10.000 Millones últimos a Grecia idos de sobra podían 'rescatar' nuestras (menores) Pensiones

  

No solo del "Banco de España" nos lo avisan... sobre cómo menguarán -aun más- las Jubilaciones; hoy, hasta desde la propia Seguridad Social se publicita, negro sobre blanco. Pero nunca Rajoy, Sánchez, Mas, Urkullu, Garzón o Díez ni aun los Rivera e Iglesias... han planteado todavía ninguna proposición de Ley y plebiscitario Referéndum en contra...

 
  

Igual mente, quienes ahora ocupan el Gobierno (como sus pretendidas oposiciones parlamentarias principales, o sea, esos ya citados más Durán Lleida, Aitor Esteban, etcétera) tampoco vieron problemas -ningunos...- en aprobar que les apoquinemos otros 10.148 millones de más imprevistos por 'rescatar' una 3ª vez a [toda la Banca hoy acreedora del endeudamiento de]... Grecia; muy exactamente según antes ya nos habría sucedido, con sendos episodios (adicionales) previos, hasta esos 36.000 millones conjuntos pagados para idénticos agujeros ajenos tan solo al módico país heleno.

 

 

E -idéntica mente...- continúa sin verse ninguna oposición aun al expolio ciudadano con aquellos ya más de 100.000 millones detraídos del común aquí estos últimos años por generoso "Rescate" fiduciario enviado hacia el burbujeante roto usurero en desaprensivas entidades bancarias: CCM, Bankia, Cajasur, Novacaixagalicia, CAM, Catalunyabank, etc.

 

Pero nadie ha planteado, tan siquiera, que puedan sufragarse esos apenas ni 2.000 millones precisos para compensar la depreciación anual con los IPC de nuestras Pensiones, a las cuales aún destinamos un ratio sobre PIB incluso 33% menor al de Grecia.
 
Hace más de 5 años, ya en la Legislatura previa, desde un 'Observatorio sobre la RENTA BÁSICA' de Attac-Madrid señalábamos una posibilidad evidente para igualarse las Pensiones Mínimas de Jubilación al SMI vigente (Salario Mínimo Interprofesional): eso mismo estaba ya entonces aprobado dentro del País Vasco, solo, con sus autonómicas leyes... Y sigue todavía sin plantearse ni siquiera -como alguna iniciativa parlamentaria concreta y, formal mente, cierta- por nadie, pese a todas esas palabrerías huecas o mendaces que cada día continúan propinándonos...

     

 

Ahora de nuevo ante la próxima ocasión electoral del 20-D, se difunde aquí hoy a tal respecto un resumen pedagógico muy clarificador por quien luce fiable solvencia o práctico rigor del habérsenos ya desempeñado antes muchos años como Interventor General para las Administraciones del Estado y Secretario General en el Ministerio de Hacienda:
  

Las distintas formaciones políticas van desgranando poco a poco sus Programas económicos de cara sobre todo a las Elecciones Generales del 20 de Diciembre. Hace ya días que PSOE presentó el suyo al que tituló 'Agenda para una recuperación justa'. Muchos podrían ser los aspectos a comentarse sobre su contenido, pero quizá más representativo que lo afirmado es cuanto se omite. Por ejemplo, el hecho de que ni 1 sola vez se haga referencia a las Pensiones; y eso que dicha prestación social es la más afectada por las políticas de 'rescates', no solo en lo tocante al presente sino también al futuro, y además todos los españoles somos o seremos pensionistas.

   

La última Reforma, amén del esconder bajo el llamado 'coeficiente de sostenibilidad' reducción en la cuantía de las nuevas pensiones, condena año tras año a los jubilados al que sus retribuciones en términos reales bajen; es decir, a que vayan perdiendo poder adquisitivo. Ha desaparecido el único factor positivo del 'Pacto de Toledo', aquel compromiso entre todas las fuerzas políticas de mantenerse actualización anual en las pensiones por su IPC; lo cual, si bien les negaba participar en las mejoras de la economía, al menos garantizaba un mínimo permanecer con el mismo nivel retributivo. Hoy parece que no solo del PP reniegan sobre tal compromiso (lo demostraron con la Ley), sino también el resto de Partidos, que nunca proponen derogarla.

     

  

La razón para que la Izquierda como conjunto se haya olvidado del tema de las Pensiones está en que ha terminado dando por bueno, mediante una especie del 'síndrome de Estocolmo', el discurso más oficial: se han introyectado como verdades ciertas innumerables falacias y sofismas que de forma reiterada vinieron lanzándonos durante 30 años las fundaciones, servicios de estudios y demás instituciones interesadas. Su argumentación ha sido casi por completo idéntica. Parten del hecho de que incrementos en la esperanza de vida más bajas tasas de natalidad configurarán unas pirámides poblacionales en las que su proporción entre trabajadores y pensionistas a favor de los últimos irá inclinándose; con lo que sin Reformas, afirman, nuestro Sistema sería imposible de sostenerse.

  

Tal planteamiento incurriría en múltiples falsedades, olvidando en primer lugar variables tales como la tasa de actividad, y cómo ésta puede incrementarse con incorporación de las mujeres al mercado laboral o mediante nueva emigración; tampoco se consideran los empleos, pues de nada vale que la evolución demográfica sea correcta si el desempleo es cuantioso: con 5 millones de parados, incrementar la edad de jubilarse no tiene sentido.  
 

Pero, sobre todo, prescinde de la productividad. Debemos resituar cuál es la cuestión, no cuántos son quienes producen sino cuánto se produce; pues 100 trabajadores pueden producir igual que 1.000, si la productividad es 10 veces superior. Eso es lo que ha pasado ya en agricultura. Hace 50 años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy lo hacen el 4,5% solo, pero ese 4,5% produce más que todo aquel anterior 30%. Esta variable es la que podrá explicar un fenómeno importante, aunque nos hayamos acostumbrado a él: la renta per cápita se ha incrementado progresivamente hasta casi duplicarse durante los últimos 30 años; y es de suponer que también se duplicará en los próximos 30 o 40 años, si el Euro y la denominada política de 'Austeridad' no lo impiden.

  

  

La variable más esencial a la hora de plantear viabilidad o inviabilidad del Sistema público de Pensiones no es otra que nuestra evolución en la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay ninguna razón para poderse afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales; es decir, no hay motivo por el cual debieran perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debiere haber ningún impedimento a medio plazo para que las Pensiones evolucionen al mismo ritmo que la renta per cápita; esto es, por encima del coste de la vida. El Estado es un primer socio, mediante los impuestos, de todas las actividades económicas; y si éstas en su conjunto se incrementan, la recaudación fiscal también debería de aumentar.

  

El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no por carencia de recursos. Si en un periodo de tiempo algún colectivo (por ejemplo, los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas -ya se trate de las salariales, del capital o empresariales- crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán de los dueños del capital o empresarios. Y tal aseveración se cumple siempre, sea cual sea la pirámide de población, las esperanzas de vida o su tasa de natalidad. Pero además hay otro factor que ha introducido ruido en el Sistema y distorsiona el problema equivocando su solución: el 'Pacto de Toledo', al presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado del Estado, o por ligarse la financiación de las pensiones exclusivamente a su cotización social.

   

La 'separación de fuentes' con el 'Pacto de Toledo' establecida no debería tomarse como algo estructural, sino tan solo convencional, un mero instrumento para la gestión administrativa. ¿Por qué la Sanidad, el Seguro del Desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las Pensiones deben hacerlo mediante cotizaciones sociales? Es el Estado con todo su ingreso el que debe asegurar que todos los trabajadores en la vejez dispongan de alguna prestación digna. Con el pretexto de que las cotizaciones constituyen un 'impuesto al trabajo', surgirán en el futuro múltiples presiones hacia rebajarlas, lo cual pondrá en continuo peligro el mantenimiento de las prestaciones para Jubilación. Pero, ¿por qué van a ser únicamente nuestros trabajadores y sus salarios los que deban soportar la carga del sostener las Pensiones?

  

¿Y acaso no deben contribuir a ello las rentas de capital o beneficios empresariales? Las transformaciones en estructuras sociales y económicas comportan también cambios de necesidades que deben ser satisfechas. La incorporación por las mujeres al mercado laboral y el aumento en esperanzas de vida generan nuevas necesidades. El pronosticado envejecimiento en la población de ninguna manera hace insostenible un Sistema de Pensiones públicas; pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB, no solo al gasto en pensiones, sino también para la sanidad y servicios de atención hacia los ancianos o dependientes. Detracción perfectamente factible e inevitable si no queremos condenar en la marginalidad y miserias a buena parte de nuestra población.

  

   

El gasto por pensiones para nuestro país reducido es cuando se compara con la mayoría en los países de nuestro entorno. Actualmente representa 10% del PIB, cuando una media en la Eurozona es de 12,2%. Según la CE, tal porcentaje no cambiará sustancialmente los próximos años, llegando al 11,3% en 2035. El máximo aparecería sobre 2050 (un 14%). A partir de dicho momento, el gasto se reduciría rápidamente; dado que las generaciones del ‘baby boom’ serán sustituidas al llegar a la edad de jubilación por otras con menor tasa de natalidad conocida. ¿Podemos afirmar que todas estas cifras son inasumibles y habrían de hundirse todos los pensionistas en la miseria cuando el año con mayor gasto dedicaríamos a pensiones un mismo porcentaje actualmente ya dedicado por Francia o Italia?

   

El obstáculo no estriba en las pirámides poblacionales o el incremento para la esperanza de vida; sino por las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios, permiten el fraude y minan la capacidad recaudatoria del impuesto. La presión fiscal en España es 8 puntos inferior a las medias de la Eurozona o UE y está ya bajo Grecia, Polonia, Estonia, Portugal o Malta. Incluso, nuestro nivel de cotizaciones (13% del PIB) está bajo la media en la Eurozona (14%), aún a bastantes años luz de países como Alemania y Holanda (17%) o Francia (19%).

  

¿Se puede afirmar sin cierto escándalo que no cabe pagarse las Pensiones y deberíamos reducirlas? Todo es un problema de voluntad política y del cómo se quiere redistribuir la renta. Desde luego, será difícil si lo que se hace por el Gobierno ante los primeros síntomas de recuperación en la recaudación es bajar sus Impuestos.

 

  (Juan Francisco Martín Seco: 'El 20 de diciembre y las pensiones')

  

Sin embargo, ¿por dónde acaso pueden oírse aquí estas verdaderas razones ni tan siquiera, excepcional mente, bajo el fuego cruzado de tantísimo debatir partidista sobre los asuntos de las -ya muy sabidas...- candentes actualidades?