De 'Reformas [pro delincuencias] fiscales' que nadie aquí pide (ni Podemos…) ya derogarnos

  

El problema fiscal de nuestro país no está en las cuantías del gasto público, uno de los más reducidos entre toda Europa; es un escaso nivel para sus ingresos, menor también a una mayoría de la UE, y cuyas causas hay que buscarlas -no exclusivamente, pero sí en forma significativa- por el muy desorbitado Fraude impositivo.

  

  

Casi todo Partido político, a la hora de solucionar problema en recaudación, se centrará con 'las defraudaciones': dicho recurso –por lo menos en declaración- resulta más cómodo y conlleva costes electorales menores para ellos a los del plantearse una verdadera Reforma tributaria que, mírese como se quisiere, implicaría un incremento sobre muchos ciudadanos de su presión fiscal...

 

[Nos lo ha vuelto a desmenuzar muy claro, con sus pedagógicas divulgaciones, Juan F. Martín Seco]:

   

  

Estamos acostumbrados a que los delitos fiscales no tengan la correspondiente sanción penal y -lo que ya es aún peor- tampoco la social, sobre todo si se trata de un personaje famoso; pero gestos adoptados en el último ‘caso…’ por el FC Barcelona exceden todos los límites de la indignidad. Tras la condena por 21 meses a cárcel del futbolista, dicho club azulgrana ha lanzado una campaña bajo el poco afortunado eslogan de ‘Messi somos todos’. La realidad es muy otra, pues muy pocos son los que pueden cobrar esas cantidades astronómicas percibidas por el futbolista… ¡las mismas que le permiten sisar al Fisco, es decir a todos los españoles, 4’1 millones de euros!

  

El quid de la cuestión estaría en cómo tal defraudador, y otros muchos, están robando a toda la ciudadanía; ponen en peligro su empleo, la salud de las familias, educación para los hijos, el cuidado a sus ancianos y tantísimos servicios más que peligran por insuficiente recaudación…

  

Según dicen, ‘el Barça es algo más que un club’. Ese plus es el nacionalismo, de manera que se dobla el sectarismo, sectarios al cuadrado. Solo ese duplo de fanatismo podría explicar -que no justificar- alguna postura tan ilógica… La historia es muy antigua ya. Comenzó allí, en la plaza de Cataluña, cuando Jordi Pujol salió envuelto con su senyera para librarse del ser procesado por los trapicheos desde Banca Catalana; y ha continuado a lo largo de otros 40 años ya entre complicidad por todas las demás fuerzas políticas en Cataluña más el resto del Estado…

     

La defensa por el Barça C.F. -de Messi- no es desde luego desinteresada, está conectada con autodefensa propia del Club inmerso entre quién sabe cuántos procesos judiciales; de los cuales está librándose siempre a base del dinero. Y es ahí donde radica la más auténtica vergüenza, en que los delitos económicos -especialmente si son fiscales, esto es, llamados ahora ‘contra las Haciendas Públicas’- terminen saldándose tan simplemente con el pago de cantidades defraudadas más una pequeña multa, o sin que sus delincuentes lleguen jamás a pisar ni una cárcel (…) Pero para erradicar esos fraudes nunca bastará con decirlo, sola mente, y desde luego los distintos Gobiernos tampoco han mostrado hasta hoy demasiado interés en conseguirlo.
   

             
No es el momento del enunciarse aquí todo un catálogo completo de las posibles medidas encaminadas a este fin, pero sí cabe citar 2 fundamentales: primero, incrementar conciencia fiscal para esta sociedad, haciendo conscientes las ciudadanías de cómo cualquier gran defraudador es un delincuente y atenta contra el bienestar social en mayores medidas a otros muchos que se pudren durante años desde la cárcel. Todos los defraudadores, y más cuando sean famosos, deben sentir como cualquier delincuente las reprobaciones o desprecio social. Sin que su popularidad, en el ámbito que sea, pueda servirles para coartada ni excusa; sino más bien de agravante...

  
Lo segundo será garantizarse una efectividad al castigo penal, por delitos fiscales, que se diferencie con respecto a la mera sanción administrativa en el conllevar penas de cárcel. Cuando se muevan los fraudes en torno a cantidades elevadas las sanciones administrativas, siempre pecuniarias y no demasiado altas, resultarían inoperantes. Una baja probabilidad del que aquella infracción fuera detectada, contrapuesta con lo reducido de sus multas, ofrece hoy ‘esperanza matemática’ favorable a tamaño fraude. Casi es rentable siempre. Mientras todo se arregle con más dinero, esa tentación del evadir se mantendrá entre los grandes contribuyentes. Y únicamente su miedo a un ingresar en prisiones, igual que cualquier otro ladrón, pudiere actuar como elemento disuasorio.

  
       

El nuevo ‘delito fiscal’ llegó para nuestros ordenamientos jurídicos, como una contrapartida por aquellos Pactos de la Moncloa, en 1977; pero lo cierto es que 40 años más tarde casi está sin estrenar. Podrían contarse con los dedos de una mano aquellos ciudadanos que han entrado en prisión por condenas derivadas, exclusiva mente, desde dicho tipo penal. En una sociedad garantista como la nuestra, para la que resulta difícil demostrar cualquier dolo, siempre hay obstáculos e impedimentos mil; tanto más por cuanto que los delitos no están bien tipificados y jueces o fiscales participarían de una gran permisividad en la sociedad a las horas del enjuiciarse gravedades del fraude.

      
A lo largo del último casi medio siglo muchas han sido las modificaciones que sufrió esa materia en el Código Penal. Algunas de ellas tendentes a tapar agujeros que se habían venido detectando, sin duda; pero, por alguna especie de maldición del destino, las propias medidas positivas fueron acompañadas con otras que siempre invalidaban el delito.
  

       

Así ocurría con la 'Reforma' de 2012 que, junto a otros aspectos claramente favorables, introdujo el punto 6 del artículo 305: determinó que si defraudadores reconocen -judicialmente- los hechos y pagan toda deuda tributaria, durante un plazo de 2 meses desde sus citaciones por el juez como imputados, verán reducidas las penas en 1 ó hasta 2 grados... Esto supone que, aun tratándose del ‘tipo agravado de fraude’ (artº 305 bis) y aunque su rebaja sea únicamente 1 grado, la pena en prisión podría no superar los 2 años (lo que implica no entrar a ninguna cárcel el delincuente); y que la multa cabrá fijarla entre un 25% y el 50% sobre las cantidades defraudadas, o sea, muy inferior a sanciones preceptuadas por alguna infracción meramente administrativa en el artículo 191 de Ley General Tributaria; podrían darse por lo tanto casos del que alguien solo cometiendo unas infracciones administrativas debiese hacer frente a multa superior de la establecida para un condenado por delito fiscal, quien además así no entra en prisión.
   
La guinda se ha producido tras otra última Reforma el mes de marzo del año pasado cuando mediante ley orgánica se introdujo para nuestro Código Penal su artículo 308 bis, disponiendo que podrá suspenderse una ejecución de pena con prisión en los delitos contra las Haciendas Públicas cuando se procede al abono de la deuda; ¡mas añadiéndose que tal requisito podrá entenderse 'ya cumplido cuando el penado asuma un compromiso del satisfacer sus deudas tributarias y sea razonable'... aguardársele que lo mismo será por fin así, en efecto, atendido! 
  
Es decir, que los -más- grandes defraudadores no deben preocuparse. Porque si tuvieren esa mala suerte del ser detectados con inspección de Hacienda (cosa nada probable) y quedar acusados por delito fiscal, siempre pueden librarse de llegar hasta entrar en prisión, abonando entonces lo defraudado; e incluso, si no les viene bien pagarlo ni aun en esos momentos, bastará con dar su palabra de que, cuando tengan algún rato, harán el pago correspondiente. Es más, contarán siempre con algunos colectivos -como el FCB- y medios de comunicación afines, que los convertirán en contribuyentes modélicos perseguidos [‘inquisitorial mente, por fines confiscatorios’...] o héroes.

  

(J.F Martín Seco, en República.com: ‘Vivan los chorizos… si son culés’, 21/7/16)