Vía para salir de nuestra Crisis no cayendo más tiempo en el Suicidio colectivo -fiscal- presente

Lo acaba de poner negro sobre blanco ante nuestros ojos, con su breve aviso periodístico sobre que “el fraude fiscal nos lleva a una caída del bienestar colectivo sin precedentes”, el Secretario Gral. para los Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre:

“Que nuestra Hacienda Pública se encuentra en una insostenible situación es algo que, desde hace más de un año, no se le escapaba a nadie con un mínimo nivel de conocimientos de economía. Sin embargo, el debate fiscal no surgió hasta el pasado agosto y el del recorte del gasto hasta hace pocas semanas.

Es curioso cómo el debate fiscal comenzó, entonces, de la misma manera: han de pagar más los que más tienen. Quienes hacían estas afirmaciones no creían que esto sucediese, ni entonces, ni ahora. Se acabó subiendo el IVA y eliminando, en la práctica, la deducción de los 400 euros.

El desfase presupuestario es ahora más profundo que en agosto pasado y acaba de cometerse el mayor recorte de ‘gasto social’ en la Democracia; en paralelo, si lo que se pretende es cerrar la brecha entre ingresos y gastos, se debería recaudar más; pero como ése no parece el objetivo, lo más probable es que no se consiga ...

Todos los datos indican que la conciencia fiscal española está bajo mínimos, hasta tal punto que, en casos de tramas de corrupción, lo único que admiten los presuntos delincuentes es que no se haya cumplido con el fisco.

El fin del ciclo expansivo del sector inmobiliario ha mermado y, seguramente, con carácter permanente, la recaudación de las Administraciones Públicas, sobre todo las territoriales. Pero otra circunstancia importante es que los tributos en los que se percibe un menor control -Impuesto de Sociedades e IVA- han sufrido una merma recaudatoria de 46.000 millones de euros en dos años. Ni el consumo, ni el beneficio empresarial se han reducido a la mitad, pero sí la recaudación fiscal a los empresarios.

Con total seguridad, este simple hecho ha reducido ya el importe total de aportaciones a la arcas públicas por muchos ciudadanos con rentas altas en mucha mayor medida de lo que cualesquier incrementos o nuevos tributos que se establezcan para ricos.

Existen dos opciones realistas que no son incompatibles y sí, en cambio, complementarias. En primer lugar, se pueden reformar en profundidad los tributos que ahora no están funcionando adecuadamente, como el IVA y Sociedades. Para recuperar la capacidad recaudatoria habría que suprimir los beneficios fiscales, reformar regímenes como el de módulos, que son un nido de facturas falsas y limitar la deducibilidad de gastos financieros, como se está haciendo en toda Europa…

Es decir, habría que incrementar la capacidad recaudatoria de estos impuestos, sin asfixiarles más a los empresarios ni a los consumidores honestos. En segundo lugar, hay que tomarse más en serio alguna lucha contra el fraude fiscal. Sorprende que las opciones que parecen barajarse pasan por algún tipo de 'amnistía fiscal'. Esto puede dar algo de recaudación a corto plazo, pero no va a invertir, y ni siquiera a detener, la fuga de capitales, que no se debe a factores fiscales, sino a desconfianzas en la economía española. El precio a pagar hoy por más amnistía puede ser un derrumbamiento de la poca conciencia fiscal aun existente.

Por el contrario, como premisa básica, toda la sociedad debe ser consciente de que los niveles actuales de tolerancia con el fraude fiscal y con la economía sumergida nos llevan a un Suicidio colectivo. Y, además, se deberían incrementar los medios en la lucha contra el fraude; no continuar reduciéndolos cada vez más.

La otra vía de salida evidente solo es aumentarle sus impuestos a ‘los de siempre’; es decir incrementar la tarifa del IRPF, complementándolo con impuestos especiales. Esta solución no es muy agradable, ni en cualquier caso justa. Desde luego, seguir haciendo demagogia estatal o autonómica con el discurso de que paguen los ricos, no es la solución.”

[‘Vías de salida a la crisis fiscal’, El Mundo, 13 de junio]

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Y Juan Francisco Martin Seco aun remacha lo ya sabido:

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"Las viejas glorias han salido a la palestra: Aznar, Solbes, González, Solchaga, Boyer; todos ellos dispuestos a repetir la cantinela que nos ha conducido a la situación actual. Si algo debiéramos tener en cuenta, es la no coincidencia entre los ciclos políticos y los económicos. Es frecuente que determinados gobiernos sufran las consecuencias, positivas o negativas, de medidas adoptadas por otros gobiernos.

Zapatero es, sin duda, culpable de la actual crisis, de no darse cuenta en el año 2004 de los desequilibrios producidos y de los peligros que acechaban a la economía española, de asumir bobaliconamente una política económica continuista, pero sobre todo de su ceguera para percatarse de la crisis cuando ya estaba encima y de su reacción tardía y a bandazos, dejándose llevar, y sin ninguna resistencia, por la presión internacional. Ahora bien, Zapatero no es el único culpable.

La historia viene de muy lejos, al menos de la aprobación del Tratado de Maastricht y de la empalagosa postura del aceptar sin réplica todo lo que viniese de Europa... nuestros gobernantes. España ingresó en la Unión Monetaria bajo unos supuestos falsos, inadmisibles, porque antes o después iban a perjudicar gravemente nuestra economía, beneficiando exclusivamente a Alemania. El euro ha permitido la burbuja económica y financiera que ha enriquecido de manera evidente a una minoría, mientras va a perjudicar a la mayoría de los trabajadores. De aquellos polvos han venido estos lodos. Las culpas deben repartirse entre González, Aznar y Zapatero y sus correspondientes ministros de Economía.

Esta crisis ha provocado un enorme déficit público, cuyo origen se encuentra principalmente en la abultada caída de la recaudación, fruto del desmantelamiento de la Hacienda Pública provocado tanto por las diversas reformas fiscales acometidas en el pasado como por el debilitamiento de la Administración tributaria y de la normativa represiva del fraude. Al terminar la época de bonanza, el sistema fiscal ha sido incapaz de mantener los ingresos en unos niveles mínimamente aceptables. No obstante, se decía que bajar los impuestos es de izquierdas y, además, que las rebajas impositivas iban a incrementar la recaudación.

La recesión económica en España se ha trasladado al mercado laboral de forma más intensa y más rápida que en los demás países. La causa de este fenómeno hay que buscarla en la ingente precariedad en el empleo ocasionada por las distintas reformas laborales del pasado. Desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, no ha dejado de escucharse la misma monserga: la necesidad de reformar el mercado laboral, propiciar la contratación temporal y abaratar el despido. La excusa, siempre la misma, incentivar la creación de puestos de trabajo, pero lo cierto es que el empleo sólo se crea cuando existe demanda y para lo único que han servido las reformas laborales ha sido para que en las épocas de prosperidad el empleo generado fuese de baja calidad y para que en las épocas de crisis la destrucción de puestos de trabajo se esté produciendo a un ritmo mucho mayor que en cualquier otro país.

Lo paradójico, por no decir lo cínico, es que ahora, con el objetivo de abaratar aun más el despido, se argumente a base de destacar los efectos nocivos de mantener esa dualidad en el mercado de trabajo y que sean precisamente quienes así razonan los que crearon la precariedad en otras épocas. Si no fuera porque estamos ya curados de espanto, no saldríamos de nuestro asombro al escuchar a Felipe González Márquez hablar de lo perniciosa que resulta la temporalidad en el empleo; él, que ha sido el principal artífice de la desregulación del mercado laboral y que estableció toda clase de contratos precarios. Y qué decir de los tres tenores que desde la Universidad Menéndez Pelayo han comparecido al unísono para entonar la milonga de que no encuentran razones para la huelga general.

Y hablando de cinismo cuesta escuchar al presidente del Banco Santander defender el abaratamiento del despido cuando hace algunos años no tuvo reparo en utilizar por dos veces los recursos del banco, con varios miles de millones de pesetas, para despedir altos ejecutivos que le podían disputar la presidencia de la entidad financiera. Sería interesante que todos los que reclaman la reforma laboral y el abaratamiento del despido declarasen previamente los blindajes que aparecen en sus contratos: banqueros, empresarios, altos ejecutivos y políticos retirados y en activo. Recordemos tan sólo que los ministros y los secretarios de Estado, cuando cesan en sus cargos, reciben dos anualidades de su sueldo compatibles con cualquier otra retribución, y que, sin embargo, estas cantidades parecerán con toda seguridad baratijas comparadas con otras indemnizaciones que se cobran en el sector privado."

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[ 'Los tres tenores y otras viejas glorias', en República de las ideas, hoy ]

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