..
.
Usual es -comentando el asunto desde mero señalar al centón de casos que por cada cual puedan ser bien enarbolados contra sus adversidades más que nada- seguir sin quitar del ojo propio esa venda con la cual retratan una Justicia que (asombrosa mente...)
T@ntos Corruptelares... nunca hizo ver, ni aun apenas tan siquiera rememorarlos, ¡¡
no!!; sino sólo aquellos opuestos o muy poquito afines a lo nuestro: si Vd. escucha una banda oye sobre desmanes del '
Aznarín' o/y de Ruiz Gallardón más '
la Espe' Aguirre con su
imputado López Viejo, por ejemplo; pero si atiende a otra sentirá ecos de los que salpican a '
Zetaparo' y Tomás Gómez más la '
Maru' Menéndez con su
al tiempo no menos imputada 'Trini' Rollán, etc.
.
.
Por fin, llegando hasta reseñar mayores gravedades de las [ex-] Presidencias autonómicas, escandaliza sin duda respecto a la de Baleares esa
Libertad vigilada bajo fianza de Matas hoy... casi tanto como años atrás pudo hacerlo aquella otra previa condena de los
11 años a prisión incondicional para Urralburu en la de Navarra. Y aun puede seguirse, repasando...; mas, así, no lograríamos llegar sino a muy morbosas e inútiles melancolías. ¡Lo en realidad acuciante será ir, por fin, a las verdaderas causas tras de todo ello!
.
Al “
¿Por qué hay tanta corrupción en España?” nos responde con tino el buen profesor sobre Ciencia Política, desde un
‘Quality of Government Institute’ de Göteborgs Universitet en Suecia, Víctor Lapuente Giné:
"... Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de corrupciones no hay que buscarlas en una
'mala cultura' o por ninguna
regulación..., sino en '
politización' de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político: aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corruptelas es significativo.
.
En una ciudad europea -de 100.000 a 500.000 habitantes- puede haber, incluyendo el Alcalde, sólo dos o tres personas cuyo sueldo depende de que gane las elecciones el Partido X. En España, el Partido que controle algún gobierno local puede nombrar multitud de Altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, por una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que un Partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para CORRUPCIÓN: los empleados públicos con el horizonte laboral limitado por sus incertidumbres en las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable; y en segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría del mundo occidental, en donde los políticos locales estarán forzados al tomar decisiones junto con funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión en una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común del ganar elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal 'para el Partido...' sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de los Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y sobre corrupciones tan estratosféricos como son reflejados en la película ‘Gangs of New York’, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales...
.
Unos años después, la extensa politización en esas administraciones -y de sus manos locales, o la corrupción- descendió de manera muy drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, con el cual un solo cargo electo -el alcalde, más la mayoría de gobierno- acumula mucho poder) por el denominado ‘city-manager’. En esta nueva forma de gobernar, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un 'directivo' profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado ya en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. Y en ellos, el partido que gana unas elecciones tiene las 'manos atadas' a la hora del hacer /deshacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa; o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia aquellas de la oposición, para nombrar a sus cargos públicos. En general, se trata de buscar unos mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad -o no- en el cargo dependa de su competencia y mérito; mas no por sus lealtades políticas.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y para una plaza de por vida, o sea 'en propiedad', con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los 2 países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años ya el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por una misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podremos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público esté atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los Partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de sus administraciones públicas, han fomentado unas instituciones que permiten muy altas politizaciones de la administración y por tanto generan corrupción. Por otro, representantes de algunos Cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y rigidez administrativa son los ciudadanos...".
.
En última instancia, todo esto continuará mientras aquí no subsanemos la carencia de una Democracia -¡efectiva!, con 'separación o control mutuo para sus poderes'- que permite repartos de los Tribunales entre nuestro Ejecutivo y el Parlamento del cual éste a su vez depende.
.
Así no son para demasiado asombro
señalados casos... de sendos grandes capitalistas que nunca llegaron a pisar aquella cárcel a la que les condenó 'en firme' [¡?] el Tribunal Supremo por súper estafa... merced a su real conexión con validos de la más alta jerarquía patria como el en presidio convicto delincuente Prado y Colón de Carvajal, por ejemplo. Ni que la Magistratura llegue a
retorcer jurisprudencias 'ad hoc' para fallar salvando un caso de apuros por el mayor banquero nacional, como en su luego -tan descarada e inverosímil mente...-
'doctrina Botín' denominada.
.