miércoles, 13 de febrero de 2013

Anulado por el Tribunal Supremo indulto del último Gobierno ZP al súper Banquero Sáenz

   
Hace 15 meses que lo avisamos: "Indulta el Gobierno de PSOE al banquero Sáenz que condenó, a la cárcel, el Tribunal Supremo...". ¡Pero, nada: lo único que desde aquel entonces nos han venido fueron polémicas con respecto a otro indulto gubernamental por 'delito de conducción indebida en carretera', tan solo!
    
¿Cómo esperar alternativa real cuando se consensúan 'macro-rodillos' del bipartidista PPSOE, con su puntual apoyo en ERCIU..., para salvar siempre al impune poder desde grandes Bancos o/y otros casos de gestores públicos electos mas pillaos tras flagrante CORRUPCIÓN por Administraciones de Justicia?


Según lo cuenta Vozpopuli, "la medida de gracia –concedida por el Gobierno (de PSOE) pese a la oposición del Fiscal y de la Sala del Supremo– perdonó a Sáenz las penas de privación de libertad de 3 meses y suspensión para el oficio bancario que le impuso la Sala Penal del Alto Tribunal el 24 de febrero de 2011. Los hechos que se declararon probados fueron que Banesto, «con el conocimiento y beneplácito» de quien entonces era su máximo responsable, presentó una querella por 'estafa y alzamiento de bienes' contra 4 empresarios a sabiendas de que esas imputaciones eran falsas.
  
La querella, que dio lugar a la detención de los empresarios hasta su ingreso en prisión durante unos días, fue con plena falsedad interpuesta 'como medida de presión y para intentar cobrar' una deuda de 3,8 millones que había contraído con Banesto el grupo Harry Walker, en el que los empresarios querellados tenían una participación minoritaria.
  
Además de perdonarle las penas, el indulto añadió que «quedan sin efectos cualesquiera otras consecuencias jurídicas, o más, derivadas de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria». El Supremo ha estimado el recurso interpuesto contra el indulto por dos de los empresarios que fueron a la cárcel debido a la falsa querella autorizada por Sáenz.
  
Hace solo unos días precisamente, a finales del pasado mes de enero, el actual Gobierno (del PP) anunció un cambio en la normativa legal que le permitiría seguir ejerciendo al condenado Alfredo Sáenz como consejero delegado para la entidad financiera -Grupo Santander- de Botín pese a este fallo del Tribunal Supremo. La modificación legal que estaba haciendo Economía elimina la prohibición para ejercer la actividad bancaria de quien haya sido 'condenado por delitos dolosos', como ha pasado con Alfredo Sáenz.
   
Según el proyecto de Real Decreto que aún está en fase de audiencia pública, el Banco de España podrá resolver decidiendo de forma discrecional si un banquero cumple o no los requisitos de "honorabilidad". Según dice el texto del Ministerio de Economía, «concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad».
   
Así que los 'antecedentes penales' no serán un impedimento automático y absoluto para ser directivo de una entidad bancaria, como es el caso de Sáenz, tras haberle condenado sentencia firme del TS por presentar una querella falsa..."
  

3 comentarios:

  1. A ver si queda más claro = "LOS POLÍTICOS SÍ TIENEN PERDÓN

    (...) Ocurrió por ejemplo con el alcalde del municipio barcelonés de Sta Susanna, Joan Campolier, de CiU. Los tribunales le condenaron en 2003 por prevaricar al conceder la construcción de un pabellón a un amigo. La pena era de 8 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Sin abandonar el cargo, Campolier recurrió la sentencia. Los tribunales no le hicieron caso pero sí el Gobierno de Zapatero.

    En 2006 se le concedió el indulto parcial dejando la pena en 4 años y Campolier no dimitió hasta 2007. Una vez que cumplió la condena, volvió a presentarse a las elecciones. En 2011 se convirtió nuevamente en alcalde de la localidad: “Eso fue asunto puramente administrativo. El indulto lo pidieron los vecinos del pueblo, que entendieron que no era justo, y yo acepté”.

    Algo parecido sucedió con José María Peña S. Martín. El ex-alcalde de Burgos, del PP, fue condenado en 1992 a 12 años de inhabilitación, también por prevaricación. Los tribunales demostraron la concesión irregular de licencias municipales en el llamado caso de la construcción de Burgos. El indulto le vino en 2000. El Gobierno de Aznar le quitó dos tercios de la condena y Peña San Martín pudo presentarse nuevamente a las elecciones por la formación política Solución Independiente. No ganó, pero sí volvió como concejal.

    También pudo presentarse a las elecciones municipales pasadas en Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández, ex-alcalde del PSOE que dio las licencias para que se construyera en primera línea de playa El Algarrobico, uno de los escasos lugares del Mediterráneo que permanecía virgen. Los jueces le inhabilitaron en 2006 por un delito electoral pero el indulto del Gobierno de Zapatero le permitió presentarse otra vez. No consiguió ser alcalde.

    El mismo Zapatero, pidió explicaciones por un perdón concedido a Javier Gómez de Liaño, juez condenado por prevaricación —en este caso era delito contra la Administración de justicia—. Se indignó porque Acebes argumentara que nadie podía inmiscuirse en el derecho de gracia. “Todos los actos del poder ejecutivo se controlan por los tribunales”, respondió. “Esa es la esencia de la democracia y del Estado de derecho. Resulta insólito que haya que repetir estas cosas”.

    Pero cuando ZP llegó al poder con el PSOE, en 2004, sin embargo, siguió ejerciendo la facultad de indultar del mismo modo que lo había hecho su predecesor: sin dar explicaciones ni someterse a ningún control. Durante sus 2 legislaturas fueron indultados más de 100 delitos contra la Administración Pública. Su Gobierno indultó el año pasado al político Juan Hormaechea, condenado a 3 años de prisión y 14 de inhabilitación por prevaricación y malversación cuando era presidente de Cantabria. Salvo la excepción del año jubilar, 2000, las cifras de Gobiernos populares y socialistas son similares.

    Del perdón a Josep Maria Servitje y Victor Manuel Lorenzo Acuña (CiU) no se dan explicaciones. “Ese caso lo heredamos del Gobierno anterior”, señala el portavoz. Pero no ofrecen ninguna razón de por qué decidieron indultarlos.

    Sobre los 4 indultos al ex-alcalde Tomás Gómez y los 3 concejales de Abdalajís, condenados por prevaricación —al haber concedido licencias de obra sin seguir procedimiento legalmente establecido—, un Justicia dice que se concedieron porque ninguno de ellos se había lucrado y el perdón tenía respaldo de todos los grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU)..."

    (Álvaro de Cózar /Mónica Ceberio Belaza: ElPais 8,12,2012)

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Más acá del acostumbrado chismorreo particular, otras conclusiones del interesante artículo en El Pais anteriormente citado eran:

      "(...) Desde 2000 hasta ahora, los Gobiernos de Aznar, Rguez Zapatero y Rajoy concedieron 226 perdones a condenados por delitos contra la Administración pública (del total de 4.500): 25 por prevaricación; 107 por malversación de caudales públicos y 16 por cohecho.

      Las infracciones más indultadas, son los delitos contra la Administración pública (1,6% de los penados), el homicidio (1,5%), las falsedades (1,3%), delitos contra el patrimonio (0,4%) y lesiones (0,3%).

      Por lo general el indulto es un perdón parcial para evitar que el condenado ingrese en prisión. Pero, cuando se trata de políticos y funcionarios, en muchas ocasiones va más allá y alcanza también a la pena de inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público.

      ¡El indultado puede volver así a su puesto, como representante y gestor público, COMO SI NADA hubiera sucedido!

      Dentro de los indultos analizados por prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos de los últimos 13 años, el indulto alcanzó la pena de inhabilitación o suspensión EN MÁS DE LA MITAD DE LOS CASOS..."

      Eliminar
  2. Los 9 magistrados del Tribunal SUPREMO, unánimes revisores del Indulto, han concluido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incurrió en una "clara extralimitación" al cancelar los antecedentes penales del consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz y del que fuera directivo de Banesto Ángel Calama Teixeira cuando les indultó la condena de 3 meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.

    La anulación de los efectos administrativos del indulto se conoció el pasado 12 de febrero y este martes 26 se ha hecho pública la sentencia completa, cuyo ponente es el magistrado Carlos Lesmes. Las normas administrativas impiden ejercer el oficio bancario a quienes tengan antecedentes penales por delito doloso al considerar que carecen de la honorabilidad exigible. Es el caso de Sáenz, condenado en firme por un DELITO de acusación falsa.

    El INDULTO que concedió el Gobierno socialista a Alfredo Sáenz en noviembre de 2011 no solo le condonó por una multa las penas de arresto y suspensión para la profesión bancaria impuestas por los tribunales sino que, además, pretendió dejar sin efecto “cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de las sentencias, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”, estableció el real decreto de indulto en su inciso final, anulado ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en un fallo sin votos discrepantes.

    Según la sentencia, “es INADMISIBLE, por contravenir el ordenamiento jurídico, que a través del indulto se eliminen los antecedentes penales”. A juicio del alto tribunal, al Gobierno le compete determinar el alcance del indulto en relación con la pena “pero no sobre las consecuencias jurídico-administrativas que se derivan de la condena”, pues este pronunciamiento “no le corresponde”.

    En concreto, la EXTRALIMITACIÓN se ha producido en el párrafo del RealDecreto de Indulto que excluye “cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 4 años desde la publicación del presente Real Decreto”.

    El pasado día 12 se Tribunal Supremo anuló los efectos administrativos -cancelación de antecedentes- del indulto que concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero al consejero delegado del Banco Santander. Alfredo Sáenz fue condenado por haber realizado una falsa imputación por ESTAFA a unos empresarios en 1994 cuando era máximo responsable de Banesto.

    La sentencia, dictada en 2011, le condenó a 3 meses de prisión y le apartaba de la cúpula del Santander ya que la legislación actual impide a un condenado desempeñar un cargo ejecutivo en una entidad bancaria. Pero el GOBIERNO de Zapatero, en el último consejo de ministros antes de abandonar el poder, concedió un indulto que perdonaba las penas de Sáenz y le permitía seguir al frente del banco.

    (Nota de Agencias)

    ResponderEliminar