El imperio de Corrupción dura en tanto nuestro votar, o/y abstenerse por su Programa, escójalo

  

¡Hasta 558 Representantes, recién elect@s para nuestras Cortes, largando -¿muy nueva mente?- lenguaraces planes ante las "Reformas Constitucionales" que tampoco en esta Legislatura llegaremos a ver!
   

Pero tanto lo viejo, del PPSOERCCIUP...Y Demás, como los Ciudadanos &  Podemos (ahora emergentes) rechazan a su vez plantearse otras Medidas clave que podían aprobar ya sin haber consensuado antes ningún difícil cambio respecto de tal Ley Suprema en vigor:

  

> Reintegrarse, por los Bancos privados, todo el 'Rescate' público que reciben gratis mientras precisan saneamientos;

> Rebajar estatus jurídico-económico para Políticos (retiro, aforamiento y cobros) a lo de restantes ocupados laborales;

> Recuperar, sobre nuestras Pensiones, actualización legal anterior automáticamente fijada en base al IPC;
> Elegirse tanto CGPJ como TC independientes de Poderes Legislativos y Gubernamentales;

> Reformar las leyes asegurando Devolución por corruptos de lo defraudado, ante su reinserción social;
> Recortar pago a cada Partido por votos en % de castigo total con los nulos, abstenciones y en blanco;

> Subir tipo real impositivo sobre Grandes Empresas hacia los de las demás; 

> Acabar con gran desigualdad en Voto preciso para lograr distintos escaños parlamentarios;
> Elevar nuestro SMI, homologándolo s/ promedio UE para % del PIB per cápita;
> Minorar [conforme Artº 68 de LCE] a Congresistas, el número total, reduciéndoselo ya desde 350 hasta sólo 300;

> Igualar persecución del Delito Fiscal con medias UE (s/. importes, plazos, pena, etc.);

> Modificar régimen financiero para Sindicatos (patronales y trabajadores) a expensas de sus asociados;
> Equiparar -en todas las CC.AA.- similares obligaciones y derechos ciudadanos;
> Establecer con carácter general la Lista electoral abierta y desbloqueada;
> Reponer coberturas respecto subsidio del Paro eliminadas durante última Crisis;
> Suprimir injerencias en poderes rectores de la Enseñanza por 'Agentes del Diálogo Social' o/y Partidos políticos;
> Etcétera, etc. 

"Tras multitud de escándalos, revelaciones de repugnantes enriquecimientos ilícitos, todos los partidos han incluido en su programa electoral diversas medidas anticorrupción. ¿Qué mejor forma de atraer al votante que prometer separar el grano de la paja, los culpables de los honrados, perseguir a los granujas, depurar la política para que retome un carácter limpio y puro? Desgraciadamente, por ignorancia o maldad, muchos confunden las causas, la naturaleza de la corrupción en España. Y las medidas propuestas resultan tan ineficaces como un matamoscas para cazar un tigre. No funcionan en un marco donde la corrupción no es individual, sino estructural, donde la línea de demarcación entre justos y pecadores no es nítida sino borrosa, donde latrocinio es consecuencia en un sistema de prebenda y privilegio, donde la posición de cada uno no depende del mérito y el esfuerzo sino del favor del poder. Y los favores se devuelven.

  

    
Aunque la corrupción siempre fue endémica en España, el régimen del 78 introdujo una nueva dimensión. De una corruptela individual y artesanal, en la que el mismo cargo público prevaricaba, cobraba y disfrutaba de los ingresos ilícitos, se pasó a una corrupción organizada por los partidos, un sistema que separaba en el espacio, incluso en el tiempo, la prevaricación del cohecho: el favor otorgado y el cobro se realizaría por personas distintas, sin conexión aparente entre ellas. Las diferencias ideológicas no fueron obstáculo para que todos los partidos acordasen tácitamente repartirse la tarta de las comisiones, mientras desactivaban controles, desmontaban contrapesos, domesticaban a la prensa, pavimentaban un atajo que condujese a un sistema clientelar, de intercambio de favores.

   

El novedoso sistema era capaz de enmascarar la conciencia de actuar incorrectamente, empujando hacia la podredumbre a muchos militantes que quizá nunca habrían participado en episodios de corrupción individual. Como no se beneficiaban personalmente, llegaron a pensar que la práctica no era tan reprobable, tan sólo una controvertida vía para financiar los gastos electorales de su partido. Incluso perdieron la perspectiva al observar que el cobro de comisiones era omnipresente: no podía ser tan malvado un juego en el que participaba todo el mundo, del rey al concejal. Pero la financiación del partido no era el único objetivo del esfuerzo corruptor, ni siquiera el principal: gran parte del formidable caudal fluía puntualmente a las cuentas privadas de los dirigentes. Desgraciadamente, sólo conocemos la punta del iceberg del colosal latrocinio; muchos Bribón... parecen haberse ido de rositas, por ahora.  

   

Las consecuencias de la corrupción generalizada han sido devastadoras; las pérdidas para la sociedad son muy superiores a los fondos que se embolsan los corruptos. La corrupción impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación. La infinidad de trabas burocráticas que lastran nuestra economía, dificultan la creación de empresas y empleo, no son casuales: son barreras establecidas deliberadamente por los gobernantes para generar oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la competencia, garantizando elevados precios y suculentos beneficios a los amigos, empresarios que pagan por el favor. Como consecuencia, no prosperan las empresas más eficientes, sino aquellas más inclinadas a los sobornos. Los corruptos multiplican las leyes, generan normas y regulaciones, especialmente complejas y retorcidas, creando en el sistema económico cuellos de botella donde colocar sus particulares peajes. Lo advirtió Cornelio Tácito: “Corruptissima re-publica, plurimae leges" (los estados más corruptos son los que más leyes tienen). ¿Qué diría el historiador romano si supiese que en España se han promulgado en pocas décadas más de 100.000 leyes, mayoritariamente autonómicas?
   
Los corruptos desvían el gasto público hacia partidas que proporcionan más flujo de comisiones, impulsando proyectos faraónicos, poco rentables para la sociedad. Y socavan la confianza que los ciudadanos tienen en los demás, ese delicado capital social con el que se teje la cooperación. En ambientes de generalizada corrupción política, los individuos tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno porque el concepto que cada sujeto se forma de los desconocidos, de la gente en general, está muy influido por la imagen que percibe en sus dirigentes. Y este recelo fomenta conductas poco cooperativas, una tendencia a organizarse en grupos cerrados, en facciones donde predominan las fidelidades de tipo personal.

   
Las medidas anticorrupción convencionales sólo pueden atajar una corruptela individual y excepcional. Surten efecto cuando el sistema es, en su mayor parte, limpio y honrado, cuando existen organismos capaces de controlar, detectar, denunciar y procesar a una minoría de pícaros y tunantes. Pero no en un universo donde la deshonestidad constituye la costumbre asentada, en un sistema donde el supuesto vigilante también es corrupto. La independencia del poder judicial es necesaria, sí, pero no suficiente para resolverlo. La judicatura no es ningún colectivo puro e inmaculado, investido con un halo de santidad. Ni está exento en cuanto a conflictos de intereses. La corrupción no es privativa del ejecutivo y el legislativo: también se contagió al judicial.

  

   
La corrupción estructural no se encuentra tanto en los individuos, ni en la idiosincrasia de los pueblos, como en el sistema, en la nefasta organización institucional. Aun existiendo granujas natos y personas de honradez a toda prueba, la actitud de la mayoría depende del ambiente, de lo que observa en el resto. Muchos tienden a sucumbir a la tentación cuando esperan que los demás también se tuerzan. Por eso, la corrupción sistémica es una perniciosa institución informal, conjunto de reglas que suplanta las leyes, un equilibrio muy robusto que se fundamenta en las expectativas de los implicados: es muy difícil que un participante cambie su estrategia si espera que el resto siga actuando así. Hay pocos incentivos para que un gran empresario deje de pagar comisiones si piensa que las demás empresas continuarían sobornando y que su corporación quedaría fuera del negocio.   

  

Una vez establecida, no hay medidas, leyes, palancas, botones o parches puntuales capaces de contener la corrupción institucionalizada. De nada sirve aumentar las penas pues, en la práctica, nadie puede vigilar al vigilante. Ni crear nuevos órganos de supervisión porque, tarde o temprano acaban arrastrados por la perversa corriente. Ni cambiar a los gobernantes podridos por otros supuestamente honrados pues los incentivos perversos permanecen y la naturaleza humana resiste mal las tentaciones. ¿De verdad creen que todos los que se afiliaron apresuradamente a los nuevos Partidos poseen una intención generosa y altruista, un anhelo del esforzarse por el bien de los demás?

  
  
La corrupción generalizada es especialmente escurridiza, muy resistente a los antibióticos, porque no es realmente la enfermedad sino un síntoma de otros males mucho más profundos. Es el reflejo desde un sistema para los accesos restringidos, o marco basado en privilegios, relaciones personales e intercambio de favores. Por eso, para abandonar el régimen de latrocinio son inútiles los cambios parciales o timoratos. Las reformas deben ser profundas intensas, radicales, continuadas. Deben transformar las expectativas de la gente, su percepción del comportamiento de los demás, ser capaces de superar la enorme inercia, catapultar el sistema a una órbita distinta: a un sistema de libre acceso con instituciones objetivas, relaciones impersonales, mecanismos de selección basados en el mérito, el esfuerzo, la buena gestión y la capacidad de innovación. Si no actuamos en consecuencia, tropezaremos una y otra vez en la misma piedra hasta perdernos definitivamente en el laberinto de la frustración."   

(Juan M. Blanco: 'El imperio de los corrompidos', 19.12.15, Vózpópuli)

   
Pero actuar ya, repitámoslo, no es imposible. O ni siquiera cabe argüirnos porque todas aquellas Medidas antedichas resultaren insoportables para los 'hombres de negro' que mandan esas "falanges Merkel&Junker" vistas desplegarse contra Syriza...

Ah, y lo que tampoco servirá para nada es recoger algo -como coartada, vaga mente, solo...- parecido desde un 'Programa electoral' (en millones de caracteres, con letra pequeña e inaccesible casi) cuando luego no se airea nunca entre sus Prioritarios Compromisos centrales repetidos durante las arengas televisivas multitudinarias... ¡A otro perro con estos huesos!

  

Índice sobre nuestro Bienestar social, o buen gobierno: Desarrollo humano y Corrupción...

      

  

Hay entre nosotros diversos Estudios que miden o valoran Desigualdades y Pobreza sociales, determinando aspectos relativos a necesidades de la población. Pero un Índice DEC ("Derechos, según las decisiones políticas + Economías efectivas = Coberturas reales"), elaborado por ‘Asociación Estatal de -Directores y Gerentes en- Servicios Sociales’, representa el único Informe que pretende medir o evaluar desarrollos con respecto al Presupuesto y estructuras entre los Sistemas actuales para Servicios correspondientes en España -atendiendo hasta 8 millones de personas- desde 2012.  

  

“Que un país sea democrático no guarda relación con el bienestar social de su población. La esperanza de vida, la mortalidad infantil, la alfabetización y hasta la felicidad no dependen de que un país sea más o menos democrático, sino de la calidad para los Gobiernos; o sea, niveles en Corrupción, nepotismo, abusos del poder, igualdad, respetar minoría y verdaderas igualdades de oportunidades desde la escuela…

  

  

Los datos empíricos nos demuestran que hay dos fuentes fundamentales de insatisfacción en el mundo. La primera es falta de salud. Y la segunda lo que llamamos falta de confianza social; es decir, percepción de que les gobiernan políticos corruptos e ineficaces, que buscan su bienestar y no el de la población.  

 

Para España hoy son muy significativas las diferencias regionales, lo que nos indica cuánto el problema no serían las leyes ni el sistema, sino cómo se comportan los Gobiernos a nivel local: se trata de un país ‘problemático’, pues los partidos y políticos corruptos no tienen menos posibilidades de ser reelegidos”.

  

Lo exponía Bo Rothsein, catedrático director del ‘Instituto para la calidad de Gobiernos (The Quality of Government: Corruption, Inequalities and Social Trust in International Perspective)’ desde Gotemburgo, al presentar su Global Index.

  

  

“Cuando un país pasa de haber estado entre los menos corruptos del mundo a ocupar, nada menos, que otro puesto 30º en pocos años, es que las cosas no van como deberían. Y, si bien España formaba parte en 2008 de la exclusiva lista de los 20 países menos sobornables, ya para 2012 perdió 10 puntos y empezó una caída libre que nos situaba el 2014 en un puesto número 30, según los Índices anuales Percepción sobre Corrupción en ‘Transparency International'.

  

Incluso la Unión Europea, también, está preocupada por cómo andan las cosas aquí: escándalos como los ERE’s fraudulentos de Andalucía, la investigación sobre el desvío de fondos en el sindicato UGT, el caso ‘Nóos’ o el caso Bárcenas, no podían si no pasarnos factura. Por ello, el Grupo de Estados contra Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado un informe en el que puso en evidencia la ‘proliferación’ de casos de corrupción en España, que ‘atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones políticas’, y recomienda unos códigos de conductas parlamentarias así como fortalecimientos para la independencia de jueces y fiscales.

  

Constataba cómo ‘ha sido España escenario para verse protagonizados numerosos casos con responsabilidades de corrupción por políticos, funcionarios o emprendedores de primeros órdenes, altísimos’... Y por ello, reclamaba el que se ‘aumente la transparencia en torno a relaciones de los parlamentarios con terceras partes que buscan ejercer su influencia en acciones legislativas, que se dé información sobre las declaraciones de bienes más detalladas actuales y se refuerce supervisión con mecanismos de prevención en el Parlamento’…

  

En juego está, nos decía el GRECO, la confianza de los ciudadanos: tambaleada por cierta crisis económica que ‘acrecentó amplitudes de la desilusión y desconfianza en su ciudadanía’, lo que ha hecho que haya ‘bajísima confianza en la clase política o los partidos’… Y era que -muy precisa mente- tal último informe del CIS destaca cómo la preocupación entre los españoles por esta Corrupción aumentaba 6 puntos y se sitúa como el 2º problema que más inquieta, sólo por detrás del Paro.

  

  

Pero aún es más, el informe hace referencias a los ex-altos cargos públicos ‘lobbistas’ que, tras del abandonar la Administración pasan inmediatamente a formar parte de los Consejos en Sociedades privadas. Riesgo es que diputados puedan ‘usar su posición parlamentaria asegurándose trabajos en las empresas una vez que dejen el Parlamento’.
    
Lo cierto es que no hay que rebuscar demasiado para encontrar hoy [malos] ejemplos entre nuestros 'dirigentes' políticos que, tras abandonar su cargo, ocupan importantes puestos en grandes compañías como Gas Natural, Repsol, Abengoa, Bansander, Telefónica, OHL o Endesa…

   
     

De la mano de la corrupción política, llegan críticas al ámbito judicial, que tienen como punto de partida más riesgos de politización en el Poder Judicial: ‘el modo para su elección permite a Partidos políticos repartirse las vocalías del Consejo General (CGPJ) entre sus candidatos’… Y en relación a la credibilidad que para España merecen sus miembros de la carrera judicial, explica el GRECO que la tendencia es una constante caída desde 2007, similar a la observada con los políticos.
  
Así, el Eurobarómetro del año 2011 reveló cómo un 41% de los encuestados pensaban que 'la corrupción está muy extendida' entre ellos, frente al sólo 17% en la legislatura precedente…”

  

(Teresa Blanco: 'España, punto de mira en UE con escándalo por Corrupción')

       

  

Acá sólo cabe añorar ya nuestros Legislativos democráticos de [48, 95 ó/y 152] años atrás...

   

Hace ahora ya sólo un lustro menos que 1 siglo, cierto 14 de Abril del 1931 se proclamó nuestra 2ª República para la cual luego el Congreso de Diputados aprobaría seguidamente su Constitución, cuyos inicios declararon "España, en uso de su soberanía representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona:

- España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.

- Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

- La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones..."

  

     

Y hace ya casi medio siglo, las Cortes elaboraron la Constitución de 1978 vigente (aún, y de pleno, en teoría...) cuyo preámbulo arrancaba rezándonos "La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.

- Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

- Establecer una sociedad democrática avanzada, y

- Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra..."

  

     

Mas cerca de otro siglo antes ya, en 1873 vetusto Parlamento había llegado a debatir el renovador Proyecto de una inédita Constitución para nuestra Primera República Española que significaba compromiso pionero hacia conseguirse al fin:

- "Democracia, descentralización, cultura cívica frente a la militar, laicismo, aspiraciones de reforma social para las clases populares frente al dominio de las medias y altas, religación entre política y ética frente al pragmatismo e imposición del orden por los modelos moderados..."     

 

Pero, no obstante todos esos dichos {y tan adelantados} hitos mejores precedentes, a estas alturas del Siglo XXI llevamos ya demasiados años regidos por inconstitucionales gobiernos que -proclamándose "los más progresistas de la Historia..."- evitan presentar Proyectos de Leyes al Legislativo para discutirse su posible aprobación [¡ni aun, siquiera, sobre los preceptivos "Presupuestos Generales del Estado anuales"!]... mientras nos ordenan su política desde Decretos que después apenas resultan sometidos a "convalidación" por Sus Señorías en el Parlamento sin poder rectificarlos entonces con enmiendas ninguna...

  

Aunque lo más asombroso sería el cómo est@s mism@s Congresistas actuales que -tan tolerantes mentes...- vienen dimitiendo desde sus Responsabilidades para desempeñar Dos Funciones 'Constitucionales' Básicas asumibles -en cuanto al protagonizar una depuración de las Leyes y a Controlar, Corregir o Sancionar Acciones del Gobierno...- son también sin embargo quienes muchos más medios, remuneraciones, privilegios e inmunidades han acumulado en toda la historia de nuestras Cámaras Legislativas:

"En nuestro país, el último grito en corrupción -por ahora- consiste en valorar entre los medios y tertulias qué puede resultar más grave: si la corrupción institucional del PP que pone de manifiesto el llamado caso Kitchen o la corrupción grosera del ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de su escudero, el inefable Koldo García, cobrando -supuestamente- mordidas a cambio de contratos públicos y colocando a amigas y amantes en empresas públicas. Lo que conviene subrayar desde el principio es lo que ambos casos tienen en común: la utilización de recursos públicos para fines particulares, ya sean del partido o de personajes concretos. Puede que sea oportuno recordarlo en este momento en que se abre el plazo para liquidar el IRPF y desde las instancias políticas nos hablan de la importancia de lo público y de la magia de nuestros impuestos.

En efecto, la corrupción estructural en España se resume perfectamente en estos dos procedimientos judiciales. Se trata de que los políticos consideran como patrimonio propio los recursos humanos y materiales de las Administraciones Públicas, es decir, el dinero de los contribuyentes. Por tanto, lo usan para alcanzar fines particulares -ya sean los relativos al partido o bien a los propios dirigentes políticos- con total desenvoltura y, por lo que parece, con igual sensación de impunidad.  

La simple lectura del párrafo anterior ya debería ponerle los pelos de punta a cualquier ciudadano: no hablamos del comportamiento ilegal de un funcionario -lo que ya sería grave-; hablamos de policías nacionales, es decir, de los funcionarios encargados precisamente de velar por nuestra seguridad y de impedir la comisión de delitos. Y, sin embargo, ni los responsables políticos tuvieron problemas en encomendarles actos presuntamente delictivos ni, por lo que se ve, los policías acusados pusieron muchos reparos. Realmente parece complicado encontrar un caso similar en una democracia avanzada de nuestro entorno.

Quizá lo más preocupante es que todo esto pueda seguir pasando. Estamos ante un ejemplo perfecto de corrupción institucional de una gravedad enorme que es posible porque tanto la politización de la dirección de la Policía como la connivencia o, al menos, el silencio de muchos funcionarios, algunos muy cualificados, lo permite. La razón es muy sencilla: los incentivos que favorecen este tipo de comportamientos no han cambiado en absoluto desde la Kitchen hasta ahora. No están en ninguna estrategia anticorrupción y no están en ningún anteproyecto de ley de integridad pública. Hablamos de la utilización sistemática de las instituciones por parte de los partidos políticos en beneficio propio. Empezando por las Administraciones Públicas.

El caso Ábalos/ Koldo/Aldama, quizá por sus similitudes con la exitosa saga de Santiago Segura, parece más gracioso, si es que tiene gracia tener que escuchar a amigas y novias varias explicar cómo las enchufaron en empresas públicas para cobrar un sueldo a cambio de no hacer nada, mediante una oportuna llamada del siempre servicial Koldo al directivo político de turno.

Todavía tiene menos gracia si pensamos en todos los aspirantes a ocupar plazas en el sector público que no tienen un padrino. O si simplemente recordamos que, según la Constitución española, para ocupar un empleo público hay que demostrar que se cumplen los requisitos de mérito y capacidad. Requisitos que, por otra parte, sabemos que se interpretan de forma muy laxa en el sector público -tanto estatal como regional o local-; en él abundan los enchufados de distintos partidos que no se sabe muy bien qué hacen, más allá de cobrar unas cantidades con las que no podrían soñar en el sector privado teniendo en cuenta su cualificación y su experiencia. Y desde luego, no parece nada gracioso que todo esto lo paguemos los contribuyentes.

Este caso presenta también, para que no falte de nada, presuntas mordidas a cambio de contratos públicos: otro clásico de la corrupción española. Es tan clásico que, más que recordar, reproduce la corrupción de los años 90. Aunque en algo sí hemos empeorado: donde antes había directores generales ladrones como Luis Roldán cuyos jefes políticos dimitían asumiendo responsabilidades políticas por la culpa in eligendo o in vigilando -como Antoni Asunción-, ahora tenemos a ministros y secretarios de Organización (dos, para ser exactos) cuyo jefe político, el presidente del Gobierno, ni se plantea algo parecido. Al contrario, se presenta como la víctima de sus subalternos.

Así las cosas, los políticos y sus altavoces mediáticos nos plantean un bonito dilema: ¿qué corrupción es peor, la de los unos o la de los otros? La respuesta, como es evidente, depende de las simpatías de cada uno. Lo que parece que nadie entiende es que este tipo de debates es de lo más corrosivo para las instituciones y la democracia o cualquier [im]posible confianza en ellas. ¿Por qué tenemos que elegir entre José Manuel Villarejo, Jorge Fernández Díaz, José Luis Ábalos, Koldo García o quien sea? ¿Cómo es posible que los máximos líderes políticos puedan simular que la selección adversa de sus cargos de confianza no tiene nada que ver con ellos? ¿De verdad hay tantos ciudadanos dispuestos a perdonar siempre la corrupción de los suyos? ¿Este es el tipo de sociedad que queremos?

Sinceramente, no creo que tengamos que resignarnos a elegir entre los corruptos de unos partidos y de otros, ni entre un clientelismo de derechas y uno de izquierdas, ni entre el estatal o el autonómico. Lo que tenemos que hacer es exigir de una vez que se cambien los incentivos que permiten la corrupción o la fomentan. La insoportable patrimonialización de lo público ya está provocando serios riesgos en la gestión de los intereses generales, y no me refiero solo a los económicos. 

Conviene no engañarse: la falta de planificación y previsión que hemos visto en catástrofes como la DANA, el accidente ferroviario de Adamuz o el gran apagón no es una casualidad o un fenómeno natural e imprevisible, como se nos pretende hacer creer, sino que responde a un deterioro institucional creciente, a la falta de profesionalidad y a la inexistencia de una mínima rendición de cuentas.

Lo que ocurre es que las Jésicas, los Koldos, los Aldamas, los Villarejos, los Ábalos, los Fernández Díaz de turno no son excepciones ni manzanas podridas. Al contrario, son el fiel reflejo de cómo funcionan las cosas en España y ponen de manifiesto una profunda corrupción política que es estructural y no puntual. Es una corrupción que lleva décadas arraigando y extendiéndose cada vez más, también en el sector privado, que conoce perfectamente cuáles son las reglas del juego para ganar contratos, subvenciones y una regulación más favorable o alcanzar la presidencia de una empresa cotizada.

Se trata, en definitiva, de una corrupción que ninguno de nuestros dirigentes parece tener especial empeño en combatir, por muchos 'planes, estrategias, sistemas de integridad, normas y códigos deontológicos' que acumulemos, y les aseguro que hemos acumulado toneladas de papel. Tampoco parece que los organismos internacionales y europeos, con sus evaluaciones y recomendaciones, sean muy efectivos: nuestros políticos y sus juristas cortesanos son auténticos expertos en prometer reformas que nunca se llevan a cabo o en el maquillaje jurídico de lo que desde el punto de vista ético es sencillamente impresentable.

El problema es que el coste de la corrupción no se mide sólo en el dinero que perdemos o malgastamos, sino también -muy especialmente...- en términos de DESLEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA."

(Elisa de la Nuez, secretar. gral. de Fundac. 'Hay Derecho' y abogada del Estado en excedencia)

  

Por qué -y como cuánto- la Corrupción pésima en el Reino de España está siendo Política (3)

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... [ continuación... ]

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Usual es -comentando el asunto desde mero señalar al centón de casos que por cada cual puedan ser bien enarbolados contra sus adversidades más que nada- seguir sin quitar del ojo propio esa venda con la cual retratan una Justicia que (asombrosa mente...) T@ntos Corruptelares... nunca hizo ver, ni aun apenas tan siquiera rememorarlos, ¡¡no!!; sino sólo aquellos opuestos o muy poquito afines a lo nuestro: si Vd. escucha una banda oye sobre desmanes del 'Aznarín' o/y de Ruiz Gallardón más 'la Espe' Aguirre con su imputado López Viejo, por ejemplo; pero si atiende a otra sentirá ecos de los que salpican a 'Zetaparo' y Tomás Gómez más la 'Maru' Menéndez con su al tiempo no menos imputada 'Trini' Rollán, etc.

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Y fuera de renombrados casos citados para esa Comunidad que la Suma de Todos es, hay quien bizquea siguiendo de reojillo sobre la de Valencia unos trajes a mandamases ahora –más o menos como antes pusieron su punto de mira en aquellos ‘trapitos de la Miró’- mientras no faltan tampoco quienes por otra de Castilla-LaMancha propiedades inmuebles del factótum airean sin olvidar tampoco el cómo su equipo económico tan bien se va de rositas tras quebrar la Caja de Ahorros CCM...; etcétera, etc.

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Por fin, llegando hasta reseñar mayores gravedades de las [ex-] Presidencias autonómicas, escandaliza sin duda respecto a la de Baleares esa Libertad vigilada bajo fianza de Matas hoy... casi tanto como años atrás pudo hacerlo aquella otra previa condena de los 11 años a prisión incondicional para Urralburu en la de Navarra. Y aun puede seguirse, repasando...; mas, así, no lograríamos llegar sino a muy morbosas e inútiles melancolías. ¡Lo en realidad acuciante será ir, por fin, a las verdaderas causas tras de todo ello!

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Al “¿Por qué hay tanta corrupción en España?” nos responde con tino el buen profesor sobre Ciencia Política, desde un ‘Quality of Government Institute’ de Göteborgs Universitet en Suecia, Víctor Lapuente Giné:

"... Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de corrupciones no hay que buscarlas en una 'mala cultura' o por ninguna regulación..., sino en 'politización' de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político: aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corruptelas es significativo.

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En una ciudad europea -de 100.000 a 500.000 habitantes- puede haber, incluyendo el Alcalde, sólo dos o tres personas cuyo sueldo depende de que gane las elecciones el Partido X. En España, el Partido que controle algún gobierno local puede nombrar multitud de Altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, por una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que un Partido X gane las elecciones.

Esto genera diversos incentivos perversos para CORRUPCIÓN: los empleados públicos con el horizonte laboral limitado por sus incertidumbres en las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable; y en segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría del mundo occidental, en donde los políticos locales estarán forzados al tomar decisiones junto con funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión en una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común del ganar elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal 'para el Partido...' sean también más elevadas.

¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de los Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y sobre corrupciones tan estratosféricos como son reflejados en la película ‘Gangs of New York’, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales...

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Unos años después, la extensa politización en esas administraciones -y de sus manos locales, o la corrupción- descendió de manera muy drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, con el cual un solo cargo electo -el alcalde, más la mayoría de gobierno- acumula mucho poder) por el denominado ‘city-manager’. En esta nueva forma de gobernar, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un 'directivo' profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.

Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado ya en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. Y en ellos, el partido que gana unas elecciones tiene las 'manos atadas' a la hora del hacer /deshacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa; o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia aquellas de la oposición, para nombrar a sus cargos públicos. En general, se trata de buscar unos mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad -o no- en el cargo dependa de su competencia y mérito; mas no por sus lealtades políticas.

Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y para una plaza de por vida, o sea 'en propiedad', con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los 2 países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años ya el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por una misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

¿Podremos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público esté atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los Partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de sus administraciones públicas, han fomentado unas instituciones que permiten muy altas politizaciones de la administración y por tanto generan corrupción. Por otro, representantes de algunos Cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y rigidez administrativa son los ciudadanos...".

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En última instancia, todo esto continuará mientras aquí no subsanemos la carencia de una Democracia -¡efectiva!, con 'separación o control mutuo para sus poderes'- que permite repartos de los Tribunales entre nuestro Ejecutivo y el Parlamento del cual éste a su vez depende.

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Así no son para demasiado asombro señalados casos... de sendos grandes capitalistas que nunca llegaron a pisar aquella cárcel a la que les condenó 'en firme' [¡?] el Tribunal Supremo por súper estafa... merced a su real conexión con validos de la más alta jerarquía patria como el en presidio convicto delincuente Prado y Colón de Carvajal, por ejemplo. Ni que la Magistratura llegue a retorcer jurisprudencias 'ad hoc' para fallar salvando un caso de apuros por el mayor banquero nacional, como en su luego -tan descarada e inverosímil mente...- 'doctrina Botín' denominada.

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