lunes, 24 de junio de 2013

Maldito Pacto ('de Toledo', esta vez) para sólo consensuar más el mismo Rebajarnos en todo



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Claro que no todos los "Pactos..." tienen consecuencias como lo único resultante tras las pantomimas mediáticas montadas desde hace mucho por agobiante partidismo del PPSO...ERCCIUPYD...etc. ¡No y no! Los "...de la Moncloa" del año 1977, por ejemplo, terminaron trayéndonos -entre otras cosas, mas realmente- aquel mayor súper Macro Plan de Inversiones en Enseñanza; unos inéditos, además de luego ya nunca igualados, Impuesto del Patrimonio y sobre la Renta; Subida salarial del 22% y la mitad linealmente, o sea, para tod@s igual; Pensiones incrementadas 30%; Seguros del paro, crecientes; Despidos para coches oficiales en las Administraciones; nuevos Derechos... de reunión, expresión, asociación, prensa, sindical, huelga, etcéteras; Despenalización del adulterio, abolición de los Tribunales militares y tipificación del Delito de tortura... 
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Pero, como explica J. Fco. Martín Seco muy bien... "Si Maquiavelo viviera hoy aconsejaría a su Príncipe que cuando tratara de introducir una medida impopular, inmoral o incluso criminal escogiese cuidadosamente un grupo de personas adictas, lo más simples que fuera posible, de manera que no pudieran tener la tentación de concebir siquiera una idea propia y que se limitaran a repetir con cierta coherencia el mensaje oficial, revistiendo, eso sí, las conclusiones con un andamiaje seudotécnico. A personas tales les debería otorgar el título de Expertos, incluso el de sabios, y así las medidas más injustas y basadas en las mayores mentiras acabarían apareciendo como imprescindibles y provechosas.
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En los tiempos que corren también sería conveniente tener aleccionados a los medios de comunicación de modo que aireen y den bombo a la 'Comisión de Sabios' y resalten sobre todo que las conclusiones se hayan logrado alcanzar 'casi por unanimidad'... ¿Es que podría ser de otra forma?
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De este modo se plantea la Reforma de las pensiones. La fórmula es tan eficaz que Montoro se ha apresurado a declarar que va a crear otro grupo de expertos para reformar el sistema fiscal. Echémonos a temblar. En realidad, con las pensiones ya se había aplicado un método parecido cuando en los primeros años noventa el Congreso aprobó una proposición no de ley, presentada por CiU -cómo no-, por la que se creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos con el encargo de analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. El documento final, que se conoce bajo el nombre de 'Pacto de Toledo', fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 6 de abril de 1995.
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Ciertamente que esta iniciativa no cayó del cielo ni surgió de forma espontánea, sino que vino precedida de toda una ofensiva internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas que, partiendo de ciertos organismos internacionales como Banco Mundial o la UE, tuvo su eco en todos los países, a través de la mayoría de las fuerzas económicas y políticas. Y fue esta concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el 'Pacto de Toledo'. Este realiza una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y solo financiadas con cotizaciones sociales.
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Desde este enfoque, la separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo esencial, de forma que, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban de manera abusiva la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y dificulta toda mejora en las prestaciones: la auténtica amenaza sobre nuestras pensiones se cierne cuando se considera la Seguridad Social como algo distinto del Estado.
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La solución de cualquier problema depende mucho de en qué términos esté planteado. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado, en unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Si la financiación de las pensiones se hace depender exclusivamente de las cotizaciones sociales, la cuestión resulta insoluble y por fuerza las prestaciones serán cada vez más reducidas. Con el pretexto de crear empleo se producirán continuas disminuciones o exenciones de las cuotas patronales que harán cada vez más difícil la suficiencia del sistema. Y se producirá esta paradoja del que las actuales generaciones de jubilados y las próximas, a pesar de pertenecer a sociedades mucho más ricas, sufrirán en la vejez una situación económica bastante peor que la de sus antecesores.
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En el marco del Estado social, resulta de todo punto inaceptable que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente mediante cotizaciones sociales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Son, por tanto, son todos los recursos del Estado lo que tiene que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también para las pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no económica, y mucho menos política; es más, tiene mucho de convencional, como lo prueba el hecho de que la Sanidad y otros tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se integren en los presupuestos del Estado o en los de las Comunidades Autónomas.
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Desde esta óptica, la sostenibilidad de las pensiones es un problema ficticio, al menos como algo distinto del de toda la Economía nacional, y solo dependerá de voluntad política del mantener presión fiscal adecuada. La sociedad cuenta y contará con recursos suficientes a no ser que gobiernos incompetentes conviertan en crónica la crisis actual. Poco importan la pirámide de población y la esperanza de vida. La cuestión no radica en cuántos son los que producen, sino en cuánto es lo que se produce: 100 trabajadores pueden producir lo mismo que 1.000 si su productividad es 10 veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor.
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Los llamados expertos nos han obsequiado con una fórmula polinómica a la que denominan factor de sostenibilidad, que solo induce a la confusión. Recuerda aquella que el 'chiquito de Harvard' se inventó hace ya casi 30 años para aplicar a las rentas familiares en el IRPF. Y es que los que se creen expertos son así. La cuestión infundiría risa si no fuese tan trágica. Para plantear un factor de sostenibilidad no tienen por qué retorcerse tanto; la regla puede ser infinitamente más sencilla: que se efectúe siempre actualización de pensiones con la variación de renta per cápita (por supuesto, en términos nominales). Esa sí que sería una reforma justa y, además, perfectamente sostenible siempre que estemos dispuestos a mantener un sistema fiscal con la suficiencia y la progresividad adecuadas."

¡O sea, que no deberíamos renunciar al Programa del 'análisis concreto de la situación concreta...' en aras de ningún tocomocho más, y por mucho cuanto pudieren querer encelarnos con las "divinas palabras" de cualquier Nuevo Pacto -no importando ni siquiera cuán extenso e inclusivo lograra llegar a ser- para meros bla-bla-blás...!

4 comentarios:

  1. Santos M. Ruesga: POR QUÉ VOTÉ EN CONTRA del Informe de los Expertos sobre las Pensiones (I)

    ‘En los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, hemos estado empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado Factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya referencia se remonta a la Ley 27/2011, por la que se llevo a cabo una reforma de calado en los parámetros básicos que definen la cuantía de la pensión en el sistema público español.

    Como es sabido por los medios de comunicación me opuse al resultado final de dicho Comité, por razones que sintetizo a continuación.

    - UNA REFORMA AL SERVICIO DE UNA POLÍTICA DE AUSTERIDAD:

    Entendía cuando me convocaron a participar en dicho Comité que el objetivo era definir y modular un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con el ascenso de la esperanza de vida en el país, que según todas las predicciones seguirá produciéndose en las próximas décadas. La filosofía subyacente de la citada ley donde se contempla tal factor no es muy lejana a la aplicada en otros países europeos donde ya cuentan con un factor de tal denominación. Se trataba, a mi entender, de dar forma a dicho factor y analizar las consecuencias en diferentes aspectos del sistema público de pensiones, tras su aplicación en los diferentes parámetros que definen las mismas o en un ‘mix’ de ellos.

    Para mi sorpresa, desde el inicio del funcionamiento de dicho Comité parecía haber un acuerdo tácito y mayoritario de que debíamos abordar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, en concreto aspectos económicos de la misma, y generar adicionalmente otro factor de sostenibilidad que revertiera también sobre el valor medio de las pensiones, como en el caso anterior. Tal acuerdo tácito venía refrendado por un documento entregado por el Gobierno a dicho Comité, hecho público a través de su entrega a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que además de proyecciones sobre la aplicación del factor de sostenibilidad recogido en la Ley 27/2011 se incluían ejercicios prospectivos sobre la posible aplicación de otro factor para la revalorización anual de las pensiones, sustentando en el aplicado en Alemania.

    Todo esto me indicaba que el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo conveniados con la Comisión Europea y el resto de la Troika. En suma, al servicio de una política de austeridad contra la que me he manifestado en repetidas ocasiones, incluso en las propias reuniones del Comité. Política, que dicho sea de paso está hundiendo desde hace algunos años a la economía española en una largo y negro túnel de recesión reiterada. El recorte de pensiones al servicio de los ajustes en el gasto público.

    No hay razones económicas para pensar que los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva diseñado con tal finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las finanzas de la Seguridad Social…’

    (continúa…)

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    1. Santos M. Ruesga: POR QUÉ VOTÉ EN CONTRA del Informe de expertos sobre las pensiones (y II)

      ‘- INSISTIR EN LA REDUCCIÓN DEL VALOR RELATIVO DE LAS PENSIONES ALLANA EL CAMINO PARA LA PROMOCIÓN DE FONDOS PRIVADOS:

      Pero más allá de este servilismo a la coyuntura, mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones públicas. La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060.

      A lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto porcentual, al menos de ahorro adicional por la aplicación del factor de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida, contenido también en la citada Ley. Con tales ajustes nos situaríamos en el referido horizonte en nivel relativo de gasto en pensiones, en torno a la media de la Unión Europea de los 27 y por debajo de la media correspondiente a los países del área Euro.

      Tocaba, a mi modo de ver, que los próximos ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran al lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro décadas. Ello significa no seguir cargando el ajuste presupuestario de nuevo sobre las pensiones medias, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de suficiencia. Ya sé que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro.

      Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia. Mecanismo que hasta la fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero esto es harina para debatir en otra ocasión.

      El caso es que este camino de complementar pensiones públicas con pensiones privadas, no está al alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de vulnerabilidad económica.’

      (SANTOS M. RUESGA es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de los ‘Economistas frente a la crisis’)

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  2. Juan Francisco Martín Seco echó cuenta clara =

    LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES (I)

    Pongamos un ejemplo y hagamos pequeños cálculos -sin duda más simples que aquella fórmula polinómica con la cual nos obsequiaron los expertos gubernamentales. Supongamos un País -no precisamente el de las maravillas- cuya Renta anual se reparte entre 80 asalariados (2 € de promedio) 5 empresarios (5 €) y 15 pensionistas (1 €). En total, 200 €. Los sabios del lugar, muy alarmados, estiman que dentro de N años, debido a incrementar la esperanza de vida y cambiar tasa de natalidad, se va a producir envejecimiento de la población, de modo que los asalariados serán solo 60, mientras los pensionistas pasarán a 35.

    Para no complicar las cosas, supondremos que el número de empresarios no va a cambiar y la población total tampoco. Los doctos expertos, tras sesudas proyecciones, ecuaciones y alguna que otra integral, llegan a la conclusión de que el hecho de que haya menos de 2 activos por pasivo, convierte en insostenible el sistema de Pensiones, tal como está configurado en la actualidad, y que hay que modificarlo (léase Bajar las prestaciones) para hacerlo viable. Desde luego, afirman, las Pensiones no podrán actualizarse de acuerdo con la subida de los precios.

    Algunos de los que no son sabios, pero saben sumar y multiplicar, no se quedan convencidos y comienzan a hacer sus propios cálculos. Saben que las previsiones más conservadoras aseguran que en ese periodo el Producto Interior Bruto y por lo tanto la Renta per cápita, ambos a precios constantes, se van a incrementar en un 20% y los precios un 30%. Teniendo en cuenta ambos porcentajes, el PIB y la Rpc, en € corrientes aumentarán 56% (1,2×1,3=1,56). Encuentran lógico, por tanto, que los Beneficios de los empresarios se incrementen en ese porcentaje. Es decir, que los 5 € se conviertan en 7,8 €; y lo mismo respecto a los Salarios, que de 2 € se transformen por término medio en 3,12 €.

    Y continúan echando cuentas (casi las de la vieja): el PIB tras N años será 312 € (200×1,56); el coste de Salarios 187,2 € (60×3,12) y el Excedente empresarial 39 € (5×7,8). Descontándolos del PIB, se mantiene un remanente de 85,8 €. Los no doctos tampoco entienden que –tal como afirman los sabios- no se puedan actualizar Pensiones al menos el incremento del coste de la vida (IPC). Y asumiendo el supuesto extremo, si los nuevos jubilados hubiesen entrado al sistema con Pensión equivalente al Salario que tenían, el coste de actualizar Pensiones por el IPC alcanzaría 15x1x1,30+20x2x1,30=71,5 €, una cantidad inferior al excedente de 85,8. Pero aún hay más. No expertos se preguntan por qué impedir a los pensionistas participar del crecimiento económico en la misma medida que lo hacen asalariados y empresarios.

    Al fin y al cabo, si la Renta se ha incrementado ha sido por los asalariados y empresarios sin duda, pero también por los hoy jubilados que pagaron en su día Impuestos con los que financiaron los gastos en Educación, Infraestructuras, Justicia, Sanidad más tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad haya crecido año tras año. Así que continuaron haciendo cálculos (solo sumando y multiplicando) e intentaron ver qué ocurriría si las Pensiones se actualizasen igual que los Salarios y Beneficios empresariales por el incremento de la Rpc: 15x1x1,56+20x2x1,56=85,8 €. ¡Oh, casualidad! La cifra es exactamente igual a la del remanente. Resulta que también ES POSIBLE.

    Y aunque no son sabios ni expertos, se dan cuenta de que las conclusiones de este sencillo ejemplo son perfectamente extrapolables a cualquier otro modelo más complejo y que la posibilidad se mantiene incluso cuando se hace una suposición tan irreal como la hecha en estos cálculos de que la primera Pensión es equivalente al último Salario. Solo se precisa que se cumplan dos condiciones: que la Rpc se incremente y mantenga constante distribución del PIB, es decir, que ningún colectivo intente engordar su parte de pastel a costa de los demás.

    (continúa...)

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    1. (...continuación)

      LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES (II)

      Entonces, ¿por qué los expertos gubernamentales se empeñan afirmando ser insostenible? ¿Qué pretenden? Las declaraciones a prensa por uno de ellos nos pueden facilitar alguna pista. Afirmaba resultar evidente que las Pensiones no deben crecer por encima de Salarios. ¡Y tan evidente! Pero nadie pide tal cosa, a no ser que se ande pensando, y ahí está el quid de la cuestión, en que Salarios deban renunciar al incremento de productividad e incluso a mantener su poder adquisitivo.

      Porque lo que está detrás de todas esas presuntas insostenibilidades es la pretensión de modificar año a año las distribuciones de la Renta en contra de los Salarios, de las Pensiones y a favor de los Excedentes empre[FMI]sariales (capital y empresas). Ahí confluyen todos los consejos -diríamos imperativos- de Berlín, Bruselas y Frankfurt, allanado el camino por la Unión Monetaria.

      Y ese es el objetivo también de esos otros sabios del FMI, que no suelen acertar jamás en sus previsiones, que hundieron durante una década América Latina y que se limitan a agitar como un catecismo el consenso de Washington.

      J.F Martín Seco (República de las Ideas, 27-6-13)

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