Cómo se lleva, y a quién beneficia, el privatizar nuestra Sanidad... entre tan falsísima polémica

"Mucha gente piensa que la privatización de la Sanidad es un fenómeno reciente producto 'de las políticas del PP'... Este es un grave error, mal diagnóstico, que impide tratamiento adecuado de las causas; porque, al igual que en una enfermedad si tratamos sólo los síntomas, no estamos actuando eficazmente y el proceso se nos agravará.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de las respuestas del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, iniciadas en la década de 1970. Esa política se integra con una estrategia general... tendente a intentar reducir caídas en su tasa de ganancia: drástica reducción de fiscalidad a las rentas del capital, instauración de medidas neoliberales para reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales— más liquidación a derechos laborales o sociales y privatizaciones.

 

Son políticas de largo alcance, implementadas por Gobiernos con Partidos de todo color político, y en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas en los Sindicatos... y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora. El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas.

 

El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los 1980 coincidiendo con la entrada en la Comunidad Económica Europea y es continuado por los gobiernos del PP.

El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la Sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013). Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación.

 

El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada. Se pretendió dar un salto cualitativo en el año 1991: el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la 'Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud'.

 

El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas.

La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes... Tras enorme rechazo suscitado ese Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas. Se procedió a privatizar —“externalización”—  servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc.

 

Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por Constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario [1].

 

En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente, CC OO emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “... por esta Ley ... clave para una modernización del SNS”.

 

Monte verde realmente primaveral hoy en Quinta del Pardo ...

 

La empresa privada tenía abierto el camino y diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda, como fueron el 'Tripartit' catalán o el Pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado. Las empresas constructoras, tras el estallido de la 'burbuja inmobiliaria', han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández.

 

Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la Sanidad pública.  La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente.

 

Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el de Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.

 

Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP; y el anterior líder del PSE/PSOE Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona el Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.

 

El robo de la Sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los Gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la Sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y seguridad de pacientes, además de por incrementar el coste. La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:

• Disminuir cantidad de personal (en torno a 30%) y cualificación del mismo.
• Seleccionar pacientes, dejando los no rentables para la Sanidad pública.
• Sobreindicación de las intervenciones quirúrgicas más rentables.
• Priorizar pacientes, en función de aquellos ingresos que reporten a la empresa.
• Presión sobre la Administración sanitaria, en connivencia de políticos, por subir cuantías que paga la Sanidad pública.

La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren la “colaboración” del personal médico, sobre todo, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.

 

 

La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los Tribunales ante los que se ha denunciado: la dicha Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión: dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.

 

Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: ¡Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97, Devolución a manos públicas de todo lo privatizado!"

[1] Entre otros informes, ver: 'Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus'. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50.

 

Ángeles Maestro (¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?)