El novedoso 'Sindicato de Inquilin@s': otro instrumento defensivo de lucha, en Madrid

 

  
En la Europa más próspera y culta, según Escandinavia, Suiza o Alemania son ahora, unas mayorías entre toda su gente viven de alquiler. Y hasta los países más afectados por el neoliberalismo, como Reino Unido es, cuentan con grandísimas cuotas -del municipio, sindicales, etc.- referidas a vivienda social arrendable: tales mínimos logra un 'Estado de Bienestar', inédito aún por aquí...

 

Pero ahora, como antes de ayer, Spain is different (quienes dicen 'Somos la izquierda' están enfervorecidos hoy por sus despistadas prioridades del 'reconocérsenos -ya- Nación de naciones'; y otras aguerridas filas en 'Podemos' militantes proclaman febriles juzgando tan alarmante como 'terrible o gravísimo que les prohíban el derecho a -unilateral mente- decidir... soberanía' de Catalunya)...!

Aquí, pues, cualquier hogar hispano cree tener claro que le 'interesa' la opción practicada del ser propietarios... Y sus administraciones públicas han decidido construir casas que dicen "sortear" entre quienes aspiren al ser sus titulares, aunque algunas veces hay casos adjudicándose -'directas'- para socios de las Castas, tan bien...

 

Es el truco de los grandes (Villar Mir, Florentino Pérez, etc.) convenciendo siempre a cada familia del que si 'la burbuja inmobiliaria' inflase precios para sus domicilios ya estaría enriqueciéndose todo quisque con tamaña especulación...

  

No hay ningún otro Estado en el cual un Vicepresidente "socialista" -como Boyer- dé nombre a Ley que arrebata legítimos derechos adquiridos antes por los inquilinos; ni donde alguna ministra de Vivienda dizque "progresista..." también cambie regulación para más 'agilizar desahucios exprés', igual a lo por la "ZetaPerista" doña Carme Chacón ya hecho...

  

Pero no todo será tonta pasividad entretenida con mantras ideológicos inanes. Veamos alguien que aquí ahora tiene claro cómo está 'Todo por hacer':

 

  

* Jose, Alicia y Ernesto son jóvenes con edades entre 30 y 35 años que comparten un piso en Arganzuela de 75 m². Ella estudia mientras que los otros cobran un salario que no supera los 1.150 € mensuales. En julio del 2014 firmaron un contrato de 3 años por 800 €/mes. Y a principios de junio del 2017, otros 3 años más tarde, su case­ro les ha comunicado que con el nuevo con­trato quiere subir su alquiler hasta 1.100 €. Ha visto en Idealista cómo el precio del m² ha subido estos años y no quiere perder dinero. Jose, Alicia y Ernesto tienen 2 opciones: o ceder y pagar todavía más o marcharse a un piso más barato, seguramente en otro barrio distinto. El casero no está preocu­pado, porque sabe que si ellas no aceptan la subida sí habrá otras muchas personas dispuestas a pagar ese nuevo precio.

 

 * Fátima es una mujer soltera que vive de alquiler en una vivienda en Villaverde. Paga 300 € al mes por una vivienda que –afirma- está en muy malas condiciones. Ella traba­ja como empleada del hogar en un barrio del norte de Madrid. Cobra 800 €/mes por una jornada de 7 horas diarias. La familia más acomodada para la que trabaja le ha comu­nicado que desde septiembre le reducirán la jornada y pasará entonces a cobrar 500 € mensuales. Casi al mismo momento, su casero -un propietario particular- le ha dicho que cuando venza el contrato de arrendamiento a finales del año le subirá su alquiler hasta 400 €. Está desesperada porque no cree poder pagarlo ni sabe qué hacer. Con un salario como el suyo es prácticamente imposible sobrevivir en Madrid. También está preocu­pada porque un primo y su familia están con el mismo problema. Pagan por su piso 450 € al mes pero su casero, también otro propietario particu­lar, quiere subirles dicho alquiler hasta 600 € a fina­les de julio, cuando vencerá el vigente contrato.

  

 * Flor vivía con sus 2 hijos en un piso de alquiler propiedad de CaixaBank por Ca­rabanchel. Accedió hasta él a través de un pro­grama especial para el alquiler y pagaba 643 €/mes. Hace un año perdió su trabajo en la hostelería y desde aquel entonces está ‘parada’, sin poder recibir prestación por desempleo porque gran parte de su jornada laboral la cobraba ‘en negro’... Tras hacer unos trámites, consiguió que la Comunidad de Madrid le concediera una REMI por 580 € mensuales. Mas a los 2 meses tuvo que dejar de pagar el alquiler por no poder asumirlo. Además, tenía que pagar las facturas de los sumi­nistros, ascendiendo a casi 80 € al mes. Dada la situación, Flor decidió seguir dentro del piso en situación irregular. Tuvo un primer desahucio, que consiguió paralizar con ayuda del Grupo de Vivienda en su barrio; y otro segundo, el pasado 29 de junio.

   

 

 * Luz Mari buscó un piso en alquiler por la zona pero los pre­cios eran demasiado altos para sus ingresos. Cuando encontraba un piso algo más barato le pedían fianzas de hasta 6 meses, garantías y el mes para las agencias inmobilia­rias: casi 3.500 € para entrar a vivir en un piso, imposible de asumir por ella. En medio de la desesperación e impotencia Luz Mari ha decidido pasar a okupar una vivienda propiedad actual de Bankia. Tiene muy claro que no debe resignarse a quedar en la calle con sus hijos mientras por su barrio hay decenas de casas vacías.

 

 * Laura y Antonio son una pareja que vive okupando una vivienda en Usera. Él co­bra 350 € por pensión de incapacidad y ella trabaja como empleada del hogar, ganan­do 850 € al mes. Laura está embarazada de 6 meses. El propietario del piso les ha denunciado por usurpación y el pasado 3 de julio tuvieron un primer desahucio, que consiguieron aplazar gracias al apoyo del Grupo de Vivienda en Usera. Como ‘solución habitacional’ han intentado buscar un piso en alquiler pero los precios y las condiciones siempre se lo impiden. Los caseros les piden un mí­nimo de 600 € mensuales, 3 meses de fianza, más contrato de trabajo fijo a jornada com­pleta con ingresos mayores que 1.800 €: imposible de asumir para ellos. Vol­verán a okupar otro piso.

 

 * María es una madre de 58 años viviendo en alquiler con sus 2 hijos más 3 nietos dentro del mismo piso perteneciente al barrio San Blas. Gana 800 € mensuales trabajando en un centro de ayuda para personas dependientes y paga 400 €/mes como renta. Sus hijos están en paro, aunque a veces consiguen aportar algo de dinero con trabajos esporádicos. Ese alquiler se lo con­cedió el banco en 2013 mediante programa del Fondo Social de Vivienda creado por el Gobierno para poder ‘apoyar’ a familias desahuciadas. En diciembre de 2016 el propietario le mandó una carta comunicándole que había traspa­sado a un Fondo de Inversión propiedad total sobre la vivienda. Su contrato venció a finales de junio del 2017 y el nuevo propietario no está interesado en renovarle más alquileres. Parece que lo que quisiera es reformarlo y vender o alquilar a un precio superior. María está desesperada pues con estos precios actuales no puede pagar un alquiler del mercado, por San Blas ni en ningún otro sitio, y tampoco se atreve a okupar una vivienda.

 

* Patricia es enfermera y está viviendo en un piso compartido del barrio de La Latina. Al cumplir los 30 años decidió buscar una vivienda en alquiler para irse a vivir sola. Tras meses de búsqueda en portales de Internet, nada logró encontrar a un precio que pudiera permitirse con su salario de 1.250 €/mes. Cuando encontraba uno habían llamado ya 20 ó 30 personas antes de poder hacerlo ella. Y además, cuando conseguía una cita, los requisitos que le pedían eran imposibles: hasta 3 meses de fianzas, ava­les, garantías, ¡contrato laboral fijo y a jornada completa! En muchos casos le dijeron que preferían a parejas casadas y con hijos que una mujer soltera: según parece, al casero le daba más seguridad. Finalmente, ha tenido que desistir de la búsqueda y quedarse más en su piso compartido.

  

“Tantos casos representan sólo una muestra de la compleja problemática del alquiler actual que pa­decemos en Madrid y su Área metropolitana: elevados precios en propor­ción a los bajos ingresos de la población, finalizaciones prematuras para los contratos del alquiler como fruto de Reforma en la LAU desde 2013, requisitos imposibles el accederse a un piso, desplazamientos forzados a otros barrios, expulsiones y exclusión del mercado formal, hacinamiento en pisos compartidos, malas calidades de las viviendas… Situaciones todas ellas que generan sufrimientos y frus­tración, especialmente para las familias u hogares de los barrios populares.

 

Es en este contexto, que podemos lla­mar casi ‘emergencia’, cuando un grupo de inquilinas -muchas proviniendo desde los movimientos sociales, como el de la vivien­da, feministas o municipalista- tomamos conciencia sobre la problemática y decidimos organizarnos para intentar ofrecer solucio­nes. A finales del pasado enero, un grupo promo­tor con 15 personas empezamos reuniéndonos en el Banco Expropiado La Canica (Lavapiés) para ver cómo y de qué forma podríamos afrontar los problemas. La idea ya estaba sobre la mesa. Crear algún Sindicato de inquilinas como una herramienta del con­trapoder, para defendernos ante abusos en los caseros, y luchar por alquileres dignos. Tras meses con muchos debates y tra­bajo, el reciente 12 de mayo presentábamos en un Centro –EVA- Social (Arganzuela) nuestro Sindicato para Madrid ante unas 100 personas y varios medios periodísticos que se habían interesado por la iniciativa.

 

Hoy el Sindicato de Inquilinas es herede­ro directo de movimientos por la vivienda como V de Vivienda, que hace ya una déca­da denunciaba las dificultades de acceso a la vivienda para la gente joven, u otros más recientes -como la Plataforma de Afectadas por Hipotecas (PAH) o Grupos de Vivienda en los barrios- que han marcado las agendas polí­ticas y desde autonomía generaron poder popular hacia transformaciones sociales.

  

 

También están en nuestra memoria las huelgas de inquilinas desde finales del siglo XIX -y la década de 1930- en diferentes localizacio­nes a uno u otro lado del charco: desde las huelgas del inquilinato de Buenos Aires durante 1907, pasando hasta Veracruz en torno a 1920 o Santa Cruz de Tenerife y la Bar­celona tomada por CNT de los años 1930; que rezumaban dig­nidad obrera auto-organizada en un contexto impuesto por una crisis política, la migración interior ha­cia las urbes industriales, con gran de­manda de vivienda y unos caseros aprovechándose de la situación para especular con uso y precios de la vivienda. Las principales dife­rencias con respecto a esas épocas estriban en que aquello fue contexto con fuerte organización y alto % de alquileres cuyo margen de presión era mayor; cosa diferente de actuales coyunturas, cuando nos move­mos por contexto en que tal red compleja y creciente de inquilinas urbanas no tiene tanta coyuntura fa­vorable al no ser más del 20% de la población, cuanto menos en Madrid ciudad.

 

Es precisamente toda esa coyuntu­ra tan desfavorable la que nos ha motiva­do, junto al empuje de luchas contra los desahucios y por las viviendas, a la mayoría de personas del grupo promotor en este Sindicato de Inquilinas de Madrid; para ver cómo abordar esta lucha, ya que muchas de nosotras éramos activistas que veníamos de otros colectivos y movimientos sociales, autónomos o vecinales, ligadas también al sindicalismo social: entendiéndolo como nuestra proyección de sin­dicar luchas sociales profundamente atra­vesadas por precariedades (en diferentes aspectos), y que focalice la sostenibilidad de la vida contra las perversiones del capital; desbordando los cauces del sindicalismo de clase tradicional, por atender a la compleja diversidad de luchas urbanas tendiendo alianzas desde los afectos en nuestras vidas cotidianas; procurando sindicar las luchas de ‘kellys’, pensionistas, ‘manteros’, jóvenes precarias o trabajadoras del territorio doméstico. Un sindicalismo, en definitiva, que desde la base y las clases populares construya otras alternativas de vida que merezcan la pena ser vividas.

Nuestro Sindicato se ha estruc­turado en 4 Grupos de trabajo. Por la gran demanda mediática y paralelo a urgencias en problemáticas del alquiler, una primera comisión que funciona des­de momento inicial es para Comu­nicación: encargada de prensa y redes con gestión sobre las portavocías. Después de una pri­mera gran Asamblea general, el 26 de Mayo, se incorporaron otras Comisiones -para Extensión a Barrios, de Asesoramiento y del Argumentario- que se reúnen en momen­tos distintos a las asambleas; las cuales a su vez venimos celebrándolas con periodicidad quincenal, los viernes alternativos a las 18:30 en el Espacio Vecinal Arganzuela. 

La relación con las PAH, la Obra Social Madrid más Coordinadoras de Viviendas es una cuestión que también nos preocupaba y queremos construirla con mimbres fuertes y duraderos; porque somos conscientes de que han sentado bases para un movimiento por la vivienda muy amplio, popular, diverso y empoderado. Un movimiento al cual nos queríamos ads­cribir, manteniendo vasos comunicantes con esas luchas que, desde nuestra posición in­cipiente, comparten mismo espíritu que el nuestro, resumible por la frase “vamos lentas porque vamos lejos”.

   

 

Nuestro objetivo principal es defender unas condiciones habitacionales adecuadas y dignas en los hogares precarios no pro­pietarios (directos y, de forma indirecta, okupas o no in­dependientes). Incluiríamos aquí dentro del ‘sujeto’ no sólo a hogares de inquilinos sino aquellos que serían poten­ciales pero se hallan expulsados o excluidos del mercado del al­quiler. Este gran objetivo se desgrana en otros como reducción de los precios del alquiler, mejora en la calidad para las viviendas, mayores facilidades de acceso al alquiler (contratos más favorables a las inquilinas, tema de fian­zas, limitar abusos por los propie­tarios), apoyar a los hogares en sus conflictos con propietarios, paralizar o revertir la expulsión de los hogares precarios no propie­tarios que viven por el centro y la semi-periferia al exterior fruto de los precios del alquiler frenando procesos de turistificación que se dan fun­damentalmente por ‘la almendra central’.

  

Apoyar a los hogares con la defensa de sus derechos como inquilinas, en definitiva. Para poder alcanzar estos objetivos queremos que sea el Sindicato un instrumento de presión al Estado y a las instituciones públicas, para lograr la intervención-regula­ción en los precios o condiciones de mercado del alquiler, presionar por una derogación de la LAU y exi­gir legislación que nos ofrezca garantías para el acceso a la vivien­da en condiciones dignas.

 

En realidad, nuestros objetivos más concretos están por definir a medida que conectemos con diferentes ba­rrios y sus realidades sociales. Pero sí que hay dos herramientas muy claras que a corto plazo ya tenemos claras: la movilización so­cial en la calle más intervención del merca­do de alquiler. Esto nos da la potencialidad de seguir lidiando a medida que conocemos casos reales en los cuales hayan obtenido sus primeras vic­torias frente al capital inmobiliario. Ahí están las paralizaciones a desahucios, los realojos y obras sociales de la PAH, o cierta victoria del Bloque Arganzuela contra URBANIA…

 

Mientras tanto aquí seguimos, ‘perrean­do’ y luchando en nuestros barrios contras los caseros y las inmobiliarias para que no nos expulsen de nuestros hogares; entre tanto decimos alto y claro que la vivienda es un derecho, no mero comercio. Más información en www.inquilinato.org..."

 

[En 'Todo por hacer' nº 78 -gratuito- de julio del 2017)]