale más un mal arreglo que un buen pleito? ¿O es que vamos a gritar ¡victoria o muerte!, como hacen los periodistas y políticos europeos con la ligereza de quien no va al frente ni envía hijos a morir?

«Es mejor y más seguro una paz cierta que una victoria esperada», escribía Tito Livio hace 2.000 años. Pero es que Ucrania no tiene ya esperanza ninguna de victoria: la alternativa a la paz es una mayor pérdida de territorio y de vidas humanas y el potencial retorno a la no-existencia que ha sido la norma de este país a lo largo de su breve historia.

Europa quizá se haya creído su propia propaganda, aunque sus dirigentes digan una cosa en público y otra muy distinta en privado; o quizás les moleste su creciente irrelevancia, pues, como hemos defendido desde un principio, los dos actores principales de este conflicto siempre fueron Rusia y EEUU, mientras que Ucrania y la UE eran sólo actores secundarios o meras comparsas.

En cualquier caso, algo nos pasa. Trump es mucho más popular en su país que en Europa. A Zelenski le pasa al revés: es mucho más popular en Europa que en su propio país. Por lo tanto, o los ciudadanos de esos países no se enteran de nada o somos los europeos quienes no nos enteramos. ¿No estaremos de nuevo cegados por una histeria colectiva que impide un análisis racional de los hechos?

La excesiva canonización de Zelenski

En el resto del mundo Zelenski carece de la aureola que le rodea en Europa. Estéticamente, el presidente ucraniano fue siempre una cuidada construcción publicitaria ―uniforme verde/negro, corte de pelo militar y barba de tres días―, pero ya es algo más: un líder mesiánico y bunkerizado que «se engaña a sí mismo», como reconoció uno de sus colaboradores a la revista Time hace un tiempo. «No nos quedan opciones, no estamos ganando, pero intente usted decírselo», se lamentaba el frustrado ayudante del presidente ucraniano.

 

 

Decía Kissinger que el poder es el afrodisíaco supremo. Deslumbrado por los focos, Zelenski nunca comprendió cuánto iba siendo utilizado por el Deep State de Biden ni parece haber comprendido cómo en EEUU se ha producido un cambio de régimen: el Deep State que lo aupó perdió las elecciones frente a Trump (como pronostiqué que ocurriría), y Trump quiere la paz.

Por lo tanto, por mucho que simpaticemos con la heroica resistencia del pueblo ucraniano, resulta difícil comprender la canonización de un yonqui del poder (otro más, como los de Moscú, Washington o Bruselas) que arrastró su país a la destrucción en una guerra perdida ya de antemano contra un adversario implacable que no podía perder.

Los medios también ocultan que el presidente ucraniano es un líder autoritario. En efecto, «con la excusa de la guerra» (en acertada expresión de la revista Newsweek) ha practicado una clara política represiva, cerrando medios de comunicación hostiles y encerrando, persiguiendo judicialmente o sacando del país a sus opositores. Hace un año destituyó (¡en mitad de una guerra!) al competente general Zaluhzny enviándole de embajador a Londres porque en las encuestas Zaluzhny obtenía un 41% mayoritario frente al magro 24% de apoyo popular que obtenía él. Y como se apuntaba también por el mismo medio, además, resulta en realidad muy dudoso que Ucrania pueda considerarse una democracia hoy con Zelenski.

Una paz poco deseada

¿Desea el presidente ucraniano la paz? En 2022 aprobó un decreto prohibiendo las negociaciones con Putin, es decir, convirtiendo en 'delito' buscar la paz. ¿No es un poco extraño? No podemos obviar que Zelenski tiene un incentivo perverso para mantener su belicismo: mientras dure la guerra y la ley marcial, no tiene que convocar elecciones, puede seguir con sus giras de vanidad internacionales y controla los dineros de uno de los países más corruptos del mundo, pero cuando haya paz y se convoquen elecciones, las perderá, y el negocio se acabó.

Existe, por tanto, un potencial conflicto de interés entre el presidente de Ucrania y sus ciudadanos, pues el primero no tiene prisa por alcanzar la paz, pero los ucranianos sí, a pesar de los odios generados durante esta cruenta guerra. Contrariamente a lo que insinuó Zelenski en la Casa Blanca, el 52% quiere negociar el final del conflicto y está dispuesto a hacer concesiones territoriales para lograrlo. Sólo quiere continuar luchando un 38%, porcentaje que baja cada mes que pasa.

 

 

Resulta curioso que el otro día el presidente ucraniano basara su negativa a negociar la paz en que Putin supuestamente no respeta los acuerdos que firma. Trump se lo rebatió, basándose en su experiencia con el autócrata ruso en su primer mandato. Bill Clinton estaba de acuerdo con Trump: preguntado en 2013 si se podía confiar en Putin, Clinton respondía: «Cumplió su palabra en todos los acuerdos a los que llegamos».

Las ventajas del análisis racional

Como hemos tenido las ocasiones de argumentar en muchos artículos, la propaganda occidental, transmitida al pie de la letra por el contubernio político-periodístico europeo, ha construido un relato falaz sobre causas últimas y marcha de la guerra. Según dicho relato, nos encontraríamos ante una lucha entre buenos y malos, entre ideales de democracia y tiranía, y la invasión rusa habría salido de la nada («agresión no provocada», es el mantra) como preludio de una nueva invasión de Europa, a pesar de que desde 1991 las fronteras de Rusia no se han movido un ápice (no así las de la OTAN).

Todo esto son paparruchas, pero en España han encontrado especial eco debido a 'nuestra nobleza, que admira la valentía y defiende al débil' frente al fuerte. Así, una guerra en un país que muy pocos españoles sabían situar en un mapa hace tres años ha levantado un antirruso -'quijotesco'- reaccionar muy distanciado del análisis más sosegado que los datos invitarían a tener y, desde luego, muy lejos de lo que conviene a nuestros intereses nacionales.

El camino es otro. Para lograr una comprensión de la realidad y una cierta capacidad de previsión de los acontecimientos debemos sustituir esta volcánica erupción emocional por un análisis racional y lógico. Condición necesaria, desde luego, es llevar alguna dieta estricta de prensa: leer poco y no creerse nada.

Así, para el afortunado 'no-lector' [sino 'vigilante' crítico] de prensa, los datos y sus lógicas permitían desde un principio comprender bien cómo no estábamos ante ningún verdadero conflicto entre Rusia (Goliat) y Ucrania (David), sino ante un conflicto indirecto entre Rusia y EEUU provocado por éste último, para el cual Ucrania ponía los muertos y Europa el suicidio económico (y geopolítico). Mientras los medios hacían creer que Ucrania iba ganando la guerra, este blog informaba de la realidad, esto es, que para Ucrania la guerra estaba inevitablemente perdida desde un principio, y criticaba la futilidad del envío de armas y carros de combate occidentales, que, lejos de ser armas milagrosas, sólo lograrían posponer lo inevitable.

 

 

Aunque la habitual niebla informativa dificulte conocer con precisión las bajas de los contendientes, hoy se situaría el orden de magnitud de las bajas ucranianas entre 750.000 y 900.000 hombres frente a un mínimo de 150.000 bajas rusas. Estos datos deben tomarse con cautela, pero la proporción es inversa a la que predican los medios. Como indicador indirecto, en los intercambios de cadáveres los rusos están entregando entre 5 y 10 veces más cuerpos de soldados ucranianos muertos que los cuerpos de rusos entregados por aquéllos.

Cierto análisis más ecuánime de la realidad, por ejemplo, nos permitió comprender que uno de los objetivos de EEUU en este conflicto era descarrilar el proyecto del gaseoducto Nord Stream 2 según ya se defendió en este blog 5 meses antes de que los norteamericanos (solos o en compañía de otros) presuntamente lo sabotearan; y prever el colosal fracaso de la contra-ofensiva ucraniana del verano de 2023, jaleada por unos medios que cantaron victoria prematuramente mientras empujaban a los ucranianos hacia su muerte.

En conclusión, un análisis sereno y emocionalmente distanciado de los hechos permite comprender la realidad, prever acontecimientos y desechar sinsentidos, como la 'extrema debilidad del ejército ruso' (incompatible con su 'intención de conquistar' Europa), 'el cáncer, Párkinson y desequilibrio mental ''por aislamiento Covid' en Putin, o la 'posibilidad de que Rusia usara armas químicas o nucleares', relatos que se ponen en circulación para ser retirados y olvidados en cuanto pierden su utilidad.

Los antecedentes

Frecuentemente la propaganda se apoya en falta de memoria de la población, por lo que conviene recordar algunos antecedentes del conflicto. Como decía Eurípides, «sencillo es el relato de la verdad, y no requiere de rebuscados comentarios».

La guerra en Ucrania no nació por generación espontánea, sino que ha sido el culmen de una constante política de provocación por parte de EEUU. Al terminar la Guerra Fría, EEUU prometió a Rusia que la OTAN no se expandiría «ni una pulgada» hacia su frontera, pero la OTAN incumplió su promesa: aprovechando la debilidad rusa, se fue ampliando hacia el Este, un «error fatídico», en palabras de George Kennan.

 

 

Para entonces ya la OTAN abandonó antes su carácter 'defensivo', meramente, tal como ha quedado patente en su agresiva participación en un conflicto de un país no miembro. De hecho, en 1999 había atacado Serbia, país aliado de Rusia, cuya capital bombardeó durante 78 días sin mandato de la ONU.

En 2007, Putin denunció la expansión de la OTAN en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Una vez más, la respuesta norteamericana fue ignorar y provocar a Rusia: en su cumbre de Bucarest del siguiente año (2008), la OTAN aprobó el proceso de anexión de Albania y Croacia y acordó la futura incorporación de Georgia y Ucrania.

Respecto de Ucrania, EEUU sabía por su embajador en Rusia (más tarde director de la CIA) que su incorporación a la OTAN era «la más roja de las líneas rojas» no sólo para Putin, sino para toda la clase dirigente rusa: «Durante más de  dos años de conversaciones con las principales figuras políticas rusas, desde los mayores defensores de una línea dura en el Kremlin hasta los más acerbos críticos de Putin, no he encontrado a nadie que no considerara la pertenencia de Ucrania a la OTAN como un desafío directo a los intereses de Rusia» [William J. Burns: 'The Back Channel', Random House edit. 2019].

En 2014, EEUU instigó el golpe de Estado en Ucrania que desalojó del poder a su entonces presidente, democráticamente elegido, quien hasta entonces había cometido la imperdonable sensatez de abogar por neutralidad amigable con Rusia. Ante esta política de hechos consumados, Rusia reaccionó por la vía de los hechos y se anexionó Crimea, que había pertenecido a Rusia desde finales del s. XVIII hasta 1954 (cuando Kruschev la regaló a Ucrania dentro de la propia URSS) y cuya importancia radica en que acoge desde hace 240 años la única base naval rusa de mares cálidos (Sebastopol). Lo hizo sin disparar un solo tiro, pues la población de la península de Crimea era claramente rusófila, como manifestó el posterior referéndum de adhesión a Rusia (a priori sospechoso, pero corroborado por encuestas occidentales finalmente).

 

 

Tras los turbios acontecimientos del 2014, Rusia y Ucrania firmaron los 'Acuerdos de Minsk', que pronto serían papel mojado. El tradicional victimismo ruso fue vindicado por posterior reconocimiento de la excanciller alemana Merkel del que los Acuerdos habían sido meras maniobras dilatorias de Occidente para dar tiempo a Ucrania a rearmarse ante un futuro conflicto con Rusia.

A partir de 2014 la OTAN comenzó a armar y entrenar al ejército ucraniano en mitad de una guerra civil en el Donbas. Por lo tanto, la guerra en Ucrania no comenzó en 2022 sino en 2014, como reconoció el secretario general de la OTAN.

En junio de 2021, la OTAN declaró que «reiteraba la decisión tomada en 2008 de que Ucrania se convertirá en miembro de la Alianza».

En diciembre de 2021 Rusia presentó a la OTAN una propuesta de acuerdo para seguridad mutua que incluía la no incorporación de Ucrania a la organización, junto con otras propuestas más maximalistas. Dicha propuesta-ultimátum fue rechazada con desdén por los EEUU de la Administración Deep State-Biden.

La invasión

Finalmente, en febrero de 2022 Rusia invadía Ucrania con un contingente de tropas relativamente escaso a todas luces no destinado a la conquista del país ni a largo conflicto, sino a lograrse una rápida capitulación: «el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar» (Sun Tzu).

 

 

Durante unas semanas pareció que eso era precisamente lo que iba a ocurrir. Sin embargo, las negociaciones celebradas en Turquía en marzo del 2022 tras sólo un mes de hostilidades (que apuntaban a un acuerdo inminente) fueron torpedeadas por EEUU e Inglaterra, que levantaron a Ucrania de la mesa. Así lo aseguró el ex primer ministro de Israel y lo corroboró, como testigo de primera mano, el ministro de Asuntos Exteriores turco: «Tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, la impresión es que (…) hay quienes, dentro de los Estados miembros de la OTAN, quieren que la guerra continúe: dejemos que la guerra continúe y que Rusia se debilite, dicen. No les importa mucho la situación en Ucrania».

Como quedó aquí ya escrito en junio de 2023, «hasta entonces el conflicto apenas había causado muertos, pero, para algunos, el 'debilitar a Rusia' bien valía sacrificar un país... pobre y lejano del que nadie se acordaría cuando todo hubiera acabado, aunque fuera a costa de acabar con la vida de centenares de miles de personas».

Occidente provocó la guerra y debe propiciar la paz

Aunque la lectura de estos acontecimientos admita matices y Rusia diste mucho de ser una víctima angelical, esta sucesión de hechos tiene un hilo conductor: el belicismo y arrogancia del Deep State norteamericano y, en segundo plano, la obsesiva rusofobia inglesa.

Pero lo que resulta indiscutible es que, como han denunciado muchos expertos, esta guerra ha sido «evitable, predecible e intencionadamente provocada» por Occidente, en palabras del último embajador de EEUU en la URSS, e incluso también deliberadamente alargada. El pueblo ucraniano siempre fue un daño colateral aceptable para el Deep State norteamericano, pues en el gran tablero de ajedrez en el que juegan los yonquis del poder la vida humana es tan prescindible como un peón adelantado. Pero el Deep State perdió las elecciones frente a Trump, y éste está tratando de detener una matanza inútil.

De hecho, los ucranianos pronto serán olvidados por los mismos medios de comunicación que los empujaron al desastre, y dentro de un año, quizá dos, ni un solo medio occidental volverá a hablar de ellos. Cuando se apaguen los focos, ¿qué les quedará ? Nada, salvo los muertos... o su recuerdo."

(De la propaganda al delirio, F. del Pino, 6/03/2025)