"...para reducir desigualdades e incrementar las oportunidades de los menos favorecidos por la fortuna, el gasto público debería, junto con Derechos generalizables a todos como la sanidad o la educación, concentrar sus esfuerzos en aquellos sectores sociales de menores ingresos y menor riqueza. Y, de manera especial, en aquellos que tienen tan poco de ambas cosas que ni siquiera llegan al mínimo exigido para presentar la declaración de renta y que se ven excluidos cada vez que definimos una ayuda social (deducciones por hijos, mínimo vital, etcétera) a través de un instrumento como el IRPF.
Así planteado, el abanico de posibilidades a la hora de encontrar instrumentos técnicos que consigan reflejar estos principios es amplio. Y el debate en torno a ellos, o sobre los objetivos mismos, debería reflejar posturas diferentes en defensa de los intereses sociales de unos frente o otros. Cabe incluso, como defendí hace tiempo, un tipo único sobre la renta (con un tramo cero y otro de sobre tipo), complementado con alguna RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA y un fuerte impuesto sobre los incrementos patrimoniales no ganados. Pero lo que no cabe es que todo esto se vea drásticamente alterado por cuestiones aparentemente técnicas o por limitaciones burocrático-administrativas.
Si nuestras leyes actuales permiten que los ricos, por renta y por riqueza, no paguen impuestos directos en España bien porque colocan sus capitales en paraísos fiscales, bien porque se transforman en personas jurídicas para eludirlos, cámbiense las leyes. Si nuestra Inspección de Hacienda no es capaz de detectar el fraude fiscal en quien no cobre por nóminas, refuércese, mejórese o hágase algo. Cualquier cosa menos recortar los principios de equidad, a la altura de las limitaciones de nuestros instrumentos. Este debate adquiere especial importancia ahora por dos razones: la primera, porque algunos seguimos creyendo que, aun habiendo otras, una de las principales diferencias políticas sigue siendo, precisamente, cómo se posiciona cada uno en torno al reparto social de la carga tributaria y no tanto a su nivel absoluto.
La segunda, porque después del incremento tan cuantioso del déficit presupuestario como consecuencia de la actual crisis y del intenso activismo estatal en apoyos del sector privado, la manera en que se vaya pagando a través del sistema tributario esa deuda pública generada es fundamental para ver si acaso hemos hecho alguna injusta operación por socializar pérdidas mientras el beneficio se privatiza, o mantenemos principios de equidad social como que paguen más la crisis aquellos que han tenido una responsabilidad mayor en la gestación de la misma.
No sé, igual estoy trasnochado, pero las supuestas modernidades neoliberales que escucho hoy han constituido el discurso de la derecha clásica durante buena parte del siglo XIX y XX. Los ricos nunca han querido pagar al Fisco. Y el resto, claro, tampoco. Por eso mismo siempre serán nuestros Impuestos obligatorios; pero, además, han de ser justos... ¿O no?”
Jordi Sevilla, ex-ministro para las Administraciones Públicas
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