[ Estas brevísimas Reflexiones compartidas por una gran profesora de filosofía parecen tan precisas y útiles aquí ahora como, en ocasiones, también claramente desesperanzadoras...]
De la derrota de la cultura a la esclavitud de las mentes
«¡No tenemos derecho a juzgar, señora!». Oigo esta frase cada vez con más frecuencia en clase de filosofía. Mis alumnos parecen haber interiorizado una extraña prohibición: juzgar se ha vuelto, al parecer, reprobable. Entonces les recuerdo que juzgar no se trata necesariamente de emitir un veredicto moral, sino, ante todo, de ejercitar el pensamiento. Sin juicio, no hay conocimiento ni debate posible.
Esta confusión ahora trasciende las aulas. En los medios de comunicación [ver +], en la política y en las universidades, a veces se examina la reputación del orador antes que la validez de sus argumentos. La condena sustituye entonces a la refutación.
La Ilustración, un legado que puede perderse.
En su obra '¿Qué es la Ilustración?' (1784), Kant define la Ilustración como la salida de la humanidad de su inmadurez, de su incapacidad para usar el propio entendimiento sin la guía de otros. «¡Sapere aude!» —atrévete a pensar por ti mismo. La emancipación, por lo tanto, no consiste en adoptar opiniones consideradas correctas, sino en alcanzar la autonomía de juicio.
Comprender no es aprobar: es someter unas ideas, incluidas las propias, al escrutinio de la razón. El oscurantismo comienza precisamente cuando ciertas convicciones pretenden estar exentas de este escrutinio, incluso en nombre del progreso.
El mundo de ayer: la ilusión de un progreso irreversible.
En El mundo de ayer: 'Memorias de un europeo' (1942, publicación póstuma), Stefan Zweig relata el colapso de una civilización convencida de que la cultura y el progreso la protegerían de la barbarie. Sin embargo, la nación de Kant y Goethe presenció el triunfo del nazismo: el refinamiento intelectual no había bastado para preservar a la humanidad de su propia destrucción.
Hoy en día, la propia transmisión de este patrimonio cultural está debilitándose.
Desde democratización cultural a derrota de la transmisión.
En Francia, el relativismo cultural ha contribuido a deslegitimar la idea de una jerarquía de obras. A partir de la década de 1980, impulsado por Jack Lang y el enfoque «pancultural», el reconocimiento institucional se extendió a producciones previamente excluidas de la alta cultura, desde la música rock hasta el arte callejero. Sin embargo, surgió confusión cuando democratizar la cultura dejó de significar dar acceso a todos a las obras más exigentes y pasó a implicar ajustar los estándares a lo que ya era familiar.
En 'La derrota del pensamiento' (1987), Alain Finkielkraut denunció esta homogeneización. Cuando la lectura de entretenimiento reemplaza a los clásicos, no solo se pierde un legado, sino también la posibilidad de enriquecer el lenguaje, formar el juicio y ampliar los horizontes intelectuales.
La misión de la escuela no es imponer las preferencias culturales de los estudiantes, sino abrirles un mundo que no descubrirían por sí mismos. Abandonar esta ambición equivale a transformar la democratización en desposesión, especialmente para aquellos que no pueden acceder a grandes obras de arte gracias a su entorno familiar.
La igualdad no consiste en rebajar los estándares al nivel de lo habitual, sino en dar a todos los medios para superarlos.
Cuando el conocimiento es atacado desde dentro
En 'La Médiocratie' (2015), Alain Deneault describe sistemas donde la conformidad con los requisitos institucionales tiende a primar sobre el juicio independiente. La universidad no es ajena a esta lógica: la burocratización de la investigación, que prioriza los procedimientos y los indicadores, se ve a veces agravada por ortodoxias ideológicas que pretenden determinar las preguntas legítimas y las conclusiones aceptables.
"La cultura de la cancelación", cuando prioriza la exclusión sobre la refutación, forma parte de este movimiento. Ciertas formas de activismo identitario, conocidas como activismo "wok", se vuelven dogmáticas en cuanto protegen sus presupuestos de la contradicción. El problema no reside en la identidad política de una doctrina, sino en su negativa a ser examinada.
Los tribunales permanentes de moralidad
Los términos "racista", "fascista", "xenófobo", "reaccionario" o "teórico de la conspiración", aunque distintos, a veces sirven menos para describir un pensamiento que para descalificar a quien lo expresa. Ya no refutamos: etiquetamos.
Ya no demostramos: denunciamos. La supuesta intención del autor cobra mayor importancia que la validez de su proposición; el ataque ad hominem sustituye al argumento.
Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican esta lógica de descalificación. Tocqueville, en 'La democracia en América' (1835-1840), ya había demostrado cómo el poder de la opinión mayoritaria podía coartar la libertad de expresión sin recurrir a la censura oficial. La mera posibilidad de desaprobación a veces basta para imponer el silencio.
La literatura ante el tribunal de la sensibilidad
¿Qué sería de 'Las flores del mal' (1857) de Baudelaire si se exigiera a la literatura ofrecer una representación moralmente ejemplar del deseo? ¿Qué quedaría de 'Las amistades peligrosas' (1782) de Laclos si representar la manipulación equivaliera necesariamente a aprobarla?
Una obra de arte no es un certificado de virtud. Puede explorar el mal sin glorificarlo y representar la violencia sin justificarla. Baudelaire y Flaubert fueron procesados en 1857 en nombre de la moral pública. Las ideas convencionales cambian, pero persiste el mismo error: confundir la representación literaria de un comportamiento con su aprobación moral.
Desde la derrota del juicio hasta el retorno a la servidumbre
Privada del conocimiento histórico, del dominio del lenguaje y del acercamiento a las obras literarias, la libertad de pensamiento corre el riesgo de convertirse en un mero derecho formal. Uno puede ser libre de cuestionar sin poseer las herramientas intelectuales necesarias para comprender aquello que cuestiona.
En 'Pensamientos y consideraciones morales' (1971), Hannah Arendt cuestiona la capacidad del pensamiento para impedir la adhesión irreflexiva al mal. Horkheimer y Adorno, en 'Dialéctica de la Ilustración' (1944, revisada en 1947), demuestran cómo la racionalidad moderna puede transformarse en un instrumento de dominación. Por lo tanto, el progreso tecnológico no garantiza en absoluto la emancipación.
La servidumbre moderna no siempre implica la supresión de las libertades: puede surgir del debilitamiento de las facultades necesarias para ejercerlas. No es la moralidad lo que amenaza a la razón, sino la presunción de que ciertas convicciones morales escapan a su escrutinio.
La Ilustración no solo muere cuando sus enemigos la combaten, sino también cuando sus herederos renuncian al libre pensamiento. Y cuando la razón abdica, el oscurantismo ya no necesita conquistar una civilización: simplemente necesita ocupar el lugar que ha abandonado.
- - - - - - - -
[+] ANEXO del texto precedente: "La atomización de las mentes. De la guerra entre ciudadanos a la servidumbre voluntaria."
Las manifestaciones del 17 y 18 de octubre pretendían unir las distintas luchas. Sin embargo, abundaron los insultos: «ACAB», «¡Todos son vándalos!». Se responsabilizó al policía por la violencia atribuida a su institución; al manifestante se le tachó de vándalo simplemente por participar en una marcha. Así, las acciones de unos pocos se utilizan para acusar a todos los demás: la pertenencia a un grupo sustituye al juicio.
El debate público ha dejado de ser un enfrentamiento de ideas para convertirse en una guerra de afiliaciones. En lugar de refutar un argumento, se descalifica a quien lo plantea: se le tacha de «racista», «fascista», «izquierdista» o «reaccionario». La acusación sustituye a la prueba; la contradicción atenta contra la identidad. El objetivo ya no es tener razón frente a un argumento, sino tener razón frente al oponente.
La ideología ya no se limita a dictar qué pensar, sino que determina qué es posible ver.
En su libro *Propaganda* (1962), Jacques Ellul demostró cómo la propaganda moldea las percepciones colectivas en detrimento del juicio crítico. Las redes sociales exacerban este fenómeno: sus formatos y algoritmos favorecen la reacción sobre la reflexión, hasta tal punto que una acusación circula más rápido que un argumento razonado. A esta lógica de inmediatez se suma la de la afiliación ideológica: reconocerse como perteneciente al "bando correcto" elimina la necesidad de dudar, mientras que cualquier matiz se vuelve sospechoso y cualquier concesión, una traición. El eslogan ya no resume una idea; la reemplaza.
En este contexto, la ideología ya no sirve simplemente para interpretar el mundo, sino para protegernos de todo aquello que pueda sacudir nuestras convicciones. Su influencia se mide por lo que nos impide reconocer. Cuando una manifestación se torna violenta, algunos justifican la destrucción en nombre de la revolución, culpando simultáneamente a los medios de comunicación por mostrarla. Por el contrario, otros reducen toda movilización a la violencia de unos pocos, fingiendo ignorar las demandas pacíficas. Cada bando protege su narrativa, excusando de antemano las acciones propias y condenando sistemáticamente las de sus adversarios. Así, la ideología ya no se limita a dictar lo que debemos pensar, sino que determina lo que podemos ver.
Esta ceguera también afecta la forma en que se identifican las responsabilidades políticas. Al señalar constantemente con el dedo a los enemigos ideológicos, corremos el riesgo de perder de vista los centros de toma de decisiones que dan forma a las elecciones colectivas. Estos centros no siempre coinciden con los gobiernos cuestionados: las regulaciones europeas rigen las políticas nacionales, mientras que los tenedores de deuda soberana influyen en los presupuestos estatales.
Estas limitaciones podrían explicar por qué, durante los últimos veinte años, las movilizaciones masivas han tenido dificultades para influir en ciertas direcciones políticas y económicas. ¿Cómo se puede obligar a un gobierno a cambiar de rumbo cuando algunos de los mecanismos de poder escapan a su control? La gente se manifiesta contra quienes gobiernan, sin poder siempre llegar a quienes influyen en sus decisiones.
Cuando las protestas no logran presionar a quienes ostentan el poder, la ira corre el riesgo de volverse contra adversarios más accesibles: empleados del sector privado contra funcionarios públicos, trabajadores contra jubilados, suburbios contra centros urbanos, la clase media bohemia contra la clase obrera. Las dificultades complejas se convierten en rencillas vecinales, ocultando las verdaderas responsabilidades que subyacen a la búsqueda de chivos expiatorios.
Algunos justifican la violencia en nombre de la justicia; otros toleran la arbitrariedad en nombre del orden.
La disidencia política se ve agravada por una guerra horizontal. Los ciudadanos se agotan luchando entre sí y pierden la capacidad de formar un contrapoder común. Estos conflictos pueden, por lo tanto, desgarrar la sociedad sin alterar el orden establecido: la ira se dispersa horizontalmente, mientras que el poder continúa ejerciéndose verticalmente. La solidaridad se rompe y la sociedad se tribaliza a medida que se atomiza.
Esta fragmentación pone en peligro la esencia misma de la libertad. Cuando el adversario se convierte en enemigo, sus derechos dejan de garantizar los nuestros. Algunos justifican la violencia en nombre de la justicia; otros toleran el gobierno arbitrario en nombre del orden. Todos aceptan con mayor facilidad una restricción cuando se sienten a salvo de sus consecuencias. El principio universal cede entonces ante la lealtad frente al bando contrario.
Montesquieu escribió en *El espíritu de las leyes* (1748) que «es necesario que, por orden de las cosas, el poder controle al poder». Pero los controles y equilibrios institucionales son insuficientes si los ciudadanos renuncian a la defensa de las libertades comunes. Al exigir la prohibición de manifestaciones, la censura de discursos o la disolución de partidos políticos únicamente por sus ideas, incluso cuando sus actividades son legales, contribuyen a legitimar poderes represivos que algún día podrían volverse contra ellos. Porque una vez que el Estado obtiene el derecho a silenciar opiniones consideradas indeseables, ¿quién decidirá qué se puede decir o cuestionar? La paradoja reside aquí: uno puede manifestarse contra el gobierno y, al mismo tiempo, contribuir a extender su alcance.
La intolerancia no es el único camino hacia este consentimiento. El miedo también puede llevar a los ciudadanos a aceptar restricciones a las que ellos mismos estarán sujetos. Giorgio Agamben, en *Estado de excepción" (2003), subraya así el riesgo de que un estado de emergencia haga aceptables medidas que no lo serían en tiempos normales. Un toque de queda es un ejemplo: en nombre de la seguridad, se puede prohibir la circulación a todo el mundo. Aunque sea temporal, tal medida puede normalizar la renuncia a las libertades en nombre del peligro.
En el segundo volumen de "La democracia en América" (1840), Tocqueville describió cómo el aislamiento de los individuos propició la expansión de un poder paternalista. La libertad, por el contrario, presupone ciudadanos capaces de superar sus desacuerdos para limitar colectivamente la autoridad. Los individuos divididos, aun cuando estén indignados, no constituyen un contrapoder.
El deslizamiento hacia el autoritarismo no siempre comienza cuando quienes ostentan el poder silencian a sus oponentes. También progresa cuando los ciudadanos exigen que se calle a sus adversarios o aceptan sacrificar sus propios derechos en nombre de la seguridad. Ya sea que busquen excluir a otros o protegerse del peligro, pueden convertirse en los artífices de su propia subyugación.
(Anne Frémaux, "Contrepoints" de 12/11/2026)
